Los próximos comicios del 7 de junio en Nuevo León serán históricos. Y es que además de la oferta de candidatos, será la primera elección con la aprobación de la Reforma Electoral y la homologación de la Constitución Estatal a la Federal.
Catalogada por expertos como “la renovación del sistema electoral”, las recientes modificaciones a la Constitución Mexicana no sólo trajeron consigo la reestructuración de los órganos electorales a nivel federal y local, o nuevas figuras en los comicios; también endurecieron las medidas de fiscalización.
Y es precisamente esta última la que está poniendo en jaque a los aspirantes a puestos de elección popular, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) es, desde ya: un ojo vigilante tan agudo que podría incluso anular la elección por irregularidades en los topes de campaña o la pérdida de registro del candidato.
De acuerdo a Gustavo Solís, representante del PRI ante la Comisión Estatal Electoral (CEE), la Reforma Electoral le otorgó al INE, que será ahora el encargado de realizar las elecciones locales, mayores facultades para sancionar movimientos ilegales durante las precampañas, intercampañas y campañas.
“En la cuestión de los procedimientos está el tema de fiscalización que cambió bastante. Es más riguroso, es más específico, más pendiente a la revisión puntual y a sanciones más fuertes, incluso se va a hacer un sistema para revisar todo esto en línea.
“Porque ahora el INE es el encargado de toda la fiscalización. Hay quienes dicen que están seguros de que la vayan a ejercer, o que la vayan a delegar a los órganos locales y estar supervisando, pero sí van a estar más cerca de los candidatos, de sus actividades, de lo que están reportando de gastos para que la fiscalización cada vez sea más puntual y que se evite que haya quienes superen el tope de campaña.
“El tema de la fiscalización está más fuerte. Hay una regularización más estricta, hay una participación de la autoridad electoral más puntual sobre los gastos de campaña; incluso van a tener una especie de inspectores o vigilantes que van a estar cerca de los candidatos reportando sus actividades.
“Todo es fiscalizable porque si el candidato gastó en templete, en lona, todo se va contando y se va a computar en su tope de gastos y revisar con lo que se está reportando, entonces creo que no es algo que se haya hablado tanto, pero es algo que va a tener mucha fuerza en este proceso: la fiscalización”, mencionó el representante tricolor.
La relación entre candidatos y medios de comunicación también cambiará, especialmente con la radio y televisión. Los “amoríos” entre televisoras, radiodifusoras y políticos quedarán estrictamente prohibidos en las próximas campañas, y la única difusión que podrán hacer los medios será a través de los espacios otorgados por la autoridad electoral.
Aunque a nivel local no se reguló, las medidas obedecen a las Leyes Generales en materia de Radio y Televisión que se determinan a nivel federal. Lo anterior, dijo Solís, no significa que dentro del ejercicio periodístico no se pueda interactuar con los aspirantes a un puesto de elección popular.
“Se emitieron nuevos criterios, nuevas reglas para especificar la participación de los medios en la campañas políticas. Para empezar, se fortalece el principio de que no se puede ceder a tiempos de radio y televisión de ninguna manera más que los tiempos del Estado que se te asignan conforme a la Ley.
“Entonces nadie puede comprar tiempos de radio y televisión. Eso está desde la Reforma de 2008, pero ahora hay una regulación más rigurosa en que no puede haber convenios entre partidos o candidatos con medios de comunicación para tener a lo mejor una participación en programas de noticias o de cualquier tipo. Eso también ahora es sancionado por la Ley.
“Ya no puedes convenir o adquirir tiempos de ninguna forma. Obviamente es de interés público la participación de los candidatos; los medios de comunicación pueden tener interacción con los candidatos, entrevistarlos, conocer sus opiniones, eso nunca se va a poder evitar, sería como coartar la libertad de expresión y la función de los medios de comunicación”, puntualizó.
Y agregó Solís: “Pero la Ley sí trata de puntualizar que no existan cosas más allá de ello, que no existan convenios o acuerdos que puedan considerarse de forma comercial para tener participación en programas de los medios de comunicación”.
De acuerdo al entrevistado, las sanciones para los que compren tiempo en medios de comunicación podrían ser graves, tanto para candidatos como para televisoras o radiodifusoras.
Las anomalías en este rubro, reiteró, podrían llevar incluso a la pérdida del registro del aspirante.
