El 4 de julio Enrique Ojeda Guzmán subió a su coche en Reynosa, tomó la carretera y se dispuso a viajar hacia Monterrey como cada semana, haciendo un recorrido ya por demás conocido; sin embargo, en esta ocasión la metrópoli regiomontana lo recibió de una manera diferente, que distó mucho del clásico “bienvenido”.
Al llegar al municipio de Guadalupe, Enrique fue detenido por un tránsito municipal, quien le informó que le aplicaría una multa por infringir la nueva prohibición de viajar con vidrios polarizados.
Y es que sin saberlo este tamaulipeco se convirtió automáticamente en infractor por el simple hecho de pisar tierras regias.
Así como él, cientos de ciudadanos han corrido con la misma suerte, a tan sólo dos semanas de que la prohibición viera la luz en la entidad.
Sin embargo, esta nueva medida que busca contribuir a que los índices de violencia en la ciudad disminuyan ha sido blanco de controversiales debates desde antes de que entrara en vigor, pues a pocos días de que comenzara a aplicarse ya enfrentaba su primer reclamo: que es inconstitucional.
Por tal motivo, el Colegio de Abogados Advocati-Justitia ideó un formato de una demanda de amparo indirecto para que la población lo promueva y con eso logre defenderse ante lo que llamaron un acuerdo que viola la constitución mexicana, del estado de Nuevo León y que promueve la corrupción.
NACE EL ACUERDO
Para nadie es un secreto que Nuevo León ha vivido en los años recientes uno de los capítulos más escalofriantes de su historia moderna: la violencia se ha intensificado en la entidad, teniendo como principal resultado la pérdida de vidas humanas. Para muestra sólo basta conocer las cifras que arroja el 2011, que a sólo seis meses de haber iniciado ya cobró la vida de más de mil personas nada más en Nuevo León.
Ante tales números rojos y el fenómeno nunca antes vivido, el gobierno del Estado, en conjunto con los alcaldes del área metropolitana de Monterrey se han visto orillados a tomar las medidas que ellos consideran necesarias para detener la ola de violencia que sin clemencia sucumbe a la urbe, a pesar de que algunas de ellas puedan resultar un tanto controversiales e incluso de doble filo: este es el caso de la eliminación del polarizado en los cristales de los vehículos.
La mencionada medida, que fue acordada durante una reunión ordinaria del Consejo de Seguridad por las autoridades estatales y municipales el pasado 1 de junio del presente año, entró en vigor el 4 de julio de 2011, como una manera de localizar con mayor facilidad a los delincuentes que transitan por la ciudad; una acción que de acuerdo al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue propuesta por los civiles.
“Ha sido un reclamo ciudadano y se agudiza por lo que estamos viviendo y es necesario observar a través de los filtros y patrullajes quién ocupa ese vehículo y si no tiene alguna persona sospechosa”, comentó el Ejecutivo Estatal.
Y es que si bien es verdad que la cubierta de papel impide ver quién o qué viaja dentro del vehículo, situación que es aprovechada por los infractores, también es cierto que el polarizado es una alternativa que los automovilistas neoloneses utilizan para aminorar el impacto de los rayos solares y el calor que éste provoca en la ciudad, cuyos veranos pueden superar los 45 grados centígrados.
Sin embargo, esto parece que no fue tomado en cuenta por las autoridades, así como tampoco algunos artículos de la constitución federal y estatal que son violados con la imposición de tal medida.
MOTIVOS EN CONTRA
El 30 de junio, un día antes del que se suponía sería el día en que entraría en vigor la prohibición del polarizado en cristales, el Colegio de Abogados Advocati-Justitia comenzó a difundir entre la ciudadanía un formado de juicio de amparo para que pudiera promoverlo y así defenderse del nuevo reglamento de Tránsito del municipio de Monterrey, que entre otros aspectos contempla multas a quien transite con los cristales ahumados.
“Queremos dejar bien claro que este amparo que se está tramitando se va a poner como parte fundamental de la ciudadanía en todo el estado. Es un amparo masivo, que cualquier ciudadano común lo puede utilizar, lo vamos a dejar en correo y todo para que de una vez el que tenga un interés en ese sentido ahí lo va a estar tomando”, informó Héctor Padilla Martínez, presidente del Colegio de Abogados.
Y aunque se mencionó sólo a la capital neolonesa, este amparo puede ser utilizado en todos los municipios del área metropolitana que igualmente están multando a los automovilistas que viajen con vidrios polarizados.
Pero, ¿qué argumentos sostienen tal amparo? De acuerdo a los abogados integrantes del colegio, son diversos factores que soportan este documento, como la violación a una de las libertades de los mexicanos: la de libre tránsito.
