El ayuntamiento de Guadalupe que encabeza el alcalde César Garza Villarreal viola el Reglamento de Adquisiciones por haber dado cheques y tener contratos por más de 10 millones de pesos – uno de ellos que vence el último día de su gestión el 31 de octubre de 2015-, a una empresa que incurrió en falsedades al usar a una persona de oficio velador como supuesto dueño y socio mayoritario.
De esta manera, las irregularidades en torno a la empresa Concierge and Manintenance Services S.A de C.V., uno de los proveedores favoritos de la administración de Garza Villarreal en este municipio de la zona metropolitana en poder de la mancuerna PRI-CTM, continúan brotando.
El Reglamento de Adquisiciones, aprobado el 15 de agosto de 2007 por la entonces alcaldesa Cristina Díaz Salazar, indica que la comercializadora debería de ser multada e incluso inhabilitada como proveedor por infringir la fracción IV del artículo 125, que señala como ilegal que el licitante falsee información.
“Los proveedores que hubieran proporcionado información falsa o hubieren actuado con dolo o mala fe, en algún proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien, en la prestación o desahogo de una inconformidad”, se lee en el título décimo primero de esa normativa sobre Infracciones y Sanciones.
Este es el caso de la empresa Concierge and Manintenance Services S.A de C.V., la cual fue creada con prestanombres, tal como quedó evidenciado en la ediciones 231 y 230 de Hora Cero, donde a través de entrevistas con sus familiares se descubrió que el socio mayoritario de la comercializadora, Ricardo Contreras Niño, en realidad trabaja como velador de una empresa en Cadereyta, Nuevo León.
“Mi hijo es velador, no empresario”, dijo el 11 de septiembre don Constantino Contreras, padre del prestanombres y quien habita en la calle De los Silos 707 de la colonia Villa de San Miguel de Guadalupe, marcada como la dirección del supuesto socio mayoritario, pero que resultó ser la de sus padres.
“Bueno, yo creo que empresas no tiene, si no, no estaría tan fregado”, añadió en la entrevista el padre de Contreras Niño.
Semanas después, entrevistado por Hora Cero, Gerardo Bazaldúa, quien aparece como comisario en el acta notariada de la compañía, dijo que el verdadero dueño se llama Omar Cano Niño, cuyos padres viven en la calle Silao 1796 en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, cerca de la Facultad de Medicina de la UANL.
Ante todas las pruebas documentables y de audio presentadas por Hora Cero, el ayuntamiento sigue incurriendo en irregularidades al mantener a la comercializadora en su lista de proveedores y pagarle sus servicios, lo que provocó que diversas voces se alzaran para exigir al alcalde Garza Villarreal terminar toda relación con la empresa de origen dudoso.
“Lo que debe de hacer el municipio para despejar dudas es sacar tajantemente a esa empresa de su lista de proveedores”, indicó el líder de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso Local, Guadalupe Rodríguez.
“Si el principio es mostrar transparencia y si la idea es estar por encima de toda duda y todo señalamiento, (es necesario) deshacerse de ese proveedor; es una obligación de las autoridades municipales de Guadalupe”, añadió el diputado.
Para el legislador, la Contraloría municipal debe de poner especial atención en el proveedor, así como la Auditoría Superior del Estado, aunque señaló que seguramente habrá “muchos intereses” que no permitan que se esclarezca el caso.
Rodríguez dijo que se requiere de una “acción contundente” para evitar que empresas prestanombres como Concierge and Manintenance Services S.A de C.V. sigan operando en Guadalupe y en otros municipios como García, ya que aseguró es una práctica que se da en toda el área metropolitana.
El diputado indicó que el caso de la comercializadora puede ser usado para sustraer recursos con fines electorales o como enriquecimiento ilícito de particulares.
VIOLENTANDO EL REGLAMENTO
Luego de que Hora Cero evidenció que el proveedor Concierge and Manintenance Services S.A de C.V fue creado con información falsa, el diputado panista Francisco Treviño calificó de lamentable que el edil Garza Villarreal permita que existan empresas constituidas por prestanombres y que no sean sancionadas conforme a derecho.
