Con el objetivo de dar a conocer las cifras de los delitos vinculados con la privación de la libertad en el periodo 2011-2012, se llevó a cabo la presentación del estudio Percepción y realidad del secuestro en NL: Una visión multidisciplinaria en el diagnóstico de rutas, perfiles y zonas detectadas para su prevención y tratamiento, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Coordinado por Patricia Cerda, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se llevó a cabo el estudio de acuerdo a datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia.
En el año 2011 se registraron 510 delitos contra la libertad en el Estado, de los cuales 416 ocurrieron en Monterrey y 44 por ciento fueron secuestros. Mientras que en 2012 aumentó la cifra a 540, siendo el 80 por ciento (406) identificado en Monterrey con 46 secuestros.
Uno de los perfiles encontrados demuestra que el 84 por ciento de los secuestradores son hombres y su rango de edad radica entre los 18 y 30 años. El porcentaje de delitos que ocurre al transitar por las calles es de 53 por ciento; 29 por ciento en un negocio; 15 por ciento en el domicilio y 5 por ciento vigilancia.
Por otra parte, Monterrey se mantiene con la cifra más alta de privación de la libertad con un 33 por ciento; Guadalupe, 14 por ciento; San Nicolás, 11 por ciento, otros municipios del área metropolitana 14 y fuera del área metropolitana 28 por ciento.
De acuerdo al perfil del secuestrador, se detectó que los desempleados abarcan una cifra de 48 por ciento y los empleados 41 por ciento.
La educación también representa una alarma importante en este estudio, ya que el 18 por ciento de los delincuentes sólo llegaron a nivel primaria, el 56 por ciento a secundaria y el 18 por ciento a preparatoria.
Según la investigadora, la mayoría de las personas considera que la procedencia de los secuestradores podría ser de otros estados, pero el estudio demuestra que los foráneos representan un 20 por ciento, mientras que los locales (NL) un 80 por ciento.
De acuerdo al análisis, los puntos a mejorar son, principalmente, la coordinación entre los tres poderes para el abordaje del delito de secuestro; sensibilizar a los cuerpos policiacos sobre su papel en la prevención del delito; crear políticas públicas y asignar presupuesto para el establecimiento del Centro de Atención Integral.
Además, fortalecer la cohesión social y la colaboración ciudadana; crear y seguir protocolos periodísticos sobre el manejo de información del secuestro; fortalecer compromisos de las comunidades para la prevención del delito y reforzar la unión familiar y cumplir con el tratamiento sugerido por especialistas.
“Para combatir el problema se necesitan presupuestos para crear profesionistas y centros de atención especializados”, aseguró la coordinadora.
Patricia Cerda estuvo acompañada por Waldo Fernández, director general de Fernández Fromo Rivera y Asociados; Bernardo Bichara, presidente de Centro de Integración Ciudadana (CIC); Alejandro Romano, director de Atención Ciudadana del CIC; Guillermo Rocha, coordinador de Atención Psicológica del CIC e Irma Cerda, representante del Instituto DIPEI.
“La Unidad Antisecuestros ha funcionado óptimamente, la participación ciudadana comenzó después de la sangre que corrió desde el 2009 y, cuando se colabora y se participa en conjunto, se pueden lograr resultados contundentes”, afirmó Bichara.