El 11 de octubre del 2018 será un día que Mario de Jesús Vallejo Parra jamás olvidará pues sin deberla ni temerla un accidente le cambiaría su vida para siempre.
Mientras se encontraba trabajando sobre la colonia Valle del Roble, en el municipio de Cadereyta, una patrulla de Fuerza Civil perdió el control por ir a exceso de velocidad durante a una persecución, se subió a una banqueta y atropelló a varias personas.
A pesar que hubo varios lesionados, él resultó como el más grave, ya que tras ser arrollado le tuvieron que amputar ambas piernas.
Como parte de un servicio social, un grupo de abogados accedió a representarlo legalmente, sin embargo, aunque la Secretaría de Seguridad Publica contaba con un seguro de la empresa Quálitas para reparar los daños, optaron por no hacerse responsables.
Sostuvieron que la indemnización no provendría de la dependencia, por lo que la familia de Mario interpueo una demanda por la que, incluso, ya hay una orden de aprehensión contra el oficial responsable, identificado como Caleb Abiu González Vera.
Al día de hoy el joven vive con su madre en condiciones precarias, quien afirma que más allá de la dificultad para mover a su hijo, debe lidiar con la depresión del muchacho y sus constantes cambios de humor, aunado a la dificultad para obtener ingresos ante la creciente crisis sanitaria del Covid-19.
“Mi vida ha cambiado mucho desde aquel incidente. He batallado bastante, más ahora con todo eso del Coronavirus que no puedes salir ni a trabajar y en lo personal, en esta situación no te ofrecen ningún trabajo.
“Como ya no pueden reparar los hechos lo único que espero de las autoridades es que me paguen. La verdad su actuar me ha dejado muy decepcionado, yo confiaba en las unidades de Fuerza Civil, dicen que vienen a proteger y servir y no se ve nada de eso”, comentó Mario.
Agregó que antes de que comenzará la pandemia en Nuevo León salía a las calles con miedo, argumentando que aún existía un temor latente por el incidente que marcó su vida.
Resaltó que sus amigos más cercanos no lo abandonaron en ningún momento e inclusive lo visitaban constantemente, con quienes pasaba varias horas conviviendo y divirtiéndose.
“Al principio si salía todo espantando, como si la gente nunca hubiera visto un chavo en silla de ruedas, me daba pena que solo se me quedaran viendo y con el tiempo ya pude vivir con ello.
“Se acercaban a preguntarme que qué me pasó y yo les contaba toda la historia. Para todos aquellos que creían que andaba en malos pasos les decía y sigo diciendo que yo soy un chavo de bien, a lo mucho me gustaba más el fútbol que el trabajo y las clases”, relató.
Además de su familia y amigos, Mario contó que ha recibido apoyo económico y moral tanto a nivel estatal como nacional, siendo el más destacado el de la superestrella de Tigres, Javier Aquino, quien le llegó a depositar una buena suma de dinero.
Explicó que su caso trascendió gracias que su historia salió en televisión y aumentó su alcance en redes, lo que incluso contribuyó a que se diera a conocer como “al chavo que lo atropelló Fuerza Civil”.
EL IMPACTO DE LA NOTICIA
Aquel 11 de octubre la madre de Mario, Francisca Parra, se encontraba en su casa cuando de un momento a otro una vecina le habló de forma asustada, quien le dijo que los muchachos habían tenido un accidente.
“En ese momento me dijo que doña Lulú, la mamá de Alán y amigo de mi hijo, estaba hablando con unas de las personas que estaba en el accidente. De inmediato me fui para allá, donde revelaron que uno de ellos estaba muy grave.
“Al momento de escuchar lo del grave de volada pensé en Mario. Ya cuando nos confirmaron que fue en Valle del Roble y debían de ir familiares de los afectados, quería movilizarme y ver qué sucedió”,
Añadió que cuando su esposo llegó a casa le contó del accidente y mientras se trasladaban al lugar de los hechos se comunicó con un hermano que trabaja como taxista, quien pudo ver la escena del accidente y les insistió que llegarán lo más rápido posible.
“Cuando íbamos llegando a la colonia iban saliendo las ambulancias y ahí pudimos ver una patrulla arrumbada en la orilla. De pronto se arrimó un policía con nosotros, argumentando que sí fue un accidente y que nos apoyaría en todo, desde el traslado al hospital y lo que se nos ofreciera.
“Debido a que perdió bastante sangre fue llevado a la Clínica 14 del IMSS en Cadereyta, donde le realizaron primeros auxilios”, recordó.
