
La polémica administración de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL), encabezado por Guillermo Mijares Torres, está al borde de la extinción.
Los excesos en sus gastos, la opacidad y las dudas sobre su operación provocaron que semanas atrás los diputados panistas, respaldados tras bambalinas por las demás partidos políticos, presentaran una iniciativa que busca desaparecerla o, al menos, sacudirla drásticamente.
Cuando el Congreso del Estado ponga en su agenda el tema del ese organismo autónomo que vive de su presupuesto, las horas estarán contadas para una dependencia que nació como garante de la transparencia ciudadana, pero terminó en medio del fango.
A tres meses de que el CTAINL renueve a dos comisionados, entre ellos Mijares Torres y Sergio Antonio Moncayo González, el grupo legislativo del PAN alzó la voz y en una iniciativa presentada donde pidieron la extinción del organismo que, aunque suena difícil, al menos se someterá a una cirugía mayor.
Los panistas proponen realizar modificaciones a la Ley de Transparencia del Estado para que todas las dependencias públicas estén obligadas a rendir cuentas y no se requiera de dicha comisión que al día de hoy resulta inoperante.
De igual manera los diputados albiazules sugieren que el Poder Judicial de Nuevo León sea la autoridad encargada de resolver las inconformidades presentadas por los ciudadanos.
“Mediante estas modificaciones estamos proponiendo que desaparezca la comisión de transparencia porque estamos proponiendo una transparencia absoluta y total”, indicó el diputado Fernando Elizondo Ortiz.
¿Pero qué orilló a los legisladores a buscar la desaparición del organismo?, es la pregunta dentro y fuera de la misma CATINL.
“Definitivamente si no hubieran los incidentes que han habido de falta de transparencia y de opacidad nosotros no tendríamos por qué estar reformando la ley”, señaló tajante el legislador.
Y es que desde la llegada en 2008 de Mijares Torres a la CTAINL, el organismo ha destacado más por sus irregularidades que por su funcionamiento. Una situación intolerable para los legisladores.
“Básicamente la comisión ha tenido una actitud muy permisiva con las autoridades que presentan excusas para no dar la información. A eso obedece que del análisis que hicimos de los casos que ha obligado a un ente de gobierno a entregar información el balance es negativo para la comisión, es decir, ¿gastamos demasiado dinero para tres resoluciones en cinco años?”, indicó el diputado Enrique Barrios.
Acorde al legislador Barrios, el costo-beneficio de la CTAINL arroja un balance negativo para el Estado, ya que se le invierten 30 millones de pesos anuales y las resoluciones son mínimas.
“¿Gastamos tantos millones para que no obligue a nadie a darnos información (la comisión de transparencia)?”, cuestionó en entrevista Enrique Barrios.
“La legislatura que diseñó este modelo de transparencia nunca pensó que no exigieran su autonomía y ahora eso es lo que vemos, que no la quieren ejercer. Que solamente dos o tres veces al año se atreven a pedirle información al Estado. No funciona y es cara, (por eso) vamos por un nivel superior de transparencia que es que ninguna información se puede reservar, y que si no me la das voy con un juez que te va a obligar”, agregó.
Por su actual titular Mijares Torres, la CTAINL está sumida en su peor crisis de credibilidad y en una lucha interna de poder, protagonizada por el propio comisionado presidente que la puso al borde de su desaparición.
En 2008 Mijares Torres arribó a la presidencia de la institución, y desde entonces las irregularidades se acentuaron en el organismo que nació en el 2003 durante el sexenio panista de Fernando Canales Clariond.
Los viajes innecesarios, los costos inflados de servicios, el abuso de poder y la filtración de datos personales, son algunas irregularidades que han marcado a la administración actual, y que han orillado a los diputados a ponerle punto final.
LOS HECHOS
En mayo de 2011 Mijares Torres y el comisionado vocal Moncayo González gastaron casi un cuarto de millón de pesos del erario para realizar un viaje a Madrid, España, con todas las comodidades.
De acuerdo a las cifras colocadas en el portal de la CTAINL, del 2 al 10 de mayo los dos comisionados gastaron 124 mil 762.5 pesos cada uno, es decir, 249 mil 525 pesos en total, por concepto de hospedaje y transporte.
Y aunque ambos justificaron el despilfarro, adjudicándolo a un curso para mejorar la transparencia, en la práctica el gasto fue innecesario, pues el organismo siguió dominado por la opacidad.
