
La batalla que inició el año pasado entre Samuel García y el Congreso de Nuevo León y que había cesado al inicio de este 2023, retomó fuerza luego de que los legisladores acusaran al gobernador de no respetar los acuerdos a los que habían llegado.
Y es que después de que presentó el Presupuesto 2023, los diputados señalaron que no respetó lo acordado que tuvieron en reuniones previas en cuanto a recursos para los municipios y otras cuestiones, por lo que la confrontación se reavivó.
El pasado 9 de enero el tesorero estatal, Carlos Alberto Garza Ibarra, presentó la propuesta que presuntamente le daría más dinero a los municipios, sin embargo no fue la cantidad que los alcaldes solicitaban a través del Legislativo.
Pues de las participaciones que anualmente reciben, los ediles pedían que se incrementara en un 10 por ciento más, pero el Estado únicamente les otorgó el 5 por ciento, lo que representaba dos mil 500 millones de pesos.
En ese entonces Garza Ibarra declaró que esperaba que los parlamentarios no hicieran demasiadas observaciones al documento, pues aseguró que era demasiado basto y atendía los reclamos solicitados.
Un día después manifestó que estarían dispuestos a modificar el Paquete Fiscal, luego de enterarse de las declaraciones que emitieron los diputados, en donde señalaban que el documento no era lo esperado.
“Este es un proyecto de presupuesto hay que tener claro eso, nosotros no tenemos la verdad absoluta, creemos que eso es lo correcto pero de eso se trata, que el Congreso si considera prudente o necesario (la modificación) o incluso nosotros que nunca nos hemos cerrado, el gobernador es sumamente receptivo”, puntualizó.
La falta de publicación de decretos por parte del Ejecutivo también abonó a que la confrontación se acrecentara, pues entre los acuerdos estaba la publicación de algunos documentos que había enviado el Legislativo.
Y aunque el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, aseguró que continuaban trabajando, lo cierto fue que posterior a esas declaraciones no se publicaron los decretos porque de esos documentos se encontraban en veto, controversia constitucional o suspensión.
Al día siguiente el diputado panista, Carlos de la Fuente, declaró que la tregua a la que intentaron llegar con el Ejecutivo era para evitar que el Estado cayera en una crisis jurídica y no por llegar a una reconciliación con García Sepúlveda.
A pesar que el gobernador aseguró que no había problemas con la oposición, Carlos De la Fuente declaró: “Yo fui bien claro ayer, aquí no existe ninguna tregua; si concretamos el tema del presupuesto fue para poder avanzar y sacar al Estado de un problema jurídico en el que lo metió Samuel García”.
Lo anterior sucedió durante la aprobación del Presupuesto 2023 en comisiones en donde el coordinador de la bancada naranja, Eduardo Gaona votó en abstención por referir que la propuesta sólo beneficiaba a los alcaldes del PRI y PAN.
Dicha acción no fue bien vista por los legisladores de esos partidos y recriminaron el actuar de los emecistas, pues finalmente era un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno del Estado.
Acto seguido, De la Fuente aseguró que el juicio político contra el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, seguiría hasta la última instancia.
UN NUEVO GOLPE
Después de dos meses, el pasado 12 de enero se reanudó la Mesa Metropolitana en donde Samuel García celebró la colaboración.
Para finales de enero los legisladores ya tenían preparado un nuevo golpe contra el gobernador.
Y es que en la Comisión Anticorrupción se aprobó un dictamen para iniciar un juicio político contra Samuel García, por presentar tarde el Presupuesto 2023 y no publicar más de 56 decretos aprobados por legisladores del PRI y PAN.
La iniciativa fue promovida por el dirigente estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa.
Al dar a conocer el juicio, también se explicó que el Mandatario tenía hasta el 10 de febrero para comparecer ante los legisladores o enviar algún escrito.
Tiempo después Samuel García manifestó que no perdería ni un segundo de su tiempo en el juicio que los diputados abrieron en su contra, no obstante, días después les tenía preparada una sorpresa.
Luego como una medida más en contra del Estado, los parlamentarios aprobaron quitarle la Defensoría Pública al gobierno estatal para convertirla en un organismo autónomo.
Lo que se acordó fue que el Legislativo nombraría al titular de esa dependencia por un periodo de seis años, teniendo autonomía técnica y de gestión, así como independencia funcional y financiera.
Por supuesto el Estado hasta ahora no ha publicado el decreto enviado por el Congreso.
EXIGEN TRATO PAREJO
Y a pesar del juicio político contra Samuel García, el presidente de la mesa directiva en el Congreso, Mauro Guerra Villarreal, exigió un trato parejo al Gobernador al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la 76 Legislatura.
Pues aseguró que con normas como la Ley de Egresos, denostaba el trabajo de los legisladores, al condicionar la entrega de recursos a los municipios como lo habían acordado.
