Movimiento Ciudadano (MC) falló con su mejor propuesta para ir por la Presidencia de la República; Samuel Alejandro García Sepúlveda falló con su estrategia política-legal para irse y dejar el gobierno en manos de un correligionario; falló el PRIAN, al elegir primero a un panista magistrado inelegible y luego a un abogado ligado al PRI que se malogró; falló el Congreso, que, alejado del diálogo estalló en zafarrancho con muchedumbres prestas a llevar sangre al río; perdió Nuevo León, que destacó por el caos, la incertidumbre e ingobernabilidad a nivel nacional, y perdió el pueblo, que asombrado veía una disputa superior a las pasadas guerras sucias y las elecciones que llevaron a la ola naranja al triunfo.
Quizás, y de momento solo quizás, pudieron haber perdido los jóvenes, históricamente reacios a poner atención en la política e ir a las urnas quienes, de acuerdo con trabajos demoscópicos, se empezaban a interesar por García Sepúlveda y por su esposa Marina Rodríguez.
La aspiración presidencial de Samuel Alejandro García Sepúlveda preocupaban tanto al PRI como al PAN, cuyo descarrilamiento se convirtió en la prioridad del frente opositor que sigue estancado en las preferencias electorales, pero que al menos piensa que su caída no será tan estrepitosa con la salida de la carrera presidencial del gobernador de Nuevo León.
Entre el jueves 23 de noviembre, cuando García Sepúlveda pidió la licencia para irse a la aventura –abortada- presidencial, y el 4 de diciembre, la entidad vivió álgidos días que desembocaron en una crisis de las instituciones sin precedentes en la historia contemporánea del Estado.
TENÍA RAZÓN
‘ALITO’ Y CÍA
Desde el 14 de septiembre pasado los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, bajo el argumento de que estaba “chingando” a alcaldes del PRIAN con acoso y persecución, le iban a negar la licencia que estaba por pedir García Sepúlveda para irse por la presidencia.
Los anteriormente acérrimos rivales, hoy más que juntos en el bloque opositor, sostuvieron en una visita que realizaron por aquellos días a Monterrey, que García Sepúlveda era un esquirol del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pretendía quitarle votos a su alianza.
“Hay condiciones para hacerle juicio político a Samuel y sacarlo del cargo”, decían los prianistas y el perredista.
“Hemos platicado los dirigentes nacionales y si él presentará la solicitud de licencia, el voto de los diputados va ser en contra sobre la licencia del gobernador”, sentenció el priista ‘Alito’ Moreno.
En aquella reunión donde pactaron cerrarle el camino a García Sepúlveda en un hotel de Monterrey, estuvieron alcaldes, diputado locales y federales, y la plana mayor del PRIAN.
EL MAGISTRADO
‘GOBERNADOR’
Dos meses y días después, el 25 de octubre los diputados del PAN y del PRI sí le dieron la licencia a García Sepúlveda, pero en forma intempestiva trataron de hacerse del poder ejecutivo mediante uno de los suyos, el panista y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Salinas Garza . Días después se confirmó que el ungido no era elegible
Esa noche del 25 de octubre en el Congreso gritaban “gobernador, gobernador, gobernador”…
Desde un principio, Eduardo Gaona, líder de MC y su compañero de partido, Roberto Farías, propusieron que Javier Navarro, secretario general de Gobierno, quedara como gobernador interino, pero el punto fue rechazado por la oposición.
La propuesta para elegir a Salinas Garza como gobernador interino fue del diputado priista Javier Caballero, legislador de profesión Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones.
Para el PRIAN aquello era un hecho. El interinato del abogado panista será, dijeron, del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio de 2024, fecha en que García Sepúlveda será separado del cargo.
LA JUDICIALIZACIÓN
A partir de entonces todo comenzó a judicializarse. El ejecutivo se empeñaba en dejar como gobernador interino o encargado del despacho al secretario general de Gobierno, y el PRIAN y el propio magistrado panista se aferraba a la gubernatura interina. Entonces la guerra fue atizada en los tribunales.
El 13 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León, bajo el argumento de que su cargo como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado lo hacía inelegible, por lo que ordenó al Congreso estatal asignar a un nuevo mandatario local.
