El fin de semana del 14 al 16 de enero, Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León y esposa del gobernador, Samuel García, se llevó a su casa a Emilio, un bebé huérfano quien sufre de una discapacidad y está albergado en la Casa Capullos del Sistema DIF Nuevo León.
Esta acción generó múltiples críticas en contra de la pareja, pues no solo mostraron en sus redes sociales fotografías del pequeño, sino que fueron acusados de haber “adoptado por un fin de semana” al niño.
Sin embargo, lo que se supone que realmente sucedió es que Rodríguez aprovechó la existencia de un procedimiento administrativo llamado Acogimiento Familiar que permite este tipo de acciones.
Alejandro Cáceres, presidente de la Organización Adopción y Acogimiento Familiar de México AC (ABBA), un colectivo que desde hace seis años busca visibilizar y contribuir en la solución de adopción en el país, aclaró que lo que hizo Mariana Rodríguez no fue una “adopción de fin de semana”, como se dijo en los medios, ya que esta figura ni siquiera existe en la ley, pero tampoco fue un Acogimiento Familiar en forma.
“Lo que hizo (Rodríguez) no fue un acogimiento familiar, porque un fin de semana es más como una visita. No es ilegal, hay ocasiones que los que tienen un vínculo con los niños les ofrecen la oportunidad de salir para festejar un cumpleaños, es una práctica, no diría común, pero es algo que sucede, es una forma de brindarles atenciones a los niños que de otra manera no tendrían en el DIF Nuevo León”, explicó.
El encargado de la organización, que trabaja en educar y concientizar sobre los derechos de los menores a través de las adopciones y acogimiento familiar, explicó que esta figura legal está dirigida a las familias o personas interesadas en apoyar a niños que están bajo el resguardo del Estado.
De acuerdo a la legislación, quienes busquen entrar a un programa de acogimiento tienen que llenar una solicitud, además de que deben de ser evaluados psicológica y socioeconómicamente, además de que deben aprobar un curso de capacitación.
En caso de ser aprobado y certificado como familia acogedora, se les pasa a un “banco de familia”, donde integrantes de equipos multidisciplinarios de los Sistemas DIF se encargarán de hacer el mejor empate posible con un niño bajo la custodia del Estado.
Es hasta ese entonces cuando se inicia un proceso de convivencia e integración que tiene que cumplirse para, finalmente, permitir el egreso del infante del lugar donde está albergado para vivir con la familia.
El experto advirtió que estos procesos pueden durar desde los cinco meses a un año, que es el tiempo que pude pasar desde que se presenta una solicitud hasta que el infante está viviendo con la familia acogedora.
Las personas que quieran ser acogedoras pero con la intención de adoptar, deben tomar en cuenta que son dos procesos separados, ya que al iniciar un acogimiento se debe tener en mente que va a terminar su relación con el niño en algún momento, y deben estar preparados psicológicamente y emocionalmente para la separación.
Es por ello que se debe de tener mucho cuidado de explicarle a los aspirantes las reglas que existen en el Acogimiento Familiar, pues ha sucedido que hay quienes terminan frustrados, tristes e inclusive llegan hablar mal del programa.
“Si la familia hace bien su trabajo se va a encariñar con el niño, pero debe ser lo suficientemente fuerte cuando tenga que despedirse”, comentó Cáceres.
El presidente de la organización reconoció que se han llegado a dar casos donde la familia acogedora se termina convirtiendo en padres adoptivos, pero esto sucede porque el proyecto de vida del niño se ve trastocado por algún evento catastrófico en su familia de origen y eso desencadena una serie de acontecimientos que permiten que la mejor opción sea ser adoptado por la familia que lo acoge.
Es por ello que se recomienda a los participantes en este programa que no desaparezcan de la vida del pequeño que tuvieron en su casa.
“Lo mejor que podemos hacer es que la familia acogedora no se desaparezca de la vida del niño, porque ya se formó un vínculo y la idea no es revictimizarlo quitándole algo que ya tienen.
“Lo óptimo sería que la familia pudiera convertirse en una especie de padrinos y pudieran seguir acompañando al niño durante el resto de su vida aun cuando ya fue adoptado o reintegrado a su familia de origen”, aseguró el el presidente de ABBA.
Añadió que la exposición que se le ha dado a este caso fue positiva pues permitió que la ciudadanía conociera sobre programas como el de Acogimiento Familiar.