“Es ilegal que se quite el polarizado porque ataca libertades, ataca la libertad de tránsito, que está contemplada en el artículo onceavo de la constitución”, comentó Roberto O’Farrill González, vicepresidente del organismo.
Además, para que un nuevo reglamento pueda entrar en vigor debe de publicarse primero en la gaceta oficial del municipio, que es el órgano oficial; dicha acción hasta el momento no se ha efectuado.
“Ahí acaba de establecer el día 23 de junio un acuerdo el cabildo en que van a interponer sanciones, nosotros estamos mencionando en el amparo la ilegalidad de esa sanción, no han terminado o publicado en la gaceta el municipio de Monterrey, que es el órgano oficial, el reglamento o la modificación al reglamento de tránsito, pero en el amparo se contempla que ese acuerdo que no sabemos la redacción, ni la multa, ni la sanción, ni cómo van a proceder, si van a retirar vehículos o qué van a hacer”, comentó O’Farrill González.
El costo de la multa varía de 4 mil a 5 pesos, monto que contradice lo establecido en la Constitución que marca que la infracción no puede superar el salario mínimo de la zona económica, que en el caso de Monterrey es de 58 pesos con 10 centavos.
“Otra cosa bien importante, nuestra propia Constitución nos marca que no pueden exceder del salario mínimo fijado para la zona económica a los trabajadores. Imagínese que trae la persona su vehículo, lo paran por cualquier motivo y tiene que pagar una multa excesiva, es una situación sobre todo para la gente de nuestro estado”, indicó el presidente de Advocati-Justitia.
De igual manera los únicos que puede determinar el monto de las multas son los legisladores del Congreso del Estado, por lo que los cabildos municipales incurren en ilegalidad al imponer sanciones recaudatorias.
“Estamos haciendo mucho hincapié nosotros en que hay unas violaciones indiscutibles en nuestra Constitución porque todos los acuerdos que sea recaudatorios, el Congreso del Estado o la Legislación, así lo marca nuestra Constitución política del estado, tiene que ser vigilado y de alguna manera u otra sancionada por el Congreso o la Legislatura. El artículo 119 constitucional del estado marca exactamente cuál es el procedimiento y en qué forma y qué términos tiene que manejarse, ahí está muy claro”, dijo Padilla Martínez.
La discusión por el retiro de polarizados se vivió incluso dentro de las propias autoridades de los municipios del área metropolitana de Monterrey, ya que mientras algunos decidieron de manera contundente infraccionar a los automovilistas, tan pronto llegó el 4 de julio como Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, otros sólo exhortaron a los conductores a que pasaron a los módulos de atención del estado a retirar la mica de sus cristales como Escobedo y Apodaca.
Lo anterior significa que un pequeño letrero verde con la leyenda de “bienvenido al municipio de…” puede ser la diferencia entre convertirse en infractor o no, una incongruencia más que se expone en el documento de amparo.
“No es posible que no haya una homologación de los municipios. El municipio de Monterrey dice que efectivamente se va a llevar efecto y que dicen ellos que están de acuerdo en que los vidrios polarizados se quiten, pero Escobedo, Santa Catarina, García que son parte del área metropolitana no han acordado nada al respecto; entonces, no podemos manejar diferentes estatus de personas”, mencionó el abogado Héctor Padilla.
Sin embargo, existe una preocupación mayor en este grupo de abogados, que influyó en la creación de este formado de juicio de amparo, un sentimiento que es compartido por un importante sector de la población, que considera esta normativa como la oportunidad perfecta para que las autoridades municipales caigan presas de la corrupción.
“Es otro motivo, por el cual se presta a corrupción y chantajes por los oficiales de Tránsito. Es otro medio para que las autoridades tengan un instrumento para chantajear y cobrar mordida, a que haya corrupción”, comentó Roberto O’Farrilll.
TURISMOS PODRÍA BAJAR
El impacto negativo de la prohibición de vidrios polarizados, no sólo se resentirá en la entidad ya que las multas también irán para aquellos automovilistas foráneos que ingresen a territorio neolonés.
Y es que lo que las autoridades no contemplaron fue que a pesar de los problemas de inseguridad, la entidad aún atrae a turistas de estados vecinos y no tan cercanos que buscan vacacionar en su área metropolitana principalmente; sin embargo, tal normativa definitivamente será un freno a las intenciones de decenas de familias que buscando salir de la rutina miraban a Nuevo León como el escaparate perfecto, pero que no están dispuestas a ser víctimas del acoso de los tránsitos municipales.
Por su parte, las personas más afectadas por este ahuyento de turistas serán los comerciales, de acuerdo a Advocati-Justitia.
