Algunos han logrado evadir el juicio popular y se han marchado sin señalamientos graves o por lo menos no tan graves como otros mandatarios.
En México, la demanda de justicia no es directamente proporcional a la aplicación de la misma contra gobernadores. Son muchos más los señalados que los llamados a cuentas.
Algunos han pisado la cárcel y siguen ahí, pero son los menos. Algunos otros han sido depuestos por ineficiencia en su desempeño; otros son prófugos de la justicia, y luego están los protegidos, los intocables, los que por alguna extraña razón, pese a severos cuestionamientos y acusaciones directas en su contra, gozan de cabal impunidad.
Dos de los que han sido encarcelados y siguen ahí son el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, acusado de sus negocios y vínculos directos con el crimen organizado.
Aunque se sabe que procede de una venganza política del ex presidente Ernesto Zedillo porque su favorita para que llegara la gubernatura era Addy Cecilia Joaquín Coldwell, en ese tiempo priista y panista desde 2005, hermana del ex secretario de Turismo y ex dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.
Addy fue bloqueada y llegó a la gubernatura de Quintana Roo un Joaquín, pero no de apellido, sino de nombre: Joaquín Hendricks Díaz.
Esa zancadilla al presidente jamás fue perdonada y fue cosa de azuzar a los sabuesos de la PGR para indagar sobre las maniobras que se gastaba el mandatario Villanueva Madrid.
Fue apresado e internado en Almoloya de Juárez, posteriormente extraditado a EU y ahora se encuentra recluido, muy enfermo, todavía con tres décadas por pagar en el encierro en una prisión-hospital en Lexington, Kentucky.
El otro gobernador encarcelado fue Andrés Granier Melo, de Tabasco. Acusado de defraudación fiscal, peculado y ejercicio indebido del poder público.
Sus abogados lograron salvarlo de la defraudación fiscal, pero por peculado de 2 mil 604 millones de pesos y otra acusación más por 169 mdp sigue purgando pena.
También logró librar el señalamiento por el delito de lavado de dinero por 35.3 millones de pesos hallados en sus cuentas y que, argumentaron, ya los tenía antes de iniciar su mandato.
Granier Melo se encuentra recluido desde mediados de 2013 en la Torre de Tepepan en la Ciudad de México, y esperando sea atendida su petición de traslado a un centro penitenciario de Tabasco para atenderse ahí de su deteriorado estado de salud.
Dos gobernadores depuestos recientemente han sido el de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y el de Michoacán, Fausto Vallejo.
Ambos con evidentes conflictos para controlar el tema de la seguridad en su entidad.
Los levantamientos de fuerzas armadas ciudadanas, grupos de insurgentes peleando en ambas entidades contra miembros del crimen organizado se les fue de las manos a ambos.
Fueron circunstancias diferentes, pero muy similares. Ambos fueron obligados a renunciar y tuvieron que dejar, contra su voluntad, el cargo.
Dicho sea de paso, la situación en ambos estados continúa incontrolable, pese a los esfuerzo del gobierno federal para desactivar a los grupos armados ciudadanos, encarcelando incluso al doctor José Manuel Mireles, cabeza de uno de los grupos de autodefensas ciudadanos, de Michoacán, que enfrentó al crimen organizado y las fuerzas federales lo apresaron “por delincuencia organizada, posesión de drogas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército”.
Algo para no creerse.
Mireles fue encarcelado, acusado de los delitos que cometen los grupos a los que intentó combatir y que continúan operando en esas entidades y en supuesta lucha contra la Marina Armada, el Ejército y las Fuerzas Federales.
LOS INTOCABLES…
Algunos gobernadores y ex gobernadores la han librado y han corrido con mejor suerte… hasta ahora.
Los tamaulipecos Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández han sido muy cuestionados por el manejo discrecional de recursos que ejercieron durante sus respectivos mandatos.
Ambos han sido señalados porque mantuvieron nexos con el crimen organizado.
Yarrington Ruvalcaba se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, pero la de Estados Unidos, que le atribuye convertirse en “un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”.
