La cloaca de la corrupción volvió a destaparse en Nuevo León y con ella una de las mayores tragedias penitenciarias de las que se tenga conocimiento en el país. El domingo 19 de febrero, cerca de las 2:00 horas, reclusos del edificio “C” del Centro de Readaptación Social de Apodaca, ingresaron al inmueble marcado con la letra “D” y atacaron a sus inquilinos, motivados por una supuesta rivalidad y apoyados por las autoridades del penal.
“Para nosotros es duro confirmar que la traición, la corrupción y la complicidad de algunos puede entorpecer el trabajo y la entrega de los buenos policías, militares y marinos que a diario arriesgan su vida por la seguridad de los nuevoleoneses”, indicó el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
El enfrentamiento arrojó un saldo de 44 reos muertos, la mayor cifra de la que se tenga registro recientemente en las cárceles locales.
De acuerdo al vocero de seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, todos los fallecidos fueron aniquilados con objetos punzocortantes, barras y piedras, que no se permiten dentro del penal.
La confusión y el revuelo fueron similares dentro y fuera del Cereso, pues mientras al interior se vivió una trifulca entre bandas rivales, al exterior los familiares de los reos enfrentaron a las autoridades por la falta de información.
La tragedia, la cual tuvo eco a nivel internacional, pudo haber sido mayor, pues al momento de la riña, 43 mujeres y 25 menores de edad estaban en el interior del reclusorio, pero resultaron ilesos, acorde a un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Sin embargo, lo peor aún estaba por darse a conocer, ya que lo que se manejó como un rumor durante el domingo fue finalmente confirmado en rueda de prensa por el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, la mañana del día siguiente: aprovechando la distracción de la trifulca, 30 reos se dieron a la fuga de la manera más impune.
Coludidos con las autoridades penitenciarias, en un hecho premeditado, tres decenas de reclusos, 25 de ellos procesados por delitos de orden federal, escaparon por la torre seis del inmueble, hecho que el mandatario estatal calificó como traición a la lucha contra la delincuencia.
Por lo anterior, el gobernador cesó de sus cargos al comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, Ernesto García; el director del penal, Jerónimo Miguel Martínez; el subdirector, Juan Hernández Hernández y el jefe de seguridad del reclusorio, así como los 18 celadores en turno, mismos que ya están siendo investigados por la procuraduría.
Por instrucciones del gobernador, los nombres y las fotografía de los prófugos fueron colocados en espacios públicos para que la ciudadanía los logre identificar y pueda contribuir a su captura.
Para su efecto, ya se abrió una bolsa de recompensa inicial de 10 millones de pesos para aquellos que proporcionen información relevante que contribuya a la localización de los reos.
La alerta por los prófugos fue emitida a las autoridades nacionales e internacionales, mientras que las fuerzas de inteligencia fueron desplegadas por toda la entidad para recapturar a los prófugos, indicó Medina de la Cruz.
En apoyo a los familiares de los caídos, el gobierno estatal instaló una mesa única de ayuda al exterior del Hospital Universitario, hasta donde llegaron los familiares de las víctimas a reconocer los cuerpos, para ofrecer ayuda psicológica.
“Lamentamos la pérdida de vidas humanas. Mi gobierno brindará todo el apoyo humanitario a los familiares de los reos fallecidos para lo que instalamos la mesa única de apoyo, la cual coordina la Secretaría General de Gobierno y en la que participan además, la Procuraduría General de Justicia, el DIF Nuevo León, la Secretaría de Salud, la Dirección de Gobierno y la Dirección del Registro Civil”, comentó el ejecutivo estatal.
De igual manera, el gobierno decidió cargar con los gastos funerarios de la mayoría de los muertos, que comenzaron a ser velados desde el lunes 20 de febrero.
HISTORIA DE RECLUSORIO
“Bueno o malo, era un ser humano y no merecía morir así”, es el pensar de Rosario Sánchez Rodríguez, de 54 años, cuya vida se enlutó al ver el nombre de su sobrino, José Ángel Navarro Sánchez, en la lista de los 44 reos que murieron el domingo 19 de febrero, durante una trifulca en el Cereso de Apodaca.
Navarro Sánchez, de 35 años y padre de dos niños, fue aprehendido hace aproximadamente un año, por delito de fuero federal, pero su pena estaba apunto de ser cumplida al pagar una fianza de 90 mil pesos.
Los días ya eran contados por su familiares, quienes esperaban verlo nuevamente en libertad. Nunca imaginaron que la próxima vez que verían a José Ángel fuera del reclusorio sería en un ataúd.
La muerte de su sobrino cayó como un balde de agua fría para Sánchez Rodríguez, quien frecuentó a José Ángel y sus cinco hermanos al quedar huérfanos.
Los noticieros fueron los encargados de darle a este vecino de San Bernabé la trágica noticia.
“Me enteré de la trifulca por la televisión, primero la vi en la tele y luego ya me vine aquí al Semefo”, mencionó.
Una fotografía fue lo único que pudo observar, pues no le permitieron ver el cuerpo de su sobrino, debido a las condiciones en las que se encontraba. La cruda imagen lo desmoralizó, pero tomó las fuerzas necesarias para dar el “sí” que confirmaba a los forenses que se trataba de su familiar.
Aún sabiendo que su sobrino pudo haber cometido errores en vida, Rosario Sánchez lamenta que haya muerto en una trifulca penitenciaria, a su parecer, ajena a su familiar.
“No vamos a decir que él estaba en la cárcel porque era muy bueno, pero también era ajeno a los otros hechos”, indicó.
De acuerdo a Rosario Sánchez Rodriguez, el gobierno se comprometió a pagar los gastos funerarios de su sobrino, una buena noticia, dentro del torbellino de tragedias que vive desde el domingo 19 de febrero. v