Monterrey, N.L.-
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que resuelva si el gobernador electo, Samuel García, merece una sanción directa por la triangulación de transferencias millonaria por parte de la familia.
Durante su campaña el entonces candidato a la gubernatura recibió de su madre Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, 11 millones 600 mil pesos; su hermana Silvia Catalina García Sepúlveda un millón 586 mil 500 pesos y su hermano Roberto Miguel 840 mil pesos.
Además, de 14 millones 26 mil 500 pesos y que implicaron a las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros SC., y SAGA Tierra y Bienes Inmuebles S.A. de C.V.
Tras la sesión que se llevó a cabo ayer miércoles 23 de septiembre, la magistrada Janine Otálora, se manifestó en contra de liberar de responsabilidades a Samuel García.
“En ninguna de las etapas se acreditó la participación directa del candidato en la triangulación de recursos y la responsabilidad fue exclusivamente de Movimiento Ciudadano, no coincido con la perspectiva ni la conclusión, toda vez que el agravio sí es fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada. Se advierte que el INE incurrió en falta de congruencia y de exhaustividad”, alegó Janine Otálora.
Ahora tendrá que ser el Consejo General, Órgano Central del INE, integrado por Consejeros Electorales y del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos Políticos quienes decidirán si el gobernador elector Samuel García será sancionado.