Las autoridades de EU intentan decomisarle un condominio en la Isla del Padre, de 450 mil dólares, y una propiedad de 186 hectáreas en San Antonio, ambos en el estado de Texas.
De acuerdo con las acusaciones del FBI y el Departamento del Tesoro de EU, Yarrington Ruvalcaba, quien ejerció como gobernador de 1999 a 2004, aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico, según los fiscales federales.
En México aún no se ha iniciado ningún cargo penal o investigación criminal en contra de Yarrington, pero la acusación de los fiscales federales estadounidenses indican que cuando fue funcionario público recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de varios esquemas de extorsión o soborno”.
El actual presidente Enrique Peña Nieto, en voz de su jefe de campaña, en su momento puso distancia de por medio con el ex gobernador.
“Como priistas hacemos la más enérgica condena y un deslinde claro y completo”, señaló el entonces coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray.
Eugenio Hernández, por su parte, también fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocultar operaciones de lavado de dinero y diversos sobornos obtenidos por parte del Cártel de los Zetas
Hernández, quien gobernó Tamaulipas entre 2005 y 2010, de ser encontrado culpable podría pasar hasta 25 años en prisión y tendría que pagar una multa de 750 mil dólares.
El juez Keneth Madigson libró la orden de aprehensión contra Hernández, quien se encuentra prófugo, al igual que Yarrington Ruvalcaba.
De acuerdo con la información de mayo de 2015, liberada por la Corte Federal del Sureste de Texas, los agentes de la DEA, el FBI y el cuerpo del alguaciles (marshalls) de EU trabajan en su búsqueda y potencial detención, además de intentar confiscarle cuatro propiedades con valor estimado en unos 2 millones de dólares, tres en McAllen y una en Austin, y depósitos bancarios por 30 millones de dólares.
EN VERACRUZ…
Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador del estado de Veracruz, durante su mandato entre 2004 y 2010 recibió muchos cuestionamientos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Herrera Beltrán en su momento, casi al final de su gestión fue fotografiado y cabalgando al lado de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, preso por narcotráfico en Estados Unidos, quien en diversas entrevistas admitió haber financiado las campañas políticas para gobernador de Javier Duarte de Ochoa, actual mandatario y sucesor de Herrera y también de Miguel Ángel Yunes Linares, ex diputado federal panista y actual aspirante a suceder a Duarte.
Pese a los señalamientos por la deuda de más de 11 mil millones de pesos que le heredó a Duarte, además de un estado convulsionado por el crimen y la violencia del narco, Herrera Beltrán –quien se pasó cuatro años en “la banca”– ahora es embajador de México en Barcelona, algo que se ha visto como una patente de protección a través del fuero diplomático.
Desde Barcelona, se asegura que “operó” la sucesión de su ex secretario de Finanzas y actual mandatario Javier Duarte. Pese a que Duarte pugnó incansablemente para que el sucesor fuera su ex secretario de Desarrollo y ex alcalde de Tuxpan Alberto Silva, hacia el interior del PRI se dio una revuelta intensa que desactivó esa posibilidad.
Herrera Beltrán habría pactado la designación del actual candidato del Tricolor, Héctor Yunes Landa, cediéndole la candidatura a cambio de inmunidad para su amigo y ex colaborador, Duarte de Ochoa… y si gana Yunes Landa, una posición en el gabinete para su hijo Javier Herrera Borunda, actual diputado federal por el PVEM.
JAVIER DUARTE DE OCHOA
Por mucho el gobernante más cuestionado de la historia de Veracruz.
Casi una veintena de periodistas han muerto durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa.
En el estado, son centenares de veracruzanos desaparecidos, muchos civiles y muchos más de alguna forma conectados con el crimen organizado. En diversas operaciones de secuestros, “levantones” y extorsión se han visto inmiscuidos policías municipales y estatales de corporaciones bajo su cargo.
