Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas y Javier Duarte Ochoa, exmandatario de Veracruz, ya se encuentran detenidos por las autoridades de Italia y Guatemala, respectivamente, las cuales los arrestaron a petición de los gobiernos mexicano y norteamericano. Hoy la duda entre los mexicanos es ¿quién sigue?
En menos de un mes la justicia mexicana mostró un rostro inédito para los ciudadanos, acostumbrados a sospechar de su eficacia: dos de los exgobernadores más buscados por la justicia, acusados de diversos actos de corrupción, fueron detenidos en el extranjero y están en proceso de ser extraditados.
Sin embargo, Tomás Yarrington y Javier Duarte no son los únicos exmandatarios que enfrentan la justicia, existen otros que no han sido detenidos por las autoridades.
Mientras su arresto se concreta, se ha sabido que el proceso de extradición de Tomás Yarrington Ruvalcaba podría prolongarse varios meses, luego de que el exgobernador de Tamaulipas se opuso a los dos pedidos de extradición en su contra.
Durante la primera audiencia en la Corte de Apelación en Florencia, el exmandatario se opuso a los procedimientos que México y Estados Unidos siguen en su contra para juzgarlo en sus territorios.
Autoridades mexicanas se reunieron con funcionarios italianos para dar seguimiento a los trámites de extradición. En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que el pasado 11 de abril, el Ministerio de Justicia de Italia notificó oficialmente, y de manera simultánea a México y a Estados Unidos, sobre la audiencia y determinación de la Corte de Apelaciones de Florencia sobre la legalidad de la detención del exmandatario.
“En virtud de la información obtenida sobre la localización de Yarrington vía intercambio policial con Italia, y aún cuando la notificación roja conforme al marco jurídico vigente en ese país, tiene fuerza de orden de aprehensión con fines de extradición, el gobierno de México, una vez satisfechos los requerimiento que establece el tratado bilateral en la materia, procedió a presentar vía diplomática la solicitud de detención provisional con fines de extradición, a través de la embajada de México en Italia, el día 11 de abril de 2017”, detalla el documento difundido por la PGR y la SRE.
Se informó que “la embajada de México en Italia realizó gestiones para obtener información de la ubicación de Tomás Yarrington para estar en posibilidad de realizar la visita consular que refiere la Convención de Viena”.
Marcello Viola, procurador general de Florencia, Italia, confirmó que el exmandatario estatal permanecerá recluido en la prisión de Sollicciano, medida tomada para evitar el riesgo de fuga.
Yarrington Ruvalcaba compareció con dos abogados elegidos por él, pero su identidad no fue dada a conocer.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la PGR informaron este miércoles que se encuentran trabajando juntos en la estrategia para juzgar a quien fuera gobernador de Tamaulipas de 1990 a 2004.
“La Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están trabajando conjuntamente las estrategias jurídicas, a fin de que Tomás Yarrington Ruvalcaba enfrente a la justicia de ambos países, de conformidad con la fuerte colaboración que existe en materia de procuración de justicia”, informaron ambas naciones en un breve comunicado.
En los próximos 60 días, las dos naciones que solicitan al imputado deben enviar la copia de las órdenes de aprehensión y la explicación de los hechos de los que se le acusa.
LA CREDENCIAL FALSA
El pasado 9 de abril, la policía de Florencia, Italia, detuvo a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba en un restaurante de la Piazza della Signoria.
El exgobernador negó su identidad y presentó identificaciones falsas, una de ellas era una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) a nombre de José Ángel Márquez Pérez.
En el padrón electoral no hay ningún registro con este nombre, por lo que es apócrifa, informó este miércoles la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza René Miranda Jaimes, al reportar que derivado de la revisión de la base de datos del padrón se constató que “no existe ningún registro con las características” mencionadas.
“Por lo tanto, se trataría de un documento falso” el que portaba Yarrington Ruvalcaba al momento de su detención, con el que negó su identidad y se presentó como Márquez Pérez, un hombre de negocios.
Se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, indagará si el exgobernador tamaulipeco cometió algún otro delito, como la usurpación de identidad, y verificará si se suma a su expediente el delito de falsificación de documentos oficiales.
