A pesar de los cambios en el gabinete de gobierno, la depuración policiaca y los operativos implementados por las autoridades, Nuevo León continúa tiñéndose de rojo y la entidad que un día presumió su estabilidad hoy se encuentra sumida en una de las crisis de inseguridad más agudas.
Los 44 reos masacrados en el Cereso de Apodaca, el domingo 19 de febrero, le mostraron al mundo que las autoridades siguen mezcladas con los grupos delictivos. La Iniciativa Privada reaccionó a estos hechos lanzando una alarma general dirigida al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
Y es que las cifras lo dicen todo…
Si el 2011 fue el más violento en la historia de Nuevo León, el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que nuestro estado encabeza la lista de asesinatos en todo el país -tomando en cuenta los meses de enero y febrero-, lo que da una tendencia mayor a la del año pasado.
Durante el primer bimestre del año, el número de homicidios dolosos, relacionados con la delincuencia sumó los 310, una cifra sin precedentes en Nuevo León y que está 41 por ciento arriba en comparación con el mismo período de 2011, en donde la Procuraduría General de Justicia del estado contabilizó 249 víctimas.
Tales números colocan al estado a la cabeza en el mayor número de muertes en el país, desplazando a Chihuahua, que por el contrario tuvo una disminución del delito de 16 por ciento.
El liderato en asesinatos es una tendencia que se viene marcando desde el año anterior, ya que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el último trimestre de 2011 el estado ocupaba ya el segundo lugar en homicidios en ese lapso, con 463, que representó el 9 por ciento del total del país.
De octubre a diciembre de 2011, Nuevo León registró un promedio de 9.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cinco arriba de la media nacional, a pesar de que el gobierno se comprometió a reducir la incidencia del delito en una reunión previa con el organismo.
A la par, la capital del estado se convirtió en la trigésima octava ciudad más violenta del mundo y la onceava del país, acorde al más reciente estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, un deshonroso título que continúa refrendando, pues durante los dos primeros meses de 2012 el municipio encabeza el número de muertes en el estado con 130.
ALZAN LA VOZ
Los niveles de violencia alcanzados en la entidad han sido tales, que incluso la Iniciativa Privada alzó ya la voz para exigirle al gobernador que convierte el tema de seguridad en la prioridad de su administración para encontrar una solución temprana.
“Al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad en Nuevo León es la seguridad y no los procesos partidistas. Le exigimos ocuparse en el trabajo para el cual fue conferido y que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que hoy enfrentamos”, indicó el director de Coparmex, José Mario Garza Benavides.
El reclamo se hizo durante la presentación de la última edición del “Pulsómetro Metropolitano de Seguridad”, instrumento que mide la percepción ciudadana en este rubro, promovido por la IP y elaborado por el ITESM, que arrojó que sólo tres de cada 10 regiomontanos considera que el gobernador, Rodrigo Medina, está comprometido en resolver el problema de inseguridad.
Otro líder empresarial que también se sumó a los reclamos por la inseguridad fue el presidente de grupo Alfa, Armando Garza Sada, quien indicó que la situación actual ha complicado las operaciones de la compañía, aumentando sus costos, por lo que espera que los esfuerzos de gobierno den resultados verdaderos.
Pero la situación crítica del estado también ha hecho eco a nivel internacional, al grado de que el departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos “eludir zonas o prestar particular atención” en 13 estados de la República, entre ellos Nuevo León por representar un peligro latente a sus connacionales.
La alerta fue emitida el pasado 8 de febrero y reemplaza a la dada el 22 de abril de 2011 en donde ya calificaban a la entidad como un territorio que podría ser “extremdamente peligroso” para los viajeros.
Y es que a pesar de las promesas hechas por el gobierno de bajar los índices de violencia en la entidad, nada ha dado resultados y por el contrario siguen en aumento. Tras la tragedia del penal de Apodaca, se generó una presión social, mediática y empresarial que orilló al gobierno del estado a designar a un nuevo secretario de Seguridad, el cuarto en lo que va de la administración de Rodrigo Medina.
Sin embargo, a un día de que el general de divisón Javier del Real Magallanes asumiera el cargo y afirmara que aplicaría toda la fuerza del estado para combatir la delincuencia, Nuevo León vivió la jornada más cruenta en lo que va del años, que cobró la vida de 13 personas el 28 de febrero.
SE ACENTÚA LA VIOLENCIA
La madrugada del 19 de febrero el penal de Apodaca registró la peor tragedia penitenciaria del país. Cerca de las 2:00 horas, en un acto premeditado, 29 reos se dieron a la fuga en colusión con las autoridades del penal, pero para desviar la atención, al interior del centro de readaptación se perpetró el peor homicidio masivo de reclusos que cobró la vida de 44 personas. Las horas posteriores al magnicidio fueron caóticas.
Al exterior de la penitenciaría, familias enteras exigían a las autoridades información sobre sus reclusos, a la par que bloqueaban las entradas al centro y la carretera cercana para ejercer presión.
La tensión creció al día siguiente cuando se corrió la noticia de que algunos reos de alta peligrosidad serían transferidos al penal de Puente Grande en Jalisco, que desató disturbios al interior y exterior del penal.
La tragedia del reclusorio, evidenció la cloaca de corrupción de la institución penitenciara en la que también se vio involucrado el gobernador, Rodrigo Medina, pues trascendió que el mandatario estatal defendió la designación de Gerónimo Miguel Andrés Martínez como director del penal de Apodaca, a pesar de tener conocimiento de los presuntos actos de corrupción por los que fue destituido del penal de Santa María Acatitla en el Distrito Federal.
Tras el hecho, la crisis de inseguridad se acentuó en las calles de la ciudad, pues sólo horas más tarde los hechos violentos no se hicieron esperar.
El 21 de febrero, la muerte regresó al penal, pero ahora al de Topo Chico, en donde tres jóvenes fueron asesinados, tan sólo un día después de haber ingresado.
Horas más tarde, cerca de las 10:30 horas, al poniente de la ciudad cuatro taxistas y un vendedor ambulante fueron ultimados por sujetos armados en el cruce de las avenidas Cabezada y Luis Donaldo Colosio, en plena luz del día y ante decenas de civiles que se encontraban en los centros comerciales cercanos.
Tras la serie de sucesos lamentables, el 24 de febrero, el gobernador Rodrigo Medina cesó al entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Jaime Castañeda Bravo, y su lugar fue ocupado por el general de división, Javier del Real Magallanes, quien a su llegada se convirtió en el cuarto titular de la secretaría en lo que va de la administración de Medina de la Cruz.
El anuncio de su arribo desató disturbios viales en el área metropolitana de Monterrey, en donde sujetos armados atravesaron autobuses de transporte urbano en la avenida Félix U. Gómez, en el primer cuadro de la ciudad y un vehículo particular en la arteria Los Ángeles, de San Nicolás, con lo que provocaron un caos vial cerca de las 20:00 horas.
El 27 de febrero, Javier del Real Magallanes tomó protesta como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y justo un día después Nuevo León vivió una de las jornadas más cruentas de 2012 con la muerte violenta de 13 personas en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey. v