Centenares o miles de estudiantes de la Universidad Veracruzana se han manifestado en las calles del Puerto y de Xalapa, por “el robo” de más de 2 mil millones de pesos que debieron ser entregados como parte de los recursos de la UV y que desaparecieron o fueron utilizados para otros fines.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, más de 35 mil millones de pesos que debieron ejercerse entre 2011 y 2014 para beneficio de los veracruzanos, “se esfumaron” de las arcas estatales.
Tan sólo en la revisión de la cuenta pública de 2014, al gobierno de la entidad se le hicieron observaciones por 14 mil 047 millones de pesos.
La Oposición en el Congreso de la Unión ha pedido la destitución inmediata para Duarte de Ochoa para iniciarle un juicio político.
Curiosamente, en el recinto legislativo los priistas no metieron las manos por el político cordobés.
“Es indignante que el gobernador solamente atine a decir que las acusaciones responden a los tiempos electorales, pero no explique a dónde van a parar los recursos públicos que se necesitan en Veracruz, porque nos queda claro que no se invierte en educación, ni en salud, mucho menos en seguridad”, dijo el diputado federal Enrique Cambranis Torres.
También comentó el legislador que Veracruz ocupa el segundo lugar entre los estados con el mayor número de personas en condición de pobreza, con un total de 4 millones 634 mil pobres, así como “el primer lugar en opacidad y malos manejos del dinero público”.
RODRIGO MEDINA
Si Javier Duarte compite para ser considerado el peor gobernador en la historia de Veracruz, Rodrigo Medina cabalga en caballo de hacienda, sin enemigo posible que le haga sombra, para acreditarse ese “galardón” en la historia política de la administración pública de Nuevo León.
A su salida, en octubre de 2015 se consideraba que habría dejado una deuda impagable e insostenible superior a los 65 mil millones de pesos; semanas más tarde, destapadas las cuentas, las cifras revelan que asciende a más de 100 mil millones de pesos la deuda estatal.
Medina ha sido cuestionado por proporcionar apoyos en estímulos fiscales por más de 4 mil millones de pesos a la empresa coreana KIA, para que se instalara en la entidad.
Fue señalado también por impulsar el proyecto Monterrey VI, que consta de un acueducto de 386 kilómetros para llevar agua a Monterrey desde el Río Pánuco, en Veracruz, y cuya construcción fue encargada a Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, una de las constructores favoritas de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el estado de México.
No sólo Higa participaría de la construcción, sino también alguna de sus empresas filiales y que en conjunto recibieron contratos por un monto de 24 mil 792 millones de pesos.
Medina también fue señalado por conflicto de intereses. Amigos y socios de su padre Humberto Medina Aínsle, como José Aguirre Campos, de la empresa Profezac, recibió mil 500 millones de pesos por el contrato de compactamiento de tierras donde se construyó la planta de la compañía coreana KIA Motors, en Pesquería, Nuevo León.
Su hermano Alejandro Medina de la Cruz encabeza el grupo junto al ex gobernador y su papá para fundar 12 empresas de bienes raíces que se dedicó a la venta de terrenos para erigir fraccionamientos residenciales completos en la zona de San Antonio, en el estado de Texas.
Medina y su familia fundaron los fraccionamientos Sundance Ranch y Clearwater Ranch, dedicados a la venta de mansiones y terrenos residenciales para construir.
El ex gobernador fue señalado por gastar unos 8 mil millones de pesos en su imagen y la de su gobierno, beneficiando a ciertos medios informativos y televisoras como Multimedios televisión, TV Azteca y Televisa Monterrey.
La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías a las cuentas públicas de Medina.
En la revisión de la cuenta pública correspondiente al 2014, ASF detectó al gobierno de Nuevo León irregularidades por mil 294 millones de pesos.
Las observaciones en el manejo de recursos federales de distintos fondos, subsidios y programas corresponden al penúltimo año de gobierno de Rodrigo Medina.
De acuerdo con el informe de la ASF, dado a conocer a mediados de febrero, el estado tiene observaciones pendientes por solventar del 2011 al 2013 por 2 mil 622.8 millones de pesos.
