Ante la ola de violencia que se vive nuevamente en la región citrícola -como sucedió del 2008 al 2012-, habitantes del municipio de Allende, Nuevo León, no descartan la creación de un grupo armado que vele por la seguridad del lugar.
“Que Dios lo bendiga”, es la frase que pronuncian los habitantes de Allende, Nuevo León, al final de cada conversación con sus vecinos o forasteros; sin embargo, la ola de violencia que se vive actualmente en esa región podría hacer que ese deseo se olvide.
Varias tragedias han marcado y enfurecido a esta comunidad de la región citrícola. El más reciente: el asesinato de Jesús Héctor Salazar Tamez, un reconocido empresario, quien murió a manos de tres delincuentes durante un asalto al negocio de su hermano.
Los hechos se registraron la mañana del pasado martes 5 de abril, cuando Salazar Tamez se encontraba de visita en la tienda El Toro Boots, propiedad de su hermano Julio.
Esa mañana, tres hombres armados llegaron al negocio ubicado en la calle Morelos, agredieron a Julio y su hermana Nelly, y los despojaron de 150 mil pesos.
Según las crónicas periodísticas, Héctor Salazar iba llegando al negocio momentos después del asalto, cuando los malhechores estaban a punto de abordar un auto compacto Chevrolet Chevy; en eso, un delincuente soltó su arma, Héctor se percató y corrió para tratar de detenerlo, pero la persona alcanzó a tomar la pistola y accionarla una vez contra el comerciante, matándolo en el instante.
Un conductor, quien no ha sido identificado e iba a bordo de una camioneta Jeep, presenció la acción, aceleró y atropelló al homicida, causándole la muerte.
Cuando uno de los cómplices se dio cuenta de que su compañero quedó sin vida en la calle Guillermo Prieto, regresó para intentar auxiliarlo, pero fue detenido por las autoridades. El otro logró huir.
Desde las 14:00 horas del día siguiente comenzó una convocatoria a través de redes sociales en donde se invitaba a la comunidad que tuviera un arma de fuego a protestar contra la violencia disparando al aire.
La muerte de Héctor Salazar había provocado la indignación de empresarios y comunidad, y a las 23:00 horas se llevó a cabo la protesta que estuvo a punto de replicarse en Montemorelos y Cadereyta, municipios hasta donde llegó la convocatoria.
Se cree que quienes efectuaron los disparos fueron personas de entre 18 y 35 años, quienes son los que tienen acceso a las redes sociales, según datos del departamento de Comunicación del gobierno municipal.
Para los ciudadanos y el alcalde Silverio Flores Leal, los balazos fueron una advertencia para los maleantes.
“Esto fue un signo de enojo porque alguien los instó a que de esa manera los ciudadanos mostraran su inconformidad, y así lo hicieron, es una forma de decir: ‘nosotros también estamos armados’”, señaló el alcalde.
Aunque no hay personas identificadas que hayan participado en la protesta, Flores Leal resaltó que no habrá “cacería de brujas” y no indagarán sobre el suceso, ya que entiende la indignación de los ciudadanos y empresarios.
Reconoció que fue una acción extraordinaria que jamás se había visto en el estado de Nuevo León, no obstante aseguró que quedaría como una anécdota y que la gente no se enfrentará a los criminales.
Dijo que ese tipo de reacciones pueden generar que gente inocente pierda la vida a causa de una bala perdida.
“Estamos consternados, y aunque hubo una manifestación a balazos no hay grupos de autodefensa, no existe eso, lo que sí existe es una indignación y estamos trabajando porque Allende cada día sea más seguro.
“Sabemos que mucha gente tiene armas porque les gusta la cacería, lo hacen ordenadamente y son armas registradas que no tienen ningún problema, pero sí siento que hubo un error en manifestarse de esa manera”, precisó el edil.
AGUAS CON LA LEY
Pese a que Flores Leal aseguró que no emprenderá ninguna acción legal en contra de quienes hayan participado en la protesta por la muerte de Héctor Salazar, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ésta sí lo hará.
A través de un comunicado de prensa, se advirtió que el accionar de arma de fuego es un delito que se castiga con 6 meses a 6 años prisión y una multa de 20 a 100 veces el salario mínimo (de mil 600 a 8 mil pesos).
El solo hecho de portar un arma de fuego que sea de uso exclusivo del Ejército, Marina Armada de México y Fuerza Aérea, se castiga con prisión de hasta 15 años y multa de 100 a 500 salarios mínimos (de 8 mil a 40 mil pesos).
Se aclaró que las sanciones son independientes a las penas por lesiones graves u homicidio que se cause con el uso y disparo de arma de fuego, que van de 8 a 25 años de prisión, y multa de 150 a 450 salarios mínimos (de 12 mil a 36 mil pesos), según sea el caso.
La Secretaría de Seguridad exhortó a los ciudadanos que posean armas de fuego a no poner en riesgo a sus familias y se abstengan de participar en esas prácticas, pues alguien podría perder la vida a causa de una bala perdida.
También se advirtió que las corporaciones estatales y municipales de seguridad procederán de acuerdo a la ley en caso de detectar personas incurriendo en las conductas señaladas.
A TOMAR EL CONTROL
Al contrario de las declaraciones de Flores Leal, algunos ciudadanos refirieron que si bien no saben de la existencia de grupos de autodefensa, están de acuerdo en que los mismos ciudadanos combatan la delincuencia; inclusive hay quienes estarían dispuestos a formar parte de alguna de estas guardias.
Entre la población existe un descontento con la autoridad, a la que acusan de no mantener el orden en las calles y tolerar que los delincuentes hagan de las suyas.
“Sí estaría de acuerdo (en formar un grupo de autodefensa) porque si la policía no hace nada, la gente de aquí tiene que hacer algo, y si hacen eso (el grupo) está bien porque va a ser para cuidarnos entre todos”, expresó una comerciante del primer cuadro de la ciudad.
Relató que al escuchar los disparos de la protesta ciudadana, se asustó y bajó con sus hijos de la segunda a la primera planta de su domicilio, ya que se imaginaba que era un enfrentamiento entre delincuentes y autoridades.
Pero al darse cuenta que se trataba de una acción recriminatoria por la violencia que se incrementa en la zona, apoyó a quienes alzaron la voz de esa manera.
“No creo que sea una advertencia (los disparos), sino más bien impotencia, pienso que es la manera en que el pueblo alza la voz, aunque digan que la violencia desata más violencia, ¿a quién le queremos tapar los ojos?, el peligro ya lo tenemos encima.
“Fíjate que soy mamá de dos niños y sí me asusté porque pensé que era una balacera de las que eran comunes hace algunos años, lo que hice fue bajarme y cuidar a mis hijos, pero no lo veo mal porque la autoridad no hace nada”, opinó.
Ella ha vivido momentos de angustia y se ha sentido blanco de la delincuencia pues, desde hace tiempo, personas desconocidas llaman al negocio ubicado sobre la calle Benito Juárez para tratar de extorsionarla.
“Uno vive con el miedo ya que ha habido muchas amenazas, me han hablado para tratar de extorsionarme y lo único que hago es colgar, como dicen en la tele, pero creo que es gente de otros lugares”, aseveró.
Esa declaración coincide con la del alcalde, al afirmar que la delincuencia que impera en la región citrícola es proveniente de Monterrey y su área metropolitana.
La comerciante aún recuerda los tiempos en que los jóvenes salían a caminar a la plaza de armas para enamorar chicas, y los allendenses se sentaban en mecedoras sobre la banqueta para platicar con sus vecinos.
Esa situación cambió, y del 2007 al 2013 la vida social se terminaba alrededor de las 20:00 horas.
Con la ayuda de los militares se disminuyó la ola criminal, pero los sucesos que se han presentado recientemente hacen que los ciudadanos consideren el aplicar la justicia por su propia mano.
“Protección Civil, la Iglesia y el alcalde nos dicen que la violencia genera más violencia, eso ya lo sabemos, pero lo único que vamos a hacer es defender a nuestra familia, porque esa gente no se va a tocar el corazón, ellos a lo que vienen”, apuntó.
Por su parte, un bolero de la comunidad de El Cerrito, ubicada a unos cinco kilómetros al oriente del centro de Allende, refirió que no dudaría en integrarse a las filas de un grupo de ciudadanos armados para mantener el orden en las calles.
“Si es necesario que uno le entre a los ‘catorrazos’, claro que lo haríamos, porque esto se está descomponiendo y no vemos que la autoridad actúe oportunamente.
“Cuando los policías eran gente del mismo pueblo, recuerdo que todo estaba muy tranquilo, pero ahora que vienen militares y gente de otros lugares no es lo mismo, ellos no conocen”, comentó el bolero.
Según su perspectiva, la delincuencia logra llegar a las calles de Allende porque las autoridades procedentes de otras ciudades no conocen los caminos y las brechas e instalan retenes de manera errónea.
“Si nosotros conformáramos un grupo de control, sabríamos los lugares idóneos para detener a las personas que sólo le hacen daño a nuestra región, en cambio los militares y federales no conocen el área”, indicó.
Así como el bolero y la madre comerciante, otros ciudadanos coincidieron en apoyar la creación de autodefensas en caso de que las autoridades no hagan bien su trabajo, pues no permitirán que otras personas irrumpan la paz de sus hogares, negocios y calles.
UN PUEBLO DE ARMAS TOMAR
A 13 kilómetros del centro de Allende se encuentra el Campo de Tiro y Pesca, un lugar de adiestramiento para quienes gustan de la cacería y centro recreativo para las familias de los accionistas.
Esa es la razón por la que unas 700 personas, de los más de 32 mil habitantes de Allende, tienen un arma en su poder de manera legal.
Para ser miembro del club se necesita ser recomendado por dos socios activos, además de reunir otros requisitos, por lo que no cualquier ciudadano puede adiestrarse en esas instalaciones.
El terreno está conformado por un área de albercas con palapas y dos techumbres, desde donde se realizan los disparos para practicar el tiro.
En primera instancia están los blancos que se utilizan para las armas cortas, luego, a más de 800 metros, los que son impactados con ráfagas de armas de alto poder.
Durante la visita a las instalaciones no se pudo contactar al presidente del club para que expresara las políticas y el reglamento de tiro; sin embargo, uno de los socios dejó en claro que ni los policías pueden practicar en el lugar.
No hay pruebas de que hayan sido los miembros del club quienes protestaron el pasado 6 de abril abriendo fuego a las 23:00 horas, pues la autoridad no ha investigado y tampoco lo hará.
Sin embargo, de lo que sí está seguro el alcalde es de que quienes pertenecen al Campo de Tiro y Pesca, son gente buena, tranquila y que no les gusta la violencia.
PIDEN MAS MILITARES
Luego del asesinato de Héctor Salazar, un grupo de aproximadamente 40 empresarios visitó la oficina del alcalde Flores Leal para demandar justicia y garantías de seguridad, pues están hartos de la delincuencia.
Dicho grupo, representado por la Cámara Nacional de Comercio de Allende, solicitó la intervención del Ejército en más puntos de la ciudad para detectar los movimientos de los criminales, así lo indicó Julio Salazar, hermano del empresario asesinado.
El comerciante de botas y sombrero está de acuerdo en formar un grupo de prevención y reacción, pero que sea militarizado, no con ciudadanos, sino con autoridades federales.
“Claro que me gustaría que se creara un grupo militarizado o al menos que los elementos que ya están aquí den resultados, uno ya está hasta la ma… de esa gente que sólo viene a delinquir.
“Nosotros como empresarios apoyamos económicamente para que los elementos permanezcan en la región, lo más justo es que velen por la seguridad de nosotros”, puntualizó.
Lo mismo opinó uno de los lugareños de avanzada edad, que todas las tardes se sienta frente al antiguo Palacio Municipal, mismo que ahora funge como museo, para leer y contemplar los pájaros.
“No estoy de acuerdo en que la gente se levante en armas, la seguridad es trabajo de los policías, ellos se tienen que encargar de que esto sea como antes”, comentó.
‘MEJOR DENUNCIEN’
El alcalde Flores Leal no culpó a los habitantes de querer expresar su enojo lanzando disparos al aire; sin embargo, los exhortó a participar con la denuncia oportuna a las líneas de emergencia.
Señaló que después de la tragedia se tiene que ver el escenario real y aprender de la situación que terminó con la vida de Héctor Salazar.
“Sabemos que nuestro amigo se enfrentó a un delincuente armado, pero si la gente, al ver cualquier cosa rara, hubiera hecho una llamada oportuna, muy seguramente se hubiera evitado hasta el robo.
“Estamos muy indignados pero también estamos ocupados en el tema, ¿en qué sentido?, hablamos con el almirante Augusto Cruz y nos mandará cuatro elementos más de la Agencia Estatal de Investigaciones”, adelantó.
Puntualizó que hará una petición para que se intensifiquen los rondines por parte de las Bases Operativas Mixtas, conformadas por Fuerza Civil, Policía Militar y la Agencia Estatal de Investigaciones.
“Trabajamos muy fuerte para mantener la seguridad, estamos conscientes de no estar dentro de los estándares internacionales, pero actualmente Allende es el municipio de la región citrícola con menor incidencia delictiva”, comentó
Detalló que aunque su municipio es de los que cuenta con más elementos, tomando en cuenta la cantidad de habitantes, incrementarán la nómina de 60 a 68 efectivos de seguridad, además se adquirirá más equipo y patrullas.
Lo anterior será para que los habitantes se sientan seguros y no recurran a actos ilegales como el disparar armas de fuego.
“La violencia la ejercen a quienes les toca. Si tiene que haber un enfrentamiento, tiene que ser entre delincuentes contra policías, no contra la sociedad civil, porque lo único que generamos es que pueda haber más muertes de inocentes”, argumentó.
Refirió que hoy en día es fácil manipular a las masas a través de las redes sociales, y como ejemplo citó la manifestación como un hecho sin precedentes que se orquestó a través del Whatsapp, por invitación de una persona.
“Quienes nos hacen daño es gente de afuera que nos invade, y aunque en ocasiones no les ha ido bien, estamos en contra de que la comunidad se manifieste con las armas”, finalizó.
LLEGAN LAS PROMESAS
Después de una reunión entre el secretario de Seguridad Pública del estado, Cuauhtémoc Antúnez y alcaldes de Linares, Allende, Montemorelos, Hualahuises y General Terán, se acordó que la Policía Militar y Rural reforzarían la seguridad en la región citrícola.
“Les puedo comentar que la Policía Militar, en los municipios donde están asentados, no solamente va a patrullar la zona rural sino también va a patrullar las cabeceras municipales, que es donde se asienta el mayor número de población de los municipios”, aseguró Cuauhtémoc Antúnez.
Al analizar los índices delictivos y los reportes de los alcaldes, Antúnez dijo que las estadísticas no indican un incremento en los delitos del fuero común, pero aún así habría más patrullaje en los primeros cuadros de las ciudades.
“Los alcaldes han manifestado que no hay incremento en los delitos del fuero común y con el análisis que hicimos, nos cercioramos de eso.
“Ellos conocen perfectamente la zona y tienen el pulso de sus municipios, saben que la seguridad no está mal. Estamos coordinados y buscaremos mejorar la estrategia”, recalcó.
Antúnez informó que entre los acuerdos a los que llegaron en la reunión, está generar una mayor coordinación entre alcaldes y secretarios de Seguridad Pública con el gobierno estatal.
Un segundo acuerdo es solicitar un mayor apoyo a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León para la resolución de las denuncias presentadas por los ciudadanos de la zona, así como promover la denuncia ciudadana.
Es así como la moneda queda en el aire, ¿las autoridades policiales tendrán la capacidad de erradicar la violencia en el estado de Nuevo León, o será Allende el primer municipio que se levante en armas para combatir la delincuencia?