Desde 1994 Patricia Elizabeth Jiménez Vázquez llevó flores y lloró sobre la tumba donde supuestamente estaba enterrada una hija que nunca vio al nacer. Quince años después, en 2009, cuando quiso adoptar y hurgó en documentos oficiales, se encontró con la verdad: el cuerpo sepultado no era de su primogénita.
En una cama del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Patricia dio a luz a una niña. Desde ese entonces tiene dos fechas grabadas en su mente: el 16 de abril de 1994, cuando la trajo al mundo, y el 18, cuando la niña falleció.
Cuando tenía 18 años vivía en un barrio de clase media-baja en Monterrey y se embarazó de su novio Felipe, a quien conoció en una fiesta. Meses después supo que en su matriz se empezaba a gestar la vida de su primer hijo vivo; antes había tenido un aborto accidental.
Patricia era una joven como muchas, y enamorarse también estaba en sus planes. Estudiaba la secundaria -que no terminó por el embarazo-, y su infancia no fue un cuento de hadas. Los afectos de su madre eran suplantados por golpes; tuvo privaciones materiales y la trataba como una sirvienta.
Su vida de adolescente transcurrió en un camino sinuoso. Se salió de su modesta casa, ubicada en la colonia Primero de Mayo, en varias ocasiones para vivir con sus abuelos maternos, quienes al paso de un tiempo se mudaron a Zacatecas. Tiempo después regresó al hogar de sus padres, Altagracia Vázquez Jiménez y Pedro Jiménez Arriaga, y posteriormente se refugió con su abuela Dominga Arriaga Manríquez.
“Tenía 16 años cuando lo conocí (a Felipe) en una fiesta. Bailamos, salimos, nos conocimos y nos hicimos novios, hasta que quedé embarazada a los 17”, recuerda.
Su primer embarazo la tomó por sorpresa, pero aceptó su realidad. A los pocos meses de gestación Patricia abortó de manera inesperada. Antes había abandonado la casa de sus padres para evitar el maltrato verbal y físico de su madre, pero un día volvió.
Después del aborto, Felipe -de quien nunca se enamoró plenamente y fue llave para salir del núcleo familiar-, se fue a vivir con ella. Pese a todo continuaron su noviazgo y, para su sorpresa, a los pocos meses volvió a quedar embarazada.
“Cuando en mi casa supieron hubo pleito y me corrieron. En ese momento fue lo mejor para los dos porque no sabía qué hacer ni con quién ir; un hermano de Felipe nos abrió las puertas de su casa”, comentó.
En su relación con Felipe había escasez de casi todo, principalmente de amor. Peleaban a diario, los padres de ambos estaban ajenos a su situación, y tuvieron pocos momentos buenos como una pareja adolescente que espera un hijo.
Felipe era empleado de un taller de enderezado y pintura, pues no había terminado la primaria y hacía hasta milagros para llevar comida a su casa. Patricia, por su lado, se dedicaba a ayudar a su abuela Dominga con las labores del hogar. Las limitaciones eran el pan de cada día.
La joven supo de su embarazo por la caprichosa menstruación. Fue a un Centro de Salud para realizarse exámenes y le confirmaron sus sospechas. A partir de ese día las revisiones médicas fueron puntuales, y a los siete meses, a través de una ecografía realizada en el Hospital Metropolitano, supo que dentro de ella crecía una niña.
“Aunque había abortado la primera vez, en esta ocasión no tuve complicaciones ni nada anormal. Todo mi embarazo fue tranquilo, hasta que el 16 de abril, a los siete meses de embarazo, me empecé a sentir mal”, recordó.
Estaba viendo la televisión en casa de su abuela paterna cuando vio que subían a su padre a una patrulla de la Policía; su hermana había llamado y pedido que lo arrestaran porque discutía con su madre. Esa escena la impactó y empezó a sentir los dolores.
Su tía Martha Jiménez Arriaga, al verla en mal estado, llamó a un taxi y junto con Felipe se trasladaron al Hospital Metropolitano para que Patricia fuera atendida. La colocaron en una camilla con un fuerte dolor en el vientre, y minutos después estaba en el quirófano.
Desde su entrada a la sala de partos Patricia perdió el conocimiento por la anestesia. Estaba en la etapa previa a una cesárea. Se sentía mareada, veía borroso y apenas escuchaba voces. Difícilmente observaba una silueta robusta frente a ella; le tomaron de la mano para firmar un papel que nunca supo su contenido.
