La discusión sobre la legalidad de los taxis que laboran con plataformas digitales sigue vigente en Nuevo León, una entidad donde independientemente de la popularidad de este servicio, no tiene una regulación sobre estas unidades motrices como la que existe en otras ciudades de México y el mundo.
Por Berenice Rojas Rosas
Mientras que en algunos estados de México y otras partes del mundo ya adecuaron sus leyes de Movilidad para tener “el piso sea parejo” entre taxistas y conductores de las plataformas digitales, el estado de Nuevo León aún no pone en orden su Ley de Movilidad.
Por ejemplo en la Ciudad de México, las empresas como Uber, Didi y Cabify deben otorgar un tarjetón de identificación a los choferes que trabajan con ellos para que puedan circular legalmente por la ciudad, siempre y cuando ya hayan cumplido las disposiciones que entraron en vigor desde el mes de mayo.
Entre éstas se encuentra que los conductores cuenten con la licencia Tipo E1, que se obtiene tras acudir a los módulos de Semovi y presentar su licencia Tipo A con al menos tres años de antigüedad.
Además deberán pasar revista, al igual que lo hacen los taxis concesionados, siendo las empresas que paguen por ello.
Para obtener la revista tendrán que realizar el trámite de forma electrónica y llevar el vehículo a un verificando para la revisión físico-mecánico, y por ultimo deberán tener unidades con un costo de factura de origen de al menos 250 mil pesos, no excediendo diez años de antigüedad.
Debido a los anteriores cambios en el Reglamento de la Ley de Movilidad publicados el 24 de mayo del año en curso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, conductores ya no podrán cobrar en efectivo, tendrán que tramitar una nueva licencia además, de utilizar un tarjetón para identificarse.
MIENTRAS, EN NUEVO LEÓN…
Los operativos realizados por la Agencia Estatal de Transporte (AET) de Nuevo León en contra de los conductores que ofrecen servicios desde las plataformas digitales como Uber, Didi y Cabify, han levantado la pregunta si los servicios de estos vehículos son legales e ilegales.
En las manifestaciones que han rodeado el Congreso local, los conductores de las aplicaciones móviles denunciaron la violación a sus derechos ante los operativos de la AET donde hicieron uso de la fuerza pública.
Por otra parte el gremio de taxistas dijo apoyar de dichos operativos, lo que ha llevado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a poner cartas en el asunto.
Los diputados de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón y Horacio Tijerina y del Partido Acción Nacional, Claudia Caballero, invitaron a conductores acudir al congreso en donde reunieron un total de 2 mil 250 firmas que servirán para presentar un amparo ante juzgados federales.
El amparo colectivo se realizó para combatir la ilegalidad de los operativos contra los conductores de aplicaciones digitales, así como contra el uso de la fuerza pública y la aplicación de sanciones fuera del marco de la ley.
Mientras que los amparos individuales apoyará a los conductores que ya fueron afectados con la retención de su vehículo en un operativo de la Agencia Estatal del Transporte, donde se buscara que mediante una suspensión provisional se pueda dejar sin efectos la retención del auto y los afectados puedan seguir trabajando.
Por parte del Estado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, expreso que no se podían dar privilegios a nadie, por lo que se autorizó un plazo de 30 días a las plataformas digitales para que entreguen los nombres de toda la plantilla laboral que tienen dada de alta como conductores.
“No tiene por qué haber privilegios, es ingrato que me pidan oiga, hay que ir por los taxis piratas; si los Uber, DiDi y Cabify quieren operar, lo tendrán que hacer en igualdad de circunstancias que los otros taxis”, expresó Rodríguez.
¿LEGAL O ILEGAL?
De acuerdo, al asesor jurídico y abogado, Leonel Jasso, la autoridad actuó fuera del marco regulatorio y legal pues aunque las plataformas no están dentro de las atribuciones que le marca la propia legislación, tienen la facultad de actuar en todo lo que la ley no les prohíbe.
“La autoridad actuó fuera del marco regulatorio, del marco legal, lo que viene regulando el servicio con la empresa se deriva de un contrato de prestaciones de servicio privado, que lo regula el código civil. Lo que quieren hacer ellos y por lo que están cruzando la línea, que por el tipo de servicio que significa trasladar una persona de un lugar a otro, lo quieren encuadrar como transporte público del tipo denominado taxi”, dijo Jasso.
Agregó: “Esto habla de un vacío legal, de una laguna, pero en donde más se encuadra esto es en la legislación civil, la autoridad al no tener un marco regulatorio, obviamente se encuentra violentando las garantes de legalidad de seguridad jurídica que contiene la Constitución”.
Jasso aseguró que aunque los amparos son procedentes, no tenían la necesidad de llevarlos a cabo, sin embargo, esto les dará la protección de cuidar a conductores de ser víctimas a la violación de sus derechos.
“Ellos no tienen necesidad de llegar a ningún amparo, en el Congreso se estuvo tramitando una serie de amparos colectivos para tratar de darles protección a las personas que están siendo víctimas en las violaciones de sus derechos.
“Los amparaos son procedentes, la cuestión es que ellos ni deberían tener la necesidad de irse amparar, porque insisto, no hay un marco regulatorio alrededor de la expresión que la autoridad la faculte a poder ejercer ese tipo autoritario”, afirmó Jasso.
El Congreso Local no ha podido hacer cambios a la Ley de Movilidad, donde se tiene contemplado la regulación de las plataformas digitales en el Estado, sin embargo los gremios de los taxistas han complicado la situación al tener miedo a la libre competencia, dijo Jasso.
“El estado de Nuevo León ha tardado en modificar la Ley de movilidad, definitivamente estamos viendo que van lento, la cuestión que en esta legislación se está tardando de aplicar una ley para que se contemple todo tipo de plataformas porque se ha ido avanzando a pasos agigantados, porque es un servicio que no se contaba acá en Nuevo León.
“El problema también surge cuando entran actores como los sindicatos que amparan a los taxis en donde hay una resistencia al actualizarse, a contar con unidades nuevas y al miedo de la libre competencia todo esto está detrás de la Ley de Movilidad”, expresó Jasso.
El abogado y también defensor de los Derechos Humanos, exigió al gobierno no seguir atacando a los conductores al quitarles parte de su patrimonio.
“Como defensor de Derechos Humanos instó al ejecutivo quien es que esta ordenando estas pesquisas ilegales a que cese ya, de estar atacando a las personas y quitarles el poco patrimonio que tienen y las únicas herramientas de trabajo que han estado manteniendo a sus familias”.
“Lo que si hay que tener claro, que al momento de regularlos el piso sea parejo para todos, y que también a los taxis se les obligue a contar con unidades nuevas, con cierta capacitación así como a la gente de las plataforma privadas, esto sería lo más óptimo para tener un mercado que se merece el pueblo de Nuevo León”, dijo Jasso.
Además, el abogado dijo que el usuario será quien tome la decisión ante los servicios, “La idea de abrir nuevos mercados, es que el usuario goce y tenga la facultad de poder elegir quien le va prestar el servicio de traslado”.