A menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario del ataque al Casino Royale, el patrón de atacar inmuebles y prenderles fuego ha regresado a Nuevo León.
El martes 31 de julio, en punto de las 10:00 horas, un grupo de cinco personas armadas ingresó a la Distribuidora de Publicaciones DIPSA, desalojó a cerca de 10 empleados y rociaron gasolina en una oficina, hasta incendiarla.
No hubo daños a personas, aunque la estructura del lugar, que se localiza en el centro de Monterrey, en Arteaga y Serafín Peña, quedó maltratada.
Un día antes, el lunes 30 de julio a las 06:30 horas tres jóvenes lanzaron dos bombas molotov en la entrada principal de Soriana, en Hacienda San Miguel de Guadalupe, y provocaron un conato de incendio que fue controlado por los guardias del negocio.
El domingo 29, el periódico El Norte fue objeto de un tercer atentado. Las instalaciones de la Edición Sierra Madre, en la Colonia del Valle, en San Pedro, fueron incendiadas por un grupo de delincuentes que rociaron gasolina en el mobiliario de la recepción.
Fue cerca de las 18:40 horas cuando el fuego alertó a las 15 personas que estaban en su lugar de trabajo y quienes resultaron ilesos al momento del incendio provocado por un comando, según reveló el video de seguridad que mostró el medio de comunicación.
El anterior acontecimiento fue el tercer atentado contra el medio local en el transcurso de 19 días, porque el 10 de julio ya se había atacado a los edificios de las ediciones La Silla (en la zona Contry de Monterrey y Linda Vista en Guadalupe).
El Casino Revolución fue embestido el viernes alrededor de las 15:30 horas, cuando un grupo de pistoleros dispararon al lugar y lanzaron una granada que no detonó. Los hechos ocurrieron en avenida Revolución, entre Morones Prieto y Chapultepec, en la zona sur de Monterrey.
EL MAYOR ATAQUE
La tarde del 25 de agosto de 2011 transcurría como cualquier otra. El tráfico en la avenida Insurgentes era intenso a las 15:30 horas cuando varios autos se detuvieron en la entrada y sujetos con tanques de gasolina entraron para incendiar el Casino Royale.
La vida de 53 personas terminó de manera inesperada mientras trabajaban o se divertían apostando en el lugar.
La presencia repentina del fuego y la amenaza de más de 10 delincuentes, les tomó por sorpresa, estos últimos se apoderaron del lugar y, según se informó, los atacantes destruyeron algunas máquinas, mientras otros rociaron gasolina en el área de bingo.
La intensidad de las llamas así como la inhabilitación de salidas de emergencia impidió la posibilidad de salvarse a la mayoría de las personas que buscaban auxilio.
Dos minutos y medio bastaron para que el fuego consumiera gran parte del edificio y ocasionara la muerte de 52 personas: 10 hombres, 42 mujeres, incluyendo a una mujer embaraza.
Las víctimas, que intentaron protegerse en los baños del lugar, perdieron la vida asfixiadas ante la acumulación de monóxido de carbono.
Las cámaras de seguridad de establecimientos aledaños, proyectaron imágenes del trayecto que siguieron los delincuentes hasta llegar al acceso central del mismo.
Cerca de las 14:00 horas, integrantes del grupo delictivo se reunió con su jefe en el restaurante El Gran Pastor, de avenida Gonzalitos; se captó el momento en que llegan a cargar gasolina y se exhibió también el instante en que los hombres arriban al casino.
De cuatro vehículos, un Mini Cooper, una camioneta Equinox, una GMS azul y un Sedán gris, bajaron los hombres para atacar las instalaciones.
Al día siguiente arribaron a la ciudad cerca de 3 mil elementos federales, se recurrió al apoyo aéreo con tres helicópteros, aunado a la vigilancia local y estatal.
Se dio inicio a las investigaciones correspondientes para dar con los culpables del atentado y cuatro días después se presentó a los primeros cinco detenidos, cuyos sujetos confesaron haber participado en el crimen en que no pretendían matar a nadie y tenían el objetivo de asustar a los dueños del local.
El motivo del escarmiento a los propietarios del negocio fue amedrentar y “cobro de piso”, informó Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado, aunque los malhechores reconocieron que el plan se les salió de control al propagarse el incendio.