Atrás quedaba la fiesta de las diputadas y diputados del PRIAN que en apego a sus modernas costumbres, se tomaron sus selfies y la foto con ‘el gobernador` interino para la historia que no sucedió.
La ley, apuntó entonces el Tribunal Electoral es muy clara, existe en la Constitución de Nuevo León una prohibición expresa para que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia ocupe otro cargo o comisión en el gobierno de la entidad, sin importar que haya solicitado licencia.
Pero además de los alegatos que el ejecutivo esgrimía ante el Tribunal, donde el Congreso y Salinas se defendían, Javier Navarro y el ejecutivo estatal también solicitaron amparos en juzgados de distrito. El secretario de Gobierno alegaba violación a sus derechos adquiridos, por lo que un juzgado federal dictó la suspensión definitiva para que se quedara como encargado del despacho hasta en tanto la Suprema Corte o el Tribunal Electoral resuelvan en definitiva las controversias sobre el tema.
Las cosas cambiaron el 13 de noviembre, cuando la Suprema Corte de la Nación emitió dos medidas cautelares. La primera suspendía el nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino por “violentar la división de poderes al nombrar al titular del Poder Judicial”.
La segunda, suspendía el nombramiento de Navarro realizado por un acuerdo del gobernador pues “no es su competencia realizar tales designaciónes”.
Pero nadie se iba a dar por vencido y la lucha siguió en los tribunales.
EL TRIPE ASALTO
AL CONGRESO
La tarde-noche del 29 de noviembre quedará en la historia del Congreso como la de un miércoles negro cuando se presentó un espectáculo que rayó en el peligro, bajo el asedio y triple asalto de emecistas, prianistas y policías ministeriales.
El segundo nombramiento de gobernador interino levantó expectación desde la tarde de aquel día, en que los prianistas del Congres, apegados a la ley local, se alistaban para hacer una jugada de ajedrez e insertar en el ejecutivo estatal al vicefiscal Luis Enrique Orozco.
No habían podido meter como gobernador al panista magistrado, pero sí lo harían con un personaje de la instancia rival del gobernador.
Los emecistas alegaban derechos de Javier Navarro para quedarse como gobernador interino e incluso proponían una terna de gente identificada con la filiación política de García Sepúlveda , tal y como procedió en el sexenio anterior, cuando Jaime Rodríguez Calderón, en similares circunstancias, pidió dejar a su secretario general de Gobierno (Manuel González) como interino.
Solo que en el año 2018 la Constitución local permitía esto, pero la Carta Magna reformada por el propio gobierno emecista deGarcía Sepúlveda ya no presenta esta garantía, y en cambio deja en manos del Congreso local la facultad de nombrar a quien quiera.
En cualquier Congreso con oficio político, con diálogo y consensos, quizás la negociación pudiera haberse concretado. El ejecutivo, en aquel escenario pudiera haber negociado y cedido en algunas demandas de la mayoría legislativa, en este caso el PRIAN, quizás hubiera puesto candados o límites a otras para cumplir con su cometido, pero no es el caso de Nuevo León.
En la entidad hay un choque de trenes entre los partidos tradicionales, PRI y PAN, “la vieja política” como la llama el gobernante, y “la nueva política” MC.
El antagonismo se ha extendido más allá de las elecciones en las que el joven abanderado del Movimiento Ciudadano derrocó en las urnas en 2021 a los abanderados del PAN, del PRI y a los partidos minoritarios.
Solo en el primer año de gobierno hubo entendimiento y acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo pero a lo largo del segundo, el diálogo está en un punto ciego, en una guerra diaria en la que el gobierno emecista fustiga y acusa al bloque opositor, y viceversa.
Aquel atardecer del 29 de noviembre los prianistas tenían su plan bien estructurado. En la comisión de Gobernación deslizaron una lista con 22 personajes principalmente priistas y panistas y uno que otro ciudadano. ‘Revivieron’ algunas políticas y políticos tradicionales del sistema, anotaron a algunos vigentes e incluyeron el, para muchos desconocido vicefiscal del Ministerio Público, allegado al priista Adrián de la Garza.
En la reunión de la Comisión de Gobernación los emecistas se empeñaban en sus alegatos de que Navarro Velasco gozaba de dos suspensiones de un juez, una definitiva y otra provisional para permanecer como encargado del despacho.
