La comunidad científica mexicana está al pie de guerra, pues el Gobierno federal ha promulgado una nueva ley que afecta de manera directa la cantidad de recursos que reciben por concepto de becas. Por medio de las redes sociales, los investigadores advierten que su actividad está en riesgo, y todo por la culpa de políticos que no quieren dar a la ciencia la importancia que se merece.
Imagine que en algún laboratorio de una universidad mexicana, un equipo de investigadores está a un paso de descubrir cómo desarrollar una bacteria que ayudaría al combate del cáncer, o alguna técnica que permitiría el desarrollo de combustibles más eficientes y menos contaminantes a base de vegetales.
Ahora imagine que estos equipos tendrán que abandonar sus investigaciones porque no cuentan con los recursos necesarios para continuar con su trabajo… Esto podría convertirse en realidad.
Becarios e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), mantienen desde hace unas semanas una verdadera guerra contra la institución, el Congreso y hasta el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quienes acusan de conducirse de manera “rapaz y opaca”.
El motivo de su inconformidad es la aplicación “ilegal y retroactiva” de la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA) o “Ley UMA”, que afecta directamente las percepciones que reciben por concepto de becas para su trabajo y que, en muchas ocasiones, son los únicos ingresos que reciben.
Los científicos, quienes han iniciado una campaña en defensa de sus derechos y sus ingresos por Internet y las redes sociales, aseguraron que han visto con preocupación cómo año tras año los recursos otorgados a la ciencia y la tecnología por el CONACyT no superan los niveles inflacionarios, y que cada vez representan comparativamente un decrecimiento real en relación al Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
Por medio de un manifiesto publicado en las redes sociales, la comunidad científica aseguró que ha visto con desagrado cómo la clase política en lugar de distribuir los pocos recursos destinados a la investigación a quienes realizan estas labores, los ha manejado de forma patrimonial y a su antojo.
“La comunidad de científicos y tecnólogos considera inaceptable que la clase política mexicana viva entre la opulencia y los privilegios que insultan la dignidad del pueblo de México. En este mismo tenor, los científicos becarios mexicanos condenamos enérgicamente el manejo patrimonial de los recursos públicos y la reducción substancial del dinero destinado al desarrollo científico y tecnológico de México”, citan.
La principales demandas de los investigadores que se han unido a este movimiento es el pago inmediato del dinero retenido ilegalmente por CONACyT, una “revisión incondicional” de la “Ley UMA” donde participen “científicos reales autónomos e independientes”, y que se aumenten las becas de los científicos mexicanos conforme al tabulador vigente hasta 2016, echando abajo la aplicación del tabulador UMA.
Los inconformes aseguran que la nueva ley atenta contra el precepto de la no retroactividad de la ley en perjuicio de un ciudadano mexicano, pues al aplicar la llamada “Ley UMA” se desvincula el salario mínimo de muchos trámites en el país, incluyendo el cálculo de las percepciones que reciben.
Y es que en enero de 2016 y de acuerdo a la nueva ley, se determinó que todas las percepciones que iban a ser regidas por la nueva unidad usarían el salario mínimo vigente en la Ciudad de México como base, o sea 73 pesos.
Sin embargo, en enero de este año, en lugar de utilizar los 80 pesos que se fijó como salario mínimo en la Ciudad de México, se determinó aumentar las percepciones solamente en 2 pesos con 45 centavos.
“No hay que tener un doctorado en economía para darse cuenta que el objetivo de la Ley UMA en lo que respecta a la ciencia y la tecnología tiene el único propósito de no aumentar los ingresos económicos de la comunidad científica”, citan.
Las autoridades indicaron que el valor de la UMA diaria, mensual y anual sería determinado ya no por el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, sino por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
“En su artículo 5, la Ley UMA establece que será el INEGI el encargado de determinar el valor de la UMA en los primeros 10 días de cada año. Con esta medida se le da un poder inmenso al INEGI que no le corresponde, pues está por encima de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”, aseguraron.
Los investigadores aseguraron que este criterio ha sido nocivo para el desarrollo integral de México en lo que se refiere al campo de la ciencia y la tecnología, pues el INEGI supedita las necesidades científicas y tecnológicas no al escrutinio científico, industrial y empresarial, sino a un grupo de economistas, quienes determinan la cantidad que destinarán a las investigaciones de los científicos y tecnólogos del país.
EL DESFALCO
En su manifiesto, los científicos explicaron que todos aquellos que reciben una beca de manutención del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACyT) en el territorio nacional y el extranjero deberían haber recibido, -dependiendo de su nivel académico y según el tabulador vigente desde el año 2009- un aumento correspondiente y proporcional al salario mínimo vigente en la Ciudad de México desde el primero de enero de 2017.
