México se enfrenta a un reto muy importante derivado del anuncio de posibles deportaciones masivas hecho por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, situación que involucra a miles de migrantes.
Frente a este panorama, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su disposición para apoyar a los migrantes deportados, con el objetivo de garantizar un regreso digno. Sin embargo, el marco legal detrás de estas deportaciones sugiere que la acción también debería abordar los fundamentos de la inadmisibilidad migratoria en Estados Unidos.
“La estrategia debe ir más allá de evitar las deportaciones, centrándose también en revisar las leyes que determinan quién puede ingresar o no a Estados Unidos.
“El gobierno de México tiene una oportunidad única para replantear su enfoque. La Ley de Migración de Estados Unidos, en particular las secciones 212(a)(9)(b) y 212(a)(9)(C), establece restricciones que no se han modificado desde 1997, lo que complica una defensa efectiva para muchas personas en esta situación.
“Negociar sobre estos puntos podría marcar una diferencia significativa para miles de migrantes”, explicó Luis Ochoa, Director de Operaciones de MEXUS Migración, firma de abogados especializada en asesoría migratoria.
UNA BATALLA CONTRA LAS DEPORTACIONES
De acuerdo con MEXUS Migración, estas deportaciones tienen su fundamento en leyes migratorias estadounidenses que permiten la expulsión de personas que hayan acumulado presencia ilegal en el país por un período superior a 180 días, o que hayan sido deportadas previamente. Además de ser consideradas inadmisibles para regresar, con una sanción que puede durar hasta diez años.
“La ley estadounidense establece los fundamentos que hacen deportables a muchas personas que llegaron de manera irregular, sin una vía sencilla para evitar este proceso.
“Aunque son leyes antiguas, siguen vigentes y dificultan cualquier intento de regularización para quienes caen en estas categorías. No es necesario que una persona haya sido detenida o procesada, basta con haber acumulado presencia ilegal o haber intentado reingresar tras una deportación para ser considerada inadmisible bajo la ley actual”, insiste el especialista.
Por su parte, la Ley de Migración de México establece mecanismos de protección, pero es recomendable ampliar los esfuerzos para incluir soluciones que aborden también la inadmisibilidad de los migrantes, según la normativa de Estados Unidos.
EL PAPEL DE MÉXICO EN LA NEGOCIACIÓN
Para mitigar el impacto de estas deportaciones, México debe enfocar sus esfuerzos en la negociación con el gobierno estadounidense. Una estrategia clave sería proponer ajustes en las fechas de referencia de estas leyes, como la de abril de 1997. Este cambio permitiría que miles de personas sean elegibles para procesos de regularización.
Además, podría abogar por un esquema de amnistía migratoria o un programa de reunificación familiar más amplio. Estas acciones no solo aliviarían la presión sobre los migrantes mexicanos, sino también sobre la infraestructura social y económica de las comunidades fronterizas.
El camino hacia una solución más equitativa y humanitaria pasa por un esfuerzo de negociación bilateral. México tiene una oportunidad de presentar una estrategia que no sólo proteja a los migrantes deportados, sino que también permita la regularización de muchos que, por cuestiones técnicas de la ley, han sido condenados a permanecer en una situación de ilegalidad.
“Ojalá que se pueda aprovechar este momento para discutir cambios estructurales que permitan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos regularizar su estatus. Esto no solo beneficiaría a los deportados, sino que también abriría un camino hacia la integración social y económica de miles de personas que llevan años viviendo en esa nación. La clave está en la diplomacia y en una visión a largo plazo. No se trata solo de proteger a los mexicanos, sino de liderar un cambio en el manejo de la migración en la región”, concluyó Ochoa.