A la lista de denuncias contra el gobernador Samuel García, se sumó la del dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas, quien presentó ante el INE una inconformidad por publicidad de Movimiento Ciudadano en las instalaciones del Metro.
“No podemos permitir que en Nuevo León se distraigan recursos para del Estado para promover a un partido político electoral, porque evidentemente esta pintura, esto que se hizo con los vagones representó un gasto al erario público“, declaró Salinas en su momento.
Esta disputa política por demostrar quien tiene más poder en Nuevo León, trajo como consecuencia que cualquier punto a evidenciar se haga sin ningún tapujo por parte de ambas partes.
Como el pasado 7 de febrero cuando el diputado panista, Carlos de la Fuente, denunció públicamente al gobierno del estado por ocultar las alertas ambientales con el supuesto de no alarmar a la población.
VIAJES CUESTIONADOS
Los viajes de Samuel García volvieron a ser tema en el Congreso y a pesar de que los legisladores con anterioridad aprobaron una ley para que el Ejecutivo tenga que rendir un informe sobre los viajes al extranjero mayores a cinco días, el gobernador no aceptó tal medida.
Y es que a unos días de que se llevara a cabo el Súper Tazón, el mandatario estatal anunció que viajaría a Phoenix Arizona para tratar temas relacionados al Nuevo Estadio de los Tigres y la NFL.
“Espero que estés jugando porque ya el gobernador no tendría vergüenza, de por si se la pasa de viaje y ahora ya ir a ver el Súper Bowl”, fue lo que opinó cuando le preguntaron al respecto a Carlos De la Fuente.
En las comisiones también se han hecho movimientos para quitar participación a los legisladores de la bancada naranja y recientemente tocó el turno para remover al diputado Héctor García de la Comisión Especial para investigar el caso sobre la muerte de un menor en el DIF Fabriles.
El PRI reclamó el lugar que tenía cuando Héctor García formaba parte de la bancada tricolor, por lo que solicitó al presidente de la 76 Legislatura, Mauro Guerra, colocar en esa posición a la diputada Alina Vargas.
EL AMPARO
Se llegó el 10 de febrero y Samuel García envió un amparo al Congreso de Nuevo León para no tener que comparecer ante los legisladores.
La suspensión fue concedida por Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito en Tamaulipas, quien ordenó suspender los trabajos del juicio contra Samuel García, lo que provocó una discusión al interior del Legislativo.
Al lunes siguiente, 13 de febrero, el juzgado publicó el documento en donde se le otorgaba la suspensión al gobernador Samuel García, por lo que de nuevo comenzaron los cuestionamientos después de una serie de dudas.
Más tarde se aprobó un exhorto para enviarlo al Consejo de la Judicatura Federal a fin de que investigaran las discrepancias, pues aseguraron que el Ejecutivo o alguna otra persona pudieron falsificar el documento que entregaron un viernes antes.
En ese sentido, los dirigentes estatales de PAN, PRI y PRD en Nuevo León, Hernández Salinas, José Luis Garza Ochoa y Sylvia López, presentaron una solicitud para abrir un juicio político en contra de la magistrada de Justicia Administrativa, Norma Leticia Platas Gómez.
Lo anterior con el argumento de haber admitido una demanda en contra del Congreso de Nuevo León y presuntamente actuar en contra de la ley.
El que dicho amparo fuera otorgado por un juez de Tamaulipas al mandatario de Nuevo León, también trajo dudas al Congreso sobre los acuerdos a los que pudieron llegar para conseguirlo.
“Esto nos preocupa porque no sabemos los alcances, qué se está haciendo para que alguien en Tamaulipas responda a una necesidad de un funcionario de Nuevo León. “No quisiera pensar que dar agua de Nuevo León a Tamaulipas haya tenido como beneficio este tipo de resoluciones o que se esté jugando con el Poder Judicial Federal”, manifestó el panista Mauro Guerra.
‘ATORAN’ ESTADIO
Otro de los temas más recientes es el entrampamiento en el Congreso sobre la solicitud de comodato para el Nuevo Estadio de los Tigres.
Una serie de dudas fueron emitidas el pasado 15 de febrero en la Comisión de Desarrollo Urbano, por lo que los diputados tuvieron que enviar un documento solicitando aclarar dudas sobre los beneficios de la obra, los administradores, quienes financiarán el proyecto y otras cuestiones que tienen que ver con el predio a solicitar.
Mientras tanto la guerra continúa, mientras unos emiten decretos y reformas en la otra parte se obstaculizan hasta donde jurídicamente se puede.
¿Cómo terminará la novela? Es algo que no se sabe con certeza, pero lo único que lamentan los ciudadanos es que en este pleito los más afectados son los neoloneses.