En Nuevo León, cerca de 3 mil 654 reos no cuentan con una sentencia concreta por los delitos que se les acusa, mientras el juicio de los procesados se resuelve, los presuntos culpables podrían permanecer dentro de las cárceles indefinidamente.
El presidente de Renace, Ernesto Canales, indicó que alrededor del 40 por ciento de las personas que se encuentran dentro de las prisiones en el país no tienen una sentencia, lo cual equivale a un estimado de 92 mil procesados dentro de las distintas cárceles de México, mismos que no tienen idea de saber hasta cuándo podrían permanecer encerrados.
Por su parte, el director general de Renace, Martín Sánchez Bocanegra, explicó que la duración de los procesos judiciales tradicionales llevan un mínimo de uno a tres años y en dicho periodo las administraciones gubernamentales deben correr con los gastos del interno.
Sánchez Bocanegra argumentó respecto a la cantidad de reos que hay sin procesar, que hay múltiples factores que se tienen que cubrir. Uno de ellos es el gasto diario que va de 140 a 200 pesos y que las autoridades deben pagar por cada persona.
Al hacer una relación entre la cantidad de personas que se encuentran dentro y que no tienen sentencia, con la cantidad estimada que Nuevo León gasta por cada uno, resulta que diariamente el Estado invierte 730 mil 800 pesos en la manutención de reos sin sentencia.
Sánchez Bocanegra afirmó que la familia del reo gasta más porque se tiene que proveer recursos al pariente para alimento y vestido, sin contar el costo de los problemas psicológicos.
Sánchez mencionó que el proceso legal en general cuesta alrededor de 60 mil pesos, un precio que no es accesible para las familias de escasos recursos o nivel medio que son los que en su mayoría viven este tipo de problemas.
“Además está el costo social, que es la problemática del sustento de la familia y donde muchas de las veces los niños tienen que dejar la escuela o tienen problemas para cubrir todas las necesidades de alimentación, vestido de los hijos”, explicó Bocanegra.
El director de Renace estimó que cerca del 80 por ciento de la gente que va a la cárcel se encuentra entre los 18 y 35 años. Alrededor del 60 por ciento está en edad productiva, con pareja o casados y con hijos.
“La reinserción social cuesta mucho trabajo si la persona sale con algún antecedente penal, se le van a cerrar muchas puertas en el regreso a lo que hacía cotidianamente”, manifestó el titular de la organización.
El nuevo sistema penal
Aunque actualmente las autoridades pueden fallar y fabricar culpables de una manera sencilla por la insuficiente labor de investigación, Sánchez Bocanegra, manifestó que se implementa un nuevo sistema penal para cambiar el juicio de los procesados en el Estado.
Señaló que es muy fácil generar culpables a través de los argumentos de testigos falsos y pruebas inexistentes, pero por medio de la reforma penal que se implementa en Nuevo León, el proceso cambia para las personas que cometen delitos menores.
Sánchez Bocanegra afirmó que en el Estado el proceso es paulatino y para este año sólo se implementará el nuevo sistema para el 6 por ciento de los casos. En 2013 se pretende llegar a cumplir con tres veces más la cifra de juicios que en el actual.
“Si lográramos hacer esto evitaríamos que una gran cantidad de gente vaya a la cárcel, porque todo podría quedar en la conciliación y mediación ante el Ministerio Público tomando las medidas alternas evaluando al juez de garantías”, aseguró el litigante.
El director indicó que se busca perseguir con pruebas científicas a los verdaderos delincuentes, además de que las autoridades den cuenta de: ¿a quién persiguen?, ¿a quién están investigando?, ¿cuánta gente han detenido?, ¿cómo ha sido el proceso de esas personas?, entre otros puntos importantes.
“Queremos que termine ese tipo de trabajo policiaco, es imposible que como sociedad estemos sosteniendo el trabajo de policías que inventan testigos, culpables y presuntos culpables para justificar que hacen su trabajo”, expuso.
Con el nuevo sistema, Sánchez Bocanegra mencionó que sólo un porcentaje menor va a llegar a juicio, porque lo que se busca es que las personas con delitos menores no tengan que ir a la cárcel.
“Aplicaríamos los métodos alternos a una gran cantidad de esos delitos, lo que implicaría que no tendrían que llegar a la cárcel ya que las prisiones están reventando, lo que menos queremos encierren a más personas sin razón”, sostuvo el litigante.