La anestesia hizo su efecto y Patricia perdió el conocimiento. Ya no supo nada del parto, no escuchó el llanto de la recién nacida ni pudo tenerla entre sus brazos. Horas después supo que tampoco tenía la matriz que, consciente, nunca autorizó su extracción.
Ella no tenía una historia clínica para que le hiciera la histerectomía. Y la voluntad de alguien, que nunca supo quién fue, se cumplió.
El 16 de abril de 1994, sin precisar hora, despertó sola en un cuarto de recuperación del Hospital Metropolitano, y se le hizo extraño no ver más camillas o pacientes en ese mismo espacio, siendo un clínica de gobierno.
La paciente estuvo sedada más de un día y despertaba sólo en ratos. Uno de ellos, el 18 de abril, se abrió la puerta de su habitación y vio entrar a la tía Silvia Jiménez Arriaga, junto con una enfermera, para decirle que su hija había muerto.
Su familiar, hermana de su padre, la tomó del hombro y le dijo que había sido voluntad de Dios; Patricia entró en shock, su llanto no tenía fin y la enfermera la volvió a sedar. No tuvo tiempo de preguntar las causas del deceso.
A 19 años de los hechos, recuerda que ni un médico del Hospital Metropolitano acudió al cuarto para darle la noticia. Nunca vio a la niña, no la tuvo en sus brazos; pidió verla pero no la dejaron.
Al tercer día dentro del hospital la mujer intentó ponerse de pie; caminó hacia el pasillo y llegó a una puerta. Quería encontrar a su hija y verla, pero no pudo. Un enfermero la detuvo antes de desmayarse, y cuando recobró el conocimiento estaba de nuevo acostada en la cama de su cuarto.
“Algo estaba mal”, aseguró.
ENFRENTÓ UN DUELO… SIN RAZÓN
Con la ausencia de Patricia, el 18 de abril de 1994 varios familiares sepultaron a su hija. Sus condiciones de salud, el duelo sobre sus hombros y las secuelas de la histerectomía, le impidieron ir al cementerio Parque Funeral Guadalupe, al sur de Monterrey.
Luego del entierro, Felipe fue a ver a Patricia y no comentó detalles. La frustrada madre no estaba en condiciones y no supo quiénes asistieron, hasta que pasaron los días.
A la mañana siguiente Felipe fue por ella, luego de ser dada de alta se fueron a la casa de su abuela Dominga. En sus manos no traía ninguna documentación sobre su ingreso y su expediente; ni del nacimiento y muerte de su hija dentro del hospital.
Durante y pasada la cuarentena se preguntaba qué había pasado con la niña, con qué enfermedad nació y por qué había muerto. Nunca la vio con vida, y hasta que la llevaron al panteón supo dónde estaba la tumba. Se consoló y aceptó la verdad que le contaron.
El cuerpo fue enterrado sin nombre en un espacio familiar. En la placa de la tumba todavía se puede leer el nombre de Sofía Manríquez Marín, bisabuela paterna de Patricia.
Días después, su padre, el tío Antonio y la abuela Dominga fueron con ella al Parque Funeral Guadalupe, y fue la primera vez que derramó lágrimas sobre el lugar donde supuestamente estaba sepultada su hija.
Fue muy doloroso y lloró desconsolada. Tenía sentimientos encontrados por lo sucedido y las dudas vagaban por su cabeza y su corazón.
Con ese acto de dolor y amor por alguien a quien no tuvo en brazos, y sólo mantuvo en su vientre durante siete meses, Jiménez Vázquez intentó seguir con su vida cotidiana.
Cuando transcurrió medio año de su hospitalización, un día le preguntó a su abuela Dominga si existía algún documento del nacimiento de la niña, como el Certificado de Nacido Vivo expedido por el Hospital Metropolitano. Y la respuesta fue tajante: no. Seguramente se habían perdido.
Patricia no insistió más y se dispuso a seguir adelante como joven adulta. Durante los siguientes 15 años asistía sola a visitar la tumba y llevaba flores, porque Felipe no quería acompañarla; tiempo después, en 2001, él murió en un accidente.
Durante las idas al panteón prefería flores amarillas y naranjas que compraba en un negocio cerca; decoraba la tumba con globos y platicaba con la niña sobre cómo hubiera sido su infancia junto a ella.
