Por Mariel Sánchez, Alondra Pedraza y Emanuel Suárez
Incertidumbre, miedo, dolor, angustia y desesperación fue lo que vivieron los familiares de los internos del Penal del Topo Chico, luego de enterarse de la trifulca ocurrida el pasado miércoles 10 de febrero, que inició a las 23:30 horas.
Y es que el Gobierno del Estado informó que la masacre se derivó tras un conflicto entre grupos, liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, apodado “El Credo”, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias el “El Z 27”, quienes provocaron un incendio en la bodega de víveres en los ambulatorios C-2 y C-3. El motín dejó a 49 reos sin vida y a 12 lesionados.
Por ello desde los primeros minutos del 11 de febrero, cientos de familiares arribaron al Centro de Readaptación Social, ubicado en los cruces de la avenida Aztlán y Rodrigo Gómez, buscando información de sus presos, pero la espera fue más larga de lo que imaginaron.
El panorama era desalentador para quienes esperaban impacientes noticias de su ser querido, pues por más de 10 horas permanecieron de pie al exterior del Cereso confiados en que recibirían noticias.
“Nomás queremos que los dejen hablarnos, que nos digan que están bien y ya colgamos. No nos vamos a quedar platicando”, solicitaba una madre de familia sollozando.
Soportando gritos, falta de información, empujones y los intensos rayos del sol, los asistentes exigían se les permitiera el acceso, pero cualquier acción era en vano, ya que sólo se les pedía paciencia y tiempo para publicar la lista de los reos fallecidos y de lesionados.
Nada lograba calmar a los familiares, y es que el motín que se desarrolló en la madrugada al interior del Centro Penitenciario, fue controlado dos horas más tarde y a las 9:00 horas aún no se proporcionaba ningún tipo de información.
Para lograr el control al interior del Centro Penitenciario acudieron elementos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de Fuerza Civil y policía municipal, quienes además resguardaron los alrededores.
Lanzando piedras, palos, empujando los accesos y agrediendo a los elementos de seguridad que resguardaban el recinto, era como los familiares trataban de ser escuchados.
La desesperación provocaba enojo, coraje y diferencias entre familiares, quienes se empujaban y cruzaban palabras, entre ellos y con los elementos de seguridad, sin comprender las casi nulas explicaciones por parte de las autoridades del Cereso.
De acuerdo a vecinos de la colonia Morelos, en la madrugada se alcanzaron a escuchar detonaciones y explosiones, tanto de granadas de fragmentación como de armas de fuego.
Además trascendió que, antes del amanecer, una ambulancia y un camión del Servicio Médico Forense (Semefo) salieron del Penal, sin que se diera a conocer a cuántos heridos y fallecidos trasladaban.
Pero se informó que los heridos de gravedad fueron atendidos en el Hospital Universitario entre los que se encuentran: Óscar Reynaldo Cázares González, Axel Lovato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño, Hugo Roberto Escobar Rincón y uno más que no se ha identificado.
Se perdió la calma
“¡Que salga la directora, que salga la directora!”, clamaban los familiares a los elementos de seguridad que bloqueaban los accesos, ya que esperaban escuchar de voz de Gregoria Salazar Robles, quien dirige el Centro Penitenciario, la lista de fallecidos, lesionados y de los reos que fueron trasladados.
Apenas con una cartulina colocada en el acceso principal del Cereso, fue como mantuvieron informadas a las más de 500 personas que esperaban noticias de los reos ubicados en los ambulatorios C-2 y C-3.
Las promesas por parte de las autoridades en las que se les aseguró que a las 8:00 horas recibirían información se prolongó por más de dos horas.
Las lágrimas no se hicieron esperar, cientos de madres de familias suplicaban información, sin obtener resultados, la misma desesperación las orilló a trepar la cerca que rodea el Centro de Readaptación Social, donde gritaban el nombre de su hijo.
Los reos que se encontraban bien al interior del recinto, se asomaban por las ventanas y mostraban alguna prenda que pudiera ser reconocida por sus seres cercanos, fue la forma en que algunos familiares encontraron la calma, al ver a su familiar en buen estado.
