Ana Carolina, Ricardo “N” y Edgar Jiménez Lugo no se conocen entre sí, pero tienen algo en común: los tres son menores de edad y sus nombres saltaron a la luz pública por protagonizar crímenes escalofriantes.
El 5 de mayo en Chihuahua, Ana Carolina, de 17 años, mató a sus padres adoptivos y después los incineró. Un año atrás, Ricardo “N”, de 15, fue capturado por elementos de Fuerza Civil en la colonia Independencia de Monterrey, acusado de participar en cinco homicidios en la zona sur de la ciudad. En diciembre de 2010 Edgar Jiménez Lugo, mejor conocido como “El Ponchis”, de apenas 14, fue condenado a tres años de prisión en Morelos por el asesinato de cuatro personas.
Pero estos jóvenes también comparten una fortuna, que a pesar de la gravedad de sus delitos, su edad biológica les permite ser juzgados bajo la figura de “menor infractor”, cuyas penas son inferiores a las que alcanzaría un adulto por la misma falta. De hecho, se presume que Jiménez Lugo recuperará su libertad a inicios de diciembre, a pesar de que al menor se le vinculó a 300 muertes más.
Por lo anterior y dado el incremento constante de menores delinquiendo, la iniciativa de reformar la edad penal en México ha vuelto a ser tema de discusión en la legislatura de Nuevo León, entidad que tan sólo en los dos últimos años registró un aumento de 428 por ciento en la población de sus centros penitenciarios para menores, una cifra catalogada como alarmante por el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano.
“La estadística de nuestros centros penitenciarios para menores es (que) en los últimos dos años ha crecido más de un 400 por ciento, una cifra alarmante”, señaló el funcionario.
El 15 de mayo, el diputado independiente, Erick Godar Ureña, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para reformar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de permitir que los menores de edad sean juzgados como adultos en los delitos en cuyos actos redunden en homicidio agravado, lesiones agravadas, violación, privación ilegal de la libertad, posesión de armas prohibidas o posesión de armas de fuego reservadas para uso exclusivo del Ejército y fuerza aérea.
La reforma contempla reducir la edad penal a 16 años, una propuesta congruente a los hechos que vive actualmente la sociedad, acorde al legislador.
“La sociedad ha evolucionado con el tiempo, no podemos ver que los menores de nuestros tiempos sean los mismo de hace 30 ó 40 años. La legislación que tenemos vigente servía para otros tiempo, pero ahora tenemos la necesidad de hacer cambios y es una obligación que el Estado no puede evadir”, mencionó en entrevista el funcionario.
Y es que acorde al diputado, en la actualidad un alto porcentaje de los delitos que se cometen en la ciudad son perpetrados por jóvenes de entre 11 y 17 años de edad, de los cuales el 90 por ciento evaden los juicios, debido a los métodos de medición de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León y sólo el 10 por ciento son turnados a la autoridad judicial para ser sancionados.
“Peor aún, los encarcelados difícilmente recibirán un programa efectivo de rehabilitación, pues los números demuestran que la mayoría reincide, incluso comete delitos más graves”, se lee en la iniciativa presentada por Godar Ureña.
En Nuevo León, según marca la mencionada Ley, las sanciones a las que se hacen acreedores los menores infractores son amonestación, libertad asistida, servicio a favor de la comunidad, restauración a la víctima, órdenes de orientación y supervisión y privación de la libertad.
La privación de la libertad se da bajo las siguientes modalidades: domiciliaria, durante el tiempo libre o en centro especializado para adolescentes, en esta última las sanciones no pueden exceder los ocho años de reclusión, de acuerdo al artículo 138 de dicho reglamento, a pesar de la gravedad del delito.
Por tal razón, el diputado considera necesaria la reforma al código penal, tomando de referencia a otras naciones que contemplan también la edad mental.