“El gran acierto es que ha visualizado o ha hecho que veamos las circunstancias de los niños y sí ha habido una respuesta positiva de gente que quiere participar en la solución,
“Escuché que en dos o tres días se apuntaron alrededor de cien familias para ofrecer acogimiento familiar y después de seis años de trabajar en esto, eso es casi un milagro”, afirmó.
Explicó que esta exposición es buena pues los menores que se encuentran bajo la custodia del Estado necesitan de apoyo pues viven realidades muy complicadas y mientras haya más personas interesadas en participar, mejor.
“Los niños por lo general vienen con secuelas de traumas psicológicos, herramientas de supervivencia que han aprendido tanto en su entorno de origen como en las instituciones de las Casas Hogar que no son nada fáciles o bonitas.
“Por eso las familias tienen que estar preparadas para ser referencia y poder reconstruir en el niño cuestiones de personalidad que muchas veces se pierde, su capacidad de toma de decisiones y muchas otras cosas relacionadas con el trauma que experimentaron”, comentó.
LAS VOCES EN CONTRA
Sin embargo, no todos compartieron el optimismo de Cáceres sobre este evento, pues hubo quienes condenaron duramente las acciones de la esposa del gobernador del Estado.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), expresó su preocupación por lo que llamó “la extracción del centro del DIF Capullos de un bebé con discapacidad, bajo el argumento de un permiso de convivencia de fin de semana”.
Por medio de un comunicado, los integrantes del grupo indicaron que “sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos en primer término”
Consideraron “preocupante la exposición excesiva e innecesaria de este niño a través de redes sociales, sin el tratamiento adecuado para la protección de su identidad y en algunos casos incluso usando colores identificados con la campaña del partido político que llevó a su cargo al actual gobernador y a su esposa”.
Fue tanta la controversia, que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), a través del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), solicitó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedará bajo el cuidado del gobernador, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez”.
Un par de días después, la dependencia estatal respondió que tanto Procuraduría, como el director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, otorgaron un permiso especial para que el niño quedará bajo resguardo del matrimonio durante un fin de semana.
En su respuesta, las instancias estatales argumentaron que se autorizó la salida del niño bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez por representar para él una “figura significativa”.
Sin embargo, las autoridades estatales no proporcionaron evidencia documental que acredite lo que han sostenido y que pruebe que se cumplieron con las formalidades que exige la ley.
Al igual que REDIM, la Procuraduría Federal consideró que se vulneró los derechos del menor al mostrarse su rostro del en redes sociales, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, tal y como lo dispone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país.
Este reclamo fue rebatido por la Procuraduría estatal quien alegó que el hecho de que la imagen y datos personales del niño hayan sido expuestos de manera masiva no configura una violación al derecho de intimidad.
“No se considerará injerencia ilegal o arbitraria, aquella que emane de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, en el cumplimiento de la obligación de orientar, supervisar y en su caso restringir, conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al Interés Superior de la Niñez”, citaron.
Además, sostiene que la afectación al derecho de identidad únicamente puede realizarse por medios de comunicación, pues son éstos los que han difundido información sobre el niño tomando las imágenes de las redes sociales de Mariana Rodríguez.
Tras lo anterior Procuraduría Federal convocó a una reunión urgente para revisar la legislación, procedimientos y protocolos vigentes respecto a medios alternativos de cuidado familiar en el estado de Nuevo León, con la finalidad de homologarlos en congruencia con las disposiciones del DIF Nacional y, con ello, erradicar prácticas que resultan contrarias a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se pronunció en contra de la difusión de imágenes y videos de menores que se encuentran ingresados en un albergue oficial e inició una queja de oficio por la salida del niño del DIF Capullos, además de que solicitó información para conocer detalles del procedimiento aplicado por la dependencia estatal.
Por tal motivo se emitió un exhorto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) y a su director, Miguel Ángel Sánchez Rivera, para garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores de edad.
En el oficio se pidió que se implementen los mecanismos pertinentes para que todas las áreas a cargo del DIF cumplan con la protección de la imagen, privacidad e intimidad de los menores con el fin de prevenir posibles violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Además, se les exhortó para que vigilen los procedimientos y formas de intervención de las personas servidoras públicas que atienden a niñas, niños y adolescentes, específicamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, invariablemente observen el marco legal aplicable, a fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos.
MARIANA DA SU VERSIÓN
Tras las críticas, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, decidió responder a los señalamientos por medio de una carta publicada en sus redes sociales el 23 de enero.
En ella agradeció el apoyo por parte de algunos ciudadanos y reconoció que hay personas que están molestas por lo que hizo.