“Qué lástima que el alcalde (César Garza) lo permita. Nosotros desde el Congreso del Estado le hacemos un llamado para que no permita empresas prestanombres que le sean proveedores de su municipio, que los sancione conforme a derecho e incluso que la Contraloría haga una investigación al respecto porque parece ser que aquí hay cosas muy turbias que no quiere dar a conocer el alcalde, o bueno, quién sabe si se esté beneficiando directamente de esta empresa”, mencionó el legislador panista.
Y es que acorde artículo 124 del Reglamento: “los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de este Reglamento, serán sancionados por la Tesorería, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, elevado al mes, en la fecha de infracción”.
El diputado Treviño indicó que además de estarse violentando el Reglamento de Adquisiciones de Guadalupe, el caso de la comercializadora podría derivar en enriquecimiento ilícito o desvío de recursos que constituyen un delito mayor que debe de ser verificado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la Contraloría del municipio y del Estado.
“Habrá que meter una investigación a la Procuraduría para que investigue a ver si no hay desvíos de recursos o algún delito en el que se esté cayendo. Habrá que ver quién se está enriqueciendo de esta compañía, si le están dando estos cheques ¿quién firma en el banco?, no sé, hay que checar”, mencionó el panista.
El legislador indicó que es momento de retomar la solicitud que el regidor de su partido en Guadalupe, Humberto Leal, realizó el 13 de agosto en la Oficialía de Partes del Congreso local donde solicitaba a los diputados que exigieran a la Auditoría Superior del Estado investigar los manejos financieros del municipio.
Por su parte, el diputado Fernando Elizondo Ortiz mencionó que independientemente del Reglamento de Adquisiciones de Guadalupe, se tiene una Ley de Adquisiciones en el Estado, basada en la transparencia para evitar que se cometan el tipo de irregularidades en las que recae la comercializadora Concierge and Manintenance Services S.A. de C.V.
El legislador se sumó a la petición de su homólogo Francisco Treviño de solicitar al alcalde priista poner lupa al caso de la dudosa empresa, pues recalcó podría tratarse de un delito mayor al de solamente infringir un reglamento de adquisiciones.
“Yo creo que es una situación muy grave y, desde luego, invito al alcalde Garza Villarreal que lo revise y ponga orden en esa área antes de que salga de su control, porque hay que recordar que este tipo de actividades constituyen un delito que está tipificado en el Código Penal y en cualquier momento podría intervenir la Procuraduría”, dijo el legislador.
Elizondo Ortiz mencionó que es una situación grave, más si la empresa conlleva beneficio a un miembro de la administración, por lo que exigió al edil priista prestar especial atención al caso de la comercializadora.
NOTARIOS Y MUNICIPIOS INCURREN EN DELITO
La ilegalidad de las empresas con prestanombres comienza desde su fundación en las notarías, según el abogado litigante Jesús Amado Garza Rivera, quien indicó que para la constitución de una sociedad mercantil, los socios deben de presentar su cédula de actividad empresarial, algo que se “pasa por alto” con frecuencia.
“El notario público, al momento de que hace una Sociedad Anónima, debe acreditar que las personas físicas deban tener una actividad empresarial, eso es muy importante dentro de las sociedades mercantiles”, mencionó el profesional con más de 30 años en el ejercicio notarial.
Lo anterior lleva a que Concierge and Manintenance Services S.A de C.V. ni siquiera debería de existir, pues el socio mayoritario, Ricardo Contreras Niño, de oficio velador, no cuenta con cédula de actividad empresarial.
Garza Rivera señaló que esta práctica es frecuente y “normal” en los gobiernos estatales y municipales, siendo éstos los segundos responsables culpables, ya que también están obligados a verificar que sus proveedores cuenten con la mencionada cédula.
“Es lo primero que debe de revisar el municipio, que la sociedad esté correctamente constituida, que los socios tengan esa actividad empresarial”, mencionó el abogado.
“Es un problema grave que surge constantemente sobre todo con las licitaciones que hacen los gobiernos municipales. A cada rato surge eso”, añadió.
Garza Rivera remarcó que en el caso de Guadalupe, el municipio no puede justificarse en el hecho de que ya exista una sociedad anónima, pues está obligado a que los socios tengan una actividad empresarial dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Es totalmente responsabilidad del municipio y no le pueden sacar la vuelta”, expresó el abogado.