El desmonte de la flora en el río Santa Catarina se convirtió en el nuevo punto de conflicto entre el gobierno de Nuevo León y asociaciones civiles en pro del medio ambiente, que ha derivado en una serie de protestas y “encontronazos“.
A principios de julio, la Conagua arrancó con el desazolve de 26 kilómetros del cuerpo de agua, desde San Pedro hasta Guadalupe. Todo, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo Léon, lo que enardeció a los activistas, dado que no fueron ni consultados al respecto.
Tras 24 horas de eliminar todo rastro de árboles y vegetación, el grito de ecocidio hizo ruido en las redes sociales, al punto de lograr parar las máquinas. A la par, la PROFEPA afirmó que ordenó detener los trabajos, al no contar las dependencias con la documentación necesaria.
“Tras la inspección faltaron documentos y medidas por verificar, ya que no fueron presentados, por lo cual se tuvieron que detener los trabajos en el Río Santa Catarina.
“Al momento de la visita se observó que los trabajos se realizaron dentro de las áreas contempladas en el acuerdo emitido por la Semarnat, no se observaron desechos en el Río Santa Catarina, toda la basura generada se retira y traslada de manera diaria al SIMEPRODE”, indicó la dependencia el 13 de julio.
Pero “la victoria“ sobre el lecho del río Santa Catarina sería solo momentánea. El gobierno de Nuevo León comenzó a realizar mesas de trabajo para explicar las razones del desmonte y sus aparentes beneficios.
Las organizaciones civiles fueron las primeras en participar para demostrar su inconformidad, aunque en incómodos encuentros, en donde fueron se les convocaba de última hora.
“No estamos seguras de que por eso se hayan parado las máquinas (por las mesas de trabajo) y todavía estamos debatiendo sobre cómo nos estamos sintiendo sobre ese ejercicio.
“Lo que si podemos decir como en el comunicado de ayer es que fue un evento muy apresurado, al que no podíamos asistir realmente todas las personas y pues eso también nos parece que no es una consideración al tiempo de las personas que estamos en esto“, indicó una de las activistas de la coalición #UnRíoEnElRío, que agrupa a más de 60 organizaciones que buscan rescatarlo.
El 13 de junio decenas de inconformes se manifestaron al exterior del Palacio de Gobierno para expresar su molestia por el desmonte sobre el Santa Catarina y exigir una audiencia pública con las autoridades estatales.
La protesta sería tan solo una de las muchas que se replicarían los días siguientes para intentar frenar el desazolve, que aunque paró, contó con un aliado sorpresivo… el fuego.
Y es que, a los pocos días de frenar labores, un incendio se registró al interior del Santa Catarina, a la altura de la avenida Constitución y Venustiano Carranza.
El siniestro consumió pastizales y fue rápidamente controlado por Bomberos de Nuevo Léon. Y aunque no pasó a mayores, algunos ciudadanos cuestionaron si no se trataba de una estrategia para continuar con el desmonte, pero de “manera natural“.
En su defensa, el Gobierno del Estado indicó que el incendio fue provocado y que procedería jurídicamente contra el o los responsables.
Sin embargo, nada frenó la intención de la autoridad estatal de seguir con el desazolve, al asegurar que, de no hacerlo, podría acarrear una tragedia mayor para la zona metropolitana de Monterrey, especialmente el centro de la capital.
El 20 de julio, los titulares de Secretaría de Medio Ambiente, Félix Arratia; de Movilidad, Hernán Villarreal y de Participación Ciudadana, Ximena Peredo, justificaron las acciones conjuntas con Conagua al asegurar que se busca evitar una tragedia.
Los funcionarios estatales señalaron que durante la temporada de huracanes la probabilidad de que el río se desborde aumenta con la vegetación presente en su lecho.
Aunque no se explicó el por qué o cómo, las autoridades aseguraron que en caso de que una nueva tormenta trajera la misma cantidad de agua que el Álex (en 2010) o Hanna (en 2020), las zonas que pertenecían al río, pero que fueron canalizadas, sufrirían inundaciones.
“Estamos muy preocupados con lo que pueda venir con un huracán de magnitudes grandes. Hay muchos riesgos en la población y daños al patrimonio de las familias.
“Hemos hecho modulaciones de qué sucedería en el río si no se interviene, si se hace una intervención selectiva o se hace una intervención total. Aquí es muy importante recordar las imágenes del río cuando no estaba canalizado.
“Cuando no se interviene, vemos que donde se empieza a inundar es toda la zona por donde antes circulaba el río. Es decir, que el río tiene una memoria“ indicó Hernán Villarreal.
Por lo anterior, las tres dependencias acordaron que se llevaría a cabo un “desmonte selectivo“, con el que ya estaban de acuerdo las organizaciones civiles en pro de defensa del río Santa Catarina.
“Si se hace una intervención selectiva la afectación disminuye a 95 manzanas, 5 mil 238 personas y mil 882 niños, adultos mayores y personas con discapacidad“, dijo el titular de Movilidad.
Pero más tardó la autoridad estatal en dar el anuncio que los activistas en rechazarla, pues 24 horas después de darse a conocer, una nueva protesta se registró, pero ahora en la plaza Zaragoza, en donde ambientalistas negaron su apoyo a la iniciativa de del desazolve selectivo.
Los manifestantes advirtieron que seguirán protestando para detener el que denominaron como ecocidio y exigieron a las autoridades, nuevamente, una audiencia pública para ahondar en el caso.
Por su parte, los diputados de oposición aprovecharon el enojo ciudadano para anteviese un nuevo “round“ con el gobierno estatal, al buscar que el río se convierta en una área natural protegida.
La presidente de la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Congreso local, Itzel Castillo, indicó que llevarán a cabo las acciones necesarias para que no quede impune el desmonte sin justificación.
