En los últimos meses, la violencia ha acaparado los titulares diarios de los medios de comunicación en Monterrey como si se tratara de un “copy-paste” de la década pasada cuando la entidad vivió la peor espiral de inseguridad.
Encabezados como “encuentran cuerpos desmembrados”, “enfrentamiento entre policías y delincuentes”, “asesinan a joven en su casa”, “localizan restos humanos en bolsas” o “secuestro masivo de inmigrantes” se publican con frecuencia y a la autoridad estatal le cuesta trabajo reconocer que los índices de inseguridad asemejan a los registrados de 2009 a 2014.
Desde meses atrás, Hora Cero evidenció que en la entidad se dibujaba la antesala de lo que hoy ya es una realidad: el regreso del horror.
Solo basta con recordar el hecho más reciente: el hallazgo de cuerpos desmembrados y dispersos por la colonia Industrial.
La mañana del 21 de octubre, se reportaron las localizaciones de restos humanos depositados en bolsas de plástico negras; cuerpos que habían sido desmembrados y dispuestos en varios empaques.
Fue así que en el transcurso del día, patrullas circularon en los seis puntos de la zona donde se encontraron las bolsas.
De acuerdo con las primeras indagatorias, los restos corresponden a un hombre y a una mujer, aunque podría estar una tercera persona entre las víctimas.
La escena, calificada por algunos como macabra, recordó a la sociedad los años de mayor miedo, en los que el abandono de cadáveres en la vía pública formaban parte de la guerra entre bandas criminales.
Tras los hechos, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, señaló que los hechos no los amedrentarán y, por el contrario, intensificarán los operativos conjuntos en la zona para acabar con la inseguridad, al considerar a la colonia Industrial como uno de los “focos rojos“ de la capital.
No es de sorprenderse que apenas el 10 de octubre, un grupo de vecinos del sector bloqueó la avenida Bernardo Reyes para protestar por supuestos abusos policiales en la zona. La protesta recordó a lo que ocurrido en 2008 cuando las bandas delincuenciales usaron a los colonos de zonas conflictivas, bautizados como “los tapados“, para cerrar avenidas en respuesta a los operativos de las autoridades.
“Vamos a seguir trabajando de forma intensa, coordinada con diferentes autoridades para darle seguridad a la gente de Monterrey, que no tengan duda que lo vamos a resolver, que esto no nos amedrenta, al contrario este tipo de cosas de alguna forma nos exhorta a trabajar con más intensidad”, declaró el alcalde momentos después de la noticia.
Sin embargo, existen más hechos violentos ocurridos en los últimos meses y que asemejan a los registrados en la década pasada.
El 18 de octubre pasado, un cráneo fue localizado dentro de una mochila en la explanada del Museo de Historia Mexicana, a pocos metros del Palacio de Gobierno, donde despacha el mandatario estatal Samuel García.
La versión oficial detalla que dos personas dejaron la mochila con los restos humanos cerca del inmueble cultural. Ambos fueron identificados por las cámaras de seguridad del lugar y capturados por las autoridades.
Por el hallazgo, la zona fue acordonada y el servicio de lanchas del Paseo Santa Lucía quedó suspendido.
La localización del cráneo humano se dio casi al momento en el que al interior del Palacio de Gobierno se llevaba a cabo una reunión de seguridad.
Apenas unas horas antes en ese mismo viernes, un enfrentamiento entre agentes de seguridad y miembros de una banda delincuencial en Ciénega de Flores dejó a tres civiles abatidos y cuatro policías heridos.
La confrontación ocurrió cerca de la carretera libre a Nuevo Laredo; ahí llegó la persecución que precedió el ataque con armas de alto poder.
En la disputa también terminaron incendiadas algunas unidades de Fuerza Civil, corporación a la que pertenecían los policías lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona conurbada.
La balacera en el municipio de Ciénaga de Flores no es la única que ha aterrorizado a los neoloneses en las últimas semanas. Los enfrentamientos armados se han vuelto recurrentes como años atrás.
