Aunque muy pocos pudieron haber previsto que Texas iba a registrar temperaturas congelantes récord, lo que provocaría una parálisis en la producción de energía eléctrica y de gas natural que afectaría la generación de electricidad en los estados del norte de México, desde hace años se sabía de los riesgos de depender de la importación de este combustible.
Sin embargo, aunque en este tema la responsabilidad ha sido adjudicada a pasadas administraciones, quienes se dedicaron a desmantelar la infraestructura de generación de gas natural por parte de Pemex privilegiando la inversión privada; la administración del López Obrador ha hecho muy poco para terminar con esta dependencia del gas texano.
El mega apagón registrado en el norte de México encendió las críticas contra la 4T y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que respondió a la crisis restableciendo el servicio en menos de 48 horas en la mayor parte del territorio nacional.
Días después, en el marco de la conferencia mañanera del presidente de la República, el director de la CFE Energía, Miguel Reyes, “le puso el cascabel al gato” y culpó a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de ser los responsables de la dependencia de México al gas natural de Texas para producir su electricidad.
El funcionario explicó que durante estas administraciones se establecieron una serie de contratos que derivaron que el 64 por ciento de la generación de la energía eléctrica en el país dependiera del gas natural, superando por mucho la media internacional.
Como ejemplo, citó el caso de Estados Unidos donde la dependencia del gas natural para generar electricidad es del 38 por ciento; en Japón, de 21, y en China de 8.
“Tanto la CFE como México, por decisiones de administraciones pasadas, hicieron una dependencia del gas natural, porque hicieron una conversión tecnológica de muchas plantas de generación, además del gas natural no vinculado al producido en el país por el abandono de la industria petrolera”, explicó.
El funcionario informó que tanto Calderón como Peña Nieto establecieron con empresas extranjeras contratos para levantar una red de gasoductos privados.
Estos contratos tienen una duración de entre 15 y 25 años y el compromiso de pago de la CFE en materia de transporte es de 60 mil millones de pesos y en el suministro de gas, de 75 mil millones de pesos.
Añadió que las condiciones de estos contratos son tan desventajosas para México que, incluso, la CFE no está utilizando ni el 10 por ciento de la cantidad de gas pactada con estas compañías, pero aun así paga el 100 por ciento.
“México en este momento requiere de 2 mil 337 millones de pies cúbicos de gas natural, en sexenios pasados la CFE contrató, a 25 años, una capacidad de 30 mil 173 millones de pies cúbicos.
“Lo que usamos no es ni el 10 por ciento de lo que contrataron las administraciones pasadas y es algo con lo que la CFE actual carga. Por eso se renegociaron contratos lesivos para la Comisión. La necesidad para 2024 sería de 6 millones de pies cúbicos”, indicó.
Incluso, como parte de la Reforma Energética que hoy se sabe fue autorizada por medio de sobornos, la CFE quedó imposibilitada para invertir en almacenamiento de gas natural, lo que hubiera aliviado la crisis de hace unas semanas, ya que sólo puede contratar la compra y distribución.
“Hay vulnerabilidad de depender del gas de una sola fuente. Requerimos por seguridad y soberanía energética fortalecer a las empresas del Estado”, indicó el funcionario.
LAS ‘GRANJAS’ LEONINAS
Bajo la responsabilidad de Pemex, la producción de gas natural en el noreste y sur de la República Mexicana ofrecía un futuro promisorio, considerando las reservas existentes en el subsuelo que ya eran aprovechadas por los productores texanos.
De acuerdo a cifras oficiales, de contar con una producción que superaba los 7 mil millones de metros cúbicos de gas diarios, ahora apenas se alcanzan 3 mil.
Esto sucedió luego que se autorizara la Reforma Energética, que sacaba a Pemex de la producción de gas y petróleo y privilegiaba la inversión extranjera.
El pretexto era que la paraestatal no contaba con los recursos económicos necesarios para aprovechar las reservas que se encuentran en el subsuelo.
Para ello se crearon figuras legales como los llamados Contratos de Servicios Múltiples, los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEPs) y los Contratos de Obra Pública Financiada (COPFs).
Con estas figuras legales, Pemex puede asociarse con inversionistas para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de las áreas que le sean asignadas de manera más eficiente.
Sin embargo, durante la administración de Peña Nieto y con la Reforma Energética autorizada, se decidió que la nueva relación de Pemex con la iniciativa privada sería por medio de los llamados “farm-outs” (granjas de salida).
Esta práctica es muy recurrida en la industria petrolera, y se utiliza para la adquisición de derechos sobre áreas de exploración y extracción de hidrocarburos entre empresas petroleras estatales o privadas.