“Yo creo que esto le va a pegar al bolsillo de sobre todo a los comerciantes, a toda la gente de nuestro estado que es pujante en la industria, nuestra entidad federativa es pionera en muchos aspectos y todo esto que está pasando con las autoridades de imponer multas excesivas, de poner muchos tabúes a la gente que viene de fuera va a perjudicar mucho la esencia comercial del estado”, mencionó Padilla Martínez.
Por tal motivo, el amparo también se convertirá en una herramienta a favor de los automovilistas foráneos, quienes también podrán promoverlo, a través de la página de internet de la organización Ciudadanos Unidos.
“Yo creo que sí, yo pienso que sí debe de ser este amparo para todos en general, ya que nuestra Constitución es para todo México”, dijo el presidente del Colegio.
Turistas y pasajeros transitorios de Tamaulipas o el valle de Texas también se verán perjudicados, ya que algunos de ellos utilizaban a Monterrey como ruta alternativa para trasladarse de las ciudades fronterizas a las centrales o del sur con el fin de evitar pasar por el temido San Fernando, por lo que la nueva normativa representará un costo extra a su viaje si se desea cruzar por territorio neolonés.
EL PROBLEMA
ES LA NORMATIVIDAD
Desde el 30 de junio, fecha en la que se presentó al público el formulario de amparo, los integrantes del Colegio de Abogados Advocati-Justitia también han sido sujetos a críticas, pues existe quienes los acusan de estar del lado de los delincuentes. Sin embargo, ellos se defienden argumentando que su intención no es proteger a los infractores y que ni siquiera están en contra del retiro del polarizado, sino de la normatividad de esta acción.
“Quiero decirte y que quede muy claro, no estamos en contra de los vidrios polarizados, la Asociación de Abogados no está en contra de ellos, hago la aclaración. Estamos en contra de que no hay una reglamentación al respecto, de que no hay una homologación del área metropolitana y de que hay una violación a nuestra Constitución porque esa decisión no ha pasado por el Congreso del Estado”, mencionó el presidente de la Asociación.
A pesar de todas las críticas su propuesta de amparo ha sido respaldada por más de 800 ciudadanos que desde el 30 de junio hasta el cierre de esta edición habían visitado la página www.ciudadanosunidos.org, en donde se puede solicitar el formulario, para obtener más información acerca de él y de esa cifra ya cerca de 80 personas habían llenado el formulario para comenzar el proceso de amparo.
PROCESO PARA AMPARARSE
El primer paso para promover el amparo es ingresar a la dirección de la asociación Ciudadanos Unidos y descargar el formulario que ahí se ofrece. Posterior a esto, se llena con los datos del interesado y se recaba la papelería que la misma organización le solicita. El siguiente paso es turnar el documento ante el juzgado de distrito para que éste lo avale y fije las fechas de audiencia.
En general es un proceso sencillo, pero a la vez no tan rápido como se quisiera, ya que en promedio para que el juez pueda dar la resolución de amparo toma más de un mes.
PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA
Sólo basta con sostener una conversación con algún automovilista o teclear en Internet la frase “vidrios polarizados Monterrey” para que una serie de ciudadanos expresen su parecer sobre la nueva normativa y que el debate comience.
La inconformidad es más evidente en las personas que hasta el momento usaban algún tipo de polarizado en sus vehículos, quienes consideran la medida absurda e incluso discriminatoria, pues hay que recordar que sólo los vehículos de modelos recientes con entintado de agencia podrán circular con cristales oscuros.
Algunos usuarios de portales de noticias publicaron “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, eso no es posoble”, comentó en un portal de Internet un usuario.
Mientras tanto, no faltaron los que con tono de sarcasmo expresaron su “felicidad” de que a partir del 4 de julio ya no habría delincuencia en el estado, “ya estoy tranquilo porque cuando quiten los polarizados se va a acabar todo el desorden”, comentarios que fueron aderezados con un toque de ironía por aquellos ciudadanos que después de la entrada en vigor observaron que la inseguridad aún prevalecía en la entidad y que se atrevieron a opinar: “no creo que eso haya pasado aquí en Nuevo León, porque aquí ya quitamos los polarizados jajaja”, comentó el usuario de un portal noticioso.
No obstante, también están aquellos que opinan a favor y apoyan el acuerdo del retiro del polarizado: “¿pues no querían acciones para combatir la inseguridad?, nada les parece, ahí está una y ya se están quejando”, escribió un usuario de Internet.
La controversia por el uso de vidrios polarizados nació desde que se dio el anuncio de este acuerdo. Por una parte están los que opinan que es una medida certera que puede contribuir a bajar los índices de inseguridad en la entidad, pero por otro lado existe quienes piensan que es una medida inútil y sin fundamentos que no cambiará nada. Por el momento, sería prematuro dar un diagnóstico al respecto, pero las consecuencias, positivas o negativas, se conocerán conforme transcurra el tiempo. v