Como se estilaba a principios del siglo pasado en las haciendas henequeneras de los terratenientes en el sureste de la República, la esclavitud sigue existiendo en México.
Miles de indios yaquis, mayos, pápagos y seris fueron arrancados de los poblados sonorenses de Vícam y Bacum, cerca de donde hoy se asienta el Valle del Yaqui en Ciudad Obregón, y los llevaron atados con cuerdas, hacinados en vagones del ferrocarril, por los capataces de los ricos hacendados para trabajar en sus tierras en Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco en las plantaciones donde producían henequén, cacao, café y plátano.
El gobierno de Porfirio Díaz no sólo permitió esa esclavitud, sino que alentó la explotación de tierras y de las personas. En aquellos tiempos los indios mexicanos no tenían protección alguna.
Ha pasado poco más de un siglo en un mundo moderno de internet y las comunicaciones globales, y el problema persiste.
El gobierno mexicano continúa propiciando ese trato de esclavos para trabajadores indígenas que son llevados con engaños de otros estados hasta el Valle de San Quintín, en Baja California Sur para cosechar frutas y legumbres.
San Quintín se ubica a unos 185 kilómetros al sur de Ensenada y existen grandes superficies, casi 50 mil hectáreas de tierras labrantías.
Indígenas de Nayarit, Colima, Oaxaca, Chiapas y Guerrero son reclutados con engaños para llevarlos a trabajar.
Y lo mismo llevan hombres que mujeres y niños.
La falta de un trabajo en el campo, en su tierra, los obliga a emigrar. Muchos preferirían estar en los campos agrícolas de California o Texas, pero no tienen esa suerte y son llevados al amparo de falsas promesas para explotarlos con jornadas de 12 horas por una paga miserable.
Son decenas de miles los mexicanos de origen indígena que han sido llevados a ese campo de trabajos forzados. Si quieren escapar, pueden pagarlo caro, incluso con la muerte.
No han sido pocos los trabajadores que manifestaron su interés de escapar y fueron hallados “suicidados” en sus barracas o sencillamente desaparecieron sin dejar rastro alguno.
Los trabajadores indígenas viven en un poblado sin las condiciones adecuadas, ni de trabajo ni de descanso.
Algunos son torturados y amenazados para seguir trabajando incluso en los momentos que están fumigando los sembradíos, sin posibilidades de salir de las parcelas para evitar aspirar los químicos.
Tienen que dormir hacinados en galeras sin ventilación y soportando las condiciones extremas del valle que propicia temperaturas altísimas durante el día y frías por la noche.
No tiene agua caliente ni baños con agua corriente.
La explotación sexual de las trabajadoras, incluso contra menores o embarazadas, por parte de capataces es algo común.
No tienen seguro social, no tienen protección alguna por parte de autoridades laborales o de Derechos Humanos, ni prestaciones de ningún tipo.
Las “tienda de raya” existen, como hace un siglo.
Es una tienda abarrotes, propiedad del jefe de los mayordomos y que atiende un hermano, surten sus despensas con lo más elemental de latería, sopas de pasta, tortillas o fruta y legumbres básicas como cebollas, tomates y plátanos.
En la “tienda de raya” se gastan el poco salario que reciben pagando precios inflados, impuestos al antojo del dueño.
Reciben 110 pesos al día (menos de 7 dólares) por una jornada de 12 horas.
Miles de campesinos se han manifestado en protesta por esas condiciones de trabajo, pero han sido reprimidos por las policías federales, estatales y elementos de la 57ava. Región Militar.
En marzo de 2015 fueron gaseados, golpeados y detenidos 236 trabajadores que habían bloqueado la carretera transpeninsular que comunica a Ensenada con La Paz, Baja California Sur.
Más de 80 mil trabajadores están sufriendo por esas condiciones laborales, con la complicidad de las autoridades estatales y laborales que a nivel estado operan y con la complacencia de las autoridades federales que han hecho caso omiso a las demandas de los trabajadores agrícolas.
En un reporte reciente de informe global sobre la esclavitud en el mundo, México aparece como el cuarto país de la región con la mayor cantidad de personas que laboran en esas condiciones con aproximadamente 275 mil.
El reporte ubica a México por encima de naciones más pobres económicamente hablando como Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados.
La información establece que no sólo son utilizados jóvenes, mujeres y niños en los campos de trabajo forzados como el de San Quintín, sino que también son reclutados por el crimen organizado y por los tratantes de personas en otras zonas de la República.
“Antes de que detonara el conflicto de San Quintín, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rescató a 200 jornaleros de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero que trabajaban en condiciones ‘inhumanas’ en el municipio de Comondú, en Baja California Sur.
“Los trabajadores y sus familias vivían en chozas provisionales elaboradas con ramas, hules y costales, en medio de basura y lodo, con poca agua y baños sucios”, explica en un análisis elaborado en abril de 2015 por Juliana Fragoso, para Forbes México.
Más de un centenar de años han pasado y las cosas en el tema de los trabajadores del campo no ha cambiado… la esclavitud en México aún persiste.