Aún así, en 2012 el presidente comisionado solicitó al Congreso del Estado un aumento del 40 por ciento del presupuesto para 2013, argumentando que cerca del 80 por ciento de la partida se destinaba al pago de la nómina; sin embargo los diputados hicieron caso omiso de la petición al considerarlo una burla.
“No han hecho bien su trabajo. Ha quedado demostrado el despilfarro de dinero y quieren más y esto es una vacilada de ellos. Nosotros somos la voz del pueblo y mucha de la ciudadanía en su sano juicio se ha dado cuenta del desorden que tienen en cuanto al dinero”, señaló en diciembre pasado el diputado panista Héctor Jesús Briones
En abril de 2013 Hora Cero confirmó, a través de una investigación, que la “falta” de presupuesto no sólo era por el pago de la nómina, sino también por servicios inflados que intencionalmente gozaban los comisionados, como el seguro de gastos médicos mayores que se incluía a familiares.
El reportaje exhibió que en supuestos tiempos de austeridad en el gobierno de Nuevo León, los comisionados erogaban del erario pagos hasta 700 por ciento mayores a lo normal para cubrir sus pólizas de seguros, en las que incluso se incluían hijos muy mayores de edad.
El caso más evidente fue de un vástago del propio comisionado presidente, Alejandro Gabriel Mijares Cortés, de casi 40 años, quien gozó de 2009 a 2011 del mejor servicio de salud, patrocinado por su papá, encargado de asignar en qué se gastaba presupuesto.
“Cuando son mayores de edad yo diría que sí (deberían de sacarlos de lo seguros de gastos médicos). (Por eso) cuando dijimos eso hace dos años, el único hijo que tengo todavía en casa y que es dependiente mío directo lo saqué del seguro (sic)”, dijo en una grabación Mijares Torres al cuestionarle sobre lo seguros de gastos médicos inflados.
En dos años el organismo desembolsó 28 mil 827.17 pesos para costar el plan independiente de Mijares Cortés, quien gozaba de la Póliza Plus 270 de Axa Seguros S.A. de C.V., el segundo mayor nivel hospitalario que contempla la aseguradora
Pero el mayor error de Mijares Torres y Moncayo González fue haber traicionado el origen por el cual surgió la CTAINL.
En un momento de rabia y venganza, ambos filtraron información personal de la comisionada supernumeraria, María Eugenia Pérez Eimbcke, a este medio de comunicación.
Quienes se supone deberían de ser los custodios de los datos privados de los neoloneses fueron los primeros en infringir la Ley de Servidores Públicos al filtrar, sin autorización de Pérez Eimbcke, nombres y fechas de nacimiento de su cónyuge y sus hijos.
En una plática grabada el martes 29 de abril, el presidente comisionado admitió haber ordenado sacar la información, fotocopiarla y enviarla a esta casa editora en un intento por contradecir unas declaraciones previas de la comisionada supernumeraria.
“Pues sí, ya le platicaré más despacio todos esos detalles. Y bueno vemos aquí cómo nos puede ayudar en ese punto y buscarle la manera a esa circunstancia (publicar los documentos filtrados por él y por Moncayo González)”, se escucha decir a Mijares Torres al reportero de Hora Cero, violando toda ley de protección de datos personales.
“Toda persona tiene derecho a la protección de su vida privada y de sus datos personales e información relacionada con los mismos, la cual será custodiada, protegida, manejada y en su caso rectificada en los términos de la presente Ley”, marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en el Título Segundo, Capítulo Primero de los Principios y Definiciones, sobre Protección y Datos Personales.
“Principio rector de la protección del dato personal, por lo cual los sujetos obligados tendrán como máxima prioridad proteger y resguardar la intimidad y privacidad de los datos personales, que se encuentren bajo su resguardo”, se continúa leyendo en el artículo 43 de la misma ley.
Pero tal parece que Mijares Torres y Moncayo González desconocieron la ley o simplemente no les importó infringirla; sin embargo, el acto ya tuvo una consecuencia que podría costarle hasta juicio político al primero en el Congreso del Estado, procedimiento que no descarta la afectada y su abogado.
LA DENUNCIA
El 3 de julio, justo el día en el que la CTAINL suspendió funciones para tomar un periodo vacacional, al final de la sesión Pérez Eimbcke detonó la bomba: en un hecho inédito denunció a Mijares Torres por la violación a su derecho de privacidad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la propia Comisión de Transparencia.
