Pensado como alternativa para proteger residencias y colonias privadas, la contratación de empresas de seguridad no es garantía de efectividad, pues enfrenta el mismo problema que las corporaciones de seguridad pública: la ineficacia o carencia de programas preventivos contra la delincuencia común.
El robo a casa habitación es uno de los delitos más comunes en Nuevo León, y al que por distintas causas o circunstancias las autoridades estatales y municipales no pueden erradicar, o cuando menos reducir.
La problemática es constante. Cada año, miles de familias enfrentan el allanamiento de sus casas o departamentos. Sufren el robo o sustracción de sus pertenencias, y enfrentan además daños cometidos a sus inmuebles, ya sea a puertas o ventanas, y al resto del menaje casero.
Sobre todo, las víctimas y sus vecinos viven día a día con la zozobra de que él o los ladrones vuelvan a invadir sus moradas.
Cifras oficiales revelan que en el 2014 se reportaron 3 mil 21 robos a casa habitación, y aunque el número de denuncias disminuyó a 2 mil 845 el siguiente año, en el 2016 la cifra se disparó a 3 mil 446, considerado por las autoridades como el pico más alto en lo que va de esta década.
Por diversas causas, ya sea más policías o el reforzamiento de la vigilancia por parte de empresas de seguridad en colonias privadas, el 2017 cerró a la baja, con 3 mil 45 reportes de robo a casa habitación, según las estadísticas anualizadas presentadas por la Procuraduría General del Estado de Nuevo León al 31 de diciembre pasado.
De estos incidentes, lo preocupante es que en 238 ocasiones los ladrones ejercieron algún tipo de violencia hacia los moradores de las viviendas, ya sea amagos y amenazas con armas blancas o de fuego, agresiones físicas (golpes y heridas), e incluso violaciones o abusos sexuales, sin contar los casos de robo que terminaron en homicidio, hechos sobre los cuales se carece de una cifra especifica.
Es decir, en una de cada 10 ocasiones, el que debería ser un simple robo a casa habitación terminó en hechos violentos: los perpetradores ladrones pasaron a la violencia física, sexual, y hasta al homicidio.
Esta tendencia va a la alza.
MÁS GUARDIAS
¿MENOS ROBOS?
Según informes de la Dirección de Control y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en Nuevo León existen 14 mil 903 guardias registrados al día de hoy.
En total operan en la entidad 471 empresas dedicadas al resguardo y salvaguarda de personas, bienes e inmuebles, los cuales deben cumplimentar las disposiciones de la Ley de Seguridad Privada estatal, misma que entre sus fines esta la regulación y registro del personal operativo (guardias), para evitar que personas no aptas, desde el punto de vista legal, presten servicios de seguridad privada.
Los requisitos para ser guardia competen única y exclusivamente a la empresa que desee contratar a una persona para esta función, toda vez que dependerán del servicio para el cual se necesita contratar al elemento operativo, y bajo los estándares que ella requiera.
En una tarjeta informativa emitida por la Dirección de Control y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada se establece que a esta dependencia únicamente le compete vigilar el cumplimiento de las obligaciones del personal operativo de seguridad privada, de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada.
La legislación establece como requisitos para ser guardia de seguridad privado el carecer de antecedentes penales, ser mayor de edad, estar inscrito en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública y estar debidamente capacitado en las modalidades en que prestará el servicio.
Se precisa como condicionante: “no haber sido separado de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada, o de procuración de justicia federal o estatal por alguna de las causas previstas en la fracción II del artículo 26, entre ellos sentenciado por delito doloso, por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio”.
Según la autoridad, existe una constante comunicación con estas compañías, incluso en aquellos sucesos donde se ven involucrados ya sea empresas o elementos de seguridad privada, con la finalidad de verificar tanto su legal operación, así como que sean guardias debidamente registrados ante esta dependencia.
Sin embargo, en el numeral 6 de la Ley de Seguridad Privada se establece que los prestadores de servicios de seguridad privada son “auxiliares a la función de seguridad pública y que su personal deberá coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública cuando así se les requiera. (Y) en caso de que sucedan hechos que ameriten la intervención de la autoridad, la función de dicho personal operativo cesará en cuanto hagan acto de presencia los Agentes del Ministerio Público o instituciones policiales”.
SOMOS NECESARIOS, AFIRMAN EMPRESAS DE SEGURIDAD
“El miedo a la criminalidad nos hizo necesarios”, reconoce Joel Juárez Blanco, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp), en entrevista con Hora Cero.