Sin embargo, muchas personas aún no lograban encontrar la calma, de una puerta a otra exigían noticias, buenas o malas, pero sólo se encontraban con negativas.
En más de una ocasión los mismos familiares tuvieron que esquivar las rocas de gran tamaño que lanzaban los más desesperados, los oficiales se intentaban proteger, pero a la vez controlar la situación, resultando con lesiones.
Una madre de familia suplicó desesperada a quienes estaba provocando conflicto que se detuvieran y se colocó enfrente de los elementos de seguridad para pedir calma, con la voz entrecortada solicitó, “no avienten piedras, ya basta, así menos nos van a dar información, no nos van a dejar entrar”, mientras evadía los objetos que eran lanzados hacia los guardias.
Otra forma de bloquear el acceso fue con vehículos del Cereso, ya que entre algunos jóvenes lograron abrir el portón a la fuerza, para entrar a ver a sus internos.
De repente un silencio se apoderó de las familias y es que autoridades del Penal comenzaron a colocar bocinas arriba de los vehículos, lo que indicaba que por fin recibirían información.
Pero al momento en el que se intentó emitir sonido por parte de un funcionario, el sonido falló y no se lograba adivinar lo que se estaba dando a conocer, lo que nuevamente desató el enojo de los presentes, quienes mediante palabras altisonantes exigían una pronta solución.
Hasta que alrededor de las 11:00 horas, una mujer con libreta en mano les solicitó calma y les pidió realizar una fila a mujeres y hombres para lograran ingresar, permitiendo el acceso de un solo familiar por reo.
De prisa las mujeres acudieron a rentar una falda, para cumplir con la reglamentación requerida para ingresar al Penal, con la esperanza de ver con vida a sus seres queridos.
En pocos minutos, la fila rodeaba el centro penitenciario, donde los familiares portaban su credencial de elector en mano y una copia de la misma.
Algunos familiares rezaban, al exterior, esperando que sus hijos se encontraran a salvo.
Trasladan a reos
Una vez más las piedras lanzadas por quienes esperaban al exterior del Cereso provocaron la movilización de elementos de Fuerza Civil, quienes se encontraban resguardado el segundo acceso del penal.
Ya que uno de los camiones del Centro de Readaptación Social salió con algunos de los reclusos más peligrosos que se encontraban internos en el Penal del Topo Chico.
Trascendió que se trata de al menos 70 reos, los cuales fueron trasladados a los Centros Penitenciarios de Piedras Negras y Durango.
Ante la impotencia, algunas personas trataron de detener el camión lanzando objetos pesados, sin obtener ninguna clase de resultado.
Mujeres e infantes sin lesiones
Mientras que los elementos de seguridad no podían controlar la situación al exterior del Cereso, donde abundaban los bloqueos, manifestaciones, personas corriendo de un lado a otro, gritando e incluso retando a los cuerpos de seguridad, acudieron a brindar atención personal de Derechos Humanos.
Intentaron crear una comisión de familiares de internos, de al menos 10 personas, a los cuales se les permitiría el pronto acceso, junto con el personal de Derechos Humanos para recabar información al interior y salir a informar a quienes esperaban afuera, pero muchas personas se negaron a proporcionar datos.
Lo que se logró, fue que familiares realizaran una lista de peticiones, las cuales fueron recabadas por el personal, para evitar los gritos y exigencias.
En ese momento la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Catalina Teresa Rivera Díaz, informó que las mujeres y los niños al interior del Penal se encontraban bien.
La fila de acceso al Centro Penitenciario continuaba avanzando de cinco en cinco personas, para que lograran constatar las condiciones en las que se encontraban sus seres queridos.
Posterior al listado, un camión del Semefo salió del acceso trasero, sin que se diera a conocer el número de fallecidos que se trasladaron al Anfiteatro.
Agreden a presidenta estatal de Derechos Humanos
Luego de mencionar la lista de reos sin lesiones, se logró la calma de algunos familiares que por fin conocían la situación de su ser querido, pero también se provocó molestia para los familiares de quienes no fueron mencionados.
