
Martes 4 de julio a medianoche, dos mujeres y cuatro hombres son hincados con el rostro cubierto en una casa de Residencial Palmas en Apodaca y son ejecutados. Jueves 29 de junio por la noche, un grupo armado ejecuta al jefe de la Policía de Linares, Gabriel Solano, cerca de su casa. Martes 27 de junio, 16:20 horas, un grupo de la delincuencia organizada asesina a la policía municipal de Apodaca, Ericka Lázaro Hernández, en el bulevar Aeropuerto.
En un lapso de ocho días, al cierre del mes de junio e inicio de julio, Nuevo León registra tres hechos de alto impacto, con dos uniformados y ocho civiles asesinados, entre éstos dos mujeres.
Además, en este contexto, se establece que entre la ejecución múltiple de Residencial Las Palmas se encontraba una pareja originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas: Denis Martínez, de 18 años y Cristian Charmin, de 28 años de edad; ella queda inerte, con un chupón en una mano.
Horas después del hallazgo de los seis cadáveres, el chupón cobra un significado: un bebé de cinco meses de nacido fue localizado –vivo- en el piso de un sanitario de la iglesia Resurrección del Señor de la colonia Industrias del Vidrio de San Nicolás de los Garza. La Fiscalía del Estado establece que es hijo de la pareja asesinada junto con cuatro personas más en Apodaca.
La autoridad investigadora revela que cuatro de los victimados en la colonia Residencial Palmas, incluyendo la pareja, eran originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, otro era oriundo de Chiapas y una sexta víctima del sexo masculino no había sido identificada.
Sobre este caso, el secretario General de Gobierno, Javier Velasco, refutó que las víctimas hayan sido fusiladas, como divulgaron algunos medios, expresó que fueron ejecutados, que algunos tenían antecedentes penales y refirió que el caso está relacionado con la delincuencia organizada.
En el caso del jefe de la Policía de Linares, el teniente coronel retirado Gabriel Solano, ejecutado con armas de alto poder cuando iba en su camioneta acompañado de su esposa e hijo de meses de nacido, quienes resultaron heridos, las autoridades investigadoras refieren avances, relacionan el crimen también con la delincuencia organizada, pero no hablan de pesquisas.
En torno a la mujer policía de Apodaca, Ericka Lázaro Hernández, quien tenía 32 años de edad y era oriunda del estado de San Luis Potosí, ni la policía preventiva, que tiene facultades para investigar, ni la Fiscalía tienen avances.
Saben que los asesinos pertenecen a un cártel de la delincuencia organizada, que mató a mansalva con armas de alto poder a la policía y dejó herido a su compañero y que huyeron con dirección a la frontera tamaulipeca.
En estos casos, como en muchos de los 3 mil 876 homicidios dolosos cometidos entre el año 2020 y hasta junio de este 2023, existe el sello de crimen organizado.
No en balde, el propio gobernador Samuel García dijo el 28 de abril del año pasado que en Nuevo León ocho de cada 10 homicidios estarían relacionados con el crimen organizado, y reconoció que el consumo de estupefacientes se había convertido en un serio problema en el estado.
“Actualmente y me duele mucho decirlo, el abuso de narcóticos va en aumento. En Nuevo León los narcóticos, los químicos están dañando profundamente a mi generación”, compartió en aquella ocasión.
DANZA DE NÚMEROS
Los números parecerían enredar, pero de alguna forma ilustran. Luego de los tiempos de la llamada “Narcoguerra” cuyo pico de violencia ocurrió en el año 2011, cuando Nuevo León registró la escandalosa y lamentable cifra oficial de los 2,003 homicidios dolosos, a partir de 2013 tienden a bajar con altibajos, pero a partir de 2019 los números han ido de nuevo en franco ascenso.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de 2015 a la fecha, el año pasado (2022) ha sido el más sangriento con los 1,430 homicidios dolosos; en el 2021 se registraron 1,069, en el 2020 un total de 914, mientras que en el 2019 fueron 956.
Más hacia atrás, en el año 2018 se registraron 825 homicidios dolosos, en el 2017 fueron 656, en el 2016 la cifra se ubicó en 644 asesinatos y en el 2015 fueron 451 homicidios dolosos.
De esta forma, el año 2022 se ubica como el tercero más violento en Nuevo León desde el 2011, pues registró solo 28 crímenes menos que el año 2012, el segundo año más álgido con 1,459 homicidios dolosos.