Una vez que llegaron al Hospital General de Zona #21 del IMSS notaron que solo había llegado una unidad, la que llevó a Alan, mientras que donde Mario iba a bordo aún no arribaba.
“En esos momentos entré en desesperación e inclusive le grité a la recepcionista de la clínica porque me urgía saber dónde estaba mi hijo. Estaba toda exaltada y seguía discutiendo cuando llegó una ambulancia y pude ver a lo lejos que mi pequeño estaba inconsciente.
“Apenas lo pasaron y salió un doctor y de inmediato nos pasó para que lo viéramos. Ahí dentro nos comentó que se encontraba prácticamente en las últimas, quedé en shock y unos minutos después nos reveló que debido a que sus piernas se encontraban destrozadas, no había nada que hacer y debían amputárselas, cirugía que a su vez se la realizaron de manera deficiente”, explicó.
Señaló que fue difícil digerir dos noticias impactantes a la vez, sin embargo, junto a su esposo aceptaron que el doctor hiciera lo necesario para preservar la vida de Mario y después de 15 días en el hospital Mario salió en silla de ruedas.
MUCHA PROMESA Y POCA ACCIÓN
Francisca recordó que dos días después del accidente les llamaron del Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de Cadereyta con el fin de rectificar la acusación e iban acompañadas por la mama de Alan.
Ese día coincidieron con Judith Téllez, representante de Quálitas, quien les ofreció un pasé médico para trasladar a Mario al mejor hospital privado de la entidad, a cambio de que le firmaran que desistirían en detener al oficial.
“Me ofreció eso y le dije en su cara que cómo se atrevía decirme eso luego de que mi hijo se encontraba en ese momento en terapia intensiva y prácticamente se estaba muriendo, hice mis corajes y no podía calmarme por la insensibilidad de sus palabras.
“Desde un principio hicieron las cosas de la peor forma y hasta la fecha así se mantienen. Se les notaba que querían lavarse las manos y que por nuestra situación aceptaríamos la primera oferta”, expresó.
Detalló que los primeros acercamientos que tuvieron con las autoridades estatales fueron positivos y en ese tiempo fueron muy bien atendidos por elementos de Fuerza Civil, quienes les llevaron comida, agua y lo básico para estar ahí en el hospital.
“Algunos altos funcionarios estuvieron ahí con nosotros lo que duró mi hijo en el hospital y a nuestro domicilio, hasta fue Leticia Platas, comisaria general de Fuerza Civil, que nos dijo que lo que se nos ofreciera, lo cual solo quedó en palabrerías”, comentó.
Mencionó que incluso fueron a buscar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón al Palacio de Gobierno, quien no pudo atenderlos, sin embargo, destacaron una vez que vino el presidente Andrés Manuel López Obrador acudieron a verlo, el cual sí se acercó con ellos.
“El presidente sí vio a mi hijo, se arrimó con él y de volada le preguntó qué le había pasado, apuntó nuestros datos para tomar cartas en el asunto y el Bronco también se acercó, al día de hoy ni uno ni el otro hicieron algo al respecto. A fin de cuentas, son políticos y lo hicieron solo para la foto, ni que decir”, expresó con disgusto.
UN CAMBIO TOTAL
“Fue un cambio radical, uno no está preparado para una situación así y debes hacer demasiadas cosas para garantizar la comodidad de él. La prioridad fue acondicionar su cuarto para que se pudiera entretener y distraer.
“Los bañitos de las casas del INFONAVIT no están pensados para que alguien en silla de ruedas o muletas entre”, explicó Francisca tras recordar los cambios realizados para beneficio de Mario.
Las principales modificaciones que hicieron en la casa fue adaptar un cuarto diseñado especialmente para él, donde contaría con un baño propio, una rampa para salir al jardín e instalar el Internet, servicio que antes del accidente su madre no consideraba “tan urgente”, aunque no tardó en cambiar de parecer, ya que el joven debía despejarse y no pensar todo el día en el incidente.
Refugio Espinosa, tutor de Mario desde que tenía dos años y que ha fungido como un segundo padre, remarcó que lo poco que se ve en la casa es producto de su arduo esfuerzo y trabajo, y que a pesar de la larga espera por una resolución no dejará de desistir en la lucha.
“Estamos batallándole bastante y prueba de ello es que antes tenía una camioneta, una moto y un coche, con el que Francisca se movía a todas partes con el chamaco. Hoy en día esos vehículos se fueron y es un reflejo de lo difícil que ha sido esta situación.
“Hay gente que piensa que solo estoy con ellos por la cuestión de la casa y el dinero. Incluso están los que creen que ya tenemos todo resuelto, lo que nos ha llevado a pelear y discutir por el tema.
