La espiral de violencia no cesa en la entidad y por el contrario se diversifica: el miedo ya no sólo intimida a los colonos de las zonas conflictivas o marginadas, ahora también golpea a la población que anteriormente parecía tener “blindaje”, como la clase política.
El reciente plagio y posterior asesinato del ex diputado local, Hernán Antonio Belden Elizondo, llegó para evidenciar que en esta atmósfera de inseguridad nadie es inmune.
El mensaje es claro: la inseguridad no respeta edad, género, raza ni posición social y en Nuevo León el panorame se vislumbra oscuro.
De acuerdo al màs reciente reporte de Lantia Consultores, en agosto Nuevo Leòn fue la tercera entidad con el mayor nùmero de homicidios dolos con 69, mientras que su capital Monterrey fue calificado como el segundo municipio con más muertes al sumar 46, sólo detrás de Acapulco.
De 2010 a la fecha, los delitos han tenido un incremento en la entidad, en especial los del fuero federal. Esta situación ha orillado a que organismos civiles, empresariales y políticos le exigan al gobernador del Estado, Rodrigo Medina, ponga un alto a los índices de violencia.
Tal es el caso de Sandra Pámanes, dirigenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quien tras la muerte del ex legislador y empresario Belden Elizondo lanzó fuertes críticas al gobierno de Rodrigo Medina y le pidió que “asuma su parte en la historia”.
“Todo ha sucedido en sus tres años de Gobierno (de Rodrigo Medina). ¿Coincidencia? No, se llama incapacidad. La sociedad nuevoleonesa se lo ha dicho en diferente formas. El mensaje en Nuevo León de la sociedad es que no está de acuerdo en la forma en la que usted y sólo usted ha pretendido gobernar nuestro estado”, dijo.
“Hoy no sólo levantamos la voz para exigirle que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de tan lamentable suceso, le exigimos que asuma su parte en la historia por el lamentable lugar en la que nos mantiene como estado y se responsabilice por ello”, agregó.
Por su parte, diputados federales panistas lanzaron un ultimátum a Medina de la Cruz para que en un plazo determinado presentara un plan para acabar con la violencia en la entidad o de lo contario analizarían la posibilidad de interponer un jucio político en su contra e incluso solicitar su renuncia.
“No podemos tolerar un asesinato más, por ello, pedimos que salga y nos dé la cara y que en un término no mayor a 48 horas nos diga qué va a hacer usted para terminar la criminalidad de Nuevo León. Licenciado Medina, Nuevo León necesita un gobernador”, mencionó el legislador Arturo Salinas.
A mediados de año, la Iniciativa Privada (IP) ya había advertido un aumento en la escalada de violencia en la entidad, dado que la atención de los tres niveles de gobierno se estaba enfocado a los comicios electorales y no a resolver la inseguridad.
“Es importante advertir que la situación de inseguridad que vivimos hoy contra la de hace un año es mejor, en todo sentido, números e indicadores; pero es peor de como cerramos en el 2011, esto significa que estamos volviendo a caer”, indicó Guillermo Dillón, director de Caintra.
Y aunque en sus discursos los panistas acusaron al Gobierno priista de ser el único responsable de la inseguridad, los hechos recientes han demostrado que la violencia se pinta de cualquier color.
Y es que al homicidio del ex funcionario albiazul de Nuevo León se le suman las muertes violentas de los priistas Eduardo Enrique Castro Luque y Jaime Serrano Cedillo, diputado local electo de Sonora y legislador actual del Estado de México, respectivamente.
POLÍTICOS VULNERADOS
El homicio de Hernán Belden no es un caso aislado en la entidad. La clase política y sus allegados han sido los nuevos “blancos” de la delincuencia organizada.
El 18 de agosto de 2010, los titulares de los medios de comuniación informaron que el cuerpo de Edelmiro Cavazos, entonces alcalde de Santiago, fue encontrado sin vida en el kilómetro 6.9 de la carretera que lleva al pareje “Cola de Caballo”.
El 1 de agosto de 2011, Katia Cavazos Cavazos, sobrina de la secretaria de Desarrollo Social del Estado, Juana Aurora Cavazos, fue encontrada mutilada.
El 10 de mayo de 2012 los cuñados del dirigente estatal del PRI, Sergio Alanís Marroquín, fueron localizados en la cajuela de un automóvil, en el municipio de Montemorelos. Raúl Sergio y Fortino de la Garza habían sido secuestrados días atrás.
El 16 de mayo de 2012 el cuerpo de Luis Villalón, medio hermano de la ex candidata a la alcaldía de Santiago, Marible Villalón, fue encontrado en una cajuela de un auto, abandonado en la Carretera Nacional, luego de haber sido privado de la vida con armas de fuego.
El 4 de julio de 2012, apenas tres días después de los comicios electorales, los restos del regidor perredista de Juárez, Tomás Betancourt Gaytán, fueron localizados en Cadereyta.
El 7 de septiembre Bernardo Garza Fernández, sobrino del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández y Sebastián Odriozola Canales, sobrino del ex gobernador, Fernando Canales, fueron privados de su libertad junto al ex director de Alcoholes de Monterrey, David Villarreal Fernández. Los primeros dos fueron liberados, pero el tercero no corrió con la misma suerte y cinco días después su cuerpo apareció en un canal de desagüe.
CIFRAS DESALENTADORAS
De acuerdo al reciente informe del “Semáforo del Delito”, herramienta que evalúa el nivel de gravedad de 10 delitos en la entidad, durante el mes de agosto en Nuevo León seis ilícitos alcanzaron el color rojo, lo que significa que superaron el promedio histórico mensual; uno amarillo, que se traduce a una reducción menor al 25 por ciento y tres verde, una baja de 25 por ciento o más respecto al promedio mensual.
Los homicidios fueron uno de los delitos que registraron el mayor aumento, 89 por ciento, al pasar de 88 en julio a 166 en agosto. El mismo fenómeno lo sufrieron el robo a persona, robo a banco, violencia familiar, lesiones y violación.
El robo a casa sufrió una ligera reducción, mientras que el robo a negocio, robo de auto y “cristalazos” se minimizaron más de 25 por ciento.
Los números rojos llegaron incluso a San Pedro Garza García, municipio considerado por su alcalde, Mauricio Fernández, como “blindado”, dados sus bajos índices delictivos.
Su territorio se vio vulnerado en cinco aspectos y mostró mejoría en cinco más; sin embargo, los hechos recientes que han tenido como escenario este municipio, el más rico de México, orilló a que líderes de la IP fueran contundentes al mencionar que “el blindaje de San Pedro no existe”.
“Es necesario dejar de ver a San Pedro como blindado y más bien hay que tratarlo como un municipio igual de necesitado de medidas de fondo que el resto de los municipios”, señaló Miguel Treviño de Hoyos de Ccinlac.
Como consecuencia de esta estadísticas el 23 de septiembre, un grupo de alrededor de 300 personas “tomaron” la avenida Calzada del Valle para manifestarse en contra de la violencia, dentro de la marcha denominada “Marcha por la Paz en México”.
Y es que sólo basta con hojear un periódico o esuchar un noticiero para comprobar que la espiral de violencia crece en la entidad y que ya nadie está exento.