Un ejemplo de ello es Alemania, en donde a los jóvenes se les juzga no solamente mediante el criterio del crecimiento biológico, sino a través de un análisis psicológico para determinar si es capaz o no de comprender las consecuencias de sus actos, tal y como se expone en la iniciativa.
“Los 12 años de edad es incluso un promedio internacional, tomando como referencia a las edades penales de las ‘potencias europeas’, pues por ejemplo la edad penal va desde los 7 años en Suiza, hasta los 16 años en Portugal o Rusia ubicando un promedio europeo entre los 14 y 15 años de edad, Inglaterra y Escocia la tienen en 10 años e Irlanda en 12 y advirtiendo que en los países en donde existe una edad penal significativamente baja, disminuyen así mismo el número de reos en sus cárceles y se cuenta así mismo con una mejor seguridad pública”, se exhibe en el documento.
La reducción de la edad penal no es un tema nuevo, desde pasadas legislaturas locales ha buscado reformar la constitución para atender dicha problemática, sin embargo, toda iniciativa al respecto ha quedado en “el congelador” legislativo.
Y mientras los diputados discuten sobre la iniciativa, el problema continúa en las entidades. En 2012, Nuevo León cerró con la detención de 120 menores de edad y en lo que va de 2013 ya suman 22, de acuerdo a cifras de la Procuraduría Estatal de Justicia.
La presencia de menores no sólo se incrementó en delitos del fuero común, también del federal. Y es que en palabras del legislador, la edad penal también está siendo aprovechada por las bandas delincuenciales para reclutar a menores como “carne de cañón”, gracias a la “inmunidad” de la que gozan.
Y para muestra un botón: de octubre de 2010 a diciembre de 2012 del total de los 895 personas detenidas de un grupo específico de la delincuencia, 79 eran menores de edad, mientras que cifras oficiales demuestran que en el mismo periodo, el 80 por ciento de la población del Consejo Estatal para Menores cumplía penas por delitos del orden federal.
De igual manera, el total de las 22 detenciones de menores que se han registrado en el presente año están relacionadas con bandas delictivas.
“Existen casos en donde son capturados por delincuentes a sabiendas de que van a quedar impunes del ilícito”, mencionó Godar Ureña, quien agregó: Los menores son utilizados para cometer secuestros, homicidios, venta de droga, todo lo que en dado caso a ellos les represente castigo por ser adultos.
A consideración del diputado, si se aprobara la iniciativa se reduciría el número de menores en las filas de la delincuencia porque “ya no resultaría atractivo estar contratando a estas personas”.
En caso de que la reforma se aprobara sería tan sólo el inicio de un cambio en el sistema penal para menores, pues a la par de la reforma al artículo 18, también tendrían que modificarse otras leyes reglamentarias.
“Estamos hablando que posterior a un cambio constitucional vienen las leyes reglamentarias. Tendrían que promoverse el cambio de los códigos penales de los estados, tendrían que verse las leyes de los penales y demás, pero eso ya sería materia de otra legislación para efecto de darle una regulación”, indició el diputado.
Si la reforma al párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución tiene el aval de los diputados del Congreso de la Unión, el texto quedaría así:
“La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuyan la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciséis años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de persona en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.
Actualmente la iniciativa se encuentra en la Comisión de Legislación y de Puntos Constitucionales del congreso local para ser analizada y canalizada al Congreso de la Unión con el fin de que se debata en el pleno de San Lázaro.
“En este caso, la comisión de legislación y puntos constitucionales presentan un exhorto al Congreso de la Unión y van a turnar este caso para que sea visto allá como una iniciativa del estado de Nuevo León y le tocará a los diputados federales si le dan proceder o no”, señaló Godar Ureña.
El legislador local espera que los diputados federales por la entidad se sumen a su iniciativa para terminar con años de impunidad justificados por la edad.
“De nadie es desconocido lo que está sucediendo con los menores y que quedan en la impunidad, es una idea compartida por los legisladores y creo que la van a defender”, sentenció.