En el municipio de Pesquería, a 30 kilómetros de Monterrey, 19 trabajadores de la construcción fueron privados ilegalmente de la libertad a finales del mes de mayo y hasta el cierre de esta edición siguen desaparecidos.
Durante la primera semana de junio, el grupo antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones liberó a un empresario en Monterrey y capturó a la banda que lo había plagiado, la cual planeaba pedir 10 millones de pesos de rescate.
El día 13 del mismo mes, la propietaria de una ferretería fue liberada por la policía del municipio de García. Sus secuestradores planeaban pedir un millón de pesos a cambio de su libertad, pero la dejaron ir al sentirse cercados por las autoridades.
La policía estatal liberó ese mismo día a un niño de 6 años secuestrado en el municipio de San Pedro y detuvo a un joven de 18 años, ex trabajador ligado a la familia, quien pedía 160 mil pesos a sus padres por dejarlos ver nuevamente a su hijo.
Habitantes del fraccionamiento Los Cantú, en Escobedo, solicitaron a las autoridades municipales el permiso para colocar una barda perimetral en toda la colonia, con la intención de “blindarla” contra los robos y secuestros que han sufrido.
Con excepción de los 18 albañiles y un ingeniero que fueron secuestrados en Pesquería para presionar a la constructora GEO a pagar una extorsión mensual, el resto de los delitos se realizó para obtener dinero de los familiares de las víctimas.
Además de la ola de violencia que vive el país, y particularmente Nuevo León -el pasado 15 de junio se alcanzó la cifra récord de 33 ejecuciones en menos de 24 horas-, la impunidad que esto genera se vuelve caldo de cultivo para otro tipo de ilíctos.
NUEVO LEÓN, NÚMERO 9 EN SECUESTROS
Algunas organizaciones criminales dedicadas al trasiego de narcóticos o indocumentados utilizan el secuestro como forma alternativa de allegarse recursos pero también existen bandas dedicadas exclusivamente a esta actividad, que en apariencia resulta menos arriesgada y más lucrativa.
Las cifras son contundentes: Nuevo León escaló 10 lugares entre las entidades con mayor registro de secuestros en este año, ubicándose en el número 9, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los números de la dependencia gubernamental se basan en el periodo enero-junio de 2011 y se comparan con el mismo lapso del año 2010.
Con 23 denuncias hasta el 14 junio de 2011, este delito en Nuevo León subió un 22 % respecto a todo el 2010, superando a entidades como Guerrero o el Distrito Federal, que solían mostrar mayor incidencia en este renglón.
Este número de denuncias representa un récord para la entidad en los últimos 14 años, de acuerdo a las cifras publicadas por la Procuraduría estatal de Justicia. En 2008 se presentaron 19 denuncias y 18 en el año 2010.
El estado de Chihuahua lleva el primer lugar con 143 denuncias recibidas durante el año pasado, Durango con 89, Michoacán 58, Tamaulipas 49, Estado de México 45, Puebla 26, Baja California 25 y Tabasco 24.
De acuerdo con especialistas, a lo números oficiales hay que añadirles “la cifra negra”, que estima que por cada 10 secuestros sólo se denuncian tres.
Además, en el país se cometen diariamente 50 ilíctos de este tipo, estiman expertos en el tema, y de ellos cuatro se realizan en Nuevo León.
Max Morales Martínez, experto en liberación de rehenes, quien participó el pasado 10 de junio en un congreso de seguridad, dijo que en los últimos cuatro años se han incrementado en el país hasta un 80 por ciento las privaciones ilegales de la libertad.
NUEVA MODALIDAD
En los años 90, el secuestro era manejado por bandas de profesionales que buscaban víctimas de clase alta, con la finalidad de obtener un rescate millonario en una sola operación.
Sin embargo, en la época actual son numerosos los grupos de delincuentes improvisados que buscan en la clase media e incluso media baja su fuente de ingresos, cambiando el modo de operar de un solo golpe millonario a varios de bajo perfil, con menos ganancia pero también menos riesgos.
“Hay grupos de principiantes, son amateurs que prefieren atacar varias víctimas de clase media que una de clase alta; los rescates que piden son menos elevados pero entre varios reúnen una suma considerable y además tienen menos riesgos”, dijo Calvin Frye, especialista en el ramo y dirigente de Frye Consultores.
Agregó que en este segmento social las víctimas no se encuentran preparadas para defenderse de un ataque, no suelen usar armas y tampoco personal de seguridad. Son empresarios o comerciantes de mediano éxito que poseen fortunas pequeñas pero considerables.
“A este tipo de personas (los secuestradores) les importa muy poco que su víctima viva; de hecho, hasta un 30 por ciento de las víctimas de estos nuevos secuestradores mueren en el proceso del secuestro, mientras que hace 10 ó 20 años era solamente un 2 por ciento”, dijo el especialista.
Frye participó con la conferencia “Vigilancia y contravigilancia” en el Congreso Internacional La Seguridad y Protección Hoy 2011, organizado en Monterrey por la Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención de Pérdidas (Ampppac).
