El 11 de enero de 2011 hombres armados irrumpieron en la casa de la familia Rivera Hidalgo en San Nicolás y arrasaron con todo.
Portaban chalecos del municipio de Escobedo. Con gritos aseguraron que en el domicilio se vendía droga y que el gobierno los había mandado “para limpiar las calles”.
Los intrusos se llevaron dos camionetas, pertenencias de la familia y a Roy Rivera Hidalgo, el hijo mayor del matrimonio, de entonces 18 años de edad.
Desde ese día, el espíritu de su madre, Leticia Hidalgo, quedó resquebrajado: el dolor se apoderó de su alma, pero el anhelo de reencontrarse con su hijo la ha mantenido de pie a lo largo de ocho pesados años.
Han sido días interminables de búsqueda, de trabajas administrativas, de excusas, de desánimo, pero también jornadas de solidaridad y de inspiración para otros padres de familia que comparten su mismo dolor.
La tragedia unió a Lety, como la llaman de cariño, a otros padres y madres en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León (FUNDENL), que desde hace años lucha por dar con el paradero de cientos de víctimas de desaparición forzada en la entidad.
El camino ha sido espinoso, pero hoy, después de mucho tiempo, por fin una luz tenue se vislumbra en el panorama sombrío.
Y es que, a más de un año de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el 31 de mayo el gobierno de Nuevo León suscribió un convenio junto a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, para destinar 22 millones de pesos en 2019 a dicho organismo.
Para los cientos de familias que buscan a sus seres queridos, la acción representó una pizca de voluntad política, en una lucha en la que generalmente encontraban poca empatía de las autoridades.
“Vemos voluntad en este gobierno federal actual, eso es lo que vemos. Ya veremos que lo apliquen y estaremos muy de cerca para que realmente sea aplicado en donde tenga que aplicarse y sin las familias no. Que nos incluyan en todos los procesos que se tengan que hacer”, sentenció Leticia Hidalgo.
Pero no se trata sólo de voluntad política, la llegada de recursos públicos para la Comisión también responde a una exigencia constate de las familias que se grita desde incluso antes de la creación de organismo en abril de 2018.
“Sí, realmente sí (es un aliciente la llegada de recursos). Estamos en este camino que hemos estado sembrando la esperanza, ahorita quizás ya estamos cosechando uno de los productos de nuestra siempre: tener dinero para buscar y que ya no haya pretexto.
“Es uno de los productos que esperamos ver materializado. Hoy se firmó el convenio, que es uno de los productos por lo que hemos luchado tanto las familias y ya no hay pretexto para que salgan a buscarlos y a encontrarlos porque todavía a un año del nombramiento de la Comisión Local de Búsqueda decían que no podían hacer nada porque no tenían dinero. Ya lo tienen, ya no hay pretextos.
“Esto es le producto de la lucha, que lamentablemente se está volviendo eterna, de las familias con personas desaparecidas”, dijo la madre de Roy.
De acuerdos a datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de 2006 a diciembre de 2018 se tienen registrados en Nuevo León más de tres mil personas desaparecidas, pero para Leticia Hidalgo el número podría ser más del doble si se contempla a todos aquellos que no han sido denunciados.
“Entonces, estamos buscando que sea realidad una unidad completa de análisis de contexto. Estamos hablando de miles de personas desaparecidas en Nuevo León con denuncia, sin denuncia habrá miles más, quizás el doble”, expresó la activista.
Por tal, del presupuesto asignado -11 millones federales y 11 millones estatales- las familias de víctimas de desaparición forzada buscarán que se cree una unidad de análisis de contexto real porque la existente en la Procuraduría de Personas Desaparecidas es insuficiente al contar solo con una computadora y una persona.
“Se necesita de mucha tecnología y personas que se contraten con la capacitación debida para la búsqueda personas con y sin vida. Nosotros estamos buscando mucho que se haga real una unidad de análisis de contexto porque la hemos solicitado y la concedieron a la Procuraduría de Personas Desaparecidas pero solo con una persona y una computadora, que es totalmente ineficiente”, dijo la madre de Roy.
Acorde a la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, María de la Luz Balderas Rodríguez, el subsidio otorgado por la federación servirá para dotar al organismo de equipo tecnológico como computadoras, georadares, drones y cámaras de visión profunda mientas que el presupuesto estatal se usará para la contratación de personal capacitado.
En sus palabras, aunque apenas se conformará la comisión, durante este año se ha atenido a las familias y se dará seguimiento a las acciones de búsqueda.
“Hay un proyecto ejecutivo que se realizó para poder equipar a la comisión. La comisión no tiene recursos, nació sin recursos. Se va a equipar con equipo tecnológico para buscar en el campo y con vehículos para podernos mover e ir a los lugares en donde se tiene conocimiento de que pudieran existir personas”, dijo Balderas Rodríguez.
En la entidad, aseguró, existen cerca de 30 lugares clandestinos en donde podrían estar los restos de algunos desparecidos.
Por tal razón, la activista y madre, Leticia Hidalgo, exhortó a la sociedad a dar información de donde se hayan percatado de que existieron actividades criminales y en donde presumiblemente se puedan encontrar algunas víctimas.
“Siempre un llamado a la sociedad. Si alguien sabe de lugares en donde hubo actividad criminal que nos lo hagan saber de nuestra página de Facebook que es FUNDENL o en nuestra página www.fundenl.org. Sí necesitamos que nos digan en donde hubieron actividades criminales y que se pueda presumir que los podemos encontrar que es lo único que esperamos nosotros”, puntualizó Lety.
FIRMAN CONVENIO
Con un subsidio federal y estatal de 22 millones de pesos en 2019, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Nuevo León finalmente podría operar en la entidad.
La firma del convenio se llevó a cabo el 31 de mayo en el Patio Central del Palacio de Gobierno, en donde el mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, suscribió el acuerdo junto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
El presupuesto para la comisión, que busca agilizar las labores de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, está compuesta en partes iguales por Estado y Federación: 11 millones de pesos cada uno.
El convenio se firmó en el marco de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En su discurso, Sánchez Cordero, señaló que dar con el paradero de las personas desaparecidas en la prioridad número uno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Que las y los desaparecidos son prioridad. A lo largo del país las familias han vivido la violencia en carne propia. Han sufrido el inmenso dolor de la incertidumbre.
“Como madre y abuela que soy, comprendo su dolor. Sé lo que significa este dolor por sus hijos”, dijo la Secretaria.
La funcionaria federal se congratuló en que el gobierno estatal se haya comprometido a la causa y que haya destinado la misma cantidad de subsidio que el gobierno federal, a pesar de que los lineamientos solo le exigen el 10 por ciento del presupuesto que envía el Ejecutivo Federal.
Por su parte, “El Bronco” sentenció que el apoyo económico para la comisión será ilimitado por parte del Estado.
En la firma del convenio estuvieron presentes familiares de las víctimas de desaparición forzada, así como funcionarios estatales y federales.