Nunca iba en su cumpleaños ni el Día de Muertos por temor a desvanecerse del dolor; evitaba recordar ese tiempo hospitalizada, sobre todo cuando escuchó la mala noticia.
Seguido tenía un presentimiento de que la niña estaba viva, y no aceptaba su muerte. El paso de los años y las ansias por adoptar un hijo, develaría una historia que nunca se imaginó.
LAS IRREGULARIDADES
El 26 de mayo de 2010, Patricia Elizabeth Jiménez Vázquez tomó valor y acudió a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León para presentar una denuncia, misma que fue turnada la Agencia del Ministerio Público Investigadora Número Uno especializada en Delitos en General.
En la averiguación previa 129/2011-I-4, la mujer de 34 años solicitó una investigación “contra quien o quienes resulten responsables por existir suficientes omisiones dentro de los documentos” expedidos por el Hospital Metropolitano 16 años antes, relacionados con el nacimiento y la repentina muerte de su hija.
Meses atrás Patricia le pidió ayuda a su amiga Alicia Álvarez para iniciar los trámites de adopción de un hijo en Saltillo, Coahuila, no en Nuevo León, donde son más burocráticos al hablar de familia unilateral-madre soltera.
Con un costal de ilusiones regresaron a Monterrey para iniciar la búsqueda de los documentos solicitados por el DIF de Coahuila. Se organizaron en sus respectivos trabajos y comenzaron a preguntar entre los familiares de Patricia. La visita al Hospital Metropolitano, así como al Parque Funeral Guadalupe, estuvieron primero en la lista.
Las sospechas de Patricia se incrementaron cuando tuvo los papeles en sus manos: los certificados de Nacido Vivo y de Defunción -que fueron difíciles de encontrar en el nosocomio, en el panteón y con sus mismos familiares-, tenían omisiones que sembraron dudas y temores.
Una copia simple del Certificado de Defunción, con fecha 16 de abril de 1994, fue el primer documento que pudo ver desde que su hija nació y murió dentro del nosocomio. Fue expedido por la Secretaría de Salud de Nuevo León con Folio de Captura 3372664.
El mismo, proporcionado por el Parque Funeral Guadalupe y presentado como prueba ante el Agente del Ministerio Público Carlos Jauregui Arroyo, el 26 de mayo de 2010, se refiere a un R/N (Recién Nacido) registrado como Jiménez Vázquez. Pero no se detalló con claridad los días que estuvo viva la niña, ni el sexo.
Patricia denunció que hay confusión en los días que la R/N supuestamente vivió; está en blanco el espacio sobre la hora de muerte, y tampoco especifica los intervalos de enfermedad-muerte; no tiene datos del informante y no está registrado ante la autoridad del Registro Civil.
Ante las primeras supuestas irregularidades, las dudas aumentaron: no se encontró el acta original de Nacido Vivo en Archivo del Hospital Metropolitano. Por ello la denunciante envió un escrito al Departamento Jurídico del mismo nosocomio el 4 de enero de 2010.
La unidad hospitalaria respondió con el oficio HM 172 JUR-003-099 cuatro días después, y aclaró que el expediente de Patricia no existía y no era posible entregar copias simples del mismo, tampoco del certificado de Defunción.
Con la firma de Fernando Flores Gutiérrez, jefe del Departamento Jurídico del Hospital Metropolitano, el documento dejaba claro que no había rastros de los expedientes clínicos que daten que Patricia Elizabeth Jiménez Vázquez había sido internada hace 16 años para dar a luz.
Sin embargo, sí le entregaron el Certificado de Nacimiento Original de la menor con fecha del 16 de abril de 1994, número de Control 590804. Pero las sospechas aumentaron porque las fojas de dicho certificado nunca fueron entregadas a los interesados e instancias correspondientes: Patricia, la Oficialía del Registro Civil, la Dirección General del Registro Nacional de Población y la Dirección General de Estadística.
El documento oficial no tiene nombre del recién nacido y tampoco incluye la huella dactilar de la menor; señala que fue un producto de 28 semanas de gestación, cuando en el Certificado de Defunción se manifiesta: las causas de la muerte fue un pretérmino de 35/36 semanas.
Desde esos días en que Patricia tuvo frente a sus ojos esos documentos hasta la fecha, se hace la misma pregunta: “¿A quién declararon muerto?”.
Pero su calvario no fue sólo entrar y salir de dependencias oficiales, sino en el mismo seno familiar cuando sus padres le negaban tener los papeles oficiales porque, al parecer, estaban perdidos. Esas versiones no la convencieron, pues ellos hicieron los trámites previos al entierro de su hija.
