MÉXICO.- La alerta roja que organismos financieros nacionales e internacionales lanzaron desde hace un año respecto al preocupante endeudamiento público que enfrentaban algunos municipios y estados, tiene ahora en el banquillo de los acusados al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, investigado por la justicia mexicana por endeudar a la entidad en casi 33 mil millones de pesos bajo torcidas operaciones fiscales.
Por estos hechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso una denuncia penal por falsificación de documentos y fraude genérico contra “quienes resulten responsables”, la cual, hasta noviembre pasado había llevado a prisión a dos ex colaboradores cercanos, y a Moreira Valdés fuera de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esperada ya desde hace unos meses, la renuncia de Moreira a la dirigencia nacional del tricolor finalmente se dio el 2 de diciembre, tres días después del registro oficial de Peña Nieto. Sin embargo, sus adversarios políticos del PAN ahora exigen que se llegue hasta sus últimas consecuencias, no sólo en el caso de Moreira, sino también de otros ex gobernadores priistas que concluyeron su mandato en 2010 o principios de 2011 y que dejaron comprometidos los recursos públicos durante los próximos 20, 30 y hasta 40 años.
Coahuila no es el único caso de endeudamiento preocupante, Quintana Roo también ha seguido el mismo camino. De acuerdo con cifras de la SHCP, la deuda del estado pináculo del turismo nacional creció de 2009 a 2011 en 161.5 por ciento.
De hecho, en el último año del gobierno de Félix González Canto fue adquirido un nuevo crédito por 2 mil 600 millones de pesos para colocar la deuda pública total en 10 mil 700 millones de pesos. Este nuevo crédito se contrató a corto plazo y se debía pagar en noviembre pasado, pero como en las arcas estatales no había dinero para cumplir con el compromiso, el nuevo gobierno de Roberto Borge Angulo se vio obligado a contratar una reestructuración que disparó la deuda de Quintana Roo a casi 22 mil millones de pesos.
Cifras oficiales de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, indican que la deuda pública total de los municipios y estados ascendía, hasta marzo pasado, a 315 mil millones de pesos, 12 por ciento de los cuales –36 mil millones de pesos– corresponde a municipios y el resto a los estados.
De las 32 entidades federativas del país, sólo 12 –Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Baja California– concentran el 76.3 por ciento del saldo total de las obligaciones financieras, es decir, la cantidad de 240 mil 141 millones de pesos.
El caso de Coahuila es alarmante porque en 2004, cuando Moreira asumió la gubernatura, tenía una deuda pública de 273 millones de pesos y, en 2011, esa deuda se ha disparado a casi 37 mil millones de pesos, según los datos más actualizados. Pero las otras entidades no se quedan atrás. En Quintana Roo, para 2005 en que Félix González Canto tomó posesión del cargo, la deuda pública era de mil 500 millones de pesos, y hoy, ésta se aproxima a los 22 mil millones de pesos con la reciente reestructuración que aprobó el nuevo gobierno.
En Nuevo León, al cierre de 2009, el ex gobernador José Natividad González Parás dejó las arcas municipales con compromisos fiscales por más de 27 mil millones de pesos, monto 193 por ciento superior al que había en 2004 cuando empezó su gestión. Y en septiembre de 2010, cuando José Reyes Baeza Terrazas dejó la gubernatura de Chihuahua, la deuda pública del estado había llegado a 13 mil 261 millones de pesos, que en términos nominales es 869 por ciento superior a la que tenía en 2004.
En cuanto a Sonora, el ex gobernador Eduardo Bours Castelo dejó pasivos por 11 mil 258 millones de pesos que implicó un incremento de 107 por ciento respecto a la deuda que recibió en 2004. En el caso de Tamaulipas, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, quien concluyó su periodo el 31 de diciembre de 2010, dejó pasivos financieros por 9 mil 165 millones de pesos, es decir, 580 por ciento mayor de lo que heredó al cierre de 2004. Y en Veracruz, también a finales de 2010 cuando Fidel Herrera Beltrán dejó la silla, la deuda reportada era de 9 mil 289 millones de pesos, 163 por ciento superior a la que había en 2004.
TRAGEDIAS GRIEGAS
En abril de 2011, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, el panista Ramón Galindo Noriega, advirtió que la deuda de estados y municipios es “una bomba de tiempo” porque los gobiernos están en bancarrota.
“Esto no se puede atender sólo con parches superficiales, respiros momentáneos, que no resuelvan el problema de fondo y que por el contrario a la vuelta de unos años estemos en el mismo problema o peor”, destacó.
El senador por Chihuahua adelantó que ya se había iniciado la investigación sobre los datos de la deuda de los estados y que se habían encontrado situaciones espeluznantes, pues además de los 315 mil millones en que entonces se situaba la deuda global de municipios y estados, se había encontrado con que 150 mil millones de pesos más se habían ejercido de forma encubierta u oculta por parte de los estados, “no está registrada o al menos no está expuesta para el público o para sus propios congresos”.
Aunque 315 mil millones de pesos representan apenas el 2.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México, la deuda alcanza ya el 56 por ciento del total de los ingresos anuales de los estados, en 2007 esta deuda rozaba apenas el 41 por ciento.
Para dimensionar qué tanto quedaron comprometidos los recursos públicos de los gobiernos deudores, el senador panista por Chihuahua añadió que el saldo de las obligaciones financieras subnacionales registrado en 2010 representaba el 72 por ciento de los recursos que el gobierno federal les transfirió por medio del Fondo General de Participaciones (esto es, 437 mil 334 millones de pesos) y el 92 por ciento de lo que se pagó por el concepto de pensiones (es decir, 343 mil 350 millones de pesos).