En el documento entregado en la misma Comisión de Transparencia, Pérez Eimbcke señaló que los actos del presidente comisionado representan “una franca contravención de los deberes propios de los servidores públicos a que se hace referencia en el artículo 50, fracciones IV, LV, LXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León”.
“Hubo esta situación en la que el comisionado presidente difundió información privada de datos personales de la familia de la comisionada María Eugenia. Lo que vamos a presentar es una denuncia de procedimiento de sanciones administrativas a efecto de que esta comisión averigüe sobre la conducta del comisionado”, señaló el abogado Darío Ángeles.
Lo que se pretende con las denuncias es que se averigüe las condiciones en las que se filtró la información, y se sancione administrativamente a los involucrados con penas que podrían ir desde la multa hasta la suspensión del cargo, dijeron.
La denuncia también fue interpuesta a la dirección de administración, encabezada por Mauricio Cepeda, ya que es la encargada de resguardar la información personal de todos los empleados de la comisión.
Se espera que a finales de mes la CTAINL informe si la denuncia procede o no, y en caso de hacerlo se analizará en el pleno. No obstante, Pérez Eimbcke no descarta la posibilidad de iniciar un juicio penal y político contra los denunciados. “No está descartado nada, ni la situación penal ni la responsabilidad, ni incluso un juicio político contra los dos (Mijares y Moncayo)”.
Por tal motivo el diputado Elizondo Ortiz declaró que en caso de que la comisionada supernumeraria lo solicite el Congreso del Estado contemplará la posibilidad de enjuiciar a Mijares Torres.
“Ella está siguiendo sus cursos legales. Me parece que es de las pocas personas que ha actuado con ética y transparencia dentro de la CTAINL. Si solicita juicio política tendrá que llegar aquí al Congreso y aquí lo veremos”, apuntó el legislador.
Tal parece que Mijares Torres se despedirá del organismo y no precisamente porque su periodo al frente caducó, sino porque la paciencia dentro del Congreso ya se agotó.
Asociaciones civiles piden cambios drásticos en la CTAINL
La mala administración de la CTAINL trascendió las paredes del organismo y del Congreso del estado hasta llegar a asociaciones civiles, que de igual manera, exigen la remoción del presidente comisionado, Guillermo Mijares Torres y el resto de los integrantes del pleno.
El pasado mayo, el rector del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos A.C., Ernesto Pompeyo Cerda Serna, entregó una solicitud en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado en la que se pedía se destituyera a los cuatro comisionados.
¿La razón? Los escándalos que recientemente han empañado al organismo.
El también ex dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano indicó que la imagen del organismo es muy negativa por los constantes abusos que han cometido sus titulares.
“La comisión de transparencia ha venido teniendo una actitud escandalosa en el manejo propio de la institución. Los constantes pleitos entre los comisionados han dado como resultado una imagen muy negativa”, señaló Cerda Serna.
Y es que el líder de la asociación también ha sido testigo de la nula funcionalidad de la CTAINL y para muestra, el motivo que lo orilló a interponer una demanda penal contra la comisión.
Acorde a Ernesto Pompeyo, luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Públicos (IFAI) encontró contradicciones entre la Comisión Estatal Electoral (CEE) y la empresa Formas Inteligentes al imprimir la lista nominal de electores, un ejercicio que sólo corresponde al Instituto Federal Electoral, se presentó una queja ante la CTAINL para transparentar los hechos y lo único que se obtuvo fue un fallo a favor de la CEE.
Cerda Serna aseguró que se contaban con las pruebas para demostrar que la CEE incurrió en un delito, e incluso, la propia comisión admitió haber entregado las listas nominales a la empresa privada, sin embargo, nada provocó que la CTAINL cumpliera con su obligación de sancionar.
“Los datos personajes son inviolables, salvo que exista de autoridad competente media de que entregue la información. Esta es una de las campañas más grandes que ha iniciado el IFAI para la protección de datos personales”, dijo Cerda Serna.
A la falta de penas y nula operatividad de la CTAINL se le suman las violaciones internas que sus propios comisionados cometen, como la divulgación de datos personales, protagonizado por su titular, Guillermo Mijares Torres, lo que debe ser motivo de persecución, de acuerdo al líder civil.
“Es una violación que está tipificada en el Código Penal, tanto federal como del Estado. Por eso, siguiendo la circunstancia, el Congreso tiene una solicitud nuestra para que se eche a todos los comisionados por incapacidad para ser garantes de los derechos de los ciudadanos”, mencionó Ernesto Pompeyo.