De todas formas los prianistas rechazaron sus argumentos y les hicieron ver que avanzarían y tomarían en cuenta su terna, donde reiteraban a Navarro Velasco, así como a las propuestas de Morena.
Era mero protocolo. Los diputados del PRI y del PAN ya tenían la línea de apoyar al vicefiscal Luis Enrique Orozco, quien ya se alistaba para su encargo.
Mientras esto ocurría en el lobby del Congreso, en la antesala del pleno, las gradas destinadas al público ubicadas en la parte superior del recinto legislativo se fue colmando de simpatizantes panistas principalmente de San Nicolás de los Garza y de otros municipios, así como priistas.
Todo estaba preparado para el ungimiento del vicefiscal, solo que los simpatizantes emecistas ya no tenían cabida en la casa del pueblo, lo que molestó a las legisladoras y legisladores del MC.
Las autoridades del Congreso ordenaron al equipo de seguridad cerrar las puertas de acceso a la sesión en la que ya se trataba el dictamen para nombrar al gobernador interino.
Pero apenas comenzaba a dar lectura al texto la secretaria de la Mesa Directiva, Nancy Olguín, y los emecistas a los que les impidió el acceso, forzaron el pasador de la puerta principal a empeñones la abrieron, para enseguida allanar el pleno al grito de “vendidos”, “corruptos” y “fuera PRIAN”, mientras el presidente Mauro Guerra llama al orden, siendo ignorado.
Ante el caos, diputados y diputadas emecistas y de Morena pidieron a la Mesa Directiva suspender la sesión, pero también aquel llamado fue en vano.
Los simpatizantes naranjas llegaron hasta la Tribuna del Congreso y subieron a parte del espacio de la Mesa Directiva. Alguien en la parte alta del Congreso, donde se encontraban los simpatizantes del PAN y del PRI accionó un extintor, formando una nube de humo en la parte derecha del pleno, sitio en el que se encontraban diputados e invasores.
No obstante, la panista Nancy Olguín seguía su lectura apresurada del dictamen. Minutos después penetraron al pleno y diversas áreas del Palacio Legislativo unos 100 agentes de la Policía Ministerial enfundados en chalecos antibalas y provistos de gas lacrimógeno, esposas y otras herramientas.
Para las 20:38 el empleado por 23 años de la Fiscalía General de Justicia del Estado Luis Enrique Orozco ya rendía protesta como gobernador interino de Nuevo León, para cubrir la licencia ya otorgada al emecista Samuel García. Esto en ausencia de diputadas y diputados del MC, Morena y del Partido Verde, quienes abandonaron la sesión.
El ejecutivo y los emecistas no reconcían al nombrado gobernador interino, por lo que se auguraba una escalada en la guerra.
Al día siguiente, el interior de; Palacio de Gobierno comenzó a ser blindado con vallas metálicas y poco a poco se fueron colocando en puntos estratégicos elementos policiacos de Fuerza Civil. El mensaje era que no dejarían entrar a ningún interino nombrado por el Congreso.
CORRIÓ EL TELÓN
EN EL PALACIO
Por la mañana y tarde del viernes primero de diciembre todo indicaba que Javier Navarro estaba protegido por un juzgado federal laboral para quedarse como encargado del despacho, no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la última palabra.
En medio del embrollo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también se había pronunciado, pero en favor de la decisión del nombramiento del Congreso local de Luis Enrique Orozco.
No obstante, por dentro, el Palacio de Gobierno estaba amurallado, con vallas y con policías estatales.
Nada bueno se auguraba. De hecho se esperaba que el vicefiscal habilitado como gobernador interino llegara con aquel despliegue de ministeriales que lo custodiaron en el Congreso en su toma de protesta, solo que esta vez, en “su casa”, provistos de armas.
La noche del viernes 1 de diciembre y la madrugada del 2 fueron largas.
A las 23:30 horas del viernes, la Suprema Corte oficializó –mediante una rapidez inusitada-, que otorgó una suspensión para reconocer y dejar a salvo la facultad del Congreso para designar al gobernador interino.