Mientras que la presidenta estatal de Derechos humanos, Carolina Teresa Rivera Díaz, se encontraba en entrevista con medios de comunicación en la avenida Aztlán en su cruce con la calle Palacio de Justicia, fue rodeada y “bombardeada” de preguntas por parte de los familiares de los reos.
Luego de ser rodeada, Rivera Díaz recibió empujones e insultos y no se le permitía abordar su vehículo e incluso su automóvil fue golpeado en múltiples ocasiones.
La agresión se originó debido a que los familiares cuestionarios a la presidenta de la Comisión por la lista de fallecidos, que hasta ese momento no se había dado a conocer, por lo que ella aseguraba que no contaba con esa información.
Los elementos de seguridad intentaron protegerla, sin salvarla por completo de las agresiones, hasta que logró retirarse del sitio.
Antes de que la entrevista fuera interrumpida, Rivera Díaz dio a conocer que el acceso al interior del Penal se logró desde las 8:00 horas y se pudo la charla con los reos (mencionados anteriormente).
“Que Ejército vigile los penales”
Que el Ejercito retome el control del Penal del Topo Chico y que Jaime Rodríguez se dedique a ser gobernador, no “candidato”, para evitar que la administración se le salga de las manos, fueron algunas de las peticiones que los líderes de las fracciones del PRI y PAN en el Congreso hicieron al mandatario estatal, tras los hechos violentos registrados en el Penal del Topo Chico, que dejaron como saldo 49 reos muertos.
Para Marco González, líder de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, lo que sucedió en el centro penitenciario es una prueba del descontrol en diversas áreas del Estado, como la administrativa y de seguridad.
“Lo más alarmante de la situación es que se ve que no hay un control en el tema del manejo penitenciario”, expresó en conferencia de prensa.
“El tema de seguridad en el estado está frágil”, afirmó, “queda en evidencia que el Estado está en total fragilidad donde en cualquier momento pudieran pasar sucesos peores. Esta es la prueba de fuego que tiene el gobernador para hacer su marcaje en el tema de seguridad”.
Argumentó que “El Bronco” conocía el problema de los penales desde su campaña, y recordó una de los compromisos de campaña del ahora gobernador, realizada en marzo del 2015, cuando firmó un acuerdo con la Asociación Renace para limpiar y retomar el control de los centros penitenciarios del Estado.
“Han pasado cuatro meses desde que inició esta administración y no hemos visto si se hizo, si se llevó a cabo, si se aterrizó y si se pudo evitar este lamentable suceso”, externó.
Para González, esto es evidencia que “este gobierno va a ser de reacción y no de prevención”, y sostuvo su argumento con la falta de un Plan de Desarrollo Estatal.
Aseguró que si Jaime Rodríguez no controla esta situación como un buen gobernador, estricto, firme y con transparencia ante la ciudadanía, se le va a ir de las manos.
“Yo le pediría que por el bien del estado ya deje esas giras que hace los fines de semanas que no son para promocionar el estado, sino que son para autopromocionarse él.
“Tiene que ser gobernador, no puede estar pensando en ser candidato, él tiene que estar aquí en Nuevo León. No se lo está pidiendo la bancada del PRI ni los diputados, se lo está pidiendo la gente, para que él no vea esto como una crítica, al contrario, que lo tome como un reclamo ciudadano que ya está pidiendo que ya no actúe como ‘El Bronco’, que actúe como gobernador”, puntualizó.
Pese a las críticas, el líder de la fracción parlamentaria tricolor indicó que lo que considere Jaime Rodríguez que se tenga que hacer “lo vamos a apoyar”, siempre y cuando se haga responsable.
“Lo que vaya a sugerir el gobernador de política pública o acción a realizar lo apoyaremos, pero ya le pediremos que sea gobernador las 24 horas del día los 7 días a la semana”, sentenció.
Por su parte, los legisladores de la bancada del PAN en el Congreso, exigieron que el Ejército Mexicano retome el control de los penales en el Estado y la renuncia inmediata de Gregoria Salazar Robles como directora del Penal del Topo Chico, tras los violentos sucesos.
“Queremos solicitarle al responsable de los penales en Nuevo León, Manuel González, de manera inmediata, la renuncia de la directora del penal, Gregoria Salazar Robles”, expresó Arturo Salinas, coordinador de la fracción albiazul.