De septiembre de 2011 a enero de 2012 se capturó a más de 10 hombres implicados, quienes en su mayoría fueron arraigados y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León les giró una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y agrupación delictuosa, siendo trasladados al penal de Topo Chico.
IMPACTO NACIONAL E INTERNACIONAL
El atentado al Royale conmocionó a la localidad regia, a la nación y al mundo, al ser catalogado como uno de las peores tragedias a la sociedad mexicana, que llevó a líderes políticos a calificar el acontecimiento con una serie de adjetivos estremecedores.
Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, evaluó lo sucedido como un acto de “terrorismo” por parte del crimen organizado y ante ese panorama decretó tres días de luto nacional, aunado a la expresión de molestia con la que arremetió contra los Estados Unidos.
“México ya no puede ser la puerta de acceso, somos vecinos pero ustedes también son responsables”, manifestó al pueblo norteamericano en el mensaje que dio a conocer a la sociedad que había quedado consternada con el ataque a la casa de apuestas en Monterrey.
En ese sentido Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, reconoció que el gobierno mexicano adelanta en una “valerosa batalla” contra la delincuencia organizada y recalcó que Washington “es y seguirá siendo un socio en esta lucha”.
Obama no dejó de lamentar los hechos que denominó como algo “brutal y reprensible” y envió condolencias a los familiares de quienes resultaron víctimas, y por su parte, Bernard Valero, portavoz de Francia condenó los actos como una “barbarie”.
En la cuestión local la masacre tuvo repercusiones en eventos que se tenían programados, tales como la alfombra roja de la película “Viento en Contra”, que se presentaría en la Séptima Edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey y por otro lado, una corrida de toros que fue cancelada.
CORRUPCIÓN Y NEGLIGENCIA
A principios del 2011 y aunque el hecho no trascendió de manera masiva, ni causó estragos a la población, el Casino Royale ya había sido atacado. Malhechores entraron a las instalaciones para someter a las personas, aunque Enrique Hernández Navarro – apoderado legal del recinto en ese tiempo – negó lo sucedido.
Los meses pasaron y la madrugada del 25 de mayo, el amago a la casa de juegos se repitió. Agresores cometieron un asalto a los clientes y realizaron detonaciones, pero el casino ubicado en San Jerónimo y Gonzalitos no fue el único blanco ese día, los centros de entretenimiento Hollywood, Miravalle y Red fueron impactados con ráfagas.
Tiempo atrás, los hechos violentos a centrales de apuestas se escondían bajo escombros de corrupción que empezaron a dejar marcas invisibles para la sociedad, pero que quedaron el descubierto por el actuar indebido de los funcionarios, jueces y “posibles” dueños de los casinos que hicieron caso omiso a la ley.
El 4 de mayo, el municipio de Monterrey clausuró el casino debido a que carecía de permisos para ampliar sus instalaciones, tal como informó Fernando Lazarrazábal Betrón, alcalde regiomontano.
Sin embargo, para el 31 de mayo se rompieron los sellos de clausura y la negligencia se agudizó cuando Fernando Solís Navarro, magistrado de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo permitió que el casino siguiera abierto al otorgar un amparo.
La suspensión impedía la intervención de Protección Civil y de otras dependencias municipales para revisar el edificio que en efecto no contaba con las autorizaciones correspondientes para operar y que luego de la barbarie, dejará un saldo de más de 50 civiles muertos.
Horas después del atentado, Solís Navarro renunció a su cargo; Rogelio Rocha Cantú, “dueño” del Casino Royale, huyó de la justicia, mientras que la empresa Atracciones y Promociones Vallarta S.A. de C. V., se deslindó de toda responsabilidad: no se conoce quién o qué corporativo es el propietario del Casino.
Desde 2007 el Casino Royale operaba sin cumplir con los requerimientos mínimos de contingencia como parte o con el nombre de Atracciones y Promociones Vallarta S.A. de C. V. pese a que se le otorgara autorización para funcionar durante la administración municipal de Adalberto Madero Quiroga.
Tiempo después y una vez que la empresa, propiedad de José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Madero Dávila- estos últimos, primos del alcalde- “rentaron” el permiso a CYMSA -de Rocha Cantú- y surgiera el Casino Royale, se dispersaron y persistieron las irregularidades mencionadas.
Cabe mencionar que el control desmedido de permisos de operación a casinos en el país se promovió a partir del 2004, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento para ley de Juegos y Sorteos que se avaló durante el gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada.