Idealizada como una mejor opción, el vivir en el campo o, mejor dicho, en municipios rurales de Nuevo León poco a poco va perdiendo su encanto, Delito a delito, la criminalidad alcanza hasta a las mejores familias.
Aunque en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey se concentra más del 90 por ciento de los delitos denunciados y se comenten más crímenes, robos y asaltos, la apacibilidad de comunidades como Parás o Vallecillo, no está exenta de enfrentar sus propios demonios.
La falta de cohesión social y de integración como comunidad es uno de los factores que acentúan el alto índice de delitos y crímenes en las zonas urbanizadas, considera la doctora en criminología, Ana María Esquivel Hernández, al comparar el modo de vida de las urbes con el área rural.
“Este problema social se debe a que en las ciudades los vecinos pese prácticamente a vivir casa con casa no se conocen, mientras que en un municipio rural todos saben de todos, porque existe una mayor interacción social como comunidad”, explicó la catedrática de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Más allá de la constante de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, presentes en los 51 municipios de Nuevo León, la ola criminal que afecta a las zonas urbanas tiene sus equivalentes en los municipios rurales, guardando las proporciones debidas.
De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León elaboradas hasta julio, se puede comparar que de acuerdo al volumen de denuncias de delitos, proporcional a su volumen poblacional, el vivir en el campo implica un mayor riesgo para los ciudadanos.
Incluso, el riesgo del robo de auto o un asalto, los delitos de mayor incidencia en, por ejemplo, Guadalupe, Apodaca o Monterrey, es mucho más alto, de casi seis o siete veces contra uno, que por ejemplo, ser víctima del robo de ganado, o incluso, de ser acusado de sustracción ilegal del agua.
Mientras en Monterrey se registran 89 tipos de delitos de carácter penal, con un total de 10 mil 589 denuncias o expedientes judiciales abiertos y en proceso de resolución, en Villaldama se tipificaron 16 delitos en 29 denuncias penales que van desde las amenazas, daño en propiedad ajena, daño en propiedad ajena culposo, despojo de inmuebles o de aguas, falsificación y uso de documentos en general, homicidio doloso, injurias y lesiones culposas.
Además de lesiones que no ponen en peligro la vida, maltrato o crueldad contra los animales domésticos, narcomenudeo, privación ilegal de la libertad, robo a casa habitación robo en carretera, robo en el campo y violencia familiar.
En Vallecillo, ubicado al sur de Nuevo León, se registraron de enero a junio 13 denuncias por igual número de delitos: daño en propiedad ajena, equiparable a la violencia familiar, falsificación y uso de documentos en general, fraude, homicidio culposo, homicidio doloso, lesiones culposas, robo a casa habitación, y ultraje a la moral pública.
Vallecillo tiene una población de mil 494 habitantes, por lo que su tasa de criminalidad es de 114 por ciento, mientras que Monterrey tiene un millón 135 mil 512 habitantes, lo que da una tasa de criminalidad es de 107 por ciento por cada mil habitantes.
Un municipio como Santiago, llamado Pueblo Mágico, tiene 295 expedientes judiciales abiertos por 41 delitos diferentes, para una población de 37 mil 886 habitantes, y su tasa de criminalidad es de 128 por cada mil santiaguenses.
Otro municipio con alta incidencia criminal es Santa Catarina, que con 268 mil 347 habitantes registró dos mil 33 denuncias en los primeros seis meses del 2018, una tasa de 131 delitos por cada mil habitantes.
Caso excepcional es San Pedro Garza que al tener una población de 122 mil 627 habitantes, apenas registró 808 delitos, esto es una tasa criminal de 155 hechos delictivos por cada mil habitantes.
Parás, con apenas 788 residentes es el municipio con menos delitos, apenas siete registrados del día primero de enero al 17 de julio: dos por daño en propiedad ajena, un homicidio culposo, uno por lesiones que ponen en riesgo la vida, y otro por lesiones simples, uno más por narcomenudeo y dos casos de violencia intrafamiliar.
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
Sí bien delitos como el narcomenudeo, el robo a negocio o casa habitación, y los homicidios dolosos (con premeditación y otros agravantes) y culposos (accidentales), se presentan en casi los 51 municipios del estado, urbanos o rurales, hay excepciones que sólo se dan en la ciudad y otros únicamente en el campo.
En cuando menos una docena de municipios rurales se registraron denuncias penales por robo en carretera o en campo, éste último definido hace años como abigeo o robo de ganado, así como animales y aves de granja.
También se da con mayor frecuencia, es decir en 22 de los 51 municipios, delitos abuso de autoridad en contra ya sea de presidentes municipales, funcionarios y empleados, inspectores y policías.