La afectada solicitó una copia certificada de la orden de inhumación de la menor, con número de control 0135479, expedida por la Oficialía del Registro Civil Número 8, y se encontró que Patricia Mendoza Jiménez -nombre que la madre no le dio-, fue sepultada el 18 de abril de 1994 en el Parque Funeral Guadalupe.
En el Acta de Defunción aparece también el nombre de la recién nacida como Patricia Mendoza Jiménez, pero la sorpresa para la madre fue mayor cuando supo que el declarante y los testigos que firmaron eran personas ajenas a la familia y trabajaban en los Velatorios IMSS.
Los empleados del velatorio y quienes fungieron como testigos en el llenado del documento fueron: Fernando Cázares, de 45 años; Rubén Hernández, de 40 años, y José A. Contreras, de 45 años; los tres de nacionalidad mexicana y sin parentesco con los Jiménez Vázquez
En el espacio sobre la causa de la muerte quedó escrito: insuficiencia respiratoria, atelectacia izquierda. Y el nombre del médico que certificó la defunción fue Bayardo Pastora Membreño, con cédula profesional 3744092.
Los recibos de Tesorería Municipal con número 2699, por concepto de inhumación de cadáver, están a nombre de Pedro Jiménez Arriaga, padre de Patricia. Y la factura de servicio del Parque Funeral Guadalupe se suscribió a nombre de Antonio Jiménez Arriaga, tío de la afectada, quien cedió el lote para el entierro.
Ante este primer panorama turbio y lleno de sospechas, Patricia y Alicia Álvarez -quien desde el inicio de la averiguación funge como parte coadyuvante y autorizada por la interesada ante el Ministerio Público-, siguieron aportando datos a la Averiguación Previa. Pidieron al Fiscal designado que citara a testigos, entre ellos, familiares y médicos que asistieron el parto el16 de abril de 1994 en el Hospital Metropolitano.
LA PRIMERA EXHUMACIÓN
En junio de 2010 la demandante pidió a la Secretaría de Salud de Nuevo León autorización para una exhumación del cadáver sepultado el 18 de abril de 1994 en el Parque Funeral Guadalupe, en el Sector Balcón de la Tranquilidad, fila XXXIII, cripta 36 en la gaveta 2.
Dentro del mismo documento recomendó que José Luis Cárdenas Cárdenas, médico forense, fuera el encargado de recabar las muestras de los restos exhumados para hacer los estudios de ADN, compararlos con los de Patricia, y que serían llevados para su análisis al Anfiteatro del Hospital Universitario (HU).
El 3 de agosto del mismo año se realizó la diligencia de exhumación, se tomaron las muestras de los restos óseos en presencia de Jiménez Vázquez y las autoridades correspondientes para determinar si los restos exhumados correspondían a la hija biológica o se trataba de otra persona.
En el dictamen que giró la Procuraduría General de Justicia del Estado, oficio número 49583-10, concluyó: “No se logró obtener ADN autosómico del fragmento óseo con la clave 10-1356FO, por lo que no fue posible realizar el comparativo entre éste y el ADN de Patricia Elizabeth Jiménez Vázquez”.
El documento firmado por la doctora María Haydeé Loaiza Becerra, perito de genética forense de la misma dependencia, con fecha el 17 de diciembre de 2010, argumentó que la razón por la cual no se obtuvo ADN de los restos fue por la antigüedad, calidad y cantidad del fragmento óseo extraído.
Las muestras tomadas por Cárdenas Cárdenas no se entregaron en tiempo y forma, acusó Patricia en su momento, pues no se llevaron al Hospital Universitario donde se realizaría el estudio.
El médico forense, según consta en el proceso judicial, llevó parcialmente las muestras- porque éste extravió tres de ellas- y las dejó diez días después de la diligencia al Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la UANL. Por eso la interesada decidió buscar otro perito particular en la Ciudad de México.
Así, el primero de diciembre de 2010 la perito María Dolores Gálvez Mendoza, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, entregó los resultados de la prueba genética.
Su dictamen fue contundente y revelador: el perfil genético señala un XY, correspondiente a la muestra de un varón, no a la niña que Patricia daría a luz en el Hospital Metropolitano.
Esos datos científicos fueron ratificados ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar, del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, el 11 de enero de 2011.
