La denuncia penal por el delito de Difamación en contra de la diputada local Celia Alonso Rodríguez, generó muchas dudas respecto a la protección del fuero que podría tener la legisladora. Sin embargo expertos en leyes explicaron que este cobijo existe sólo en temas del índole federal, no delitos del fuero común.
En marzo de 2017 la Septuagésima Cuarta Legislatura de Nuevo León aprobó las reformas constitucionales para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción que, entre otros aspectos, eliminó el fuero para funcionario públicos de la entidad: Gobernador, Diputados Locales, Alcaldes, Síndicos, Regidores y Magistrados.
A dos años de su aprobación, ninguna autoridad ha sido procesada penalmente por conducta inapropiada, sin embargo, esto podría cambiar, luego de que el 11 de noviembre, el director de Comunicación Social de Apodaca, Edgar Martínez Mercado, presentó una denuncia por difamación contra la diputada de Morena, Celia Alonso Rodríguez.
Con la queja, interpuesta en el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de la Fiscalía General de Justicia en Apodaca, la legisladora morenista podría convertirse en el primer funcionario público en ser procesada penalmente, tras la eliminación del fuero.
Y es que, a pesar de que los funcionarios públicos aún sigue amparados por la Ley Suprema, que es Constitución Mexicana, ésta sólo los absuelve de delitos del orden federal como producción y tráfico de drogas, trata de personas, posesión de armas y secuestro, entre otros.
En el caso de los delitos del orden común, como el caso de la legisladora, las leyes que se aplican son las locales y ya no es necesario una declaratoria de procedencia para remitirla antes las autoridades judiciales, de acuerdo al doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Monterrey (UDEM), Samuel Hiram.
“Ya no se necesita declarar una declaración de procedencia por parte del Congreso del Estado para poder procesar penalmente (a un funcionario público)“, sentenció el también catedrático.
El caso inédito estalló el 29 de octubre pasado cuando la diputada local acusó al jefe de prensa del municipio de Apodaca de violencia sexual, acoso laboral y psicológico.
Desde tribuna, Alonso Rodríguez culpó al funcionario de agredir a empleadas del Municipio y reporteras por medio de redes sociales, por lo que exigió al alcalde, César Garza, su destitución.
“El presente posicionamiento es por actos de acoso sexual y laboral suscitados en el municipio de Apodaca en la dirección de Comunicación Social por parte del jefe de prensa, el ciudadano, Edgar Martínez.
“El jefe de prensa realiza amenazas y malas referencias de las personas que trabajan honestamente para sacar adelante a su familia al día, cometiendo un abuso de autoridad.
“Pedimos al alcalde de Apodaca la destitución de este tipo nefasto, violento, que comente violencia sexual, acoso laboral y psicológico contras las mujeres“, externó en tribuna la diputada el 29 de octubre.
Los dichos de Alonso Rodríguez no fueron acompañados de pruebas, sólo de imágenes, que a su parecer, evidenciaban el supuesto delito.
Ante la lluvia de acusaciones, el director de Comunicación Social de Apodaca acudió como ciudadano a interponer la demanda contra la legisladora con el fin de que se proceda a sancionarla.
La queja fue turnada a la Unidad de Investigación de Delitos Culposos para que se inicie una carpeta de investigación.
El 15 de noviembre, Martínez Mercado también presentó una nueva denuncia contra la diputada, pero ahora ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“La publicación de la diputada antes referida (Celia Alonso Rodríguez) en diferentes medios de comunicación, los cuales md afectaron a mi persona al difamarme ya que en ningún momento he realizado actos de violencia sexual, acoso laboral y psicológicos en contra de las mujeres“ se puede leer en la denuncia interpuesta por Martínez Mercado.
En su declaración, el afectado añadió las notas periodísticas en las que se exhiben la denuncia hecha en tribuna por la legisladora.
El funcionario municipal pidió que la diputada sea sancionada, pero también aclaró que está dispuesto a llegar a un acuerdo con ella siempre y cuando se le ofrezcan disculpas.
NO ES DEMOCRACIA, ES DIFAMACIÓN
A pesar de que el fuero para los funcionarios estatales se eliminó en 2017, lo que no se removió de la Ley fue su derecho para externar cualquier postura política desde tribuna sin temor a ser sujetos a proceso.
Es decir, ningún diputado o diputada puede ser procesado por opiniones que exprese en tribuna, ya que sin esa garantía no existiría el debate democrático.
“Hay que hacer una mención clara: el tema de la protección de los legisladores por lo que tiene que ver en su libertad de expresión y posicionamiento sigue estando vigente, es una garantía institucional, no es una garantía de la persona.
“El tema de la declaración de procedencia para luego proceder penalmente es en contra del servidor en un tema personal“, aseveró el doctor Samuel Hiram.
De hecho, el fuero fue instaurado en México desde la Constitución de Cadiz de 1812 como una herramienta de protección para los críticos del régimen durante las revueltas independentistas.
Ya en 1924 en la primera Constitución del país como república independiente se mantuvo la exención para los integrantes del Poder Legislativo con la finalidad de que desempeñaran su labor de contra peso sin temor a ser perseguidos.
La idea inicial del fuero era que los legisladores pudieran hacer desde tribuna una critica libre y objetiva hacia los partidos, el Gobierno y los nombramientos de Magistrados y Consejeros.
