Los recientes casos de #LadyLencería y un empleado de la Presidencia de la República utilizando las instalaciones del Palacio Nacional de manera personal, han desnudado la pobre seguridad que existe en el recinto y el nivel de impunidad que hay en ese nivel de gobierno.
Hace unos días por medio de las redes sociales se informó que una modelo de lencería identificada como Katy Vega, compartió la sesión de fotos que se tomó en el interior de uno de los salones de Palacio Nacional.
La joven, que ahora es conocida como #LadyLencería, mostró dos fotografías de ella con los atrevidos atuendos en el interior de la Capilla de la Emperatriz, un recinto del siglo XVIII que funge en ocasiones como sala de conciertos.
Este lugar es la sede de la Biblioteca del Fondo Histórico Antonio Ortiz Mena, donde se guardan manuscritos con firmas de exsecretarios de Hacienda, libros de cuentas del Tesoro federal y del Presupuesto de Egresos.
Se desconoce cómo esta modelo logró pasar los filtros de seguridad en el recinto donde se encuentran las oficinas del presidente de la República.
La joven es modelo de fajas y presume en sus redes sociales que participa en programas de televisión como edecán.
Como ya se dijo, esta no es la primera vez que alguien supera los filtros de seguridad para realizar alguna actividad lúdica, esto ya sucedió en el pasado concierto de Roger Waters en el Zócalo, cuando Juan Humberto Rojo Molina, integrante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y sus amigos usaron el techo del recinto como palco para ver el concierto.
Los hechos sucedieron el pasado primero de octubre cuando el director de área de la Presidencia y otras cuatro personas usaron el techo del Palacio Nacional como balcón para ver el concierto del músico inglés.
Una serie de fotografías enviadas a la plataforma de Méxicoleaks y otras que se encuentran en el perfil público de Facebook de Rojo dejan constancia de que él y sus amigos se tomaron fotos con flash y hasta fumaron en el techo del edificio sin que nadie les dijera nada.
Tras conocerse los hechos, se supo que Rojo forma parte del Comité de Ética de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y tiene un sueldo cercano a los 70 mil pesos mensuales.
Días después de que surgiera el escándalo, se informó que Rojo Molina había presentado su renuncia al cargo, pero no se dio a conocer si fue objeto de alguna sanción administrativa por sus actos.