Los problemas de la confrontación entre la armadora sudcoreana KIA y el gobierno del estado de Nuevo León podrían provocar “daños colaterales”.
El Gobierno del Estado que preside el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se rehúsa a cumplir con las prerrogativas y concesiones que otorgó el Estado en el periodo anterior de Rodrigo Medina del Cruz.
La concesión para que la empresa internacional haya sido relevada de la responsabilidad de cubrir durante 20 años el pago del Impuesto sobre la Nómina es un asunto que aún está sobre la mesa.
Sin embargo, ese conflicto que aún se renegocia, podría estar alejando en este momento la posibilidad de que otras transnacionales interesadas en invertir en México como la sueca fabricante de muebles IKEA, que contempla decir adiós a la idea de instalarse en Nuevo León.
Sesenta empresas más de origen coreano que habían puesto sus ojos en México, y en particular en Nuevo león, también estarían enfocando sus baterías a otras entidades.
Hace tres meses y medio, se anunció la posibilidad de que IKEA instalara su planta en Nuevo León con una inversión inicial sobre los 90 millones de dólares, información que fue confirmada por el secretario de Economía del gabinete federal, Ildefonso Guajardo.
Por su cercanía con la frontera, la manufacturera europea había puesto sus ojos en el estado, por su cercanía al mercado estadounidense y de Canadá.
En este momento, esa falta de certidumbre sobre lo que pasará con la sudcoreana KIA y el estado, podría estar haciendo a los suecos reconsiderar la posibilidad de inversión en México.
“Ellos –IKEA- iban muy adelantados en su gestión, al grado de que ya estaban en las negociaciones para la inversión, pero sí sé que van a replantear la estrategia de cómo van a ingresar a México. A ellos les interesa el país y creen que Monterrey es la puerta de entrada, sobre todo por su cercanía con Estados Unidos”, dijo Sergio Reséndez en declaraciones a El Financiero.
Aunque se arreglara el asunto entre el estado de Nuevo León y KIA, el proyecto de IKEA ya está “tocado”.
“Independientemente del tema legal y de los contratos, es el incumplimiento que pudiera tener un acuerdo que tenga una empresa (KIA) con el gobierno correspondiente lo que afecta”, agregó el director regional norte de Colliers Internacional, firma consultora de bienes raíces que operó como intermediaria con IKEA para el proyecto de abrir su planta en México.
El Gobierno de Rodríguez Calderón argumenta que es no sólo ventajoso el convenio realizado entre la compañía sudcoreana y la administración medinista, sino que es inconstitucional porque la concesión para eximirla de pagar ese impuesto durante dos décadas no es algo que esté dentro de la ley.
“Habrá que negociar”, dijo en su momento Rodríguez Calderón.
El problema ya se ha ido mucho más arriba.
Ya es un conflicto entre los gobiernos federal de México y el gobierno sudcoreano.
Suponiendo, según el argumento de KIA, que fuese ventajoso el convenio en favor de ellos, no es algo que pueda determinar o resolver un funcionario, sino tal vez un juez.
La planta de KIA habría anunciado poner a rodar el primer auto de la marca salido de su línea de producción a mediados de mayo, en dos meses más, sin embargo, se ve muy complicado que esto pueda suceder.
En teoría, la planta lleva ya un 97 por ciento de su construcción, en tanto, las autoridades municipales de Pesquería han manifestado su rechazo al proyecto porque no han sido dotados de la infraestructura que se requiere para hacer frente a una inversión de tal magnitud y ha traído consigo severos problemas de vialidades, seguridad, vivienda, comercio y adecuaciones que requiere el otrora tranquilo pueblo, convertido en este momento en un polo industrial.
Reséndez recalcó que si IKEA no ve un respaldo total, que si no sienten el apoyo por parte de los tres niveles de gobierno para otorgarles los incentivos para la instalación y desarrollo de su proyecto, abandonarán la idea de abrir su planta en Nuevo León y seguirán en Estados Unidos.
Consultado también por El Financiero, Abel Hibert, director de Posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey y ex presidente del Colegio de Economistas de Nuevo León, el conflicto entre el gobierno y KIA sí genera intranquilidad entre los inversionistas.
“El hecho de que se hizo el compromiso y de repente cambia la administración, y te dicen que este convenio tiene que revisarse y cambiarse, pues obviamente tiene un mal precedente para el estado porque las inversiones que vayan a venir van a estar con la incertidumbre de que si a esta administración se le ocurre cambiar los términos, o si la que sigue lo va a cambiar”, explicó.
Hibert, también ex delegado de la Cofetel, dijo que el gobierno estatal tendría que cumplir con lo establecido en el contrato y si éste se elaboró con incentivos fuera de la Ley, buscar a los responsables y procesarlos.
“Las empresas invierten pensando en el largo plazo, no en uno o dos años, y si van a llegar a Nuevo León, preguntan antes, y si cuestionan a los coreanos, ellos van a decir cosas no muy agradables en cuanto al respeto que hay en este tema”, agregó.
Reséndez indicó que recientemente se reunió con un grupo de 60 empresas coreanas con intenciones de establecerse en el país, sin embargo cuestionaron la certeza en el estado, dado las negociaciones que tiene la armadora KIA con el gobierno estatal.