
Unos los heredaron de sus antepasados, otros compraron cuando nadie le apostaba a la Huasteca y otros tantos, aprovechando sus puestos públicos para obtener información privilegiada, se hicieron de tierras a sabiendas que en poco tiempo serían oro molido.
Lo cierto es que, por el momento, ninguno puede disponer de sus terrenos en el área protegida de Santa Catarina, que se encuentra dentro del Parque Nacional Cumbres, ante la inexistencia de un plan estatal de manejo de la Comisión Nacional de Areas Protegidas.
Quintas, residencias y diversas construcciones que incluyen hasta lo que sería un casino, están a la espera de que las autoridades emitan los lineamientos que regirán el uso de suelo de esa zona.
El municipio de Santa Catarina y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solamente tienen facultades para clausurar las construcciones en el área, mientras a los pobladores sólo les resta esperar el destino que tendrán sus propiedades.
DE TODOS Y DE NADIE
El cambio de administración municipal en Santa Catarina de 2003–2006 a 2006–2009 vivió fuertes altibajos y críticas porque, dentro de la herencia que dejaba la alcaldía de Irma Adriana Garza, se encuentra el caso Valle de Reyes.
Polémico desde la primera vez que se presentó ante la sociedad, el proyecto a cada momento dejaba ver unas estela de irregularidades, saltando aquellas que se maquinaban a los alrededores de este ambicioso proyecto urbanístico.
A partir de ese momento, la administración encabezada por Dionisio Herrera Duque, se dio a la tarea de congelar todas las construcciones y movimientos que se llevaran a cabo de esta área protegida.
Ahora, mientras el gobierno federal y el estatal no liberen el plan de Desarrollo del Parque Nacional Cumbres, los propietarios están con las manos atadas, a la espera de que se resuelva el destino de esta zona.
Aunque el parque abarca los municipios de Rayones, Allende, Santiago, Monterrey, Montemorelos, San Pedro y Santa Catarina, éste último es el más afectado, y es que un 80 por ciento de su territorio es área protegida, teniendo gran parte de ella dentro del parque.
En el camino a La Huasteca, sobre todo en las primeras comunidades de esta área, hay construcciones que el municipio ha debido suspender al no contar con un respaldo jurídico que avale las edificaciones en este sector.
“Cuando yo llego -dice el alcalde Dionisio Herrera Duque- había gente con permisos vencidos. Si fuera cualquier otra parte del municipio yo estaría obligado a darle una extensión del permiso para que terminara su construcción, pero como es una área nacional protegida, tuve que bloquear los permisos”, informó durante una reunión con panistas que exigieron al gobierno de Nuevo León liberar el plan de manejo del Parque Cumbres.
Herrera Duque admitió que hay entre 30 y 50 propiedades en La Huasteca y Los Nogales, cuyos trabajos se han visto frenados.
De esas propiedades, algunas fueron adquiridas hace mucho tiempo, aprovechando la buena fe de los ejidatarios que vendieron a precio muy baratos, pero hay otras que fueron compradas apenas hace unos años.
“Algunos aprovecharon cuando desa-pareció la zona ejidal en la época de Carlos Salinas de Gortari”, afirmó el edil de Santa Catarina.
La compra de terrenos baratos hace que el municipio pierda anualmente millones de pesos en pago de predial, ya que los que cumplen con ese impuesto lo hacen pagando a razón de 30 ó 40 centavos el metro cuadrado.
“Son pagos simbólicos, pero si se regulariza el área se tasaría un precio real para que pagaran el impuesto correspondiente”, explicó Herrera Duque.
LA FINCA DEL EX SECRETARIO
Unos metros después de la explanada de la Huasteca se puede ver el anuncio que indica la ubicación de la comunidad de Los Nogales; al dar vuelta a la derecha el camino pedregoso y las humildes construcciones hacen suponer que el panorama será desolador.
Conforme se avanza se puede ver de todo un poco: humildes construcciones de material que dividen sus límites con maderos y alambre, aunque como una isla en medio del desierto también estan las grandes propiedades donde los dueños viven a cuerpo de rey cada que las visitan.
Una está ubicada en la Privada La Batucada, justo atrás de una finca que también lleva por nombre La Batucada. El inmueble, de una superficie total de 4 mil 610 metros cuadrados, es propiedad de Eusebio Santos Rodríguez Rubio y denota el poder adquisitivo de su dueño, quien durante la administración de Irma Adriana Garza Villarreal fungió como Secretario de Obras Públicas.
La construcción está al fondo de la privada y sólo se puede entrar por un pequeño callejón de terracería; cuenta con una finca y un enorme jardín, está resguardada por una barda de concreto que se intercala con reja de metal, con un fino decorado en forma de paloma, haciendo honor a su nombre: Quinta la Paloma.