Luigi Rinella, responsable de la sección especializada en narcóticos del Servicio Central Operativo (SCO), informó que el exgobernador estaba escondido desde hace tiempo con una identidad falsa en la sureña región italiana de Calabria.
Autoridades italianas investigan si recibió apoyo local o cometió algún delito en territorio italiano.
En particular, dijo, se indaga si mantuvo algún tipo de relación con el crimen organizado local, puesto que Calabria es territorio de origen de la Ndrangheta, la mafia calabresa considerada la que actualmente maneja el ingreso de cocaína en Europa.
El hombre de nacionalidad polaca que acompañaba a Yarrington Ruvalcaba al momento de su detención fue puesto en libertad y no se dio a conocer su identidad.
AMISTADES PELIGROSAS
Las investigaciones estadounidenses señalan que el exmandatario recibió sobornos para favorecer el trasiego de grandes cantidades de cocaína y marihuana a territorio estadounidense, con lo que ganó millones de pesos.
El expediente de Estados Unidos señala que entre 2007 y 2009, Yarrington Ruvalcaba se involucró en el contrabando de grandes cantidades de cocaína que salía del Puerto de Veracruz.
A la vez, Yarrington utilizó los programas de vivienda de interés social de la entidad para lavar dinero del narcotráfico.
De acuerdo con acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la red de lavado de dinero del narco incluyó a Pablo Zárate Juárez, exdirector del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, entidad encargada de apoyar a los residentes de bajos ingresos con programas de vivienda y financiamiento. Autoridades de justicia de Estados Unidos señalaron a Zárate Juárez porque durante la administración de Yarrington lavó dinero y cometió fraude bancario para blanquear los sobornos que recibía el exgobernador.
El gobierno estadounidense decomisó en 2015 un avión Pilatus Aircraft 2005, con matrícula N679PE, propiedad de Yarrington, adquirido mediante prestanombres y con dinero del narcotráfico.
Entre 2012 y 2013, los distritos Sur y Oeste de Texas acusaron al exmandatario y a Fernando Alejandro Cano Martínez, empresario dedicado a la construcción, por conspirar para cometer actos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude bancario.
CAE DUARTE
El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, afirmó que la extradición de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, podría ocurrir en un plazo de seis meses a un año.
Sin embargo, aclaró que si la defensa del exmandatario veracruzano no interpusiera algún recurso y se allanara el proceso, el tiempo se reduciría a tres meses.
“Ya tenemos a Duarte, ahora vamos por el dinero que se llevó de los veracruzanos. Vamos a hacer todo para la recuperación de estos activos”, dijo.
Aseguró que también irán por la red de cómplices y prestanombres que facilitaron el desfalco al gobierno de Veracruz.
“A partir de la detención, que fue con la solicitud que hizo México con fines de extradición, el día 15 de abril, empezaron a correr 60 días para que México, a través de la Cancillería, presente la solicitud formal de extradición”, explicó Beltrán.
Se inicia con una audiencia donde se le da a conocer la solicitud formal de extradición al reclamado, que en este caso es Javier Duarte, agregó en entrevista con Leonardo Curzio, en Enfoque Noticias.
A partir de ahí, continuó, se empieza toda una serie de procesos probatorios, que concluirán con una resolución del tribunal de Guatemala a cargo.
En ese momento, se pone el expediente a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, para su entrega.
“Este proceso lleva, aproximadamente, por la experiencia que se tiene en la Procuraduría General de la República, y por lo que nos ha comentado la fiscalía de Guatemala, podría llevar un periodo de seis meses a un año”, indicó.
En caso de que se allanara el proceso y el abogado no interpusiera recurso, se recortarían los plazos, comentó Beltrán.
“Nosotros calculamos que pudiera ser, aproximadamente, unos tres meses, pero habría que revisarlo”, apuntó.
Es importante señalar, continuó el funcionario de la PGR, que en principio debe presentarse la solicitud formal para que pueda proceder el allanamiento, lo que no ha ocurrido.
“Lo que se presentó fue la solicitud de detención provisional para fines. Sin esa solicitud ni esa orden que giró el mismo 15 de abril el Juez de Primera Instancia Penal en turno del Departamento Guatemala, no se hubiera podido lograr la detención de Javier Duarte”, aclaró.
