Hasta hace cuatro años ver marchas en el área metropolitana de Monterrey era poco común y menos que se tratara de familiares de personas desaparecidas. La postal que este 2012 ofrece es distinta, las calles de la capital nuevoleonesa son visitadas por aquellos ciudadanos que reclaman el destino de sus seres queridos.
“¿Dónde están, dónde están nuestros hijos, dónde están?”, “Madres sí, pero con justicia”, “Ahora, ahora serás indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, son algunas de las consignas que los manifestantes lanzan al aire para que la comunidad -a quien ven indiferente a la inseguridad-, los escuche y se sumen al movimiento.
En el año 2009 la asociación Cadhac (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos) abrió 22 expedientes de personas desaparecidas en La Sultana del Norte. Esta cifra se ha incrementado para el año en curso al sumar más de 52, lo que implica 255 ciudadanos ausentes, pero sólo de aquellos que se ha presentado denuncia.
En nuestro país no existen estadísticas que permitan establecer cuántos ciudadanos se encuentran desaparecidos, aunque se calcula que podrían ser cerca de 20 mil.
No obstante el común denominador de las familias que marchan es: “en la Procuraduría se tienen reuniones frecuentes, pero seguimos sin ninguna persona localizada”.
Lo que exigen los familiares a diputados locales es que se tipifique el delito de desapariciones forzadas, que es cuando una autoridad o un particular, actuando bajo la orden, protección o permiso de una autoridad detiene a una persona y luego niega la detención y cualquier información, de tal forma que permanece incierto el paradero de la misma, quedando así sustraída de la protección de ley.
Algunas madres de familia expresaron su sentir ante la gran indiferencia de los políticos actuales, y por lo pronto se encuentran en espera de que se integre una Fiscalía Especializada para personas desaparecidas en Nuevo León, donde el procurador de Justicia, Adrián de la Garza, se comprometió a atender el llamado.
Carmen Farías, activista de la Asociación Colectivo La Trenza, manifestó frente al Congreso del estado, el pasado 10 de mayo -donde se reunieron más de una veintena de mamás de desaparecidos-, que los legisladores deben cumplir con su obligación de servir a los ciudadanos como el caso del diputado priista César Garza quien era presidente de la Comisión de Justicia y se retiró del cargo para buscar la alcaldía de Guadalupe.
“Estamos solicitando que cumplan con su obligación, ellos están aquí por el voto y el mandato del pueblo y el pueblo les está exigiendo el cumplimiento de su deber, no es un apoyo lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo que cumplan, que den la cara, que emitan leyes que den cumplimiento a los derechos de todas y todos.
“Es una situación que no distingue raza, ni religión o clase social, estamos todas y todos hermanados en la lucha por todas las personas que han desaparecidos. En el momento en que ocupan una curul, sean del partido que sea tienen la obligación de legislar en beneficio de todos y todas, dónde están los derechos humanos, la justicia, la dignidad”, expresó.
El recorrido desde Plaza la Purísima hasta el Congreso se hizo en el día de la Marcha por la Dignidad Nacional.
“En Nuevo León nos estamos uniendo a esta marcha, hay madres que tienen hijos e hijas desaparecidas porque estamos exigiendo en Nuevo León el delito de desaparición forzada, que el Congreso del estado se comprometió y aún no ha hecho”, dijo Liz Sánchez, subdirectora de Cadhac.
CASO DE APODACA
Brenda Alvarado Alonso es una joven madre de familia de 31 años. Ella y su madre sufren la ausencia de José Joaquín y Juan Antonio, de 27 y 25 años respectivamente, quienes fueron vistos por última vez en Apodaca.
El viacrucis comenzó a partir del 26 de junio de 2011 cuando sus hermanos no llegaron a casa en el municipio de Guadalupe, siendo que eran jóvenes apegados al seno familiar.
Llevando en su vientre a un menor de 6 meses inició su peregrinar por el municipio de Guadalupe, Apodaca y Monterrey en busca de respuestas, pero no ha tenido éxito.
“Mi hermano Joaquín trabajaba en la empresa Kraft, el sindicato les hizo una fiesta en el Casino Apodaca, en Apodaca y como podía invitar a una persona, se llevó a su hermano y se fueron a la fiesta, de ahí se salieron que iban a otra y salieron a comprar cerveza, se fueron en un Chevy Monza seis personas y ya no regresaron, todos los otros trabajadores de la misma empresa.
“Mis hermanos nunca faltaban a la casa y ese día mi papá y mi mamá andaban muy nerviosos, desesperados. Nunca llegaron el domingo, me fui a la empresa a preguntar dónde había sido la fiesta, no me quisieron decir, me trataron mal y regrese el lunes en horario de oficina y me dijeron que ellos no sabían nada de la fiesta y los empleados que iban en el Chevy tampoco aparecieron”, platicó consternada.