El 14 de septiembre, un enfrentamiento entre células delincuenciales provocó pánico en la carretera nacional luego de que sujetos armados obligaron a conductores a bloquear la importante vialidad.
Entre las filas y pánico, decenas de ciudadanos observaron a hombres con armas largas viajando por la vía y lanzando disparo al aire.
Los cierres obligatorios se dieron después de atacar a dos patrullas del municipio de General Terán.
Hace una década, la delincuencia imprimió su sello en Nuevo León atacando a las instalaciones de seguridad, una acción que se replicó en los últimos meses justamente en General Terán, gobernado por David Jonathan Sánchez Quintanilla, cuñado del gobernador Samuel García.
La madrugada del 25 de septiembre, un comando armado atacó el edificio de la Policía Municipal, dañando la fachada.
En su retiro, los civiles armados dejaron ponchallantas en la carretera que afectaron a los conductores.
El ataque se registró cerca de las 5:00 de la mañana en el inmueble ubicado en el Libramiento Plutarco Elías Calles y Santa Ana, en el centro del municipio.
En el incidente no se reportaron personas lesionados.
Otro recuerdo que hoy se hace presente de la escalada de violencia en la entidad son la cancelación de eventos por miedo a ataques masivos.
Así ocurrió en las zonas rurales del sur y norte de Nuevo León, en donde ocho municipios cancelaron las ceremonias del Grito de Independencia por la inseguridad, algo que no ocurría desde hace más de 10 años.
Las alcaldías de Galeana, Iturbide, Aramberri, Zaragoza, Doctor Coss, Los Aldama, Los Herrera y Los Rayones anunciaron que los tradicionales festejos tricolores quedarían suspendidos por el incremento de la violencia en sus territorios.
“Esta medida se ha tomado con el objetivo de prevenir cualquier riesgo o incidente que pueda afectar la integridad física o el bienestar de la población. Entendemos la importancia de esta fecha para la Nación Mexicana, pero la seguridad y protección de todos es nuestra prioridad”, señaló en un comunicado el alcalde de Galeana, Alejo Pedroza.
La violencia de los últimos años, que asemeja a la de inicios de la década pasada, ya provocó incluso la evacuación de médicos residentes de zonas rurales, quienes no consideran tener las garantías suficientes para laborar.
Incluso, trascendió que el 70 por ciento de los alumnos de medicina ya no quieren regresar a sus estancias por el miedo a la inseguridad.
La lista de semejanzas se puede agregar el secuestro masivo de familias en los municipios de Salinas Victoria en marzo pasado.
La privación ilegal de los civiles se dio en la comunidad de Los Villarreales, en donde un grupo armado irrumpió en cuatro viviendas cerca de la media noche y se llevaron a 13 personas, entre ellas a niños.
Ante la presión mediática, la mayoría de los ciudadanos fueron puestos en libertad.
Otro delito que llamó la atención en el pasado fue el secuestro de migrantes y hoy nuevamente hay titulares que lo revelan.
Tal vez el caso más sobresaliente de los últimos meses fue las últimas semanas fue la privación de la libertad de una familia cubana en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un reporte de búsqueda para dar con su paradero. Afortunadamente, los ocho cubanos fueron localizados a las pocas horas de su desaparición.
Los ejemplos podrían seguir, pero el gobierno de Nuevo León parece hacer oídos sordos a la problemática actual. En una reciente declaración, el Secretario de Gobierno, Javier Navarro, señaló que los ciudadanos del estado “no perciben inseguridad“, al asegurar que la mayoría de los hechos violentos ocurren entre los grupos delincuenciales.
“La gente común y corriente como nosotros, como los que estamos hoy aquí, no sentimos la inseguridad, no la vemos, porque estamos fuera de ese marco de guerras entre grupos organizados”, indicó el funcionario estatal.
Lo cierto es que para el 21 de octubre, Nuevo León encabezaba la lista de estados con más homicidios dolosos y para el 18 del mismo mes había sido, en 31 días, el estado con más muertes violentas en México.