Beltrán admitió que no tienen la certeza de cuánto tiempo tenía Duarte en Guatemala, pero de acuerdo con las investigaciones de autoridades mexicanas, coordinadas por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, suponen que pudiera estar en esa nación desde el 10 de noviembre, con algunas salidas a la zona.
“A partir de una detención que se hizo de una persona el 10 de noviembre en Tapachula, que llevaba dos pasaportes apócrifos, con fotografías que pudieran suponer que se refieren a Javier Duarte y su esposa Karime, fue que empezamos una línea de investigación de su posible localización, o que pudiera estar en Guatemala”, explicó.
Además, se lograron identificar a personas que lo apoyaban desde la ciudad de México y empresas que prestaban servicios de aviación privada, que pudieron facilitarle traslados en la región, añadió.
Los pasaportes falsos identificados en noviembre, asentó, están asegurados por la PGR, y en el momento que se acredite la comisión del delito, se procederá en consecuencia contra los responsables de su emisión.
Beltrán agregó que en el momento de su detención, Duarte no traía consigo ninguna identificación falsa.
NO VAN POR LA ESPOSA
Alejandro Jaimes, abogado de Javier Duarte, aseguró que la captura del exgobernador de Veracruz “no fue un acuerdo para dejar libre a Karime Macías”, esposa de Duarte.
“Las autoridades lo encontraron y detuvieron”, dijo.
Duarte fue detenido el 15 de abril en Guatemala. Luego de eso, la PGR aclaró que Karime Macías Tubilla, esposa del ahora detenido, no es perseguida por la justicia mexicana y puede andar libremente en el país y en cualquier territorio que desee.
Esta información fue confirmada por Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) en conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala.
El subprocurador aclaró que ni Macías Tubilla ni la familia cercana del exgobernador de Veracruz tienen órdenes de aprehensión.
SE LA PASABA ENCERRADO
Duarte de Ochoa pudo pasar inadvertido porque en el hotel La Riviera de Atitlán, en Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala, no es necesario identificarse para rentar una habitación, cuyo precio oscila entre los mil 700 y 2 mil pesos mexicanos por noche.
Se conoció que el lujoso hotel, ubicado en la Bahía de San Buenaventura, junto al lago Atitlán, es considerado uno de los más hermosos del mundo y cuenta con helipuerto, por lo cual también se tiene acceso vía aérea.
En noviembre de 2016, el entonces gobernador sustituto de Veracruz, Flavino Ríos, reconoció que él facilitó un helicóptero del gobierno del Estado a Duarte de Ochoa, antes de que un juez girara la orden de aprehensión en contra del exmandatario de la entidad.
No obstante, de acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional de Guatemala, se conoció que el político veracruzano pudo haber ingresado por tierra al país, de manera ilegal, y que también se transportó en aeronaves privadas.
Se dio a conocer que el exgobernador fue ubicado por la Policía Nacional de Guatemala desde el jueves por la noche en el lujoso hotel, pero por protocolo primero verificó su identidad.
Sin embargo, a pesar de que el hotel tiene una de las vistas más hermosas del país centroamericano, alberca al aire libre y podía navegar por el lago en kayak, Duarte de Ochoa siempre permaneció en su habitación.
“Pase el día en nuestra piscina ecológicamente climatizada, en los jacuzzis o saunas, disfrute de un día en el lago utilizando los kayaks o lanchas de pedales en la playa del Hotel La Riviera de Atitlán”, se lee en la publicidad de dicho centro vacacional.
Según información del diario matutino Publinews de Guatemala, en un reporte preliminar se precisa que hace cinco meses Duarte adquirió una suite del hotel, aunque se desconoce si lo hizo con una identidad falsa.
Esa versión no ha sido confirmada por autoridades mexicanas, quienes este domingo en conferencia de prensa dijeron que investigan al propietario de la suite donde se alojaba el exgobernador.
El hotel en el que se hospedaba se encuentra en una zona natural privilegiada por la belleza de los volcanes de Tolimán, Atitlán y San Pedro.
El lago de Atitlán es uno de los principales atractivos turísticos para visitantes extranjeros y nacionales; en Semana Santa es de los sitios más visitados, por lo que se presume que Duarte aprovechó el periodo vacacional para tratar de pasar como turista.