“Pues ya tienen como unos dos años construyendo aquí, y pues la acabaron justo antes de que comenzara todo esto de Valle de Reyes, la verdad sí le metieron mucho (dinero)”, cuenta uno de los pobladores del lugar.
El acta número mil 571, volumen 122 del libro 63 del Registro Púbico de la Propiedad, señala que los trámites de compra-venta de este inmueble (con Joseph F. Burke como parte vendedora y Eusebio Rodríguez Rubio como parte compradora) comenzaron el 11 de mayo de 2004, siendo este último funcionario público de Santa Catarina.
Sin embargo, los trámites correspondientes para que el Notario número 31, Alberto J. Martínez, diera fe, se fueron realizando poco a poco, haciendo los pagos correspondientes en el municipio el día 19 de octubre de 2006, hasta que finalmente el día 30 de octubre del mismo año quedó inscrita el acta en el Registro Público de la Propiedad.
Curiosamente, fue el mismo día que Rodríguez Rubio abandonaba su investidura de funcionario municipal.
Incluso, el periódico El Norte había exhibido al ex empleado municipal por regularizar su construcción cuando ésta ya había sido terminada, y todo siendo funcionario municipal.
Aunque hacerse de terrenos no significa ningún delito para nadie, salta a la vista que la propiedad adquirida por el entonces funcionario municipal esté ubicada a unos cuantos metros de donde Valle de Reyes está proyectado, por lo cual, de concretarse la zona residencial, los terrenos ubicados a su alrededor –incluyendo el de Rodríguez Rubio- incrementarían enormemente su valor.
Posteriormente el nombre de Rodríguez Rubio volvió a ser mencionado en territorio santacatarinense,-y no sólo por ser aspirante a encabezar la administración que empieza en 2009- sino por que en 2006 otro terreno de su propiedad quedó en la mira, al resultar beneficiado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La dependencia federal emitió una lista de propietarios afectados e indeminizados por la construcción de la autopista Monterrey- Saltillo, por lo cual el ex funcionario municipal recibió 6 millones 140 mil 196, al pagársele una cantidad de 260 pesos por metro cuadrado, por los 23 mil 616 metros que poseía en ese lugar.
NADIE QUIERE METER LAS MANOS
“¿Qué va pasar siempre?”, se preguntan los habitantes del área de la Huasteca en Santa Catarina, y es que la incertidumbre los ronda desde que se hizo el anuncio del proyecto este de Valle de Reyes.
“No sabemos qué va a pasar, unos nos dicen una cosa y así, y pues la verdad no-sotros estamos esperando. Yo sí estoy regular y tengo unos trámites que quiero hacer con mis terrenos, pero me dicen en municipio que ahorita no se puede”, explicó uno de los habitantes, quien prefirió omitir su nombre. El poblador expresó que llegó a este lugar hace casi 35 años, cuando nadie daba un peso por esta área de la Huasteca, misma que con el tiempo fue tomando forma con ayuda de los vecinos.
“Yo compré aquí en 30 centavos el metro cuadrado, ahorita estos terrenos están valuados en 100 dólares el metro cuadrado. Aquí entre los vecinos comenzamos a preocuparnos por ver bonita el área, mientras que el gobierno no quería meter las manos”
Con esfuerzos de los pobladores lograron montar los primeros dos kilómetros y medio de carretera, contados a partir de lo que es hoy la entrada de la Huasteca, mientras que la administración que en ese entonces estaba al frente del gobierno del estado nos apoyó con la mitad del costo de esta obra.
“Ya después el gobierno del estado comenzó a cobrar la entrada a la Huasteca, después el municipio la tomó pero al momento de trabajar nadie quiere hacer nada, se echan la pelota entre ellos y todo queda en nada”, explicó el habitante.
A pesar de que toda esta área de la Huasteca tiene un importante número de habitantes, no todos se encuentran en condiciones regulares, algunos simplemente son posesionarios, otros más tienen un permiso para habitar por 10 años, concedido por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA).
Aunque también están los que se hicieron de sus tierras de manera regular, pero todos tienen frenados sus proyectos, principalmente por la falta de un plan de desa-rrollo para esta zona.
Algunos pudieron aprovechar la complacencia de las autoridades, aunque otros no lograron consumar sus proyectos.
Por ejemplo, en Los Nogales hay una construcción donde estaba proyectado un casino pero como no lo terminaron a tiempo, se acabó la administración priista de Irma Adriana y la actual, del panista Dionisio Herrera, ya no otorgó el permiso.
Aunque del otro lado, en el poblado de la Colorada, las instalaciones de un lienzo charro están completamente adecuadas y hasta patrocinadas por la Coca Cola, desde hace varios años.
