La constante lucha para despenalizar el aborto en México y la presión por parte de la sociedad, en su mayoría mujeres que pertenecen a los grupos feministas, se reflejó recientemente en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de anular las penas contempladas para la interrupción del embarazo.
Aunque esto abre la posibilidad de la legalización de esta práctica en todo el país, esto todavía no se logra del todo, ya que de los 32 estados República, solo cuatro: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, tiene aprobada una ley en donde se puede abortar hasta la semana 12.
El pasado 7 de septiembre, ministros de la Suprema Corte de Justicia en México tomaron la decisión histórica votada por unanimidad del pleno.
“A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”, advirtió el ministro Arturo Zaldívar.
Sin embargo, estará en las manos de los Congresos locales que modifiquen sus códigos penales para que se pueda llevar a cabo la despenalización en todo el país.
Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidenta de la Primera Sala, dijo que espera que los legisladores puedan llevar la decisión de manera seria, cívica y con respeto para que el tema -polémico en sí mismo-, sea lo menos duro para la sociedad.
Reconoció que tomaron una decisión difícil a la que no se podía sacar la vuelta.
“Probablemente los estados no van a reformar sus códigos penales, pero no habría manera de penalizar esta situación, yo confiaría de que hubiera un espíritu cívico que gobernarse y que premiara las legislaturas estatales para tomar el tema con seriedad, civismo, con respeto, para que el tema sea lo menos duro para la sociedad”, expresó.
¿DÓNDE SE PUEDE?
De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM 046-SSA2-2005 (NOM 046), el estado mexicano debe garantizar el acceso al aborto a toda mujer mayor de 12 años, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad.
La interrupción legal del embarazo es permitido en caso de una violación, sin embargo en algunos estados hay diversos impedimentos que no permiten a niñas y mujeres llevar a cabo este derecho.
Por ejemplo, en algunos estados del país, si fue el esposo, novio o pareja de la mujer quien la ultrajó, no se considera violación.
En 30 estados el aborto está permitido si fue provocado accidentalmente, es decir de forma imprudencial; pero no si fue provocado voluntariamente.
En 24 estados está permitido abortar si la vida de la mujer corre peligro por el propio embarazo y otra condición.
En 15 estados está permitido si la mujer o niña tiene riesgo de salud, sin embargo, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte entre las mujeres mexicanas.
En 15 estados está permitido que la mujer aborte cuando sea un embarazo de inseminación artificial no consentida.
En 16 estados está permitido que la mujer interrumpa su embarazo si comprueba que su producto tiene alteraciones graves o congénitas.
Y solo en dos estados: Michoacán y Yucatán, se permite abortar cuando no se tiene los recursos económicos. Desde 1992 Yucatán incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños.
EN NUEVO LEÓN
El estado tiene la tasa de aborto más baja en el país, es decir 17 por cada mil mujeres, pero aun así hay mujeres que por la cercanía con la zona fronteriza, viajan a Estados Unidos para practicar una interrupción de su embarazo legal y segura.
En la entidad, una mujer o niña podrá hacerse un aborto cuando corra peligro de muerte o de grave daño a su salud, todo a juicio del médico que la asista y otro más.
Aunque actualmente en la entidad no hay ningún procesado por el delito de aborto, el Código Penal para el estado de Nuevo León, en su capítulos X artículo 328 y 329 determina que quien lo realice se podrá ir a la cárcel de 6 meses a 9 años.
En el artículo 327 se cita que el aborto “es la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento de la preñez”.
Ante ello se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar según el artículo 328.
En el artículo 329 se menciona que al que haga abortar a una mujer, se le aplicará de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre con el consentimiento de ella. Cuando falte consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán al autor de cuatro a nueve años de prisión.
Además el artículo 330 señala que si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo 329, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Hasta finales del 2019 había 19 estados con 105 personas encarceladas por el delito de aborto quienes enfrentan una condena de hasta tres años de prisión.
En Jalisco hay 33, mientras que la Ciudad de México, Puebla y Veracruz tienen 8 cada uno.