Otra de las pruebas de que la delincuencia está poniendo la mira más abajo cuando se trata de elegir a sus víctimas es que también los cobros de “piso”, es decir las extorsiones a negocios a cambio de no agredirlos, ya no son únicamente a compañías grandes sino que también se ven afectadas otras tan pequeñas como restaurantes, bares y cafés.
“Esta nueva modalidad está buscando recursos y como en la clase alta las posibles víctimas están tomando mayores precauciones y se cuidan más, se convierten en un factor de alto riesgo para los secuestradores, quienes prefieren buscar en los niveles de más abajo, que están menos protegidos”, añadió Frye.
Para Max Morales Martínez, abogado que se especializa en negociación con secuestradores, en México se están viviendo dos tipos de privaciones ilegales de la libertad: los “narcolevantones”, como se le conoce popularmente al secuestro que hace un grupo delictivo de uno de sus rivales para cobrar una deuda o una venganza, y los “levantones económicos”, donde la víctima puede ser cualquier persona y la finalidad es obtener recursos.
En el primer caso, la retención dura entre dos y tres días y generalmente termina con la muerte del “levantado”, mientras que en el segundo caso dura un promedio de cinco días y aunque es mayor la probabilidad de que la víctima salga con vida, no siempre sucede.
“Hasta 50 secuestros diarios se están llevando a cambo en México en estos días, y de ellos en Nuevo León se están registrando entre tres y cuatro. El problema es que la cultura de la denuncia no es suficientemente fuerte, porque la regla que tenemos es que de cada 10 secuestros, solamente 3 llegan a las autoridades”, dijo Morales Martínez.
El especialista estimó que la batalla que el Ejército y la Marina emprendieron contra los narcotraficantes, así como la pugna entre grupos antagonistas, ha ocasionado el desvío de recursos que antes se usaban para comprar droga a la adquisición de armas y el entrenamiento de sicarios, lo cual merma las ganancias de los cárteles y por ello recurren al secuestro, cobro de “piso” y otras modalidades de extorsión contra la población civil.
72.5 MILLONES DE RESCATE
Aldo Fasci, ex secretario de Seguridad Pública en Nuevo León y dirigente de la organización civil RED, encargada de negociar liberación de rehenes, anunció a finales de mayo la desaparición del organismo.
La razón es que su personal ha recibido amenazas y ya no podía brindarle seguridad suficiente, pero antes de retirarse ofreció las estadísticas recogidas en los 12 meses de trabajo en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Veracruz, Chihuahua y Baja California.
“En un año de funcionamiento de RED atendimos 103 casos, y de ellos solamente en tres hubo denuncias ante las autoridades porque le falta confianza a la gente. En total liberamos a 110 personas.
“La mayor parte de los casos, más de la mitad, los atendimos en Nuevo León y las cantidades que se pagaron fueron de 72 millones y medio de pesos”, dijo Fasci, y agregó que en los rescates se entregó dinero, vehículos, joyas y terrenos.
En coincidencia con Frye, el ex dirigente de RED sostiene que las víctimas ya no son los grandes capitanes de empresas sino personas tan comunes como estudiantes, amas de casa o empleados, además de comerciantes en pequeño como dueños de ferreterías o restaurantes.
“Definitivamente, el perfil de las víctimas ha cambiado mucho en unos años. Ahora es mucho más amplio el universo de personas que están propensas a ser víctimas de un secuestro”, dijo Fasci.
Sobre quienes perpetran el ilícito, el ex funcionario estatal también coincidió con los expertos del Congreso Internacional La Seguridad y Protección Hoy 2011, pues señaló que solamente en el 60 por ciento de los casos que trató, los secuestradores pertenecían al crimen organizado.
“Alrededor de un 60 por ciento sí pertenecían a algún cártel del crimen organizado, pero el resto era de delincuentes comunes que vieron en la situación actual una oportunidad para sacar provecho”, comentó el ex secretario estatal de Seguridad Pública.
Mientras, las autoridades municipales de todo el país han implementado el operativo Conago Uno para atacar diversos delitos del fuero común y federal para apoyar al gobierno de la República en su lucha contra el crimen organizado.
A juzgar por las estadísticas ofrecidas por las mismas autoridades, los resultados han sido buenos y en el caso de Monterrey no se registró ninguna denuncia por secuestro durante la semana que duró el operativo, del 13 al 19 de junio.
Incluso, antes de ello se han resuelto los casos del menor de edad, el empresario de Monterrey y la comerciante de García, gracias al trabajo del grupo antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Sin embargo, hay otras privaciones de la libertad que fueron cometidas por la delincuencia organizada y siguen sin resolver, como el caso de los 19 trabajadores de la construcción ligados a Casas GEO y “levantados” en el municipio de Pesquería.
“Hasta ahora no hay novedades en torno a ese caso. No tenemos mayor información que la ya proporcionada”, es lo que explicó el pasado lunes 20 de junio el vocero de Seguridad del gobierno del Estado, Jorge Domene Zambrano.