Estos aumentos debieron de haberse haberse reflejado a principios del 2017, sin embargo, esto nunca sucedió, y en cambio se decidió manipular la nueva “Ley UMA” para ignorar que el salario mínimo vigente en la Ciudad de México estaba fijado en 80 pesos.
Si lo anterior se hubiera respetado, en estos momentos los becarios del CONACyT estarían recibiendo, de acuerdo a su nivel académico, entre 839 y mil 260 pesos por quincena.
“Quizá la diferencia entre lo que CONACyT debió haber pagado y lo que efectivamente pagó a partir del primero de enero de 2017 no parezca tanto, pero veamos la cantidad de científicos y tecnólogos becarios vigentes que hay.
“Según cifras oficiales del mismo CONACyT, hasta septiembre de 2016 había 60 mil 591, si descartamos los científicos de especialización y doctorado, que son los dos extremos y tomamos como muestra los montos promedio que serían los de maestría, y multiplicamos el número de becarios por la media de maestría que CONACyT dejó de pagar, tendríamos un desfalco de mil 374 millones 203 mil 880 pesos, que son los que corresponden a los seis años que Enrique Peña Nieto estará en la presidencia de la República”, cita el manifiesto.
VIOLANDO LA LEY
Los inconformes indicaron que la aplicación de la “Ley UMA” no solamente se da en perjuicio de la comunidad científica, sino que también viola las mismas disposiciones legales del CONACyT.
“(La ley) establece en su capítulo I, artículo 3, que los apoyos serán otorgados en función de la calidad académica y méritos tanto del programa de posgrado como del científico.
“En este mismo sentido, el capítulo V en su artículo 18, puntos I y II, establece que el CONACyT estará obligado frente a sus contrapartes (la comunidad científica de becarios) en los términos del Convenio de Colaboración que suscriba, así como en los términos de la Convocatoria y del Convenio de Asignación.
“El CONACyT otorgará los recursos convenidos conforme a los rubros, montos y plazos establecidos”, explicaron los becarios.
Al mismo tiempo, al aplicar la “Ley UMA”, el consejo nacional está violentando el llamado “Convenio de Asignación de Beca Nacional”, que es un acuerdo que celebran el CONACyT y el becario.
En este convenio se establecen las reglas aplicables y vigentes para el otorgamiento de becas a científicos becarios desde el 27 de enero de 2009 hasta el 24 de diciembre de 2016.
Aunque la “Ley UMA” entró en vigor el 24 de diciembre de 2016, un principio básico, elemental y jurídico dicta que ninguna reforma o cambio a las leyes vigentes hasta el 23 de diciembre de 2016 puede ser legalmente aplicable a un científico becario que haya celebrado un contrato legal con el CONACyT antes de esa fecha.
Incluso, el “Convenio de Asignación de Beca Nacional” en su cláusula cuarta establece que “la cobertura de la beca que se firme en este Convenio, no podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la beca”.
Al mismo tiempo y de acuerdo a lo que estipula la “Carta de Asignación de Beca”, que el CONACyT entrega vía electrónica a sus becarios, puede leerse que la vigencia de la beca de doctorado consta de 48 meses a partir de su entrada en vigencia, lo que reafirma la prohibición de aplicarse retroactivamente y en contra del científico.
LAS DEMANDAS
En su manifiesto, los becarios e investigadores reafirmaron que han visto con preocupación que año tras año los recursos otorgados a la ciencia y la tecnología por el CONACyT no superan los niveles inflacionarios, y que cada vez representan un decrecimiento real en relación al Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
Indicaron que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, México es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que gasta menos en ciencia y tecnología, pues sólo destina 0.5 por ciento de su PIB, a diferencia del 3.5 que gastan naciones como Alemania o los EUA.
“Es decir, México invierte 7 veces menos en ciencia y tecnología que sus contrapartes”, citan.
La preocupación de los investigadores no es gratuita, pues por medio de las redes sociales han dado a conocer un primer listado de posgrados en riesgo de asignación de becas de la convocatoria CONACyT en marzo 2017.
Aseguraron que hasta la mañana del sábado 11 de marzo de 2017 había 33 posgrados en peligro, sin contar los que tienen riesgo tanto en maestría como en doctorado, y otros sólo en algún nivel.
Las universidades más afectadas son: con seis posgrados la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; con cuatro posgrados la Universidad Autónoma del Estado de México; y con tres posgrados la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y Unidad Xochimilco.
Ante este panorama se han estado organizando una serie de estrategias que van desde la realización de marchas de protesta y jornadas de información al público, hasta el trámite de amparos.