En Tamaulipas hay 6 encarcelados; Baja California, Hidalgo, Michoacán tienen 5 cada uno; Guanajuato, Estado de México y Oaxaca 4; Chihuahua 3; Aguascalientes, Durango, Morelos y Nayarit con 2 cada uno; Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán con una persona cada estado.
Curiosamente del total de los encarcelados, 100 son hombres y apenas cinco mujeres.
VOCES A FAVOR Y EN CONTRA
Las organizaciones feministas son las que han luchado por el respeto a la decisión de una mujer tener o no tener hijos o hijas, misma que consideran un derecho humano,
En el marco de la Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro que se celebró el pasado 28 de septiembre, colectivos feministas tomaron las calles del centro de Monterrey.
Un grupo de más de 100 mujeres de diferentes colectivos se reunieron en la Explanada de los Héroes para exigir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo respetar y garantizar lo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, pidieron que el estado capacite al personal de salud de acuerdo al NOM 046 para permitir la interrupción del embarazo sin consecuencias jurídicas.
Al Congreso local lo exhortaron a eliminar del Código Penal de Nuevo León el delito del aborto.
También solicitaron a las instituciones educativas que instruyan entre su alumnado una visión moderna, laica, científica y con perspectiva de género.
Las manifestantes condenaron a la Iglesia Católica por la persecución hacia las que deciden abortar y pidieron que respeten las decisiones tanto de la mujer como de las leyes.
Alfonso Carrera Riva, Director Médico de la organización no gubernamental “Fundación Marie Stopes México” y encargado de capacitar a personal de salud para realizar vasectomías y procedimientos de interrupción legal del embarazo, celebró la decisión de la Suprema Corte pues con ella se le da a las mujeres las garantías de la no discriminación y la igualdad.
“Esto tiene una gran trascendencia porque ahora tenemos que ver qué determinan cada uno de los Congresos de los diferente estados para pedir que las mujeres tengan derechos sexuales y reproductivos”, agregó.
Advirtió que la misión de la asociación que integra es que cada nacimiento en México sea deseado.
“Nosotros estamos técnicamente preparados para poder ayudar a facilitar las cosas, servir y apoyar a la mujer para que de manera segura, en el marco legal como siempre se ha propuesto, los hijos siempre sean por elección y no por azar para que cada nacimiento en México sea deseado”, enfatizó.
Sin embargo, a diferencia de Carrera y los colectivos feministas, Juan Manuel Alvarado, vocero de Familias Fuertes Unidas por México, condenó el fallo de la Suprema Corte de Justicia.
El representante de la organización integrada por más de 50 asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, ciudadanos, representantes de grupos padres de familias, públicos y organismos privados que promueven la protección a la mujer, aseguró que su lucha es defensa de la vida.
“No queremos la legalización arbitraria del aborto sin proteger a la mujer y al bebé, queremos el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
“Ese es otro tema, ya que la Suprema Corte establece que no reconocen los derechos del no nacido desde el momento de concepción, es decir, les están arrebatando los derechos a los bebés desde el momento de concepción, no los consideran en protección esa es otra agravante”, dijo.
Agregó que otro punto a resolver es la objeción de conciencia, ya que la Suprema Corte de Justicia quiere obligar al personal de salud a participar en procesos abortivos, cuando ellos, por definición moral, por su declaración hipocrática, por su juramento por su formación de valores o religiosa, pueden abstenerse de participar en estos procesos.
Agregó que existen médicos que sí están decididos en participar en abortos con lo que la madre que decida aplicárselo no quede en un vacío por falta de atención médica, lo que permiten que se establezca la objeción de conciencia.
“Estamos en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que atenta contra los derechos vida y la objeción de conciencia, pedimos que se respete la autonomía de los estados del poder legislativo local y de la soberanía de Nuevo León así como 32 estados restantes”, enfatizó.
Advirtió que con el objetivo de preservar el derecho a la vida, la organización hará concentraciones, manifiestos y no van a permitir que avance una política de muerte en el país cuando el principal derecho es el respeto a la vida.