El complemento del “farm-out” es el “farm-in” que, en este caso, haría que Pemex se convirtiera en socia del proyecto petrolero de la empresa privada, comprometiéndose a asumir cierta porción del costo de los trabajos petroleros.
Este esquema es de beneficio para los privados pues ven reducidos sus riesgos petroleros al dividirlos con la otra parte.
Según este esquema Pemex cede parcialmente los derechos de exploración y extracción en favor de un tercero que abonará por esos derechos un precio en especie o dinero, destinado a llevar a cabo las tareas petroleras para el desarrollo de hidrocarburos.
Rápidamente este esquema comenzó a replicarse en los pozos productores de gas natural en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.
Y aunque la práctica fue aplaudida por los inversionistas extranjeros, se ganó críticas en el sector de México que consideraba que esta política sólo oficializaba la privatización de la energía en el país.
Esto es porque, por ejemplo, en el caso de los ductos para el transporte del gas natural, se privatiza la infraestructura de Pemex, ya que se podrá concesionar los ductos que ya existen y otorgar la construcción de otros. Con ello el papel de México seguirá siendo el de un proveedor de petróleo y un importador de refinados, petroquímicos y gas natural.
El sistema se convertiría en un gran negocio para las empresas extranjeras, pues aseguran la dependencia de México de combustibles, tecnología y otras importaciones procedentes de las naciones más desarrolladas; por diferenciales de precios; por la posibilidad que tienen las trasnacionales para evitar la doble tributación y por transferencias monetarias intrafirma que pueden hacer las corporaciones.
Los expertos indicaron que la realidad es que con este esquema el dinero privado no va a construir refinerías. Viene a perforar pozos y a colocar su maquinaria y equipo, por lo que no van a demandar de la industria mexicana y tampoco van a crear empleos, excepto en la burocracia.
UN ALTO A LA REFORMA
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se inició un proceso para echar abajo la Reforma Energética.
Entre las primeras medidas fue la elaboración de los llamados Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) que vendrían a sustituir el esquema de os “farm-outs”.
Mediante este modelo, las compañías privadas prestarán a Pemex Exploración y Producción (PEP) servicios de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, lo que incluye la perforación y terminación de pozos, construcción de infraestructura de producción y transporte, entre otras actividades.
A cambio, la petrolera nacional dará al prestador de servicios una remuneración en efectivo equivalente a una tarifa por barril de crudo o millar de pie cúbico de gas “a la disponibilidad de flujo de efectivo disponible, expresado en dólares americanos”, explica Pemex en la descripción de este modelo.
Bajo esta figura, Pemex continuará como el operador del área contractual y no perderá la titularidad de la asignación.
El gas o crudo producido en el área contractual seguirá siendo propiedad de la petrolera y ésta se encargará de su comercialización. También “todas las instalaciones, equipos y materiales adquiridos y utilizados por el PS durante la vigencia del contrato para la prestación de los servicios, serán propiedad de Pemex”.
Entre las condiciones del modelo se lee que la empresa privada será la encargada de elaborar los planes y programas para el campo y de gestionar a nombre de PEP los permisos que se requieran.
Expertos y organismos como JP Morgan y la calificadora Moody’s dijeron anteriormente que este modelo de contrato no resultaría atractivo para grandes compañías, como lo fueron los “farm-outs”, además de que no ayudarían mucho a las finanzas de Pemex, pues no le aportan flujo de efectivo.
Al defender su decisión, el mandatario puso como ejemplo los daños que han generado contratos como los que recibió la empresa española Repsol para la explotación de gas en Tamaulipas.
“En la Cuenca de Burgos, se invirtió muchísimo, se le dio un contrato especial a Repsol para extraer gas. Se partió con la concepción de que con este contrato se iba a producir más gas. Se le dio muchísimo dinero a la empresa y fue un mal negocio para la nación, un jugoso negocio para la empresa.
“Tengo toda la historia de esos contratos onerosos, costosísimos y sin producción ni beneficio para Pemex y para la nación. Ese es el principal problema. En este caso es inyectar recursos, quitar carga fiscal, pero sobre todo limpiar a Pemex de corrupción”, dijo.
El presidente reprochó que buscando autorizar la Reforma Energética, se haya desmantelado a Petróleos Mexicanos.
“¿Qué no decían los tecnócratas alcahuetes, saqueadores que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios, después de aprobada la reforma energética? Y estamos en un millón 700 mil barriles. Cómo dejaron al país, cómo dejaron Pemex y ahora muy cuestionadores, cuando deberían ofrecer disculpas, si fueran honestos”, sentenció.