También la ección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aprovechó para hacerse de un terrenito en Los Nogales, que en los últimos años pretendió ampliar.
Muy cerca de este último predio también existe otra construcción muy grande que, según los pobladores, durante la pasada administración municipal fue comenzada y terminada.
VARIADA COMPETENCIA
Además del municipio de Santa Catarina, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Parque Nacional Cumbres, tienen injerencia en lo que suceda en esta área.
Por su parte, la Semarnat es la encargada de decidir si se brinda o no el cambio de uso de suelo en el lugar, por lo cual, de no contar con autorización suya, están habilitados para clausurar cualquier tipo de daño que se le realice a esta área protegida, explicó Francisco Treviño Cabello, el delegado de la Semarnat en Nuevo León.
“Toda construcción dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey requerirá de una manifestación de impacto ambiental manifestada por Semarnat; entonces, cualquier obra que se realice dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey debe tener autorización de nosotros.
“El municipio también da otra autorización, por que ya con el permiso de Semarnat da los permisos para la urbanización, para construcción de alguna vivienda; el municipio da lo que es el uso de suelo”, explicó el funcionario.
Es por ello que si alguna construcción no cuenta con los documentos correspondientes de la dependencia federal, pueden proceder a la clausura como lo realizaron hace unos meses, aunque el funcionario subrayó que es muy difícil clausurar alguna propiedad cuando ya está construida y habitada.
Aunque su función es regular el impacto ambiental que cualquier proyecto tendrá, sus acciones podrían verse modificadas en cuanto el plan de Desarrollo Urbano del Parque Nacional Cumbres salga a la luz.
“Habría que esperar a ver cómo va a salir el programa de manejo del Parque Nacional Cumbres, porque también sale con una regularización de las obras que ya están dentro, pero toda obra requiere de autorización y si se realizara la obra sin autorización se tiene que levantar el procedimiento y dar la sanción”, detalló.
Mientras, sus trabajo es detectar cualquier anomalía que vaya en contra del desarrollo ambiental.
A pesar de que son tres diferentes instancias las que pueden intervenir ante cualquier irregularidad en esta área de la Huasteca, nadie puede estar seguro de ellas.
Y es que, mientras el gobierno federal y las autoridades municipales no den salida al plan de desarrollo sustentable del Parque Nacional Cumbres, las responsabilidades seguirán pasando de mano en mano y el área continuará siendo tierra de nadie.
PANISTAS EXIGEN PLAN DE MANEJO
POR: Héctor Bencomo
Juan Carlos Ruiz, presidente estatal del PAN, se reunió con los alcaldes de Monterrey, Montemorelos, Santa Catarina y San Pedro para exigir al gobierno de Nuevo León que publique cuanto antes el plan de manejo de la Comisión Nacional de Areas Protegidas.
Esto le permitirá a los municipios y a los propietarios tener certeza jurídica sobre sus terrenos y poder construir cuidando el entorno ecológico.
“Llevamos todo este periodo del gobernador Natividad González Parás esperando. Al parecer el gobieno estatal no está de acuerdo en que se publique este plan de manejo”, dijo Ruiz.
“Exigimos que se publique cuanto antes. Tanto los criteros de la federación como del gobierno estatal”, apuntó.
Ruiz comentó que el plan es para proteger los recursos naturales, no solamente el agua, sino riqueza de flora y fauna.
“Porque con este plan se va a poder determinar qué cosa se permite y qué cosa no”, explicó.
Determinó que siempre que sean actividades sustentables en torno a gran la riqueza que tiene el parque, se permitirán edificar.
“Que a las comunidades ya existentes se les siga respetando, que no se piense en más construcciones sin permisos. Si la vamos a proteger, tenemos que protegerla de a de veras, no de dientes para fuera”, dijo.
Gerardo Martínez, alcalde de Montemorelos, comentó que el tema ha sido ventilado desde hace tiempo y que ya urge la publicación oficial.
“Esto no es de ahorita, es de siete u ocho años”, dijo.
Dionisio Herrera Duque, alcalde de Santa Catarina, se llamó uno de los alcaldes involucrados que más pierde por tener un 80 por ciento de su municipio en el área protegida.
“Para todos los alcaldes implicados es muy complicado no tener un plan de manejo, pero para Santa Catarina más”, manifestó.
“Son áreas federales, pero dentro existe propiedad privada… simplemente yo tengo 22 comunidades dentro del Parque Nacional Cumbres.
“Ellos tienen derecho porque son propietarios, pero no pueden construir porque no hay plan de manejo”, dijo.
Adalberto Madero, alcalde de Monterrey, y Fernando Margáin, de San Pedro, se mostraron menos participativos en la reunión, pero en todo momento apoyaron la postura panista de exigir al gobierno de Nuevo León que libere el plan de manejo.