Tras muchas especulaciones, finalmente iniciaron los procesos penales en contra del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quienes aún tienen mucho tiempo para preparar su defensa pues fuentes estatales reconocieron que tienen que pasar alrededor de dos años antes de pensar que estas personas puedan pisar la cárcel por los delitos que se les acusa.
Apenas hace un año representaban la máxima autoridad en Nuevo León y en Monterrey, pero ahora sus carreras políticas podrían terminar tras las rejas, algo que, reconocen las autoridades estatales, podría tardar no menos de dos años… en el mejor de los escenarios.
Tanto ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, como de la ex alcaldesa regiomontana Margarita Arellanes, están involucrados en presuntos actos de corrupción, lo que los ha expuesto ante la opinión pública tras las auditorías de la llamada “Operación Tornado”, implementada por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
Desde su campaña, el discurso de “El Bronco” fue encarcelar a Medina de la Cruz y una vez que tomó posesión como gobernador aseguró que “se les acabó la fiesta a los bandidos”.
Luego de meses de especulación y presión social, en junio pasado el titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales, anunció junto al Fiscal Anticorrupción, Aldo Fasci, los primeros resultados del operativo, en el que se acusó al priísta y 19 colaboradores cercanos del desvío de 3 mil 600 millones de pesos a favor de la empresa sudcoreana Kia Motors.
La primera acción fue el embargo de bienes propiedad de Medina y le prosiguió la cita con el juez de control, misma que se llevó a cabo la mañana del pasado 9 de agosto.
Como era de esperarse, el ex mandatario se defendió de las acusaciones calificándolas de “infundadas”, ya como un anticipo de lo que vendría en el proceso de vinculación.
“Desconozco el sustento legal de las acusaciones, ya que no fui citado por el Ministerio Público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones, sin embargo, el día de hoy se hizo patente que su interés es el escándalo público para distraer la atención de la sociedad de los verdaderos problemas, y no el conocimiento de la verdad”, dijo el ex mandatario.
Esta posición la mantuvo la mañana del 9 de agosto, cuando tuvo que acudir al Palacio de Justicia para escuchar la acusación en su contra concentrada en la carpeta de investigación 2894/2016.
“Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro de que durante mi gestión no llevé a cabo alguna conducta indebida”.
LA DANZA DE LOS AMPAROS
El 28 de julio el ex gobernador fue citado en el Palacio de Justicia de Monterrey, pero tan sólo un día antes se ventiló en los medios de comunicación el amparo provisional que un Juzgado Federal le otorgó con el fin evitar acudir a la audiencia.
Y en efecto, la mañana del 28 sólo el equipo legal de Medina de la Cruz acudió a la audiencia de imputación de cargos, misma que fue suspendida 20 minutos después por la ausencia del priísta, lo que provocó la molestia del Estado.
El 3 de agosto, una nueva resolución cambió el rumbo del proceso acusatorio, ya que el juzgado segundo de distrito en materia penal negó el amparo definitivo a Medina de la Cruz, por lo que la audiencia de imputación de cargos volvió a programarse.
El 8 de agosto, tan sólo un día antes de que tuviera que presentarse nuevamente ante un juez de control, el tricolor volvió a solicitar un amparo para no acudir a la nueva audiencia y así prolongar su proceso de vinculación.
Sin embargo los esfuerzos de Medina y su equipo legal fueron inútiles, por el juez federal determinó negar el amparo por lo que el gobernador tuvo que acudir al tribunal para escuchar la acusación en su contra.
Minutos antes de su comparecencia, el ex gobernador priista insistió ante las decenas de reporteros que ya lo esperaban en las inmediaciones del Palacio de Justicia, que tiene “la conciencia tranquila” pues “no hemos cometido algún delito”.
“Yo tengo la conciencia tranquila, hemos hecho bien las cosas, no hemos cometido delito alguno y lo vamos a demostrar”, afirmó.
Fueron poco más de 14 horas de audiencia las necesarias para que tanto la Fiscalía como la defensa presentaran sus alegatos.
