Con mantas y pancartas, con cartulinas y fotos impresas en papel o plasmadas en camisetas, madres, padres, hijos, hermanos y novias de niños, jóvenes y adultos “levantados” por grupos criminales o secuestrados, o arrestados por policías y militares, reclamaron la aparición de sus familiares ante Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Al grito unánime de “Ni perdón, ni olvido”, familiares de desaparecidos exigieron durante el foro Escucha para la Reconciliación y Pacificación, resolver los más de 2 mil 900 casos de privación ilegal de la libertad registrados en Nuevo León, incluidos los ocurridos hace más de 40 años durante la llamada Guerra Sucia.
Realizados en instalaciones de la Facultad Libre de Derecho, ubicada en Santa Catarina, el encuentro permitió a integrantes de organizaciones no gubernamentales presentar ante Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sus reclamos ante la indolencia, apatía y negligencia de autoridades federales y estatales.
Con mantas, pancartas, cartulinas y fotos impresas en papel o plasmadas en camisetas, madres, padres, hijos, hermanos y novias de niños, jóvenes y adultos “levantados” por grupos criminales, secuestrados, o arrestados por policías y militares, reclamaron la aparición de sus familiares.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue la premisa planteada por los familiares de las víctimas, lo mismo de la Guerra Sucia emprendida por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo contra la guerrilla y grupos subversivos en los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, que en la guerra contra el narco en los sexenios del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.
Ahí estaba Ana María Salas Ramos, hermana de Ramiro, desaparecido el 4 de abril de 1978, quien siendo estudiante de maestría en la Facultad de Economía de la UANL, becado por el Conacyt, fue levantado por la Brigada Blanca del Ejército Mexicano y la Policía Judicial, y tras de 40 años de búsqueda, aún se desconoce su paradero.
“Lo hemos buscado incansablemente. Mis padres murieron aún con la esperanza de encontrarlo vivo, y hoy exigimos respuestas. Estamos hambrientos de justicia para él ya que nos privaron de sus abrazos y cariño, y castigo para los responsables”, refiere Salas Ramos.
“No podemos construir la paz si no hay justicia primero. La impunidad del ayer ha venido a promover y acrecentar la impunidad que actualmente estamos viviendo”, enfatiza.
“¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, “¡Justicia, justicia!”, “No a la impunidad, castigo a los culpables”, fueron los reclamos que los organizadores del encuentro y los asistentes, entre ellos el ex procurador de Justicia y actual secretario de Seguridad de Nuevo León, Bernardo Garza, y la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, escucharon durante la hora y media en que duró la ceremonia de apertura de las mesas de dialogo.
Incluso, algunos familiares de las víctimas protestaron por el hecho de que las autoridades estatales y municipales, a las que señalaron de ser culpables por acción u omisión en la desaparición de sus familiares, estuvieron en lugares frente al escenario donde se sentaron los oradores principales, y no los afectados por la privación ilegal de sus consanguíneos.
Entre los asistentes estaban los padres de Alejandro Alfonso Moreno Baca, ingeniero en sistemas, de un metro 74 centímetros de altura y tez blanca, y quien a la fecha tendría 38 años de edad. Él desapareció en el kilómetro 113 más 15 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, cuando manejaba un automóvil Mazda con placas del Distrito Federal 187VCT. Desde el 27 de enero del 2011 nadie sabe de su paradero, ni del vehículo.
También habló, o más bien exigió, Andrea García que su hermano Rogelio García Sierra regrese sano y salvo con su familia. Empleado en los municipios de Guadalupe y en el Gobierno del Estado, Roger, como le dicen sus allegados, desapareció el 29 de agosto de este año, hace apenas unas dos semanas, y aunque conocidos en las instancias gubernamentales se han solidarizado con los afectados, nadie les da razón de su paradero ni del avance de las investigaciones.
Lesly Hidalgo, integrante de la organización Eslabones dijo: “Hemos sido testigos de gran dolor, enojo y coraje que nos han manifestado en duros y difíciles testimonios familiares, que tienen una justa exigencia hacia las actuales autoridades por su incapacidad y negligencia en resolver y atender cada caso, que esperamos las nuevas autoridades no repitan”.
De acuerdo a los datos aportados por las organizaciones, en base a información oficial de las autoridades judiciales y policiales, en Nuevo León se tienen contabilizados 2 mil 900 casos de personas desaparecidas o privadas de su libertad de manera ilegal, aunque la cifra negra, esa que involucra a hechos no denunciados por temor a represalias por decisión de los afectados, podría ser de dos, tres, o más veces.