Esta situación ha ocasionado que los límites presupuestales se estrechen cada vez más y ha generado un temor de la SHCP –con toda razón– de que algunos estados caigan en la morosidad al no cumplir con los pagos, pues las deudas son a corto plazo y sus ingresos resultan inferiores a sus gastos, como lo que ha estado pasando en Grecia e Italia y que han hecho cimbrar a la Unión Europea.
ZACATECAS, TAMBIÉN
En poco más de un año, el priista Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, multiplicó cerca de ocho veces la deuda de la entidad.
La anterior administración, encabezada por la perredista Amalia García, dejó al estado con una deuda de 718 millones de pesos, en septiembre de 2010. En diciembre de 2011, el saldo era de cinco mil 261 millones. Esta cifra supera, en más de 200 millones, la que aprobó el Congreso local. Además, el gobernador busca contratar otros mil 372 millones.
La actual administración ya no tiene para pagar a sus proveedores ni la segunda parte del aguinaldo.
Otro gobierno priista con malos manejos financieros. Con una fuerte crisis de liquidez que busca sanear con más deuda y apoyo de la Secretaría de Hacienda para cubrir la segunda parte del aguinaldo y las prestaciones que se paga a los maestros, Zacatecas, gobernada por el priista Miguel Alonso Reyes, se suma a los estados que están haciendo “agua” por su elevado endeudamiento, la falta de transparencia en la administración de gasto y la ausencia de una política fiscal equilibrada.
Información hacendaria preliminar muestra que el saldo de la deuda pura de Zacatecas estimada al 31 de diciembre de 2011 es de cinco mil 261 millones de pesos, de la cual 99.6 por ciento corresponde a pasivos del estado y los restantes 20 millones de pesos a gobiernos y organismos municipales.
Dicho saldo indica que la administración de Miguel Alonso Reyes incrementó entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 en 805 por ciento la deuda pública estatal, incluyendo la de sus organismos.
Al cierre de la administración anterior, la deuda del estado era de 718 millones de pesos.
De hecho, el mayor monto de endeudamiento se contrajo el año pasado, pues según información de la Secretaría de Hacienda al cierre de marzo la deuda total, incluyendo corto plazo, era de mil 754 millones de pesos, pero al sumar los recursos del empréstito aprobado por la Legislatura en junio pasado, por casi 5 mil millones de pesos, la deuda se dispara exponencialmente.
DEPENDENCIA FEDERAL
Zacatecas depende en 96 por ciento de las participaciones federales, y pese a la debilidad estructural de sus finanzas decidieron, como otros gobiernos, sumarse a la decisión de eliminar el pago de la tenencia a partir de este año, y mantener sólo un pago de entre 600 y 750 pesos para el refrendo de placas.
El año pasado, la tenencia se hizo estatal y se legisló para exentar a los vehículos cuyo valor factura sea inferior a 200 mil pesos, aunque se sujeta la exención a que el contribuyente esté al corriente del pago de su predial y agua potable, como también sucedió en otras entidades de la República.
El problema es que no tienen capacidad institucional para verificar el cumplimiento oportuno de los pagos de los contribuyentes, lo que es un factor importante a seguir.
Pese a todo, el secretario de Finanzas, Alejandro Tello Cristerna, informó la semana pasada que el gobierno dispuso de los recursos del empréstito en las tres instituciones bancarias para iniciar la ejecución del programa de obras, porque ya tienen los recursos, y que sólo se está a la espera de las licitaciones por parte de la Secretaría de Obras Públicas y que Oficialía Mayor haga las adquisiciones en materia de seguridad pública.
De hecho, la autorización legislativa apoyada en el mayoritario voto del PRI autorizó el 6 de julio de 2011, según se observa en el decreto 206 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, que la administración contratara créditos por 4 mil 898 millones de pesos, sin considerar gastos de comisiones y accesorios financieros.
SIN AGUINALDO
El viernes pasado, el gobernador Miguel Alonso Reyes y su secretario de Finanzas, Alejandro Tello Cirsterna, se reunieron con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, para pedir que les entreguen 180 millones de pesos del Programa de Desarrollo Rural Sustentable, para el pago de la segunda parte del aguinaldo y las prestaciones que se liquidan en enero a los maestros.
Esta petición la realizan mientras negocian un crédito por mil 372 millones de pesos con tres bancos (Banobras, Banorte y Bancomer) para cubrir los impagos de deuda de corto plazo que vencieron al cierre de septiembre por 571 millones de pesos, y salir de los problemas de liquidez que tienen parado lo mismo el pago a proveedores que a sus burócratas.
Vale recordar que en diciembre de 2010 el gobernador de Zacatecas y el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, acordaron un apoyo al estado por mil 300 millones de pesos.
De esa ocasión quedó pendiente un pago federal por 600 millones de pesos y el estado pidió prestado para salir al paso, pues de otra manera sumaría problemas financieros.
Tello ya había comentado que era lamentable que los presupuestos de instituciones y municipios se encuentren muy dañados.
“Tienen muchos adeudos heredados, nóminas obesas, año con año requieren de recursos extraordinarios o de comprometer otras partidas para el pago de aguinaldos”, consideró.
Si las autoridades estatales no consiguen el dinero, la administración deberá endeudarse de nueva cuenta para poder cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.