Imagina conducir por las calles del centro de Monterrey y, de repente, mientras esperas el cambio de luz del semáforo, una camioneta se queda sin frenos y comienza a impactar todo a su paso, incluyendo tu vehículo.
El choque destruye por completo la parte trasera de tu unidad y deja cuantiosos daños en otras tres y una motocicleta, sin contar que hay casi cinco lesionados por el incidente.
Debido a la gravedad de las lesiones, los heridos tiene que ser trasladados al hospital y tú, que no recibiste ningún golpe, eres esposado para ser llevado a un centro de detención con la intención de deslindar responsabilidades.
Sin embargo, lo que parece un mero trámite administrativo termina convirtiéndose en una pesadilla, que te priva de la libertad por más de 24 horas… sin comida, sin lugar para dormir y con la incertidumbre de tu estatus legal.
La historia, que bien pudo haber sido sacada de un programa de ocurrencias, es en realidad el caso de Jorge López, un ciudadano cuyo “delito“ fue estar en el lugar y el momento equivocado.
CRONOLOGÍA
La tarde del 31 de julio, el vecino del municipio de Guadalupe se disponía a cubrir un evento deportivo cuando en el cruce de Padre Mier y Zuazua una conductora aparentemente se quedó sin frenos y provocó una aparatosa carambola.
El impacto en el primer vehículo ocasionó un efecto dominó que culminó en la camioneta del fotógrafo de profesión.
Bastaron ocho segundos para que una escena dramática se dibujara en el primer cuadro de Monterrey con cuatro autos autos chocados, una motocicleta destruida, dos mujeres tiradas en el pavimentos, tres personas lesionadas en al interior de sus vehículos y vidrios dispersos por todo el asfalto.
Jorge, por su parte, como el último en la fila, sufrió el golpe menor, que dañó la parte trasera de su carro, pero no a él.
Lo dramático del accidente provocó que los cuerpos de emergencia llegaran casi de manera inmediata al lugar para socorrer a los afectados, de los cuales, cuatro tuvieron que ser trasladados a clínicas para su valoración.
Al operativo de emergencia se sumaron las unidades de Vialidad y Tránsito de Monterrey, así como de las aseguradoras.
Tras casi dos horas de permanecer en el mismo punto esperando que los seguros y las autoridades viales hicieran su trabajo, el proceso para deslindar responsabilidades arrancó y con él el Viacrucis de los implicados.
Cerca de las 5:30 de la tarde Jorge fue esposado y trasladado al parque Alamey, en donde permaneció en su estacionamiento hasta las 3:00 de la mañana del día siguiente. Es decir, casi 9 horas al intemperie con más de 34 grados de temperatura.
“Nos detuvieron y nos llevaron al Alamey, llegamos ahí como a las 6:00 y nos tuvieron ahí hasta las 3:00 de la mañana que nos trasladaron a (las oficinas de) Tránsito de Monterrey“, afirmó el fotógrafo.
Sin celular, sin comida, sin un lugar donde pernoctar, el vecino de Guadalupe se armó de paciencia para soportar el procedimiento penal.
No podía imaginar que unas cuantas horas atrás se disponía a cubrir la rueda de prensa del equipo la Real Sociedad en Monterrey y ahora se encontraba en un centro de detención, en donde se le realizó un dictamen médico y se le tomó la “declaración“ vía Zoom con el MP.
“En ese lapso hubo un dictamen médico que nos hicieron como a las 9:00 de la noche y después como hasta las 12:00 de la media noche nos pasaron con el Ministerio Público.
“Todo esto fue en el Alamey, siempre esposados, en el estacionamiento del Alamey porque como no cometimos ningún delito no nos podían meter a los separos, no nos ficharon ni nada, solo fue una detención preventiva.
“No fue una declaración como tal, nos pidió unos datos básicos generales de la persona y ahí mismo se conectó un abogado de oficio, que nos leyó el tema del incidente, los derechos que teníamos y fue todo. En todo eso fue como una hora, en lo que pasamos los cuatro involucrados que estábamos ahí“, aseveró Jorge.
Aunque en un inicio se pensó trasladarlo, junto a los demás involucrados, a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de última hora, cerca de las 3:00 de la mañana, se les llevó en patrulla a las oficinas de Policía y Tránsito de Monterrey, en la avenida Lincoln.
En dichas instalaciones los ingresaron una sala, un cuarto de nueve metros cuadrados, con aire acondicionado, que tenía dos bancas de metal. Ese sería su nuevo refugio por muchas horas más, incluyendo a los otros involucrados, quienes tenían lesiones por el accidente.
“Cuando llegamos ya había un señor ahí y dormimos en el piso porque no había manera de dormir en otro lado, no hubo otra forma de dormir ahí.
“Sí dejaban usar el celular, solo en Tránsito de Monterrey se lo quedó la guardia, pero nos pasaba la llamada si sonaba“, mencionó el entrevistado.
Tuvieron que transcurrir muchas horas más para que Jorge López volviera a ser libre cuando por fin se le deslindó de responsabilidad alrededor de las 7:30 de la noche del 1 de agosto.
Desde ahí, transcurrieron 16 horas más hasta que la FGJE determinó al presunto implicado para presentarlo ante un juez de control y Jorge logró salir.
