Como “preocupante e inaudito” calificó Javier Ballí Martínez el que las autoridades estatales otorguen contratos millonarios a empresas creadas al vapor que ni siquiera están inscritas en el padrón de la Cámara de la Industria de la Construcción.
Director general de Desarrollo y Construcciones Urbanas (Dycusa) y presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el periodo 2002-2004, el empresario demandó una investigación profunda y transparente.
“Me parece preocupante y me parece inaudito, que con la transparencia que prometen tanto los gobiernos municipales, estatales y federal se presenten casos como el que menciona Hora Cero.
“Es preocupante que se presenten estos casos cuando hay más de 500 empresas constructores registradas en los padrones de contratistas y en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que certifica y verifica la existencia de las mismas y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, dijo Ballí Martínez.
El constructor demandó la erradicación de prácticas corruptas porque dañan el erario y la generación de empleos de parte de compañías legalmente establecidas.
“Ya no debe existir eso de que se formen empresas de papel, que se crean nomás porque llega a un puesto el amigo, el familiar o el compadre… que se forman por influyentismo. Hay que señalarlas y exhibir a los funcionarios que hacen mal uso de sus deberes.
“Esa es una competencia desleal para quienes mantenemos nuestras empresas con ética y principios aún en este régimen fiscal tan pesado, mientras que esas empresas tal vez ni tengan la especialidad ni el capital humano ni el equipo para hacer los trabajos encomendados”, consideró Ballí Martínez.
El director general de Dycusa pidió la pronta intervención de las autoridades competentes a través de una investigación a fondo, apoyada en el padrón de la Cámara de la Construcción, donde cada una de las compañías inscritas se encuentra plenamente certificada.
“Cuando ocurre un caso como el denunciado en Hora Cero, el principal riesgo es que estas empresas de papel no puedan afrontar los trabajos para los que se les contrata y a su vez tengan que subcontratar a precios excesivamente caros y ahí hay un daño patrimonial.
“Además, no pagan sus impuestos porque no están legalmente establecidas, no tienen ni domicilios fiscales y todo esto demerita mucho el giro del negocio y pone en riesgo las fuentes de trabajo que ya existen. Además, con esas anomalías ¿quién garantiza que van a cumplir? y si no cumplen ¿a quién se le va a reclamar?”, destacó.
Respecto a la declaración de Germán Mendoza, director de Planeación de la Corporación de Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, en el sentido de que “es común” que algunas empresas no tengan dirección y no estén en el padrón de proveedores, el entrevistado lo atribuyó a ignorancia.
“El funcionario que comentó eso definitivamente no está enterado o no sabe. Si tú pides el registro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se certifica el domicilio fiscal de cada empresa y hay inspectores que verifican el domicilio, el giro, el equipo, el personal y el capital social que tiene cada una.
“Por eso debe investigarse a profundidad a los funcionarios que permitieron y contrataron los servicios de esta empresa”, concluyó Ballí Martínez.