La fiscalía, representada por el Agente del Ministerio Público, Héctor Maldonado, expuso las pruebas contra el ex mandatario para la formulación de imputación por poco más de cuatro horas.
Durante su exposición, se presentó como prueba las declaraciones de Rodolfo Zubirán, ex titular de de Desarrollo Económico Estatal, y Juan Francisco Livas, ex titular de Fidecitrus, que aseguraban que el Gobernador promovió la atracción de la empresa surcoreana en diversas reuniones y alentó a darles las facilidades necesarias para realizar el proyecto automotriz.
Además de el contrato firmado con Kia Motors y las exenciones de impuestos superiores a las marcadas en la Ley de Fomento a la Inversión.
Medina escuchó las acusaciones en su contra, visiblemente incómodo de estar en el banco de los acusados. Durante la audiencia no comió, sólo se limitó a beber agua y a “estirar las piernas” durante los recesos establecidos por el juez.
Además, se acogió a los beneficios del artículo 20 para no declarar, no sin antes negar “haber cometido delito alguno”.
Al equipo legal de Medina, integrado por el ex Procurador de Justicia, Javier Flores, y el abogado penalista, Alfonso Aguilar Zinzer, le tomó alrededor de una hora presentar su defensa.
El argumento principal de la defensa fue que en la versión en inglés del contrato de incentivos, la firma del ex gobernador era calificada como de “Testigo Honorable”, argumento desechado por el juez al sólo validar la versión en español, que carecía de calificativo.
La maratónica jornada, que inició desde las 9:00 horas y concluyó hasta las 22:41 horas, incluyó un receso de cuatro horas y dos apagones de luz, que no vieron afectada la grabación del proceso.
Tras cuatro horas de deliberación, el Juez de Control, Jaime Garza Castañeda, vinculó a proceso legal a Medina por el delito de Ejercicio Indebido de Funciones, el más “leve” de los tres que se le imputaban. La pena para este delito oscila entre los 2 y 12 años de prisión.
Es decir, el tricolor fue vinculado a proceso por la entrega de incentivos fuera de la ley en beneficio de la armadora surcoreana Kia Motors, que ascienden a 3 mil 683.5 millones de pesos y exenciones de impuestos que exceden lo permitido por la ley.
En cuanto a Delitos contra el Patrimonio del Estado y Peculado, el Juez consideró que no está justificado como inductor de los delitos.
“En ninguna parte advierto que Rodrigo Medina haya manifestado esa instrucción (inducir a cometer un crimen), únicamente denotó la intención de que se trajera la inversión a Nuevo León. No implicaba la realización de ningún acto ilícito”, señaló tras desestimar los cargos.
Pese a la petición de la fiscalía de prohibírsele salir del país y la presentación periódica, gracias a la suspensión de amparo promovida por la defensa -en contra de la prisión preventiva, arraigo y privación de la libertad-, el Juez desestimó implementar medidas cautelares; además de corroborar el embargo precautorio a sus propiedades, efectuado el pasado 3 de junio.
El magistrado otorgó a la Fiscalía tres meses para que continúen con las investigaciones en contra del ex mandatario, que vencen el 9 de noviembre.
A partir de entonces se podrá fijar fecha para la audiencia intermedia.
Al abandonar el Palacio de Justicia, Medina reiteró ante los medios de comunicación que esto es sólo una vinculación y que no se ha comprobado su participación en algún delito.
“Esto como lo dice el Juez, porque es muy importante compartirlo con la gente, no significa que se haya comprobado la existencia de un delito o que seamos responsables, simplemente que sigue la investigación y que el juicio continúa por el ejercicio indebido de funciones”, aclaró.
Sobre el único cargo que se le imputó, afirmó que su defensa tiene una postura sólida, la cual hará valer durante el juicio.
En cuanto una posible expulsión de su partido, Medina señaló que “es un tema político y no voy a emitir juicios de carácter político, vamos a concentrarnos en esto (el juicio)”.
Reiteró que tiene la conciencia tranquila, pues “no hemos cometido ningún delito”.
