Unas horas después de que la PGR dejó abierto el expediente del Casino Royal, el Presidente Felipe Calderón se pronunció por castigar a los responsables de 52 muertes en el incendio perpetrado el 25 de agosto.
“La clave es que los criminales sepan que aquí nuestro problema no es con uno o con otro, sino con todo el que violente la ley, pero particularmente tenemos que ir más a fondo con los más violentos y los más despiadados. Por ejemplo, los del Casino Royale”, afirmó durante un mensaje con motivo de su quinto año de gobierno.
“Tenemos que perseguir todos los homicidios que se cometan, yo lo sé, pero esas gentes (que mataron a) 52 inocentes, esos menos que nadie puede quedar impune, porque fue un crimen bárbaro, repudiable”, manifestó durante un diálogo de caso tres horas en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex).
CASO ABIERTO
Expertos de la Procuraduría General de la República determinaron que el Casino Royale no cumple con las condiciones de seguridad establecidas en la Normatividad en materia de Seguridad Industrial y Protección Civil.
“El inmueble denominado Casino Royale no cumple con las condiciones de seguridad acorde a la Normatividad en Materia de Seguridad Industrial y Protección Civil…”.
Ante dicho dictamen, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) mantiene abiertas varias averiguaciones; mismas que sigue integrando el expediente por los delitos de delincuencia organizada, uso de documento falso y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos respecto de diversos sujetos.
“Adicionalmente una averiguación previa que se sigue en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, por las probables responsabilidades en que pudieran haber incurrido servidores públicos federales en relación con la obtención de la licencia de funcionamiento del casino y por las máquinas de juegos encontradas en el lugar”, advierte el comunicado enviado por la delegación Nuevo León de la PGR.
Tras la presentación del peritaje final, la Procuraduría del estado informó del inicio de la indagatoria a fin de determinar si en la solicitud y expedición de las licencias de funcionamiento de ese lugar hubo responsabilidad penal atribuible a los propietarios y servidores públicos relacionados.
“Esas investigaciones corresponden a las autoridades locales y podrán encaminarse a indagar respecto de los delitos de fraude específico y ejercicio indebido del servicio público”.
El documento precisa que tras los hechos violentos en los que la delincuencia organizada privó de la vida a 52 personas, se han logrado 28 detenciones contra personas por la comisión de delitos contra la salud y delincuencia organizada; y 12 por la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
El 14 de noviembre de elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a la orden de aprehensión de varios implicados.
El 25 de noviembre de 2011 se giró oficio a la Policía Federal Ministerial, para que cumplimentara orden de aprehensión por reclusión en el estado de Nuevo León, por los delitos de delincuencia organizada contra 10 personas que fueron detenidas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León por los homicidios del casino”.
Por tal motivo, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de continuar con la investigación de los reprobables hechos para desarticular el grupo criminal autor de esos hechos.
DIPUTADOS SE INDIGNAN
El peritaje final del atentado al Casino Royale en el que murieron 52 personas el pasado 25 de agosto es considerado por tres de los cuatro coordinadores legislativos del Congreso local como un “atentado a la inteligencia”, en el que se olvidó sancionar a los responsables de “obra y omisión”.
Luego de que el procurador Adrián de la Garza y el titular de la SIEDO, Cuitláhuac Salinas, presentaran el peritaje final en torno al atentado y señalaran que fue responsabilidad exclusiva de 18 integrantes de la delincuencia organizada, despertó la crítica en el Poder Legislativo de Nuevo León hacia las autoridades.
En sesión ordinaria, el coordinador del PAN, Hernán Salinas Wolberg, aseguró que el gobierno falló a las familias de los deudos con la presentación de este peritaje final que asegura que existían medidas de seguridad en el interior del lugar y con ello exoneran a servidores públicos por el multihomicidio.
“Definitivamente los resultados de este peritaje no satisfacen a nadie e indignan a los familiares y personas relacionadas con la víctimas. No exculpamos a nadie de esta penosa situación, pues sabemos que el anuncio de los resultados del peritaje se hizo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, junto con personal de la Procuraduría General de la República, lo que indica que esta dependencia federal avala dichos resultados”, explicó.
Por su parte, la coordinadora del PRD, María de los Ángeles Herrera García, dijo que con esta decisión el gobierno deja abierto el riesgo latente de que se vuelva a repetir una situación similar en la que los responsables queden sin castigo.
Mientras que el coordinador de Nueva Alianza, José Ángel Alvarado, aseveró que a pesar de lo lamentable de la discusión el dictamen contó con una visión parcial, ya que consideró “hubo culpables de obra u omisión” por parte de servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
El priista Héctor Gutiérrez avaló el dictamen, ya que dijo no existen leyes para sancionar situaciones similares, además de que las medidas de seguridad del inmueble no podían resistir un ataque de tal magnitud por parte de la delincuencia.
“Probablemente por el tipo de acción realizada por estos asesinos no era posible prevenir una situación de esa naturaleza, pero eso no implica que cerremos los ojos ante la operación de casinos, que terminan siendo islas de impunidad y eso no puede ser permisible.
“Esperamos que se esclarezca la averiguación que está en la Procuraduría General de la República, que interpuso de la Secretaría de Gobernación por los permisos ilegales, así como las indagatorias por otras responsabilidad”.
GOBERNADOR SE
‘LAVA LAS MANOS’
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, aseguró que el gobierno estatal no encubre a nadie y defendió los resultados del peritaje hecho por la Procuraduría de la entidad en torno al ataque al Casino Royale.
Luego de que el procurador Adrián de la Garza Santos concluyera que ni servidores públicos de Monterrey o del gobierno del estado ni Raúl Rocha, propietario del casino, incurrieron en responsabilidad penal en torno a los hechos violentos, familiares de las víctimas anunciaron la realización de un nuevo peritaje por parte de las autoridades o de un perito externo.
Una de las familias precisó que no sólo se busca castigo para los autores materiales, sino para los responsables de acción u omisión.
La mujer, quien perdió a su hijo de 18 años en el ataque, reveló que de no aceptar las autoridades la realización de un segundo dictamen, ellos costearán el trabajo de un perito externo para conocer la realidad sobre lo sucedido.
En tanto, Medina de la Cruz dijo que el peritaje no busca encubrir a ningún funcionario público, luego de que éste los exonerara de toda responsabilidad por la operación de la casa de apuestas.
“El resultado de este peritaje es técnico, jurídico, se llevó a cabo con todo rigor por parte de la PGR, en coadyuvancia participó también la Procuraduría General de Justicia de nuestro estado, se tomó todo el tiempo necesario.
“Es un resultado que, si bien es cierto, ante la opinión pública pudiera provocar esta situación que usted comenta (de la inconformidad de familiares), es un resultado que tiene la dureza jurídica y técnica, y que bueno, ni la PGR ni el gobierno del estado vamos a fabricar expedientes ni vamos a señalar culpables, cuando el resultado de los expertos en eso determinan que así es.
“Yo me comprometí con la gente de Nuevo León y ante los medios de comunicación que el resultado que fuera, pues ese iba a ser. No podemos cambiar ni desviar ni tergiversar el trabajo de los peritos, de los expertos, de los abogados, de los ministerios públicos”, dijo.
Aceptó un nuevo peritaje apoyado o financiado por el estado, si la ley lo permite. v