El diputado también exigió al subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales, una averiguación en contra de Salazar y de todos los funcionarios que estén encargados de la seguridad de los penales en el Estado.
“Necesitamos determinar si hubo omisiones, hubo complicidad, hubo participación en este hecho tan grave y tan lamentable”, señaló.
Salinas exhortó al gobierno estatal para que el Ejército retome el control de los penales del estado.
“Es evidente que el Gobierno de Jaime Rodríguez no ha podido controlar la seguridad y mucho menos mantener el orden en los penales del estado y es importante que el Ejército tome el control de los mismos”, puntualizó.
RESPONZABILIZA
PAN A “EL BRONCO”
El PAN de Nuevo León responsabilizó directamente al gobernador de lo sucedido en Topo Chico, por haber cometido errores en las decisiones en cuanto a seguridad.
De acuerdo con Mauro Guerra, dirigente del partido en el estado, el hecho de que “El Bronco” no haya renovado el convenio para que el Ejército vigilara los penales es uno de los principales motivos que causaron la tragedia.
“Estas malas decisiones como no ratificar un convenio con el Ejército para que vigilara los penales y ayudara a la seguridad estatal, esta masacre sucede pese a que ‘El Bronco’ sabía que las condiciones en los centros penitenciarios eran peligrosas”, señaló.
Acción Nacional pidió a Rodríguez Calderón que solicite al Ejército que tome el control de los penales de Nuevo León y que también retome los rondines para disminuir los índices delictivos, situación que se logró durante el gobierno anterior.
“Solicitamos que se inicie una investigación por la Procuraduría contra la posible comisión de delitos de los funcionarios del sistema penitenciario para deslindar responsabilidades”, comentó.
Guerra aseguró que los diputados federales del PAN comenzarán gestiones con el gobierno federal para traer recursos a Nuevo León y reactivar el penal de Mina.
Luto en Nuevo León
La madrugada del 11 de febrero un nuevo capítulo trágico se escribió en la historia de Nuevo León: la riña en el penal del Topo Chico que dejó un saldo (hasta el cierre de la edición) de 49 reclusos muertos y 12 lesionados.
Los hechos, además de poner al gobierno estatal en jaque, evidenciaron el control del crimen en los centros penitenciarios del país
Corrían las 11:30 de la noche del 10 de febrero cuando dos líderes de bandas delincuenciales antagónicas se enfrentaron por el dominio del penal, de acuerdo a la información ofrecida por el propio gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, en rueda de prensa la mañana del 11.
La riña desató una cacería a muerte de grupos opositores en las zonas C-2 y C-3 del penal como se puede apreciar en algunos videos captados por vecinos del sector y filtrados a medios de comunicación locales.
La pelea por el control del centro de readaptación social llevó incluso al incendio de almacenes de víveres, cuyas llamas pudieron ser captadas por la lente de profesionales y curiosos e inundaron las redes sociales.
“Durante el enfrentamiento varios reos prendieron fuego a los bodegas de víveres sin afectar las áreas de dormitorio.
“Quiero externar que (el incidente) fue en las áreas denominadas el C2 y C3 para que el resto de las familias que tienen y que saben en donde están ubicados sus familiares (sepan que en el resto del penal) no hubo ningún conflicto”, aseveró el mandatario estatal.
Dos horas bastaron para que 49 personas reclusos -hombres todos ellos- perdieran la vida y 12 resultaran lesionados, cinco de ellos de gravedad, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Universitario.
Las autoridades penitenciaras lograron recuperar el control de la prisión cerca de la 1:30 horas de este día, mientras que decenas de elementos del Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal arribaban al lugar para realizar labores de vigilancia.
La escena se replicó en el centro de los penales de la entidad, de acuerdo a lo anunciado por “El Bronco”.
Desde temprana hora los familiares de los reos del Topo Chico se congregaron a las afueras del penal para saber la condición de sus seres queridos, pero la información de las autoridades estatales se dio a cuentagotas.