Se consideran, además, 314.4 millones de pesos por importe de sanciones, con lo que acumula irregularidades por 4 mil 231.2 millones de pesos.
HORA CERO documento mediante una investigación periodística en diciembre de 2015 los desvíos de recursos a través de empresas fantasmas para facturar publicidad oficial para revistas o publicaciones inexistentes por más de 57 millones de pesos, entre el periodo de Natividad González Parás y el de Medina.
Pese a que el actual gobierno de Jaime Rodríguez Calderón creó una fiscalía anticorrupción y una subprocuraduría investigadora anticorrupción, hasta ahora no se ha visto acción alguna contra algún ex funcionario de la administración medinista, ni contra él mismo.
Salvo los señalamientos de la ASF, no ha habido acción alguna que inquiete a Medina de la Cruz y su próspera familia, inmersa ahora en lucrativos negocios de bienes raíces en Texas.
HUMBERTO MOREIRA
El ex dirigente magisterial, ex gobernador y ex dirigente nacional del PRI recibió hace algunas semanas un buen susto.
Las autoridades españolas de la Fiscalía Anticorrupción apresaron el 15 de enero a Humberto Moreira, acusado de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal, y fue encerrado una semana en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Un juez de la Audiencia Nacional lo liberó al considerar que, de haber cometido esos delitos de los cuales se le acusan, los habría cometido en México y que la justicia española no tiene competencia para apresarlo.
Aunque fue liberado el 22 de enero y le fue devuelto su pasaporte, la justicia ibérica a través de la Fiscalía Anticorrupción le congeló sus cuentas bancarias y continúa con la investigación del ex mandatario coahuilense.
Moreira dejó en Coahuila una deuda de más de 38 mil millones de pesos.
Su secretario de Finanzas, Javier Villarreal, fue apresado por la DEA y se declaró culpable del delito de lavado de dinero; el ex gobernador sustituto de Moreira, Jorge Torres López, se encuentra en este momento prófugo de la Justicia, y la DEA y el FBI lo contempla entre los más buscados, acusado de conspiración para el lavado de dinero.
Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre los procesos judiciales contra el también ex aalcalde de Saltillo Torres López, y contra Javier Villarreal, sugieren que ambos fueron cómplices de Humberto Moreira en una supuesta transferencia de 35 millones de dólares a bancos de Bermudas y Texas.
Sin embargo, en México la PGR desechó alguna posibilidad de responsabilidad de Moreira.
A través de su titular Arely Gómez la PGR indicó que la resolución sobre la no acción penal en dicho proceso “quedó firme”, luego de que Moreira fue detenido y posteriormente liberado en España.
“Las investigaciones que tiene la Procuraduría General de la República señalando como inculpado a Humberto Moreira terminaron en ejercicios de la no acción penal que no fueron impugnadas”, determinó la procuradora.
ARTURO MONTIEL
Tío del presidente Enrique Peña Nieto, además de su padrino político, Arturo Montiel Rojas gobernó el Estado de México de 1999 a 2005 y heredó el cargo a su ex secretario de Finanzas y quien luego se convertiría en el actual Presidente de la República.
Montiel Rojas fue muy cuestionado por desvíos, despilfarro, sobreendeudamientos del estado y la opacidad en la asignación de obras.
Peña Nieto, ya siendo gobernador, vetó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sepultó cualquier intento de indagar sobre las cuentas e irregularidades cometidas durante la administración de su tío, padrino y antecesor, Montiel Rojas.
Durante meses, Arturo Montiel fue investigado por la supuesta posesión de una fortuna y propiedades en el extranjero adquiridas con recursos del erario.
Al final, al no encontrar pruebas, fue exonerado de enriquecimiento ilícito por las autoridades judiciales del Estado de México.
Sin embargo, el ex gobernador, quien pretendía buscar la presidencia por el PRI, declinó a la contienda después de que Roberto Madrazo —otro aspirante— dijo que tenía pruebas de que Montiel poseía propiedades millonarias en México, Francia y España.
