Luego de la tragedia del Casino Royale, donde murieron 52 personas el 25 de agosto, el Gobierno Federal anunció que más de mil 500 policías llegarían a Monterrey y otros tantos elementos del Ejército Mexicano para resguardar la seguridad de los ciudadanos nuevoleoneses que ya no ven lo duro sino lo tupido de la inseguridad.
Por unos días las calles se vieron patrulladas por los convoyes verde olivo de los soldados o por las granaderos azules de la policía federal. La gente sintió confianza y hasta los veía pasar con esperanza en sus ojos.
Pero a pesar de las promesas y los discursos triunfalistas del gobierno estatal, la realidad golpeó en la mera nariz a todos de nuevo el 14 de septiembre cuando 19 personas fueron abatidas por las balas que han hecho de Nuevo León uno de los estados más inseguros de toda la República Mexicana.
Dentro de ese grupo de infortunadas personas se contaban el papá, la mamá y un hermano del policía estatal Miguel Angel Barraza Escamilla, detenido por su presunta participación en el incendio del Royale.
Por coincidencia, la mañana del 14 de septiembre, el procurador Adrián de la Garza Santos dio una conferencia de prensa muy temprano en la mañana para presentar ante los medios de comunicación los nombres y las fotografías de otros cuatro implicados en la masacre del casino.
El crimen de la familia Barraza Escamilla fue a eso de las cinco de la tarde y horas después una granada estalló frente a las instalaciones de la Policía Ministerial, en avenida Gonzalitos, donde una mujer resultó lesionada de gravedad por las esquirlas.
El atentado sucedió a las 21:00 horas cuando desde un carro en movimientos sujetos sin identificar lanzar el artefacto por donde caminaba una agente.
Este no es el primer ataque a este edificio, pues en junio del presente una granada dejó nueve lesionados al detonar frente a la puerta principal del lugar.
POLICÍAS DETENIDOS
El mismo 14 de septiembre, un operativo federal concluyó con la detención de 250 policías municipales en Santa Catarina, que representan el total de la plantilla de seguridad en ese municipio.
En la operación también quedaron detenidos 10 agentes de Tránsito.
Con estos 250 policías detenidos, el total de uniformados arrestados en Nuevo León ascendió a 687, la cifra más alta en todo México desde 2007.
Policías federales y elementos del Ejército Mexicano se encargan ahora de patrullar las calles de Santa Catarina mientras las autoridades determinan la responsabilidad de los agentes detenidos.
Es probable que no todos reciban cargos, por lo que podrían regresar a su trabajo bajo ciertas restricciones.
MATAN A TRÁNSITO
Dentro de los 19 muertos del 14 de septiembre, tres de ellos eran agentes de Tránsito del municipio de Apodaca, quienes fueron atacados a las 9:00 horas en el cruce de Carlos Salinas y Concordia.
Testigos informaron que los guardias estaban dirigiendo el tráfico en el sector debido a las desviaciones que existen por adecuaciones viales que se construyen. De repente pasaron dos autos y sin bajarse los maleantes les dispararon ráfagas a corta distancia.
CAMBIAN DE HÁBITOS
Un estudio de la Escuela de Graduados del ITESM presentó los resultados del Primer Estudio de Victimización, Tipología y Denuncia del Delito en Monterrey que revela que el 92 por ciento de los regiomontanos cambió al menos uno de sus hábitos a consecuencia de la inseguridad que se vive en el área metropolitana.
El 12.9 por ciento declaró que ellos o alguien de su familia ha sido víctima de un delito en el segundo trimestre de 2011.
La mayoría de los encuestados dijo que ya no suele llevar objetos de valor, ha dejado de salir de noche y recomendado a su familia no hacerlo, y hasta un 75 por ciento de ellos ha eliminado los viajes por carretera. La actividad que menos se ha modificado es el uso de transporte público como los camiones y taxis debido a que no es fácil sustituir esta actividad, como en los otros casos.
Olivia Carrillo y Tomás Sánchez, profesores investigadores del Departamento de Matemáticas del Tecnológico de Monterrey, y Jesús Cantú, profesor investigador de la EAGP Gobierno y Política Pública, presentaron el estudio sobre victimización y cambio de hábitos debido a la delincuencia en el área metropolitana de Monterrey.
La investigación fue realizada entre ciudadanos de 18 años o más que habitan los municipios del área metropolitana de Monterrey (Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobedo, Juárez, Santa Catarina, García y San Pedro Garza García).
Señalan que el 58 por ciento de los ciudadanos del área metropolitana que en el segundo trimestre de este año sufrieron algún hecho delictivo, no lo denunció, principalmente por desconfianza en las autoridades.
Así, el porcentaje de delitos no denunciados -conocido como cifra negra- crece hasta el 68.1 por ciento si no se incluye el robo de vehículos, delito más denunciado por ser la querella un requisito para cobrar los seguros.
Paradójicamente, el delito con mayor incidencia, que es el robo o asalto, también es el que menos se denuncia: apenas en un 22 por ciento de los casos; aunque lo superan la extorsión, con un 25 por ciento; el robo a casa habitación, en un 42.9 por ciento, y el secuestro, con un 50 por ciento.
De los ciudadanos que sí se atrevieron a denunciar los delitos, la investigación señala que sólo un 13.3 por ciento recuperó los bienes arrebatados.
“Podemos decir que es alrededor del 5 por ciento del total de los delitos cometidos que finalmente tiene la reintegración de los bienes que había perdido”, explicó Cantú Escalante.
El estudio fue realizado en una muestra de 636 entrevistas telefónicas a celulares de habitantes mayores de 18 años de los 9 municipios metropolitanos.
Las llamadas fueron parte del estudio para la creación del Pulsómetro Metropolitano de Seguridad, nuevo indicador que mide la percepción ciudadana en el tema y que abarcó una muestra de alrededor de 4 mil 500 personas (3 mil 275 entrevistados para el estudio de cambio de hábitos y 636 para el estudio de víctimas de delito). v