“Yo quisiera que nada de esto hubiera pasado y si tengo que responder cómo nos ha cambiado este suceso, solo te puedo decir que el asunto está canijo y con todo y que estamos mal no falta comida en la casa”, destacó.
EL NULO INTERÉS POR MARIO
Rodolfo Cárdenas, abogado con más de 15 años litigando y que actualmente lleva el caso de la familia Vallejo Parra, destacó que, a pesar que las autoridades de Seguridad Publica saben de las condiciones en las que vive Mario, hacen de poco a nada por apoyarlo.
“Ellos saben el estado de necesidad que hay en la familia y en lugar de apurar las cosas ayudan para que sea más tardío el proceso, porque así extreman y dificultan la situación. Con esto los han puesto en momentos en que han estado a punto de aceptar las injustas ofertas por parte de la aseguradora”, precisó.
Por su parte, Francisca expuso una situación de desinterés donde se vio involucrada la comisaria Leticia Platas, cuando se encontraban remodelando el cuarto de Mario, misma que le causó un endeudamiento de más de 11 mil pesos.
“Vino a mi casa y le comenté que debíamos realizar las modificaciones al cuarto de Mario, para lo que me dio primero un apoyo de 7 mil pesos y así le pude decir a un vecino que comenzará las obras, ya que la funcionaria me dio su palabra, que me seguiría brindando ayuda.
“A la semana me comuniqué con ella para comentarle de la cantidad que me solicitaban y de inmediato me cambió todo el casete, argumentando que toda la ayuda sería en la cuestión legal y de gestión. Mi relación el vecino se vio bastante afectada y le juré que una vez que tuviese el dinero se lo pagaría inmediatamente.
Después, la gente de la comisaria me dejaba en visto, no respondían mis mensajes ni las llamadas y por más que insistía por una respuesta no han trascendido hasta la fecha. Actualmente, Mario ocupa la ventana del baño y la puerta de su cuarto, ya va para más de un año que las obras siguen inconclusas. Yo me pregunto, ¿qué ganamos nosotros con eso?”, cuestionó.
Añadió que entiende a la perfección que toda esta situación se derivó de un accidente, sin embargo, denotó su malestar por la nula iniciativa por reparar el daño, reiterando que a su hijo “ya le desgraciaron la vida”.
“Sabemos que volverá a caminar una vez que tenga sus prótesis, pero los sueños que tenía se fueron al aire porque muchos de ellos, ya no podrá realizarlos. Lo único que exigimos es que se hagan responsables, pero como ellos no sufren de nada están muy cómodos.
“Respecto al tema de las prótesis también ocurrió un movimiento extraño en el Hospital General de Zona #21 del IMSS. Pasó que la recepcionista no metió el expediente de mi hijo en cirugías y el día que fui a internarlo me dijeron que no había registro alguno, le enseñé la evidencia y admitieron no haberlo metido”, señaló.
Cárdenas resaltó que de haber entrado a esa cirugía le hubieran cerrado las heridas y al día de hoy andaría con sus dos prótesis y descansando de la silla. Subrayó que el asunto a tratar es que Mario no tendría por qué esperar en un hospital público; menos en sus circunstancias.
“Mario tiene derecho a una bolsa de dinero que está garantizada en una póliza contratada por el Estado y a un hospital privado por medio de un pasé medico otorgado por la aseguradora, el cual se lo han negado y hasta condicionado, a pesar de ser beneficiario de la póliza de seguro por ser un tercero afectado, así dice la Ley de Seguros y Fianzas.
“La aseguradora no se lo da por estrategia para negociar o regatear y porque no quiere gastar, prefieren que Mario se atienda en un hospital privado para que ya hechas las atenciones no tenerlas que dar”, remarcó.
QUÁLITAS Y FUERZA CIVIL, NO CUMPLEN
“Tenemos identificado por nuestra experiencia que el Estado no está preparado para responder a las violaciones de derechos humanos y los entes locales están obligados a actuar inmediatamente para tratar de remediar lo dañado y, a pesar de haber llegado un año después a este caso, lo que nos llamó la atención es que le negaran la atención médica.
“Con base en nuestra experiencia con el funcionamiento de las aseguradoras, sabemos que tratan de hacer ahorros y no les importan los daños a las personas porque siempre van por una métrica de dinero y solamente les interesa proteger su patrimonio financiero”, precisó Cárdenas sobre la deficiente actitud de Quálitas en el caso.
Agregó que fue “bastante descarado” como en todo momento trataron de condicionarle el servicio médico a Mario, y sostuvo que debido a que el Estado está inmiscuido en el asunto con la obligación de remediar, es razón suficiente para el pésimo comportamiento de la aseguradora.
