
A pesar de la inconformidad priista, el Congreso aprobó por mayoría solicitar a la Auditoría Superior del Estado el análisis de la cuenta pública del municipio de General Escobedo en su ejercicio 2007.
Lo anterior a raíz de la denuncia de Hora Cero, en el sentido de que hay dos empleados que son a la vez proveedores del municipio.
Durante la sesión de la Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal, los priistas y panistas terminaron en desacuerdo al encarar este tema. Mientras la diputada Clara Luz Flores defendía que los funcionarios escobedenses ya no formaban parte de Auto Servicio Rápido Los Martínez, los legisladores panistas consideraban que lo más adecuado era dejar al auditor la investigación.
“Yo solicitaba que se incluyera en el dictamen para que se tomara la mejor decisión; obviamente que se analice, que se averigüe y que se vaya hasta las últimas consecuencias, pero era imporante que tuvieran la mayor parte de la información y ellos (los panistas) no quisieron que se pusiera en el dictamen”, explicó Flores.
Por su parte el diputado Javier Ponce Flores explicó que todos los documentos con los que cuentan, incluyendo el presentado por Clara Luz, se remitieron al órgano fiscalizador a fin de que tome la decisión correspondiente.
“Es importante hacer la aclaración que (lo que aportaron) es una copia simple de una escritura pública, y decidimos que se remitiera también con las manifestaciones hechas por la diputada a nuestro órgano fiscalizador, para que en su caso sea él quien le dé el valor jurídico que corresponda.
“Creo que sería interesente que se preguntara quién es el apoderado legal de la empresa en este momento; incluso, la relación que hay entre los accionistas y los nuevos socios a quienes dejaron la empresa”, subrayó el legislador.
Finalmente, por mayoría los diputados locales aprobarón que las cuentas escobedenses se sometieran a la revisión del órgano fiscalizador, con el fin de detectar alguna irregularidad y que, de hallarse, fuere sancionada.
Por Acción Nacional los diputados Francisco Cantú y Javier Ponce defendieron en tribuna la postura aprobada en comisiones, mientras que por parte de Nueva Alianza la diputada María Dolores Leal expuso sus motivos para que los congresistas brindaran su voto a favor del punto de acuerdo.
“Consideramos que por tratarse de dos servidores públicos del municipio, están impedidos legalmente para ser proveedores municipales. Cabe hacer mención que la sesión de la Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal se presentó una copia simple a la que supuestamente los involucrados renunciaron a la empresa antes mencionada, dicho documento deberá ser analizado por nuestro órgano Técnico Fiscalizador al momento de pronunciarse sobre el presente caso”, explicó la legisladora.
En tanto los priistas, en voz de Clara Luz Flores, adelantaron que se abstendrían durante la votación, en base a lo acontecido una semana antes al interior de la Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal, donde no le permitieron incluir los documentos que portaba para sustentar la supuesta inocencia de los funcionarios escobedenses.
Sin embargo, al momento de cuestionarle sobre el nuevo movimiento que Auto Servicio Rápido Los Martínez realizó en enero de 2007, donde se le otorga el poder general de la empresa a Hilda Bertha Gutiérrez Chapa de Martínez, esposa y madre de los funcionarios implicados, consideró que lo más conveniente es que se esclarezca la situación para beneficio del municipio y de sus habitantes.
“Ya está en proceso de una investigación con la Auditoría, tendrán que ser asuntos que se tengan que solucionar e investigar”, señaló la diputada.
TODO SIGUE IGUAL A NIVEL MUNICIPAL
Mientras tanto, en el Ayuntamiento de General Escobedo las cosas siguen igual. Danilo Domínguez Vera, regidor panista, explicó que hasta ahora el Cabildo no ha turnado a comisión el caso y los funcionarios continúan prestando sus servicios en el municipio.
“Todo sigue igual, ambos funcionarios siguen laborando dentro de la administración y pues estamos esperando a que la síndico cite a la Comisión de Gobernación y Reglamentación para analizar el caso”, explicó el regidor.