“Vamos a continuar el proceso para demostrarle al pueblo de Nuevo León que somos inocentes”, expresó antes de retirarse del Palacio de Justicia, donde ya lo esperaban poco menos de una docena de colonos, quienes le expresaron su apoyo y a quienes no les importó que permanecer en el lugar hasta pasadas las 23:00 horas.
LOS PROBLEMAS DE MARGARITA
Cuando se dieron a conocer los primeros resultados de la “Operación Tornado”, el Subprocurador Ernesto Canales adelantó que su dependencia también iniciaría un proceso legal contra la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por el presunto desvío de 7.5 millones de pesos para contratar los servicios de un despacho de abogados.
La petición, que fue hecha por la actual administración municipal de Monterrey, desencadenó en la vinculación a proceso de la panista.
El 30 de junio se llevó a cabo la primera audiencia de Arellanes en la que sólo se le indicaron las imputaciones en su contra. Ese mismo día se resolvió que el 5 de julio se desarrollaría una nueva audiencia en la que se determinaría si la ex munícipe era vinculada a proceso o no, lo cual sí sucedió.
Y aunque en sus visitas al Palacio de Justicia Arellanes Cervantes se ha mostrado tranquila, el 5 de agosto, su nueva abogada acusó irregularidades en el proceso de vinculación por lo que buscarían ampararse ante un juzgado federal.
En esa fecha también se resolvería la situación jurídica de la ex edil, luego del desahogo de pruebas, pero la Fiscalía Anticorrupción solicitó la ampliación del plazo para recolectar más evidencias por lo que el 19 de agosto se desarrollará la nueva audiencia.
Sin embargo, aunque se le declara culpable a la ex alcaldesa por el delito de “ejercicio abusivo de funciones” no significa que irá a prisión, pues aún faltarían dos etapas por librar, en el mejor de los casos.
LA LENTA JUSTICIA
El proceso contra Medina de la Cruz y Arellanes Cervantes no es sencillo y mucho menos rápido.
De acuerdo al diputado local por Movimiento Ciudadano, Samuel García, pueden pasar hasta dos años para que la justicia dé una resolución definitiva.
El legislador, quien de profesión es abogado, explica cómo en el mejor de los escenarios, en el que todo salga como lo planea el gobierno del Estado tanto Medina como Margarita podrían llegar a prisión.
Paso 1: Que se les vincule a proceso. Es decir, que haya los suficientes datos de prueba para que el juez inicie con esta primera instancia penal en contra del ex gobernador por el caso Kia y a la ex alcaldesa por el caso del despacho de abogados.
Paso 2: Etapa de desahogo de pruebas. La etapa de alegatos y si no hay en ese ínter un medio de defensa contra algunas de las etapas se concluye con una sentencia.
Paso 3: La sentencia. Ahí aún existe una segunda instancia ante un Colegiado Penal del Poder Judicial del Estado, en donde la resolución del paso 2 tendrá una apelación por la parte perdedora o ambas partes (Subprocuraduría y acusado).
Paso 4: Una vez resuelta la segunda instancia -que puede ser revocar, confirmar o modificar la primer sentencia- procede la tercera y última instancia que es el amparo directo al Poder Judicial de la Federación, en donde éste organismo decidirá si el proceso y las sentencias del juicio ordinario son correctos. De ser así, el Poder Judicial de la Federación también tiene el derecho de revocar, confirmar o modificar.
Paso 5: Una vez agotada la cuarta instancia, y en caso de que se determine que los implicados son culpables, lo ideal es que un Colegiado Penal en materia federal confirme una sentencia condenatoria de delito y el Estado pueda pedir el resarcimiento y la pena corpórea (la cárcel).
El largo camino a la cárcel
Aunque los procesos judiciales contra Medina y Arellanes ya iniciaron, los ciudadanos de Nuevo León aún tendrán que esperar -en el mejor de los escenarios- alrededor de dos años para poder pensar en ver en la cárcel al ex gobernador y la ex alcaldesa. Esto es lo que tiene que pasar:
1- Que los vinculen a proceso (una acusación)
2- Desahogo de pruebas (el juicio)
3- La sentencia y las apelaciones
4- Amparo ante el Poder Judicial de la Federación
5- Encarcelamiento
Tiempo aproximado: 2 años