“Eso ya está regulado y también está con sanciones fuertes tanto a los candidatos como los medios. Pueden ser desde amonestaciones hasta multas.
“Si el candidato compra tiempo de radio y televisión puede llegar a hacerlo, con el riesgo de que le cancelen el registro; incluso puede ser causa de nulidad de la elección, pero habría que considerar la gravedad y la importancia de la violación.
“Lo único que pueden hacer es acceder al tiempo que tienen su partido. Todos los partidos tienen tiempo de radio y televisión para precampañas, también tienen para intercampañas y para campañas. Los candidatos pueden acceder a ese tiempo para tener sus spots de radio y televisión, los cuales deben de tener ciertas características: deben de señalar el carácter del precandidato que tienen, deben de ser encaminado a obtener una candidatura, no el voto que se va a emitir el 7 de junio. Esas características sí se deben de cuidar”, mencionó Gustavo Solís.
Una vez iniciado el proceso electoral, que comenzó el 7 de octubre pasado, el personaje que se promocione sin agregar las características específicas de su difusión, podría ser sujeto a averiguación por actos ilícitos por parte de las autoridades electorales o a petición de sus contrincantes.
“Quien lo vigila son las autoridades electorales, ellos tienen la facultad de iniciar procedimientos de oficio. Si ellos advierten que hay una ilegalidad ellos pueden denunciar y desahogar el procedimiento y ya los tribunales resuelven, pero además los partidos también como integrantes o participantes del proceso electoral, ellos también tiene la obligación de estar vigilando el actuar tanto de la autoridad como de los otros partidos para que no se esté violentando la Ley”, mencionó.
En lo que refiere a medios de comunicación impresos, las reglas no varían en comparación con la Reforma de 2008, pero Solís vuelve a hacer hincapié en que todo estará fiscalizado y cada centavo emitido deberá de comprobarse.
“Tú puedes tener propaganda en los medios de comunicación impresos, se puede entender como propagada de un candidato. Obviamente es fiscalizable porque emitiste un gasto que está en un medio de comunicación y te cuenta para tu tope de gastos.
“Fortalece sanciones por la adquisición o comprar de tiempo de radio y televisión. Hay nuevos criterios, que si bien no están en la legislación, también hay criterios de los tribunales en tesis y jurisprudencia que sancionan conductas irregulares en la participación de los medios de comunicación, todo bajo el espíritu que no haya la difusión de alguien puede ser sancionado.
“Si tú estás haciendo tu difusión en los tiempos de Estado que le corresponden a tu partido por el procedimiento que siguió la autoridad electoral para asignar esos tiempos, pues no hay ningún problema, las únicas limitantes son el de no calumniar y difamar a otras personas en tu spot y nada más. De ahí que la participación de los medios de comunicación que no tengan ninguna tendencia a favorecer a uno ni a otro candidato, y ahí se puede dar a través de convenios o acuerdos entre candidatos. Eso sí está prohibido”, expresó Solís.
En los próximos comicios, el tope de campaña para la gubernatura será de 49 millones de pesos por candidato, entre recursos públicos y privados, lo que significa es que si se sobrepasa dicha cantidad las autoridades electorales podrán intervenir.
Sin embargo, la Reforma Electoral también ha traído confusión, incluso para los expertos en la materia.
El representante del PRI ante la CEE aseguró que la interpretación de la nueva Ley podría indicar que hasta cierto punto se permitirán que se rebasen los topes de campaña.
“Se incluyó como una causa de nulidad (de la elección) el rebasar los topes de campaña, pero también bajo ciertas consideraciones, que es donde puedes decir: podrías llegar a interpretar que la Ley permite pasarte de los topes de campaña siempre y cuando no cometas otras irregularidades porque, si mal no recuerdo dice, ´si pasas el tope de campaña y si la diferencia es menor de un candidato y otro de 5 por ciento´, si es mayor ¿qué va a pasar?, ¿no es nula la elección?, entonces esa sí es una duda que todos tienen. Pareciera como si la Ley permite. Vas a ser acreedor a sanciones pero no a que te anulen la elección.
“Aparte la Ley señala que tiene que ser determinante, da tres calificaciones que se tiene que dar en conjunto para que se pueda considerar la causa de la nulidad”, dijo Solís.
Entre confusión y nuevas reglas del juego, los neoloneses saldrán a las urnas el 7 de junio para elegir gobernador, alcaldes, diputados federales y locales, en una contienda que se visualiza histórica.