Aseguró sentirse triste y molesta por las acusaciones e insultos que ha recibido, mismos que calificó de injustos porque no toman en cuenta la relación que forjó con Emilio durante los tres meses que ha estado acudiendo a la Casa Capullos.
“Hice lo que hice por amor y cumpliendo con todos los procesos legales, porque yo misma avisé antes de hacerlo, porque estoy segura que a Emilio le hizo bien y porque sé que hay miles de niñas y niños en casas hogares de todo México que merecen la oportunidad de vivir en familia, de saber que no están solos, que pueden tener un futuro distinto.
“Después de leer mucho de lo que se ha dicho, quiero decirles que esto no se trata de mí, se trata de Emilio y de todas las niñas y niños que no tienen papá ni mamá ni un hogar. Esto es una oportunidad para que todas y todos se enteren de cómo viven estos niños, sus carencias, las malas condiciones de las casas hogar, el tormentoso proceso que tienen que seguir las familias que quieren adoptar y la tristeza de muchos de esos niños que, por su edad o por padecer algún problema, parecen condenados a quedarse encerrados. Porque sí, en muchos casos, vivir en una casa hogar es una especie de encierro”, explicó.
Enfatizó que nada de lo que hace tiene fines publicitarios, ya que no es política o funcionaria, además de que no tiene sueldo y sus redes sociales dejaron de ser fuente de empleo y ahora las utiliza para visibilizar la situación que viven miles de niñas y niños en Nuevo León.
Por último, invitó a la ciudadanía a unir sus voces para hablar por quienes no pueden, por los más vulnerables, por los niños, niñas y adolescentes.
“Estoy convencida de que, aunque somos diferentes, todos tenemos algo que dar, todos podemos ser parte de la solución y, si mis formas no comulgan contigo, lo respeto y te invito a hacer las cosas como tú crees que debían ser, como sea, pero ayuda”, finalizó.
EL DIFÍCIL CAMINO DE LA ADOPCIÓN
Preocupados por lo tardado que puede ser el proceso para la adopción en Nuevo León, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se reunieron para buscar soluciones.
En la reunión se informó que los procesos actuales de adopciones en México son lentos, por lo cual existen en el país 30 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran en DIF o Casas Hogares, y del 2016 al 2021 el DIF Nacional solamente aprobó 50 de 308 solicitudes que se encuentran en proceso de adopción se comentó durante la reunión.
En el evento Mariana Rodríguez relató algunas historias que se viven dentro de la Casa Capullos, con menores de edad, víctimas de agresiones y violación que los llevó a tener que ser ingresados en el DIF.
Informó que actualmente en el DIF hay 28 niños disponibles para adopción, de los cuales 16 ya están en una integración familiar.
Lamentó que hay nueve niños que han participado en el programa de Acogimiento Familiar pero han sido devueltos; algunos hasta tres veces por diferentes familias.
“Ahí tenemos algo qué hacer porque los niños no son un juego, los niños no pueden ser rechazados de esa manera si ya fueron rechazados por su propia familia biológica”, expresó.
Añadió que en la actualidad hay 57 familias que buscan adoptar, de las cuales 46 no tienen hijos y 5 aceptan a niños con discapacidad.
Por tal motivo, la titular de la Oficina Amar a Nuevo León propuso trabajar con familias que van adoptar para evitar regresos a la institución y en caso de que se dé, negarle a la familia volver aplicar para adopción.
En el tema de adolescentes embarazadas que quieren dar en adopción a su hijo o hijo, propuso darles alguna facultad para que puedan firmar el consentimiento de adopción y los niños se puedan registrar de manera adecuada.
También se pidió acelerar castigos y penas para los padres que incurrieron a casos de agresión y violación contra los menores.
Dentro de este punto, propuso una Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, además de un juzgado especializado en infancia en temas de patria potestad y adopción, y una delegada especializada dentro de Capullos, para evitar el tema de revictimización, es decir que los niños tengan que estar declarando ante varias instituciones como fueron agredidos.
Por último, se pidió dar un plazo a los padres para que se restablezcan de sus problemas como las adicciones y poderles restituir los derechos de sus hijos.
“Si les encontramos una familia tanto de acogimiento como de adopción a estos niños, creo que los podemos hacer nuestros líderes de mañana porque eso es lo que merecen, romper estos ciclos de violencia que ya traen de muchos años y muchas generaciones y está en nuestras manos hacer ese cambio y dejar ese legado”, finalizó.