Sin embargo, en la sentencia definitiva del caso el Juez Décimo Tercero Familiar, Juan José Tamez Galarza, el 5 de septiembre de 2011, desechó los resultados del dictamen de ADN.
La desconfianza hacia la supuesta neutralidad del juez, aunado a interminables dudas, influyó para que un mes después, haciendo caso omiso a diversas amenazas en contra de Patricia y Alicia, solicitaran una segunda exhumación para conocer la verdad.
TESTIMONIOS
SE CONTRADICEN
Entre febrero y octubre de 2011, como parte de la averiguación 129/2011-I-4 a cargo del nuevo Fiscal Rodolfo III Salinas de la Peña, se citó a varios testigos, entre médicos del Hospital Metropolitano y familiares de Patricia.
Pedro Jiménez Arriaga, padre de Patricia fue citado a declarar y no acudió de manera voluntaria; respondió brevemente al interrogatorio y su actitud fue agresiva, recuerda su hija.
Mientras el tío paterno de nombre Antonio Jiménez Arriaga, en su declaración testimonial, negó participar en los trámites del sepelio. Pero en los documentos del Parque Funeral Guadalupe aparece como copropietario del lote, y el servicio se facturó a su nombre.
Otro testigo fue su tía Silvia Jiménez Arriaga. Fue ella quien le dio a Patricia la noticia de la muerte de su hija, aunque lo negó durante la comparecencia. En esos días desfilaron en la Procuraduría de Justicia algunos servidores públicos claves en la indagatoria.
Matilde Olivares, oficial del Registro Civil que certificó el Acta de Defunción, sostuvo que ella solamente recibió datos del Certificado de Defunción emitido en Hospital Metropolitano para poder hacer la Orden de Inhumación, pero los datos no coinciden. Y señaló que escribió el nombre de Patricia Mendoza Jiménez porque “alguien”, sin recordar quién, se lo dictó.
El testimonial de Bayardo Pastora Membreño, médico nicaragüense que firmó el Certificado de Defunción, fue contundente: “Yo al ver que faltaban esos datos no debí de haber firmado el mismo”.
El 20 de julio de 2011, el doctor centroamericano reconoció ante el Ministerio Público que el día que certificó la defunción de la menor no observó que en el documento faltaba la hora del fallecimiento, y que no supo el nombre de la persona (informante) que proporcionó los datos para medio llenar el certificado.
Además, Bayardo Pastora estaba impedido para firmar certificados de Defunción dentro del Hospital Metropolitano porque, según las reglamentaciones del país, necesitaba una cédula profesional expedida en México, que obtuvo hasta 1997.
Así, el médico nicaragüense certificó la defunción con la cédula profesional 3-74-40-92, expedida en su país de origen, y precisó en su declaración: “Se me permitía utilizarla debido a que la institución en la que ejercía (Hospital Metropolitano) faltaban médicos en la guardia”.
LA SEGUNDA EXHUMACIÓN
En julio de 2012 Patricia, a través de un oficio girado a la Procuraduría General de la República (PGR), pidió su colaboración para una segunda exhumación para analizar nuevamente los restos de su supuesta hija. Días más tarde el departamento de Servicios Periciales confirmó con un oficio su participación.
El 17 de enero de 2013 se realizó el segundo desentierro. Días antes, la abuela Dominga y su hijo Antonio se opusieron a que se abriera la tumba del lote que les pertenece; por ello hubo necesidad de una orden de cateo del juez para sacar los restos.
Bajo custodia, las evidencias fueron trasladadas a Servicios Periciales de la PGR del Distrito Federal, y otros restos fueron llevados a un laboratorio particular por la perito particular, María Dolores Gálvez Mendoza.
Un mes después de la diligencia, la PGR envió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León el oficio 13267/D.1.1/2012 que resolvió: “No fue posible realizar la confronta de perfiles genéticos entre las muestras analizadas de los restos y Patricia Elizabeth Jiménez Vázquez”. Firmó las conclusiones Roberto Agüero Pliego, perito profesional.
Pero el 8 de marzo de 2013 la perito Gálvez Mendoza, con Cédula Profesional 1045477, extendió un dictamen diferente: “Los restos de la menor Patricia Mendoza Jiménez y/o Patricia N N, no presentan relación de parentesco, por lo que no corresponde al hijo biológico de Jiménez Vázquez”.
“Quién iba a pensar que una ilusión se convertiría en una novela de terror, porque mi historia se ha convertido en eso; mi hija no está muerta, pero tampoco sé dónde está”, dijo Patricia.
