En 2011, al menos 60 presos murieron en Nuevo León debido a hechos violentos dentro de los penales. Este comienzo de 2012 ya dejó dos riñas que sumaron 44 fallecidos en Apodaca y tres en Topo Chico. Esto deja al descubierto la ola de corrupción y el desinterés de las autoridades.
Un total de 30 reos se dieron a la fuga en la masacre del pasado 19 de febrero en el Cereso de Apodaca y el problema se agravará, consideró Consuelo Morales, presidenta de Cadhac (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos).
“Me parece una tragedia que ya veíamos venir y que desgraciadamente podría traer consecuencias más graves, y en este sentido el Ejecutivo no había puesto medidas de no repetición de este tipo de hechos, que si mal no recuerdo el 20 de mayo del año pasado hubo un hecho que tampoco fue aclarado y 17 internos fueron encerrados y quemados vivos, entonces no hemos visto que se hayan puesto medias para solucionar esto.
“Les seguimos diciendo que es un problema estructural muy complejo donde las autoridades desde nuestro punto de vista no alcanzan a tener el control de ello, y es tan complejo que tanto los internos como las internas, los celadores están en un permanente riesgo sus vidas”, expresó la presidenta de Cadhac.
“Le recordamos al Ejecutivo de que el hecho de que pierdan su libertad los internos no quiere decir que pierdan su dignidad y él tiene que garantizar la seguridad de todos los ciudadano, con mayor razón de las personas que están dependiendo directamente de él. La corrupción no sólo está abajo, sino arriba, entonces se tiene que barrer desde arriba porque si no no vamos a lograr nada. Es necesario que se tomen medidas urgentes para asegurar que no se vuelva a repetir este tipo de hechos y que por otro lado que haya una reparación de año.
“Por lo cual pedimos que la investigación sea llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que garantice la imparcialidad y la verdadera responsabilidad, no queremos más chivos expiatorios, hay mucha gente en el penal que verdaderamente no tiene nada que ver”, dijo.
Refirió que lo más adecuado es que se haga una investigación pronta, imparcial y transparente de los hechos donde se señale los nombres de todos los funcionarios involucrados y expliquen el hecho de que los internos hayan portado armas en la riña.
“Lo que nosotros decimos es que en el Ambulatorio Delta las celdas son individuales, cómo es posible que nos hablen de una riña donde dicen que no hubo lesionados, primero si es así una riña ¿cómo? si los internos en el Ambulatorio Delta todos están en celdas individuales cerradas, tuvieron que haber abierto todas las celdas y salir al mismo tiempo para ver esa riña, y si no fue así quienes vinieron como agresores entraron a la celda por celda y realmente hubo una masacre.
“Por los datos que tenemos de alguna gente que ya fue el Semefo (Servicio Médico Forense) nos dice que los rostros de algunos de ellos quedaron totalmente destrozados, no se pueden identificar, porque incluso sus ojos quedaron de fuera, eso nos está hablando verdaderamente de una masacre y la situación es muy grave y definitivamente no es posible la versión que nos dicen”, mencionó.
La presidenta de Cadhac, comentó que desafortunadamente en las cárceles el 40 por ciento de las personas están en proceso y no se sabe a ciencia cierta si son culpables.
“No sabemos si son inocentes o responsables; pero además el Poder Legislativo inventó unos delitos o los creo y los hizo graves como el Delito de la Seguridad Contra la Comunidad, en el cual son dos o tres conductas que no son delictivas, pero al juntarlas son delitos graves donde no se puede pagar una fianza, por eso tenemos tanta gente en los penales”, dijo.
Detalló que el año pasado al menos 60 presos perdieron la vida, incluidos celadores, sin embargo en todas las ocasiones las autoridades penitenciarias alegaron riñas, motines o suicidios y en ningún caso se han realizado investigaciones profesionales e imparciales a través de las cuales se aclaren los hechos y se castiguen a los responsables.
Morales aseguró que además de las muertes existen reportes confiables de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia y corrupción generalizada en todos los centros penitenciarios de la entidad.
“En el contexto local existe -como en muchas partes de las Américas-, la idea de que los presos no tienen derechos o de que sus vidas no tienen igual valor al del resto de la población.
“Es imprescindible que las autoridades recuerden que tienen claras obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Como parte de esta sociedad, no podemos seguir permitiendo la violación de los derechos humanos de personas especialmente vulnerables, pues todos sus derechos están directamente supeditados al Ejecutivo del Estado”, sostuvo.
Por último recordó a las autoridades que tienen la obligación de garantizar todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. v