Puede parecer extraño que agentes de la Patrulla Fronteriza sean los que dejen libres en la calle a los extranjeros sin papeles de residencia que siempre han perseguido de manera férrea, pero desde hace unos meses (con el cambio de administración federal) esto es real.
La principal Agencia para el Control de la Seguridad Migratoria de los Estados Unidos, también conocida como U. S. Custom and Border Protection (CBP, por sus siglas en inglés), está fungiendo ahora como intermediaria en labores humanitarias, por la nueva postura de asilo de la Casa Blanca.
Y es que a partir de enero de 2021 se ha incrementado vertiginosamente el fenómeno masivo de gente que busca entrar a la Unión Americana, con cifras que no se veían desde 2018.
Los indocumentados ya no solo cruzan solos o en pequeños grupos, ahora lo hacen también en grandes caravanas ingresando a través de los puentes internacionales mediante un proceso de asilo humanitario.
De acuerdo con la periodista Dalia Ramírez, de la cadena de noticias Univisión 48, Desde hace varias semanas la estación migratoria de Donna se encuentra a su máxima capacidad (de mil 500 personas), pero la cantidad podría ser mucho mayor, porque el sobrecupo es evidente y no hay espacio para más.
Pero eso no es todo, los inmigrantes siguen llegando de una forma exponencial, tan es así que al estar llenos los centros de detención, las autoridades los están canalizando, incluso, a un área abajo del puente fronterizo de Mission, Texas.
Las impactantes imágenes de hace unos días grabadas por drones, donde se observa una cantidad exhorbitante de indocumentados (más de un millar), concentrados bajo la mole de concreto que da acceso a la Unión Americana, rápidamente provocó reacciones. De hecho, ya es considerado como el grupo más grande de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza.
Legisladores republicanos como Ted Cruz y Elise Stefanik calificaron de un ‘desastre’ la política migratoria del presidente, por el incremento de ilegales entrando a la nación.
De acuerdo con cifras de la Cámara de Representantes, más de 800 mil extranjeros han surcado la frontera irregularmente desde que Joe Biden asumió el cargo.
Solamente en el mes de junio CBP reportó que 188 mil 829 personas fueron detenidas por la frontera terrestre de esta región. Eso quiere decir que el incremento es de casi el 600 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.
Por su parte, el congresista federal de Laredo, Texas, Henry Cuéllar, envió una carta al mandatario de su país para pedirle que tome decisiones urgentes que afronten esta “emergencia humanitaria de seguridad pública”.
“El Valle de Texas terminó el lapso del 21 al 31 de julio con 21 mil 921 detenciones. Y una semana antes fueron otros 20 mil 647 inmigrantes detenidos. El día de ayer (domingo 1 de agosto) inició la semana con 3 mil 2 detenidos. ¡Algo tiene que cambiar!”, posteó en un twitt Cuéllar.
LA POLÍTICA BIDEN
No obstante, ante estas críticas, el gobierno estadounidense, por medio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dio su posicionamiento sobre el tema y anunció que “como parte de los esfuerzos de mitigación del Covid–19 se continuará procesando a las personas de acuerdo con la orden del título 42 emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”, aunque aclaró que dicha agencia no es una autoridad en inmigración, sino de salud pública.
Sin embargo, precisó que el gobierno seguirá expulsado a la mayoría de los adultos solteros que ingresan ilegalmente al país y, en cambio, recibirá familias encontradas en este sector de la frontera.
“La administración Biden-Harris continúa trabajando para crear un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso mediante el crecimiento de la migración irregular. El DHS expandió recientemente el programa de menores centroamericanos y puso a disposición 6 mil visas H–2B”, informó.
Y adelantó que la última semana de julio el DHS reanudó los vuelos de remoción acelerada para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, por lo que “no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, aunque no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos”.
Mientras tanto, los agentes fronterizos pareciera que están perdiendo la capacidad para detener un número tan tumultuoso de ilegales, pese a disponer de avanzadas tecnologías.
Ante este desbordado escenario, sus obligaciones ahora no solamente se dirigen a “cazar” ilegales, sino llevar a buena parte de ellos a un registro protocolario, para posteriormente liberarlos.
Cada vez que detienen a las familias que atraviesan de modo furtivo la frontera, los transportan a las estaciones migratorias del Valle de Texas, que dependen del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde aportan sus datos, se les toman huellas dactilares y se captura la información biométrica.
EL ‘GUANTÁNAMO TEXANO’
Según relató vía telefónica un voluntario de ayuda de Caridades Católicas, en un refugio ubicado en el centro de McAllen, los inmigrantes permanecen en esas grandes galeras del gobierno por espacio de al menos 72 horas, como las de Donna, un complejo de pabellones interconectados a los que algunos defensores en derechos humanos han calificado como una cárcel de familias.
Literalmente es un búnker donde ingresan personas de muchas nacionalidades, al que todos tienen acceso a servicios básicos, de alimentación, médicos y fisiológicos, pero las llamadas están restringidas. Estando ahí los detenidos no pueden hacer uso de celulares, pero si requiere saber si un familiar se encuentra internado, debe llamar a los números (830) 334-2939 o al (210) 231-4505.
Los migrantes son separados por unos módulos de entre 10 y 15 personas en una especie de jaulas, que dentro tienen unas bancas y para protegerse del frío y aire acondicionado. A cada persona se le entrega una ligera sábana térmica de color metálico, que antes de desplegarse cabe en la palma de una mano, también conocida como “blanket rescue”. Si bien existen colchonetas, no son suficientes, por lo que la mayoría se recuesta aglutinada sobre el suelo directo.
Los indocumentados también deben pasar por filtros sanitarios para detectar periódicamente casos positivos de Covid–19, dado que permanecen en grandes concentraciones.
Y después de todo eso, separan a los que son sujetos a deportación y a quienes están siendo admitidos por el gobierno para que un juez resuelva su situación migratoria.
Enseguida, los mismos oficiales llevan a los migrantes a albergues e iglesias, donde posteriormente los orientan para que compren el pasaje de autobús o avión con el dinero que sus familiares les envían desde el interior de la Unión Americana.
Luego los embarcan con los documentos en mano, que les acredita una estancia indefinida para que reciban las facilidades de cualquier autoridad.
De hecho Washinton D. C. dio a conocer que la administración Biden firmó un contrato de casi 87 millones de dólares para brindar alojamiento temporal y servicios a las personas que no han sido expulsadas, incluyendo millares de niños.
De acuerdo con datos proporcionados por ICE, en un mes subió de manera dramática la cantidad de familias que fueron detectadas en la zona, de 7 mil en enero a 19 mil en febrero pasado.
Empero, el gobernador texano republicano Greg Abbott no está de acuerdo que miles de migrantes crucen diariamente por esta frontera al país, mientras el estado se encuentra buscando alianzas en otras entidades norteamericanas para endurecer las medidas de vigilancia en la frontera.
Inclusive, el juez del Condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, firmó un estado de desastre local debido a la creciente amenaza de Covid-19 que puede estar presente en el incremento continuo de migrantes que buscan asilo y son liberados en el Valle de Texas.
La declaración de dos páginas apunta que “U.S. Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza está liberando un número alarmantemente sustancial de inmigrantes en la ciudad de McAllen”.
Los casos de Covid-19 que requieren hospitalización han excedido en un 19 por ciento en el Valle de Texas, estimó el juez Richard Cortez.
VIENEN LAS CANCILLERÍAS
De manera paralela la oleada de centroamericanos en la zona ha llamado el interés nacional de los países de origen, como el de Honduras.
De hecho, la primera dama, Ana García de Hernández, estuvo en días pasados de visita en la región para hacer un recorrido en los centros de detención y percibir si a sus conciudadanos se les respetan sus derechos humanos en los diferentes albergues del área metropolitana de McAllen.
Su agenda comenzó muy temprano el pasado martes 3 de agosto y llegó acompañada de una comitiva en la que participaron el embajador de Honduras en los Estados Unidos, Luis Suazo; la cónsul de su país en McAllen, Ana Bulnes; el titular de la Dirección Nacional de la Policía de Fronteras, Julián Hernández; la directora del Instituto Nacional de Migración Carolina Menjívar y la viceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Doris Mendoza.
También la acompañaron la vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Nelly Juárez; la titular de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Lolis Salas; la secretaria nacional de Derechos Humanos, Rosalía Cruz; el viceministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Ricardo Montes y la ministra de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, Sandra Castillo.
La esposa del presidente hondureño Juan Orlando Hernández visitó la zona del río Bravo para conocer de cerca el sistema de procesamiento de los inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza.
Después platicó con familias que en ese momento estaban debajo del puente fronterizo de Mission, para posteriormente ser acompañada en un recorrido por las partes donde existe muro, así como en sitios utilizados habitualmente por los indocumentados para cruzar a la Unión Americana.
La Patrulla Fronteriza le explicó cuál es el procedimiento y que en muchos de los casos los oficiales participan en tareas de rescate para salvar personas que se encuentran en peligro de ahogarse o morir deshidratadas.
Una de las intenciones de la cuarta estadía de la primera dama, Ana García de Hernández en el sur de Texas es conocer a fondo por qué la demanda migratoria ha sido tan elevada en los últimos años.
Sin embargo, declaraciones posteriores a los medios, la primera dama hondureña dijo que en gran medida esta gran cantidad de personas desplazándose hacia el norte del continente se debe principalmente al discurso de las autoridades estadounidenses.
“Se está diciendo que las embarazadas no van a ser devueltas y esto ha desatado una gran cantidad de mujeres en ese estado viniendo a los Estados Unidos. Por eso es muy importante la coherencia de lo que estamos diciendo, lo que está pasando y cómo podemos articular ese esfuerzo.
“Nosotros no desconocemos que en nuestro país hay situaciones que son difíciles, como la pandemia, que ha afectado la economía”, admitió.
La primera dama puso en relieve la necesidad de establecer un eficaz diálogo y trabajo conjunto de los países involucrados para poder frenar esta ola de inmigrantes que ha ocasionado alarma y emergencia en la atención del tema.
Desde la gestión del ex presidente Barack Obama es que comenzó a acentuarse la llegada masiva de centroamericanos, especialmente de mujeres y niños.
La administración Trump le dio prioridad a personas de países en dictadura, pero fue Biden quien en su primer día de gobierno ordenó detener la construcción del muro fronterizo, lo que abrió la puerta a miles de personas que ya estaban en la espera de pasar, como los cubanos, haitianos, venezolanos y gente de países africanos, que pasaron primero.
Después siguieron muchos centroamericanos, entre ellos los menores de edad.
Y ante el elevado número de niños no acompañados que han sido canalizados a los centros de detención migratoria, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) han solicitado al gobierno que no sean los oficiales del CBP los que queden a su cuidado.
La directora ejecutiva de Américas Inmigrant Advocacy Center (AIAC, por sus siglas en inglés), refirió que están en riesgo las vidas de menores de edad que son indocumentados.
El problema estriba, señaló, en que cada vez es mayor el número de niños inmigrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y de México, que se encuentran separados de sus padres, por lo que instó al gobierno a permitir la reunificación familiar.
Por lo pronto la situación que enfrentan tanto los migrantes como los gobiernos sigue siendo alarmante y se ignora hasta dónde puede llegar el fenómeno migratorio, que este 2021 ha impuesto ya varios récords.
Según datos del Instituto Político Migratorio, en 2019 había cerca de 6.6 millones de centroamericanos viviendo en los Estados Unidos. Esto representa la misma cantidad de habitantes que tienen países como El Salvador o Nicaragua en su territorio y dos terceras partes de las que viven en Honduras.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que la Unión Americana es la nación que más migrantes ha recibido en la historia, con 51 millones de personas, y lo sigue haciendo.
‘ASESINARON A MI FAMILIA’
Pero a pesar de estas condiciones tan adversas y de que existen posibilidades de que la separen temporalmente de sus hijas, María Isabel Alfaro Sánchez quiere intentarlo, pues asegura que en su país ha vivido situaciones horrorosas, como la pérdida de sus seres queridos causada por integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha.
Ella es una joven madre salvadoreña de 24 años de edad, originaria del municipio de Santa Tecla, que vive con sus tres pequeñas niñas de seis, tres y un año de edad, en una casa de campaña que le prestaron dentro del albergue Senda de Vida de Reynosa, Tamaulipas.
“Nos secuestraron a mi mamá, a mi hermano de 14 años, a mi hermana mayor, a mi esposo (María Natalia Alfaro Sánchez, Luz Graciela Alfaro Sánchez, José Alcides Alfaro Sánchez y Lucas Neftalí Sánchez Orellana, respectivamente) y a mí.
“Me metieron en la cajuela, pero logré tirarme del vehículo andando. Se los llevaron y jamás volví a saber de ellos, ni siquiera para poder velarlos y saber dónde se encuentran sus restos”, lamentó.
Ante esa cruda realidad en un país donde pululan las pandillas criminales, relató que decidió emigrar al norte del continente hace tres años. Amenazada tuvo que regalar la casa donde vivía en Santa Tecla y se estableció muy lejos de ahí en Tizayuca, Hidalgo, México, y hasta hace unos días arribó esta frontera tamaulipeca.
Por ser una mujer vulnerable describió que sufrió el secuestro en México de su hija Ximena, de 3 años de edad, pero que afortunadamente pudo recuperarla. Fue una pesadilla.
Contrario a lo que se piensa, María Isabel dijo que en su país, El Salvador, no es cierto que no exista trabajo ni que tampoco haya de comer. El problema, señaló, es la incesante violencia.
“Deseo sacar a mis hijas adelante en los Estados Unidos. Mi única familia es un hermano que vive en Tennessee. El se vino hace cinco años por lo mismo, porque en mi país ya cuando los niños tienen 14 años ´Los maras´ los obligan a que se metan con ellos, y el que no quiere lo golpean o matan”, comentó.
Agregó que ella estuvo a punto de graduarse del bachillerato y que le gustaría ser abogada, para defender a la gente. Sus únicas pertenencias son una maleta con ropa y papelería, como el documento que le dieron en su país para que pudiera tramitar un refugio humanitario.
Por ahora se encuentra pasando carencias.