“Todo se alargó porque nos mencionaron que tienen que pasar mínimo 24 horas para que el MP de como un dictamen final. Y todo eso se atrasó porque había una niña de 7 años lesionada, que fue la hija de la que provocó todo el accidente y le estaban haciendo varios exámenes“, puntualizó.
El caso de Jorge López no es único y se repite con más frecuencia de lo que se piensa. Semanas atrás una carambola de 11 vehículos se registró en el municipio de San Pedro. El presunto culpable: el conductor de una compañía cervecera que se quedó sin frenos.
Nuevamente, aun con el responsable confeso, el procedimiento legal llevó a la “captura“ de todos los implicados en el accidente, quienes tuvieron el estatus de “detenido“ por varias horas.
“Están detenidos, esa es la calidad que tienen ahorita en Tránsito de San Pedro, pero aquí hay una persona lesionada que está declarando. Aquí, la súplica es que agilice el MP y que tome las decisiones que correspondan.
“Hay muchas personas que fueron afectadas y que no sabemos cuánto tiempo se van a tardar porque parece que todavía se está haciendo el peritaje y dictamen médico y creo que sí hace falta más coordinación por parte de Tránsito y MP de la Fiscalía“, dijo ante un medio local el padre de uno de los afectados.
El padre de uno de los detenidos pidió celeridad a la FGJE para determinar a un presunto responsable y que el resto pudiera irse a casa.
Y es que, por absurdo que parezca, rapidez es lo único que se puede pedir en este tipo de casos, ya que todo lo anteriormente comentado está dentro del marco lega.
UN ABSURDO LEGAL
Por absurdo que parezca, lo que podría considerarse arbitrariedades, en realidad forman parte del proceso legal del Código Nacional de Procedimientos Penales, implementado en todo el país desde febrero de 2016.
Aunque podría considerarse injusto, el actuar de las autoridades está regido por dicho ordenamiento, mismo que en la teoría buscó agilizar justamente los procesos penales, pero que en la práctica puso en jaque tanto a policías, como a ministeriales y jueces.
Para el abogado Miguel Ángel Zavala Pelayo la liberación de Jorge López, el caso contado anteriormente, puede ser catalogada como rápida, pues en algunos casos los detenidos cumplen las 72 horas de detención como marca el máximo en la Ley.
“Cuando sucede un delito como en este caso particular, que es una carambola, que de inicio es una persona que se quedó sin frenos e impactó los vehículos, todos quedan detenidos porque para el Ministerio Público no hay responsable hasta que se indague.
“El Ministerio Público tiene 72 horas para poner a disposición de un Juez de Control, tres días, al presunto responsable“, mencionó.
De acuerdo con Zavala Pelayo el esposa a los implicados de un accidente vial también forma parte del protocolo de seguridad, aunque depende del criterio de cada policía, mismo criterio que aplican los agentes del MP para determinar cuando se les retira.
Por cruel que se lea, el abogado enfatizó que en las leyes mexicanas no se contempla la alimentación de los detenidos por un delito culposo.
“Nuestras leyes no somos como las de Estados Unidos u otros países en las que a los detenidos se les dan sus comidas, aquí en México es raro el municipio que de la alimentación, normalmente no hay una regla para alimentación.
“Por lo general en las celdas llegan asociaciones religiosas o de ese tipo para ofrecer comida“, mencionó el jurista.
La incomunicación es la consecuencia de quitarle los celulares para evitar que entre ellos se hagan daño, pero, en efecto, los detenidos tienen derechos a hacer llamadas a sus familias o abogados para darles a conocer la situación.
El Código Nacional de Procedimientos Penales ya lleva siete años aplicándose en todo el país, pero aún existen lagunas que preocupan a los expertos en leyes.
“Está bien planeado el Código, pero en la aplicación varios compañeros a nivel nacional no estamos de acuerdo porque hay muchas violaciones o muchas lagunas legales. No es una Ley que acabe con lo que antes existía, como quiera siguen habiendo lagunas.
“Trataron de hacer más cortos los juicios porque había mucho cúmulos de trabajo escrito, pero en vez de caminar hacia adelante caminamos hacia atrás“, expresó.
ECO DERECHOS HUMANOS
La presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez Arellano, indicó que en los casos antes mencionados sí cabe la intervención del organismo, dado que todos los centros municipales que fungen como espacios de detención tiene reglas, que establece la Constitución.
La titular de la CEDH difirió con el abogado sobre los derechos de los detenidos y mencionó que éstos sí tienen derecho a la alimentación, al igual que a la comunicación, a la visita, a la llamada de teléfono y al registro de sus pertenencias.
“Sin duda, se tiene la posibilidad de presentar la queja por estas omisiones de que si no le dieron alimentación, si no recibieron sus bienes, si no se los devolvieron, que no le hayan permitido una llamada telefónica, todo eso es violatorio“, mencionó.
Méndez Arellano recalcó que, aunque no se tiene cifras exactas, al ser Monterrey la zona metropolitana con mayor número de accidentes viales, es muy probable que se presenten con frecuencia irregularidades en las detenciones, por lo que invitó a la ciudadanía a presentar su queja ante la Comisión.
De acuerdo a cifras del organismo las cifras de situaciones ocurridas en celdas municipales por accidentes viales fueron: 1 en 2019 en San Pedro; 2 en 2020 en Monterrey y 1 en 2022 en García.
En lo que va de 2023 no se ha reportado ninguna arbitrariedad de este tipo en Nuevo León.