Con la confirmación científica de que el cuerpo inhumado no pertenecía a su niña, nació en ella el deseo de estudiar la licenciatura en Derecho. Ese ambiente ya era conocido para Patricia, pues junto con Alicia había pasado días y meses entre expedientes, oficinas de fiscales y jueces; leyendo declaraciones o escuchando a testigos.
Desde marzo de 2013 Patricia divide su tiempo entre su trabajo en una empresa y las aulas universitarias. Quiere aportar al Ministerio Público más pruebas documentales para encontrar la verdad sobre los hechos.
También Alicia, su coadyuvante legal, decidió estudiar Derecho; ambas siguen en la búsqueda de evidencias para dar con los responsables de la desaparición de la niña. Ya enviaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, pero hay obstáculos como empezar desde cero la investigación.
Un sábado por la mañana de diciembre de 2009, afuera de un restaurante de la zona metropolitana de Monterrey, estaba el doctor César Ploneda González, quien en 1994 era jefe de residentes de Ginecología del Hospital Metropolitano.
El médico citó a Alicia Álvarez -Patricia no quiso asistir a la cita- para platicar sobre los hechos. Su nombre estaba entre los testigos que podían ser citados a declarar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En la banqueta del negocio de comida, sin más preámbulo, Ploneda González le sugirió: “No desentierres lo enterrado”. Se dio la vuelta y desapareció de su vista.
Espera la verdad
Paralela a la averiguación penal, Patricia Elizabeth Jiménez Vázquez y Alicia Álvarez acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para contar la historia.
Del expediente CEDH/11/2011 se deriva la recomendación 87/2012, enviada a la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitando al Agente del Ministerio Público Investigador Número Uno en Delitos en General, no incurrir en más violaciones a los derechos humanos de la afectada.
Desde que se inició la investigación, insiste Jiménez Vázquez, “se han obtenido pruebas suficientes de las faltas cometidas en el Hospital Metropolitano, Secretaría de Salud, Oficialía y hasta la Procuraduría, que parece indicar, algo quieren ocultar”.
La resolución de la CEDH señaló en algunos de los puntos más relevantes: “Es importante precisar que no es a la C. Patricia Jiménez Vázquez, ni a este organismo, a quienes les corresponde demostrar el paradero de la recién nacida”.
Y agregó: “Es a la institución del Ministerio Público a quien le corresponde, y no a esta Comisión, integrar las investigaciones penales para determinar si se configura algún delito con la recién nacida Jiménez Vázquez”.
El mismo dictamen resolvió que el Ministerio Público “está obligado a integrar la averiguación con seriedad, imparcialidad y efectividad, pues sólo así se puede suministrar un recurso judicial a las víctimas de violaciones de derechos humanos…”.
Las autoridades de Derechos Humanos de Nuevo León resolvieron que Jiménez Vázquez debe tener garantizado el acceso a la justicia, y que en un tiempo razonable “se haga todo lo necesario, completa y exhaustivamente para conocer la verdad de lo sucedido y sancionar a los responsables.
Sobre las pruebas, la CEDH sugirió efectuar las diligencias necesarias para identificar plenamente la osamenta que se encuentra sepultada con el nombre de “Patricia Mendoza Jiménez”, con el fin de que la presunta víctima termine con el sufrimiento y daño ocasionado por estos hechos.
Así también este organismo, tomando en cuenta a su perito, el doctor Francisco Aguilar Delgado, hizo énfasis en su opinión técnico-médica al hacer constar que el largo de una muestra de cabello tomada de los restos óseos no corresponde ni al de un producto de 28 semanas, ni al de 35/36 semanas de gestación.
Aunado a ello, Alicia Álvarez como coadyuvante dentro de la investigación, envió recientemente una petición al Hospital Metropolitano para que le informe detalladamente el número de Nacidos Vivos y Fallecidos en abril de 1994.
“Será algo sin precedentes en el país, pero creo es necesario. De esta forma queremos ubicar a las personas que ahora son mayores de edad y hacer pruebas de ADN a los restos de quienes murieron. Porque aunque suena descabellado, no queda de otra para dar con mi hija”, dijo la afectada.
Patricia espera que su historia no se vuelva repetir. Por eso decidió hacer pública su experiencia para luchar por encontrar la verdad, pero sobre todo, para que los niños que nazcan lleguen a su casa junto a sus padres genéticos.