Rosario Piedra Ibarra, integrante del comité de Eureka, la primera organización no gubernamental en México en pie de lucha por erradicar la tortura y la desaparición de personas, también expuso ante los organizadores del Foro Escucha los reclamos y exigencias para que se resuelvan uno a uno todos los casos denunciados.
La activista recordó no sólo a los jóvenes estudiantes de Nuevo León secuestrados durante la Guerra Sucia emprendida por el gobierno de Echeverría contra grupos opositores al régimen, sino los diversos crímenes cometidos por autoridades civiles y militares en contra de la población.
Piedra Ibarra, hija de la activista, ex candidata presidencial y ex senadora Rosario Ibarra de Piedra, planteó como premisa la apertura de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y cuerpos policiales, para conocer los operativos y acciones de las unidades de contrainsurgencia durante el gobierno de Echeverría.
“Era una época en que la represión gubernamental hacia la disidencia era feroz. Las prisiones llenas, la persecución implacable y la desaparición forzada llegó a tal grado que fuimos cientos las familias que buscábamos a nuestros hijos, esposos, hermanos, hombres y mujeres y algunas embarazadas, y la mayoría jóvenes, quienes habían sido detenidos por las fuerzas armadas o las policías, acusándolos de pertenecer a movimientos armados”, relata la también ex candidata a diputada local por Morena.
Precisó que el movimiento de Eureka, fundado por su madre, postrada desde hace unos meses en una cama por la enfermedad y su avanzada edad, logró que el gobierno de López Portillo le concediera una amnistía a los presos políticos, liberando a muchos, pero no a su hermano.
Rosario Piedra demandó la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por ciudadanos, para esclarecer e investigar, y en su caso sancionar, a los responsables de los secuestros y homicidios perpetrados por autoridades en contra de la sociedad civil durante los años de la Guerra Sucia, así como los crímenes políticos y sociales registrados desde 1969 hasta 1999.
“Siempre hemos sabido que el único responsable de la desaparición forzada en este país es el gobierno mexicano, como lo es el gran generador de la violencia y escuela del crimen que utilizando un aparato represivo creado hace casi 50 años, con comando élite de policías, fuerzas armadas entrenada para el secuestro y la tortura, y cuyas cárceles clandestinas han sido campos militares, bases navales y edificios federales y actuando contra a población inerme, se cubren con el velo de una impunidad total”, atajó.
“Ni perdón ni olvido”, fueron también expresiones de Piedra Ibarra, al referir que “no se puede hablar de democracia en México con tantas personas desaparecidas, ni construir un nuevo país sobre las ruinas y las fosas clandestinas que día a día siguen apareciendo.
“No ha sido por falta de capacidad que el gobierno no ha respondido ante la sociedad conmovido por los crímenes que asolan nuestra patria. Ha sido por encubrirlos y borrar sus propias huellas en la comisión de estos”, sentenció al referir que para los integrantes de Eureka la palabra desaparecido no es sinónimo de muerto, a pesar de que han pasado muchos años de su ausencia forzada.
REFORMAS FEDERALES EN PUERTA
Arturo Durazo, propuesto por el presidente electo López Obrador como su futuro secretario de Seguridad Pública, precisó que la próxima administración federal no aplicará el perdón y el olvido para todos los casos de privación ilegal de la libertad.
En conferencia de prensa, añadió que las policías a nivel federal, estatal y municipales serán reforzadas con recursos económicos, materiales y humanos, para enfrentar los crecientes índices de inseguridad pública.
Durazo agregó que el nuevo gobierno implantará programas para erradicar de tajo la corrupción, el mal endémico que genera la impunidad y con ello la inseguridad y la violencia social.
Expuso que serán enviadas a la cámara de diputados cinco iniciativas para reformar las leyes correspondientes al recién puesto en operaciones Nuevo Sistema Penal Acusatorio, además de plantear al presidente López Obrador la apertura de los archivos de las corporaciones policiales federales e, incluso, de las fuerzas armadas, dependiendo de los tiempos que estas instancias tengan para su publicación,
El próximo secretario de Seguridad Pública federal, quien se dijo preparado para asumir el puesto tras trabajar “desde canchanchán” en los niveles más bajos, hasta los más altos del gobierno federal, con maestrías en administración pública otorgadas por universidades privadas del país y extranjero, refirió que se carece de un plan concreto de acción para pacificar el país.
“Estamos trabajando en su elaboración conociendo las propuestas, demandas e inquietudes de toda la sociedad, para lograr un programa que primero dé justicia a las familias de los desaparecidos y afectados por la violencia, y después pueda brindar el perdón a los responsables”, consideró el también senador con licencia por el estado de Sonora.
“Les puedo garantizar que no habrá olvido, sino justicia para todos”, sentenció.