Vía telefónica desde la Ciudad de México (CDMX), detalla que ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Juárez (Chihuahua) entre otras regiones del país, han tenido un crecimiento exponencial debido a la creciente ola criminal que afecta al país.
“El miedo y la inseguridad han hecho crecer la demanda de nuestros servicios. Es una realidad. Las personas buscan que se les brinde protección hacia ellos y otros familiares, como a sus bienes patrimoniales y sus valores”, declara Juárez Blancas.
El vocero de Amesp, que agrupa a más de seis mil empresas de las más de 30 mil que existen en México, reconoce una problemática que afecta a fin de cuentas a los ciudadanos: la aparición de empresas de seguridad “piratas” o de dudosa capacidad y calidad.
“Lo bueno puede salir caro. Eso lo deben saber los ciudadanos, nuestros clientes. El pagar poco por un servicio implica el riesgo de que se le brinde mala calidad y deficiente vigilancia y atención”, añade.
Explica que la problemática de este tipo de empresas apócrifas o que surgen día a día por la creciente demanda de guardias de seguridad, es que recurren a la contratación de personal de dudosa probidad moral y capacidad, así como el que su desempeño profesional será deficiente.
“Comúnmente esto ocurre en lo que se denomina como seguridad intramuros, en colonias y fraccionamientos habitacionales cerrados. Se contrata a empresas o personal que se dice de seguridad privada, pero carecen de capacitación y experiencia para brindar el servicio.
“Sus protocolos de capacitación son dudosos, así como la seriedad y probidad de sus elementos, no revisan sus antecedentes penales y, sobre todo, no pasan los exámenes psicométricos necesarios para garantizar la protección de las personas y sus bienes”, explica Juárez.
El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada puntualiza además que los afiliados, todos ellos empresas serias y con experiencia y capacidad certificados con estándares nacionales e internacionales, tienen protocolos específicos para cada tipo de servicio.
Pero ¿quién se hace responsable en caso del robo a una casa habitación que es cuidada por personal de una empresa de seguridad privada?, le cuestiona Hora Cero.
Precisa que las compañías brindan su servicio con una fianza o garantía de protección para que, en caso de negligencia, o bien una actuación indebida o ilegal de su personal, garantizar la reparación del daño o pérdida en caso de un siniestro.
“Es decir, ante un eventual delito o una falla cometida por nuestro personal, esta fianza o garantía protege al cliente que contrata nuestros servicios”, asegura.
Señala y “que quede aclarado: dos o tres guardias en una propiedad o en una colonia privada no pueden contener a un grupo de 10 o 12 personas con armas de grueso calibre que llegan a delinquir o robar una propiedad”.
En esos casos, agrega, no corresponde a la compañía de seguridad privada pagar por los bienes sustraídos y los daños ocasionados.
“Eso lo deben de cubrir las compañías de seguridad que se sugiere tenga cada persona en sus casas o departamentos”, que se recomienda a las familias tener contratados.
“No habría compañía de seguridad privada que pudiera cubrir este tipo de siniestros. Incluso, si algún afiliado pretendiera ofrecer este plus, el cobro del servicio sería altísimo, que ningún cliente se atrevería a pagarlo”, señala.
Lo que debe de brindar cada empresa de seguridad privada es “la mejor calidad, el mayor profesionalismo y la certeza de que bienes, personas e inmuebles están lo mejor posiblemente resguardados”.
CASOS QUE ATERRAN
Juan Carlos “C” era un alto ejecutivo de una empresa radiofónica con sede en Monterrey. Como parte de su contrato para radicar en la Sultana del Norte aceptó dejar su casa en la Ciudad de México, previo acuerdo de que se le pagaría además de sus altos honorarios, la renta de una casa en un sector privado y muy exclusivo de San Pedro Garza García.
Todo parecía transcurrir en plena armonía en la zona privada sampetrina donde vivía, a donde llegó junto con su esposa y dos hijas pequeñas con las otras 14 familias que conformaban el complejo residencial cerrado, con gimnasio y piscina propios, y el plus que daba la vigilancia de videocámaras y guardias privados las 24 horas del día.
El paraíso en la tierra pues, a un costo de renta mensual superior a los 45 mil pesos. Todo bien, hasta que una madrugada…
El golpeteo intenso y apremiante en la puerta principal de la casa y las luces rojas y azules de las patrullas de policía los hicieron despertar a él y su esposa: “¡Señor, puede bajar, los han robado!” fue el mensaje que logró sacarlo de la somnolencia y enfrentarlo a algo que nunca imaginó: “Se metieron a mi casa mientras dormíamos”.