“Ante la aprehensión de diputados, por el enfrentamiento entre Iturbide y el Congreso, éste se declaró en Asamblea Extraordinaria exigiendo el respeto a su soberanía y a la inviolabilidad de sus opiniones, derechos que fueron determinados en el Decreto del 24 de febrero de 1822“, se puede leer en el estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República sobre el fuero constitucional.
Sin embargo, los dichos en tribuna de la legisladora no representaron ninguna postura política sobre un tema de agenda y sí una acusación sin evidencias que tanto el afectado como otros actores políticos calificaron de difamación o injurias.
Este es el caso de la diputada local, Claudia Tapia Castelo, ex compañera de bancada de Alonso Rodríguez, quien señaló en entrevista el 13 de noviembre que la ahora acusada incurrió en difamación por su forma de proceder.
La diputada independiente progresista lamentó que su ex compañera haya mostrado un completo desconocimiento del proceso legislativo.
“La manera en la que procedió la diputada incurre en difamación. Esto habla del desconocimiento de la Ley de un legislador que además cuenta con un apoyo de equipo de asesoría jurídica.
“El exhorto no es una denuncian formal para la investigación de delitos, es un mecanismo para equilibrar el ejercicio de los demás poderes y los órdenes municipales y federales“, mencionó Tapia Castelo.
La ex legisladora de Morena también calificó como irresponsables la exigencia vertida por Alonso Rodríguez en tribuna y al cual se sumaron otras diputadas.
“Ademas, fue sumamente irresponsable hacerlo porque obviamente pensamos que el contenido de su exhorto tenía pases conforma a la Ley“, dijo la ex integrante de la bancada de Morena.
Agregó que por el mal manejo de la situación más que apoyar a las supuestas víctimas, la diputada Celia ensució el proceso al difamar a una persona cuya situación deberá ser resulta por las autoridades competentes.
Tapia Castelo enfatizó también que su ex compañera de bancada “no tiene calidad moral para enarbolar la bandera de defensa de los derechos de la mujer“ por violentar a su propio género.
“Celia es una mujer que violenta desde el Congreso. Ejerce violencia de género a su propio género, así que el discurso no le queda“, concluyó la líder de la bancada independiente progresista.
PROCESO COMO CUALQUIER CIUDADANO
Al conocer la denuncia interpuesta en su contra la legisladora Celia Alonso Rodríguez se declaró lista para enfrentar la denuncia como una ciudadana más.
Portando unas esposas en sus manos como si hubiera sido arrestada, la diputada morenista sentenció que Martínez Mercado está en su total derecho de denunciar y aseguró que recibirá la demanda sin ningún problema.
“Está en su derecho a denunciar (Edgar Martínez). Yo siempre he dicho que haga lo que le corresponde y si así lo considera adelante. Yo la voy a recibir (la demanda), no tengo ningún problema, pero siempre voy a hacer la voz de la mujer, sea como se”, dijo la legisladora.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ramiro González, respaldó a Alonso Rodríguez al asegurar que la diputada actuó en base a un sentimiento de protección hacia las mujeres.
En caso de que la denuncia haya sido bien integrada, se procedería contra la legisladora Celia Alonso Rodríguez, convirtiéndose en la primera funcionaria pública en someterse a un proceso judicial desde la eliminación del fuero.
Los desaforados
En México se contabilizan nueve casos de desafuero contra funcionarios estatales y federales desde la creación de la figura jurídica, de acuerdo al portal nacional de La Razón.
Generalmente presionados por la opinión pública y con tintes políticos, los procesos para quitar la protección a algunos funcionarios han sido sumamente sonados en el país.
Quizás el más famoso de la época reciente es el del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en 2005 fue desaforado por presuntamente violar una orden judicial por la constricción de una calle.
El primer caso se registró en 1090 cuando el entonces diputado federal José Lopez Portillo y Rojas -abuelo del ex presidente López Portillo- fue acusado de fraude, aunque otras versiones indican que se debió a su abierto apoyo al general Bernardo Reyes.
El segundo se suscitó el 14 de diciembre de 1935 cuando el Senador Manuel Riva Palacio fue desaforado por conspirar contra el entonces presidente mexicano, Lázaro Cárdenas.
En 1945 los diputados federales Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas fueron acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros a Estados Unidos por lo que perdieron la protección constitucional.
En 1947, el entonces Senador, Félix Ireta Viveros, fue acusado de falsificación de documentos, aunque logró recuperar su protección en 1952 al comprobar su inocencia.
En 1983, Jorge Díaz Serrano fungía como Senador de la República cuando le fue quitado el fuero al ser señalado por fraude de 5 mil 100 millones de pesos.
Ya en el nuevo milenio, en el 2004 el diputado local del entonces Distrito Federal, René Bejarano Martínez, fue desaforado al publicarse un video en el que recibía dinero del empresario Carlos Ahumada.’’
En 2010, el diputado federal Julio César Godoy Toscano -ya mencionado anteriormente- perdió su protección al ser relacionado con un grupo delincuencia. Sin embargo, actualmente es prófugo de la justicia.
En junio de 2016 la panista Lucero Sánchez López fue desaforada por presuntamente ingresar al penal del Altiplano con documentos falsos para visitar Joaquín “El Chapo“ Guzmán el 4 septiembre de 2014.