Montiel Rojas podría ser apresado en Europa, dado que las autoridades francesas lo acusan del secuestro –sustracción ilegal– de sus tres hijos, que procreó con su ex esposa Maude Versini.
Aunque la Interpol lo tiene en la mira, debido a una notificación de parte de las autoridades galas, no está dentro de una “ficha roja” que determinaría que fuese apresado en cualquier país del mundo, y sólo podría ser detenido en Europa por ese delito.
GUILLERMO PADRÉS
Sabedor de que en cualquier momento puede ser llamado a rendir cuentas ante la justicia, el equipo de abogados del ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, ha gestionado por lo menos una decena de amparos casi contra cualquier autoridad judicial sea federal o de su entidad.
Padrés fue severamente señalado durante su administración por desviar agua del Río Sonora, hacia su rancho Pozo Nuevo de 3 mil 670 hectáreas, ubicado en el municipio de Bacanuchi, donde incluso construyó su presa particular alimentada con aguas nacionales y maquinaria del gobierno del estado.
Existen evidencias de investigaciones por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación la realiza la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Además sobre el mandatario pesa una averiguación y demandas judiciales de parte de la procuraduría estatal de Sonora contra Padrés, sus hermanos y su esposa Iveth Dagnino, por sustracción, tráfico y venta de bebés recién nacidos, que estaban bajo custodia del DIF estatal.
Se sabe de por lo menos 300 operaciones de “venta” de bebés realizadas por toda una red de operaciones en el tráfico de infantes y en las cuales están directamente involucrados Padrés y su esposa Iveth.
Además el cuñado de Padrés, hermano de su esposa, José Dagnino Acuña está siendo investigado por acopio de armas de grueso calibre, de uso exclusivo del Ejército.
——
Todos los funcionarios y ex funcionarios, excepto Padrés, son priistas.
Y en el caso de Nuevo León, la investigación para que rinda cuentas se encuentra bajo autoridades judiciales de un gobierno independiente que preside Jaime Rodríguez Calderón. En tanto, en Sonora la actual mandataria Claudia Pavlovich es de extracción priista, por eso se podría pensar que le ley ahí sí actuará en contra de Padrés.
En el resto de los casos, las circunstancias indican que algunos se mantendrán impunes y el tiempo podría dejar paso al olvido.
Otros casos
:: El ex gobernador de extracción panista, Armando Reynoso Femat, fue detenido en diciembre de 2015, acusado de peculado.
Reynoso Femat fue sentenciado a dos años de prisión por haber causado daño al patrimonio estatal de 16 millones de pesos, al vender un terreno en 3 mdp y cuyo valor real era de 19 mdp.
:: En mayo de 2014 fue encarcelado el ex mandatario de Michoacán Jesús Reyna García, acusado de narcotráfico, extorsión y asociación delictuosa.
Reyna García fue acusado de brindar protección al Cártel de los Caballeros Templarios, en esa entidad.
:: La PGR mantiene abierto una averiguación en contra del actual gobernador del estado de Chihuahua César Duarte, acusado de peculado y enriquecimiento ilícito. Al mandatario chihuahuense se le acusa de desviar 65 millones de pesos del erario para crear el Banco de Chihuahua.
:: El ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez, del PRD, fue acusado de peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero y resultó absuelto en 2012.
:: Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador del PRD de Baja California Sur, fue encarcelado en mayo de 2012; tras dos años preso, fue absuelto del delito de peculado por un juzgado local.
:: El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, estuvo preso entre junio de 2011 y noviembre de 2012, lo acusaron de desviar 104 millones de pesos, pero fue absuelto por la procuraduría chiapaneca.
:: Óscar Espinosa Villarreal, ex jefe del departamento del Distrito Federal, fue acusado de desviar 420 millones de pesos.
Fue detenido en Nicaragua, y tiempo después, absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
:: Dante Delgado Rannauro, ex gobernador sustituto de Veracruz entre 1986-1992, fue encarcelado por desvió 450 millones de pesos, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Luego de tres meses encarcelado, fue liberado por prescripción de los delitos.