Y no sólo la residencia de Juan Carlos “C” fue saqueada, las restantes 14, cada una en un bloque o cuadra, tuvo el mismo destino, según relataron los vecinos afectados: el ataque de los ladrones (la teoría del ratero solitario se descartó de inmediato, por la eficacia con la que se dio el atraco en tan poco tiempo, y con altos resultados).
Detenidos, bajo sospecha de haber permitido el que se desconectaran las cámaras de seguridad, los sistemas de alarma de las viviendas y automóviles y cajas fuertes de seguridad, tres guardias esperaban en las patrullas asustados y señalados como cómplices. Los tres fueron liberados meses después.
Juan Carlos “C”, azorado, escuchó de voz de un policía una de las varias hipótesis que rodearon el cierre del caso: “fue un robo interno. Alguno de los 15 vecinos es el responsable, ya que éste fue desde adentro y no se hallaron pruebas para inculpar a alguien”.
El directivo de la empresa radiofónica relató a Hora Cero que semanas después del robo masivo, tres vecinos y sus familias optaron por cambiarse de colonia por miedo a ser atracados de nuevo o sufrir un riesgo mayor. La sospecha de quienes se quedaron fue de si en esos camiones de mudanza no iría una parte o todo el botín.
NINGUNA COLONIA SE SALVA
Aunque pareciera aventurado decirlo, no hay colonia, fraccionamiento o comunidad que esté exenta de haber sido escenario de algún robo a domicilio. Incluso los municipios más apartados de la zona metropolitana son susceptibles de ser visitados por los amantes de lo ajeno.
Baste la revisión del último reporte a diciembre 31 del 2017 de la Unidad de Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado en relación a las Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación del Sistema Tradicional y Acusatorio.
En Allende se reportó un robo en la colonia El Progreso. En Anáhuac hubo 10 asaltos, siendo el centro de ese municipio ubicado al norte del estado donde se registraron más incidentes (3), seguido de la colonia Obrera con 2.
En Apodaca hubo 20 robos a casas habitación, tres de ellos con violencia, uno en Metroplex, otro en La Cieneguita y el último en Paseo de Las Flores 1.
En Benito Juárez se reportaron 12 robos a casas habitación, cinco de ellos con lujo de violencia: tres en la colonia Vistas del Río, uno en Terranova Residencial y otro más en Monte Verde, todos ellos colonias residenciales cerradas.
El municipio de Bustamante registró un solo incidente, al igual que Doctor González, Doctor Arroyo, Los Ramones, Linares, Mier y Noriega (éste con violencia); Mientras que Santiago y Villaldama registraron dos robos a casa habitación, respectivamente.
Los santacatarinenses también enfrentaron en diciembre este delito: 13 casos fueron reportados, tres de ellos con saldo violento. Y 16 familias nicolaitas también sufrieron el mismo problema, aunque sólo en un caso hubo violencia por parte de los asaltantes.
Los amantes de lo ajeno atracaron en nueve ocasiones en Sabinas Hidalgo durante el pasado diciembre, mientras que 28 familias regiomontanas, cinco de ellas con lujo de violencia, vieron allanadas sus viviendas y sustraídas sus pertenencias y objetos de valor.
Pero es el municipio de García, uno de los que presenta un crecimiento desaforado de población y nuevos fraccionamientos en el área metropolitana de Monterrey, el que ocupa el primer lugar en robos a domicilio en el pasado diciembre, con 30 denuncias en total.
Además, García ejemplifica claramente el cómo los ladrones van a todas las colonias para delinquir, lo mismo a las populares bajo vigilancia de la policía municipal, que a sectores cerrados con guardias privados y bardas perimetrales con acceso restringido.
Los ladrones lo mismo visitaron casas en Ampliación Los Nogales Fomerrey 177, El Cedral, Héroes de Capellanía o José Páez, colonias “abiertas”, como las del Paseo de Capellanía, Paseo de Las Minas, Privada Las Villas, Real de Capellanía o Riberas de Capellanía, que son sectores cerrados bajo vigilancia de guardias pagados y contratados por los residentes.
Un ejemplo más: Óscar y Marcela son un matrimonio joven con tres hijos menores de edad. Dejaron la casa en la que por casi 10 años vivieron en la colonia Paraíso, próxima a la Presidencia de ciudad Guadalupe, agobiados por las frecuentes incursiones de ladrones.
Lograron con el esfuerzo de trabajar todo el día como contadores públicos hacerse de una casa propia en el fraccionamiento Quetzal, también de Guadalupe, donde creyeron sentirse seguros: había la promesa de barda perimetral y acceso restringido a los visitantes y personas ajenas al sector, previa autorización de los vecinos girada a los guardias privados.