Las versiones del incidente se multiplicaron al por mayor. Las teorías de un intento de fuga, la masacre de más de un centenar de reclusos o la muerte y lesiones de mujeres y bebés no se hizo esperar, sin una voz oficial que las acallara.
Casi ocho horas después de haber retomado el orden del lugar, el mandatario estatal apenas citó a medios para dar a conocer el número de muertos y lesionados, en donde se descartó que mujeres o bebés resultaran heridas el intento de fuga.
También se negó el uso de armas de fuego durante el motín, aunque horas después no descartó la posibilidad en entrevista con medios nacionales.
“Quiero subrayar que queda descartada existencia de fuga alguno o intento de ésta, así como el uso de armas de fuego”, expresó el Ejecutivo Estatal.
La tardanza del gobierno fue criticado por asociaciones civiles quienes aseguraron que el Estado no daba certeza a los familiares de los reos.
Para el presidente de RENACE A.B.P., Martín Sánchez Bocanegra, la información vertida por el gobierno estatal ha sido lenta.
“Siento que ha sido lenta (la información que ha dado el Estado sobre el caso), creo que debería de haber sido generada esta información en la madrugada.
“La rueda de prensa se convocó a las 8:00 (de la mañana) y creo que fue hasta como las 9:15 (de la mañana que se desarrolló). Si bien es cierto que hay situaciones de emergencia, creo que no debieron de tardarse más de dos horas en generar la información
“Claro está que si dan información muy rápida, a lo mejor no tienen datos precisos. Está bien, pero deben ir clasificando a la medida que vaya pasando el día para que haya mayor precisión en los datos, pero de que tiene que transparentar la información lo tiene que hacer”, señaló el activista y abogado.
Durante su primera aparición ante medios del día, Rodríguez Calderón se comprometió a dar todo el apoyo a los deudos, mismos a los que se les pidió paciencia.
La ayuda será psicológica, médica y de servicios funerarios.
“El Gobierno de Nuevo León brindará atención personalizada a las familias de las víctimas y se hará cargo de todo lo que esto represente”, informó el gobernador.
Aunque en un inicio, el gobernador informó que la cifra de muertos era de 52, horas más tarde, el jefe de la Oficina del Gobernador, Miguel Treviño, corrigió el saldo y lo redujo a 49.
“Hay una actualización de muertos registrados: fueron 49 muertos de los cuales 40 ya están plenamente identificados, hay otros cinco cuerpos calcinados y otros cuatro cuerpos que están pendientes sin identificar”, señaló el funcionario estatal.
Calificada como “la peor tragedia carcelaria en la historia de Nuevo León”, el incidente en el penal del Topo Chico fue noticia no sólo en el país, sino a nivel internacional.
Activistas como la hermana Consuelo Morales, presidente de la asociación civil Cadhac, aseguran que las cárceles de la entidad son “bombas de tiempo” a punto de explotar.
El estallido de violencia de la madrugada del 11 de febrero es sólo una muestra del nivel de corrupción y la infiltración de bandas delincuenciales en los centros penitenciarios en Nuevo León.
URGEN RECUPERAR CONTROL DE CÁRCELES
Tras los hechos registrados en el penal del Topo Chico, que dejaron 52 reclusos muertos y 12 heridos, el presidente de la asociación civil RENACE A.B.P., Martín Sánchez Bocanegra, urgió a las autoridades estatal y Federal recuperar el control de las cárceles de Nuevo León.
El activista y abogado indicó que son varias las estrategias que se deben de tomar como beneficios de libertad anticipada, establecimiento de una Unidad de Medidas Cautelares, la reorganización de espacios y apego del sistema penitenciario a estándares internacionales de infraestructura, servicios y capacitación.
Sánchez Bocanegra también demandó la implementación de un programa de reinserción social.
De acuerdo al presidente de RENACE, la sobrepoblación y el hacinamiento son factores que provocan hechos como los del Topo Chico.
Y es que, en sus cifras, el centro de readaptación se encuentra casi al 122 por ciento de su capacidad.
“Esta situación pone en riesgo el desarrollo de la vida de esa persona en prisión. Pero es importante señalar la situación particular de poblaciones con necesidades específicas, como mujeres y menores”, indicó el activista.