De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en México durante el segundo semestre del 2020 casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual, que incluye el acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación.
El acoso sexual es un delito que se ha vuelto un problema sin relevancia para las autoridades, sin embargo es una forma de violencia que conlleva un ejercicio abusivo de poder en ámbitos como el laboral, escolar o comunitario, que pone a la víctima en un estado indefenso y en riesgo.
Ante esta situación, el abogado Gamaliel Garza, señaló que la falta de compromiso social y la falta del tacto por parte de las autoridades del Ministerio Público, ha provocado que las denuncias de las las víctimas que sufren algún tipo de acoso, no puedan ser tipificados al alegar que no encuentra elementos suficientemente técnicos para poder proceder contra una presunto agresor.
El abogado explicó que de acuerdo al artículo 271 BIS 2 del Código Penal del Estado de Nuevo León quien asedie, acose, se exprese de manera verbal o física de términos de señas e imágenes que tengan connotación sexual, lasciva, de exhibicionismo o que aproveche cualquier circunstancia de necesidad o desventaja de la víctima sin que esta haya otorgado su consentimiento se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de hasta 50 cuotas.
Advirtió que uno de los problemas es que la mayoría de gente que llega al Ministerio Público para presentar denuncias no tiene los conocimientos técnicos necesarios, y si a eso se le suma que se piden varios requisitos rigoristas a la víctima nunca se podrá llegar al resultado que la sociedad espera, es decir inculpar a las personas que comenten algún tipo de acoso.
“Yo veo aquí una falta de compromiso social, una falta de tacto por parte del Ministerio Publico de querer que exista una situación más técnica o que la víctima presente datos o que inclusive su narración sea mucho más técnica, es la labor del ministerio investigar ese tipo de situaciones”, enfatizó Gamaliel Garza.
Agregó que la carga y saturación de trabajo que presenta la Fiscalía, además de la insensibilidad y el nulo entendimiento de los fiscales, impiden que las medidas de protección establecidas dentro de la ley en el Código Penal, como es la prohibición de acercarse a la víctima o el uso de localizadores electrónicos no sean aplicadas.
“Gracias al nuevo Código Nacional Penal es posible solicitar tanto medidas de protección como medidas cautelares y que ellos puedan proteger a una víctima de delitos como el acoso, pero la realidad es que los filtros con mucho rigor para las denuncias provoca que una persona que ha sufrido de una conducta que claramente puede ser tipificada no pueda serlo porque no encuentran elementos suficientes por algún aspecto técnico que no cuadra con lo que la persona dice dentro del delito.
“El problema no es tanto de la Ley, sino en cuanto la implementación y que el Fiscal solicite medidas de protección y providencias precautorias, ahí es donde yo veo la parte que está faltando”, dijo Gamaliel Garza.
Sumado a esto, delitos como el acoso u hostigamiento sexual no llegan al Ministerio Publico por la falta de denuncias.
La ENSU en su edición de diciembre de 2020, reveló que entre julio y diciembre de 2020 el 98.6 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o no se inició una investigación.
El abogado, coincide que se debe fomentar la cultura de la denuncia en el estado y en todo el país, porque advirtió que si la víctima no denuncia la propia autoridad se va a estar escudando en que las personas no denuncian y por lo tanto no se podrán imponer sanciones o perseguir delitos.
“Definitivamente tenemos que ir mejorando en cuanto a la cultura de la denuncia, porque es vital para que todas estas cuestiones vayan presionando al propio estado que realmente actué contra cualquier tipo de delito de acoso”, comentó Gamaliel Garza.
Garza dijo que actualmente se permiten mensajes, testigos y correos, que pueden servir como datos o medios de pruebas para poder demostrar que la persona cometió un delito, más aún porque llegan a darse a conocer casos en donde la víctima recibe amenazas de muerte.
Además, dijo que las denuncias van creando un antecedente legal y si bien es cierto que dichos antecedentes no influyen para que una persona pueda conseguir un empleo, sí influirá para que la Fiscalía pueda tener conocimiento que una persona fue denunciada cierto número de veces por el mismo delito y entonces eso puede contribuir a que se pueda presentar una acción conjunta de todas las víctimas contra una sola persona y recibir un castigo ante la ley.
El abogado aseguró que es importante el papel del Poder Legislativo ante la situación donde se pone peligro la vida de una mujer.
“Definitivamente el poder Legislativo también tiene una importante responsabilidad, es decir el propio legislativo puede presionar a que la autoridades efectúen de mejor manera lo que es su actividad y no solamente eso, sino que inclusive es necesario que comiencen analizar reformas entorno a una mejor auditoria, ya no en la impartición de justicia en el caso del Poder Judicial, sino en la revisión de las diversas fiscalías.
“Sería importante crear normas que permitan auditar de forma más estricta los procesos internos dentro de la Fiscalía hacia dos aspectos, número uno, que es lo que está pasando con la preparación de los Fiscales porque vemos que muchas veces no son personas que estén preparadas para poder presentar causas penales ante los jueces, entonces ahí está fallando un tema de selección de fiscales y capacitación constante y por otro lado también fortalecer las normas hacia solicitar a la Fiscalía que dé resultados.
“No todas las denuncias llegan a juicio, no todos los juicios llegan a una sentencia y no todas las sentencias son condenatorias, la realidad es que todos los delitos es un porcentaje menor que realmente llegan a una condena, ese es un tema preocupante porque no se están dando los resultados que se tiene que dar, entonces yo creo que el Poder Legislativo tiene que irse por ese lado, revisar que las normas tanto de auditoria y fiscalización de las diversas Fiscalías sean más estrictas”, enfatizó.
Por último aconsejó a las mujeres que sufren acoso asesorarse debidamente de un profesional que esté capacitado porque la realidad de lo que se vive en México, pues si acuden directamente ante la Fiscalía, y no consiguen a un profesional debidamente capaz, el Ministerio Público muchas veces por cuestiones de carácter muy técnico jurídico hace que no prosperen las denuncias de manera adecuada.
“Si una persona siente que las instituciones del estado no están brindando suficiente protección, acudir con un particular muy bien capacitado para que este presionando tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial de que puedan hacer caso de estas situaciones y con ello prevenir una situación mayor que ponga en riesgo la vida de una víctima que sufra acoso”, finalizó.