La vigilancia en las calles y avenidas del fraccionamiento y en los parques, dicen, es efectiva sin llegar a ser excelente. Calles y avenidas bien alumbradas, pavimentadas y en perfecto estado, y parques y andadores internos bien cuidados dan un plus a la inversión de comprar una casa a varios años de crédito.
El pago de los guardias de seguridad divididos en tres turnos, junto con el coste de tarjetas electrónicas para el acceso y salida de vehículos en las entradas principales, corre a costa de las cuotas de la comunidad de vecinos, quienes gustosos pagan lo que se les exija.
O más bien pagan a disgusto, luego de reportarse una docena de robos a casa habitación, a plena luz del día y sin que los guardias privados supieran o se percataran de los hechos.
Relata la pareja que el modus operandi de los atracadores fue muy simple: se saltaron la barda perimetral que rodea el fraccionamiento Quetzal, el cual colinda con un extenso terreno sin urbanizar, y el cual la policía municipal no vigila, mucho menos los guardias privados que se limitan a atender lo que pasa en el interior de la colonia.
El joven matrimonio no ha sido el único afectado, pues más de una docena de viviendas han sido robadas igual: aprovechan los atracadores el que las familias salen casi todo el día a trabajar y sus hijos a la escuela y regresan hasta la noche, para poder ingresar a las viviendas sin problema.
Ni lo alto de las bardas (cada vez más altas), ni los perros guardianes, mucho menos un sistema de alarmas o cámaras de seguridad, ni los rondines de los custodios o, en su defecto, el paso ocasional de las patrullas de policía que de cuando en cuando se dejan ver, inhiben la acción de los perpetradores.
De los daños causados a puertas y ventanas y lo robado, si no hay seguro de protección con una compañía, ni quien se ocupe. Mucho menos de la tranquilidad de cada una de las familias que ven vulnerado, violado, el lugar que consideran el ideal para vivir.
FALTA CAPACIDAD
A AUTORIDADES
Para el diputado panista Marcelo Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, la situación es grave, no sólo el rubro del robo a casas habitación sino en prácticamente todos los delitos del fuero común, entre ellos el asalto a personas, robo de bancos, y los homicidios.
“El estado en estos dos años del ahora gobernador con licencia no sólo empató, sino superó, el periodo del 2011-2012, cuando tuvimos la crisis de seguridad”, destaca el legislador.
“En prácticamente todas las colonias, incluso las que están cerradas y tienen guardias privados se han presentado robos, es difícil decir cuál está libre de este delito”, agrega Martínez al explicar que se carecen de programas preventivos y acciones concretas tanto por parte del Estado como de los propios municipios.
“El tener vigilancia privada no es garantía. Muchas de estas compañías se terminan aliando con alguna banda de delincuentes de los alrededores, y son quienes terminan dándoles entrada, al conocer los horarios de salidas y llegadas de quienes viven en las colonias”, apunta.
Precisa el legislador que la existencia de estas empresas se debe a la falta de personal de las corporaciones policiales públicas, tanto estatales como municipales.
Añade que Fuerza Civil y las secretarías de seguridad pública municipales, con excepción de San Pedro Garza García, carecen del número necesario de elementos para brindar atención preventiva en sus comunidades.
“De acuerdo a las afirmaciones del gobernador con licencia, el compromiso era llegar a tener 12 mil elementos efectivos al final de sexenio, pero apenas y llegan a seis mil policías al día de hoy.
“Tenemos un gran déficit de elementos de Fuerza Civil; y curiosamente, en la zona de Monterrey, donde ésta corporación asume la vigilancia es donde más incidencia de robos a casa habitación se han presentado”, precisa el legislador panista.
Martínez enfatiza que el crecimiento en los casos de robo a casa habitación llevó a los residentes de muchas colonias a buscar la protección de empresas de seguridad; sin embargo, en lugar de mejorar la situación, empeoró, o en el mejor de los casos, se mantuvo igual.
“Hay algunas colonias que no permiten la entrada de las corporaciones policiales, pero casi todas sí lo hacen. Debería haber una mayor coordinación entre ambos prestadores de programas de seguridad. Los rondines policiales ahuyentan, inhiben la comisión de algún delito.
“Pero nada se puede hacer si los policías fallan en su tarea y los guardias privados fomentan este tipo de crímenes; nadie se halla seguro en sus casas”, concluye Marcelo Martínez con esta advertencia.