“En virtud de que es un hecho notorio que el Congreso de Nuevo León ya designó a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, lo procedente es que el Poder Ejecutivo local, o cualquiera de sus dependencias, permitan que se desarrolle una efectiva toma de posesión del ciudadano nombrado como gobernador interino y se garantice la gobernabilidad y seguridad del funcionario para el periodo otorgado en la licencia”, expuso la Suprema Corte en un comunicado.
Minutos después, a las 00:13 horas ya del 2 de diciembre, Luis Enrique Orozco llegó con sus escoltas y un reducido equipo a Palacio de Gobierno para iniciar su gestión.
Accesible, como de costumbre, el Gobernador interino atendió a los medios de comunicación ante quienes emite un mensaje en las escalinatas de Palacio, antes de dirigirse a su despacho.
Pero apenas dialogó unos minutos con los representantes de los medios de comunicación y hasta él llegó Javier Navarro, quien apagó sus ánimos: le entregó el acuerdo mediante el cual García Sepúlveda reasumía el cargo de gobernador constitucional.
La sorpresiva decisión del gobernador constitucional impactaba a nivel nacional, pues abandonaba la amarrada candidatura presidencial por MC, en la que incluso ya causaba impacto en pocos días.
Eran los primeros minutos del 2 de diciembre cuando Orozco recibió el acuerdo mediante el cual García Sepúlveda reasumía el cargo, pero extrañado cuestionó a Javier Navarro que a quien iba dirigido el texto.
“Al público en general”, le contestó el funcionario estatal y le remató: “El gobernador Samuel García Sepúlveda está ejerciendo sus derechos constitucionales y ya está publicado en el Diario Oficial del Estado”.
Luis Enrique Orozco se asumió como gobernador interino y no como constitucional, y arguyó que el acuerdo no va dirigido a él. Ya minutos antes el secretario de Seguridad, Gerardo Pámanes, le había dicho que el gobernador le esperaba en su despacho, pero desistió acudir.
El abogado Orozco, asumiendo su papel, apuntó que el acuerdo debería de presentarlo el gobernador que reasumía en el Congreso del Estado, “y ellos (los diputados) deberán pronunciarse respecto a la solicitud”.
Orozco Sepúlveda desdeñó el acuerdo del gobernador electo en las urnas en junio del 2021 y que declinó en hacer uso de la licencia otorgada, y hace un intento de agenda.
Le pidió verbalmente al secretario de Gobierno citara al gabinete para tener una reunión el sábado a temprana hora, y previamente acudió a las instalaciones del campo de la Fuerza Civil para intentar hacer pase de lista, pero en ambas actividades fue ignorado.
De hecho, el sábado se topó con las puertas del Palacio de Cantera cerradas. Según dijo, el domingo realizó una gira por municipios.
Pero desde la madrugada del sábado, Samuel García se erigía como tal, ya derrumbada su candidatura presidencial, gobernaba la entidad, muy a su estilo, exhibiendo a los priistas y panista y lamentando los acontecimientos que por terror, dijo, ocasionaron los de la vieja política a quienes iba a vencer, pero no podía dejar en sus manos el Gobierno, “porque son muy corruptos”.
Lo del lunes 4 de diciembre fue mero trámite; Luis Enrique, hombre de leyes, se hizo un lado y renunció a la gubernatura interina para que regresara García Sepúlveda .
Acudió al Congreso el hoy ex vicefiscal y ex gobernador interino virtual, por dos días y medio invitado por el presidente del poder legislativo, el panista Mauro Guerra, quien también llamó a su vecino y correligionario Arturo Salinas, malogrado gobernador interino semanas atrás y reintegrado ya a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Mauro Guerra dijo que se reunieron los tres representantes de los poderes, ejecutivo, legislativo y Judicial para escuchar a Orozco, quien planteó su decisión de renunciar al cargo que le fue otorgado.
No le quedaba otra.
Entonces, los tres se ostentaron como salvadores de la gobernabilidad de Nuevo León, donde García Sepúlveda se asumía al frente de un gobierno “imparable” pese a ellos, los prianistas.
Las batallas siguen dejando pérdidas por doquier. Este capítulo parece acabado, pero en el actual contexto la percepción es que la guerra continuará en 2024, porque el encono, las disputas, la división, el resentimiento, las venganzas y, sobre todo, las cuentas pendientes… y el odio.