Las rivalidades y pleitos de ejidatarios y comuneros por la posesión de terrenos o pozos de agua, en muchas ocasiones terminan en hechos delictuosos, como es el despojo de cosas inmuebles o aguas. Lo mismo pasa en Agualeguas, que en Lo Aldama, Los Herreras, Galeana, o Doctor González, lo que no ocurre en Apodaca, San Pedro o Monterrey.
“Los contextos son totalmente diferentes, primero por el número de personas que hay. Y segundo, por los controles informales que se dan en cada uno de estas áreas. En lo rural aún operan los controles informales “, refiere doctora en criminología, Ana María Esquivel Hernández.
Detalla que en los municipios rurales o el campo, las personas se conocen bien a bien. Saben quién es su vecino, a qué se dedica y sus hábitos y hasta sus aficiones y vicios.
“Los controles informarles están muy presentes. Que entendemos por controles informales, son aquellos que establece la misma sociedad y que pese a no estar inscritos en una ley, todos llevamos a cabo, pero que en la ciudad se han ido perdiendo. Por ejemplo, todos íbamos a un funeral vestidos de negro, y allá en lo rural se sigue aplicando pero aquí ya no”, explica Esquivel Hernández.
Licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UANL, con maestría y doctorado en Criminología por la Facultad de Derecho y Criminología de la que es investigadora y catedrática, la especialista enfatiza en la pérdida de valores y en la cohesión social como parte de la problemática de violencia y criminalidad que afecta a todo el estado y al país.
“(Ahí) existen controles que impiden a las personas a cometer delitos o faltas, como por ejemplo el de no me voy a hacer un escándalo porque aquí todos nos conocemos. En el pueblo saben lo que les ocurre a los demás”, agrega.
Aunque la distancia en las comunidades entre las viviendas puede ser amplísima, o bien, dentro de la zona urbanizada aledaña a los centros poblaciones, la empatía y la amistad, es la cadena que amolda y define la personalidad y el comportamiento de los vecinos.
“En las sociedades urbanas la gente ya no se conoce, no sabemos quién es nuestro vecino e incluso, no se tiene ni idea de a qué se dedica quien vive al lado o frente a tu casa, o en algunos casos, nunca los vemos ya sea por la diferencia de horarios o hábitos”, destaca la criminología.
Refiere el caso más concreto de las colonias exclusivas, cerradas y con vigilancia, en donde pese a tener juntas vecinales, nadie socializa con los demás.
“En las comunidades los valores y controles sociales, bien arraigados, ayudan en mucho incluso a evitar se cometan cierto tipo de delitos. Las fiestas son convivencias comunales a las que la mayoría acude, además de que hay costumbres bien arraigadas por generaciones, que fortalecen la relación con los vecinos”.
Se remarca además el sentido de pertenencia, de hacer propia no sólo la vivienda sino el entorno, el barrio, la comuna. El pueblo y, en su caso, el municipio en toda su extensión.
Esquivel Hernández tiene amplia experiencia en desarrollo de programas e investigaciones sobre criminalidad y psicología de las víctimas, y ha prestado sus servicios profesionales tanto en el sector académico como gubernamental y privado.
En su trayectoria profesional ha sido docente en la licenciatura en criminología en materias de política criminal, prevención del delito, y formó parte del Diagnóstico Integral y Estimación de Línea Base para Intervenciones Socio urbanas de Inclusión y Atención a la Pobreza en Zonas Urbanas, entre otros.
“En las ciudades la gente dejó de apropiarse de los lugares, aquí hay mucho movimiento de personas, a veces vives en una colonia y al año ya te cambiaste de domicilio, y entonces ¿qué sucede? No sea apropian del lugar, no lo hacen suyo y eso genera que ni cuidemos el lugar ni nos preocupes o interesemos en las demás personas”.
La investigadora expone un ejemplo frecuente: el del matrimonio que ve a la mudanza en la casa de al lado y piensa que el vecino, al que sólo saludaban de cuando en cuando por las mañanas o algún fin de semana, dejará la casa y en realidad es que es víctima de un robo a gran escala.
“Otro grave problema es que hemos aprendido a vivir en violencia, como ocurre en Nuevo León, donde los vecinos de zonas con alto índice de criminalidad se sienten más seguras pese a su entorno de potencial riesgo, porque ya se habituaron a esa situación, normalizándola”, añadió.
Aunque los municipios rurales presenten una baja tasa de delitos y crímenes, no están exentos de que estos vayan a la alza aun y cuando se hagan programas permanentes de prevención.
“Hoy sabemos que la prevención no funciona, y no lo hará en la medida en que nosotros como ciudadanos no seamos corresponsables de la seguridad, ya que no podemos dejarle toda la responsabilidad a las autoridades sino que debemos también poner de nuestra parte.
“En la participación ciudadana es donde más nos está costando, porque es difícil concientizar a las personas de que no todo es responsabilidad de las policías o del gobierno, es el reto de las autoridades y es una tarea a largo plazo convencer a cada ciudadano de que él es también responsable de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los demás”.