Actualmente a nivel nacional el país sigue registrando en general alzas en incidencia de homicidios dolosos, pero comparado con el año pasado, Nuevo León tiende a bajar en las cifras, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes.
El funcionario estatal refiere que el mes pasado, junio, fue el mes más violento en la historia de México, fuera de sucesos políticos históricos como la Cristiada.
Empero, asegura que pese a los números emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León registra una reducción del 23 por ciento en cuanto al número de occisos, tomando en cuenta el acumulado de homicidios dolosos el primer semestre del año, comparado con el 2022.
Palacios Pámanes dijo que este avance se suma al de mayo pasado, cuando la entidad tuvo una reducción del 30 por ciento.
El funcionario estatal atribuye la baja en homicidios a que el 35 por ciento de los elementos de Fuerza Civil ya patrullan la zona rural de la entidad, tanto en la norte como la sur, cuando anteriormente se concentraba principalmente en la zona metropolitana.
Palacios Pámanes refiere que, ante el aumento de patrullajes en la zona rural, se han detectado diversas células criminales y se han capturado a presuntos delincuentes, a quienes se les han hecho decomisos importantes de armamento, vehículos, droga y equipo táctico.
A nivel nacional, junio ha sido uno de los meses con más homicidios desde octubre del 2022, con 2 mil 355 víctimas, con un promedio diario de unos 77 asesinatos, de acuerdo con el Informe Diario de Víctimas de Homicidios Dolosos del Gobierno Federal.
TRES AÑOS A LA ALZA
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios dolosos en Nuevo León por cada 100 mil habitantes tiene un alza sostenida a partir de 2017, salvo el periodo más fuerte de la pandemia, que tuvo una disminución.
De esta forma, en 2015 la tasa de homicidios dolosos en el estado fue de 8.64; en 2016 se fijó en 12.11; en 2017 fue de 11.40; en el 2018 se incrementa a 13.68; para 2019 sube a 16.07, en el 2020 baja a 15.10. Mientras tanto, en 2021 sube una vez más a 17.64 y el año pasado 2022 se dispara a 23.05 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Las cifras de incidencia delictiva del Secretariado se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público.
Con la información publicada al 20 de junio de este año, la incidencia delictiva de Nuevo León en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es de 8.86 a prácticamente la mitad del año.
NOTICIEROS ROJOS
Acostumbrados a la búsqueda del mayor rating, los noticiarios de las cadenas locales televisivas documentan desde hace unos 15 años todo aspecto policiaco, principalmente los homicidios dolosos.
Por ello, y porque los asesinatos y las ejecuciones han sido el pan de cada día en la metrópoli y en la zona rural, el teleauditorio consume mañana, tarde y noche la violencia que generan los cárteles de las drogas y la delincuencia organizada, así como las acciones de agentes federales y policías estatales y municipales.
Por su parte, los políticos abordan el tema, sobre todo cada que el espiral de violencia crece.
La diputada priista Jessica Martínez sostiene que las cosas en el Estado se están poniendo muy difíciles y los ciudadanos no tienen un momento de paz.
“Ya hasta da miedo salir a la calle con nuestras familias. Creo que se deben poner a trabajar, dejar los pleitos de lado, que se empiece a trabajar en municipios, Estado y Federación”, apuntó.
El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, dice que el Gobierno del Estado encabezado por Samuel García (Movimiento Ciudadano) desatiende el tema de la seguridad y hasta, afirma, que el ejecutivo entregó la entidad al crimen organizado.
“Ya hay miembros de la delincuencia organizada prácticamente en toda la zona rural, y están entrando fuertemente a la zona conurbada de la zona metropolitana de Monterrey”.
El legislador panista advirtió que la falta de diálogo del mandatario emecista con los alcaldes dificulta una coordinación en la Mesa de seguridad, en la que todos los ediles debieran estar en sintonía con las políticas públicas de la entidad para contener la delincuencia organizada.
Mientras tanto, Eduardo Gaona, Coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, aseguró que la administración estatal trabaja en coordinación con la Federación y los Municipios, para dar tranquilidad de los nuevoleoneses e hizo un llamado al resto de las fracciones parlamentarias a no politizar el tema de la seguridad.
Gaona refirió que durante las últimas tres administraciones estatales se han dado altas y bajas en la incidencia delictiva, situación que siempre se revirtió con trabajo en equipo.
Apuntó que a pesar de que Nuevo León se encuentra sin Fiscal, las autoridades están trabajando en materia de seguridad.