“La remediación es una obligación del Estado según los tratados internacionales que hablan de derechos humanos y también de acuerdo a criterios de la Suprema Corte, el responsable de dañar está obligado inmediatamente a hacer actos que lleven hacía la reparación del daño de los derechos transgredidos.
“Hace no mucho la entonces presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio una conferencia de prensa en donde leyó la recomendación, considerándola como la más amplia por los aspectos de reparación, donde incluso prevenía conseguirle un trabajo o esparcimiento a Mario y que tenía que estar a cargo de Seguridad Pública”, resaltó.
Relató que una vez emitida la recomendación el Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, aceptó de “puño y letra” cada uno de los puntos del decreto y sostuvo que a partir de ahí se comenzó a formar un expediente.
“En total es un plazo de seis meses lo que prevé la Ley, que se cumplieron en marzo de este año y obviamente no se ha dado el cumplimiento de la recomendación y hay consecuencias legales para los funcionarios públicos por el incumplimiento, esa obligación no es autoimpuesta, pero es recomendada y aceptada, por lo que están obligados a cumplir.
“El problema es que para incumplirlo lo harán a través de una compañía de seguros y es ahí donde se atora todo porque intervienen varias legislaciones, la cuestión administrativa que va de un contrato público que se concursa y que en este caso gana Quálitas y que después al instrumentar el incumplimiento de los contratos hay muchas fallas porque interviene el interés patrimonial de la aseguradora”, señaló.
“Todo esto es parte de una estrategia en la que, sin duda, están participando los funcionarios de Fuerza Civil. Lo sabemos porque ellos tuvieran la posibilidad de allanarse a todo lo demandado, no pedimos una cantidad líquida, sino que acepten su responsabilidad, que deben reparar integralmente y en su lugar siguen interponiendo excepciones risibles y faltas de derecho”, aseguró.
Asimismo, afirmó que en conjunto han “empedrado el camino” para que Mario esté cada vez más distante de reclamar lo que tanto le corresponde y a su vez, está siendo el más afectado entre los dimes y diretes entre la aseguradora y el Gobierno.
Como antecedente el 13 de marzo en una emisión de “Las Noticias” de Televisa Monterrey, Fasci fue cuestionado por el caso y declaró que ya estaban “apretando a la aseguradora”.
El funcionario estatal afirmó que la ley limita a una cantidad y sostuvo que es una injusticia, sosteniendo que la familia Vallejo Parra está pidiendo más de lo que dice la ley, revictimizando al joven Mario, mintiendo a la opinión pública y denotando una presunta colusión con Quálitas.
“La Secretaría de Seguridad Publica siempre le ha echado la culpa a Tesorería del Estado, ya que ellos son quien administran las pólizas, pero de la declaración del secretario y del acuerdo firmado por el director jurídico de la secretaría se puede ver su participación activa en servir a los beneficios patrimoniales de la compañía de seguros.
“Bien pudieron allanarse a la reclamación y dejarle la bronca a la aseguradora por qué al policía no lo defendió la dependencia, lo dejaron condenar aún que no era necesario, solo fue útil para dilatar, es decir, con tal de no pagar o aplicar esta estrategia de estresar a la víctima se cargaron al policía”, apuntó.
Para finalizar, Cárdenas reveló que mientras desarrollaba la audiencia de juicio penal contra el oficial, se enteraron de que el jurídico y la aseguradora tuvieron reuniones privadas, con lo que reafirmó la colusión para defenderse entre sí y denotando una evidente red de corrupción entre los funcionarios públicos.
“Lo que no entendemos es como los funcionarios de Tesorería del Estado y Seguridad Pública siguen permitiéndole a la aseguradora que incumpla con un contrato público y cómo la Auditoría Superior del Estado no ha intervenido a revisar el cumplimiento de esos contratos.
“Estamos seguros que cuando los revisen van a tener que darlos por incumplidos, cancelarlos y le pedirán al Estado que les reembolsen todo lo que la aseguradora les ha cobrado. Por su parte, los diputados son los que tienen la facultad dentro de sus comisiones el intervenir en darle vista a la Auditoría Superior del mal actuar de su proveedor.
“Esta debería ser la consecuencia lógica y legal del mal actuar de Quálitas, esa aseguradora está evitando que los gobernados y ciudadanos tengamos la atención médica privada que está contratada, ahora sabemos que, si esto pasa, ninguno de nosotros va a tener atención médica privada porque la utilizarán para regatear o negociar con nosotros”, concluyó.