A la semana de la desaparición, su papá acudió a interponer la denuncia en Apodaca, pero no la aceptaron al señalar que los jóvenes no habían sido vistos por última vez en dicho municipio, pero pasaron semanas y por fin lograron ingresar el acta. Al no ver respuesta se acercaron a la asociación de Cadhac.
Durante los primeros días la vecina de Apodaca acudía diariamente al Semefo, para ver si alguno de sus familiares se encontraban, ahora la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos son quienes llevan el registro, pero aún sin éxito.
“Tengo una bebé y desde mi embarazo los empecé a buscar, no he parado, no quiero imaginar a mi madre el sufrimiento por el que atraviesa, en un año nos casamos tres de sus hijos, y ellos dos se quedaron con mis padres, si no es por un niño que adoptamos mi mamá estaría sola.
“Mis hermanos no son malas personas, son niños de su casa que cuando se van le dan un beso a su mamá y cuando regresan igual, mi hermano Juan es una persona muy seria, siempre trabajaba con papá; mi otro hermano tenía un mes en Kraft, no pudo haber andado mal”, expresó.
En casos de desaparecidos hay personas que se aprovechan de la situación, comentó Brenda, y es que un agente de la Policía Ministerial les aseguró que encontraría a sus hermanos, pero a cambio le tenían que dar un pago de 40 mil pesos.
“El ministerial nos dijo que ha rescatado a personas, nos pidió dinero, vendimos una camioneta y le dimos los 40 mil pesos, pero después empezamos a recibir llamadas a la casa, donde nos decían que si queríamos ver a mis hermanos con vida les teníamos que dar 350 mil pesos, y que si no les iban a cortar la cabeza, nos tuvimos que salir de la casa e irnos a la mía. Todo fue un engaño”, dijo.
La situación por la que atraviesa la familia Alvarado Alonso es muy desgastaste, psicológica, física y económicamente y se suma a la de miles de familias a nivel nacional.
“Ninguna familia merece estar sufriendo de tal manera. Queremos que las autoridades nos apoyen, nos ayuden porque solas no podemos; esas personas del gobierno están en ese lugar gracias a nosotros.
“A todos los partidos que dicen que nos ayudan, no es cierto, que vengan aquí, que den las caras, nadie me ayuda, mis hermanos son de Guadalupe, estoy en Apodaca, por todos lados buscándolos, vamos a seguir hasta donde se pueda”, expresó.
La madre de familia mencionó que la comunidad es muy apática y grosera, ya que no apoyan la causa.
“No te apoya nadie, nunca me imaginé que me fuera a pasar esto y ahorita que estoy aquí, la gente no apoya, pero la verdad no les deseo el dolor y no le deseo el mal a mis hermanos, pero ya queremos saber de ellos, estamos cansados de no saber dónde están”, mencionó.
CASO SANTA CATARINA
Juana Solís es otra madre desesperada que no ha parado su búsqueda para si quiera poder ver a su hija Brenda, quien desapareció en manos de dos tránsitos del municipio de Santa Catarina.
“Están involucrados dos tránsitos del municipio, tenemos nombres y direcciones y aún así no los han detenido, la camioneta donde ella iba la balearon y la tenían en un lote y ya no se encuentra. Presenté la denuncia en la Procuraduría rápidamente, nos dicen que en eso están, pero en realidad no han hecho nada.
“Hasta el momento nadie se ha arrimado, nadie me ayuda, ella tiene un niño de dos años, próximamente va a cumplir tres y ¿qué le voy a decir?, es algo que no podemos festejar, tenemos más hijos, pero no tenemos a todos”, platicó la madre de familia quien segundos después soltó en llanto.
Brenda, de 26 años de edad, trabajaba con su madre en un negocio familiar de comidas y fue vista por última vez el 31 de julio de 2011.
“Las personas no se desaparecieron de la nada y hay una responsabilidad del gobierno que no podemos perder de vista, por eso le exigimos que actúe.
“Las autoridades por más que hagamos, no hacen nada. Nunca imagine pasar por esto, yo veía en la televisión lo que pasaba, sentía feo, ver a las mamás y ahora que me está pasando le digo a los muchachos que hagan caso, que se cuiden, que no salgan en la noche a ningún lugar, porque sus madres sufren”, reclamó.
En cerca del 35 por ciento de los casos, según Cadhac, se tiene conocimiento de que autoridades públicas han tenido participación en los secuestros, para convertirse en delito de “desapariciones forzadas”.
El activista Javier Sicilia se ha vuelto una esperanza para los familiares de personas desparecidas, ya que gracias a él, las autoridades han siquiera volteado a ver el problema.
DOS AÑOS Y NO APARECE
Una madre de familia a quien llamaremos Rocío, vio por última vez a su hijo Daniel Antonio el 25 de octubre de 2010 al sur de Monterrey.
“Mi hijo se subió a un taxi afuera de la casa junto con otro amigo, eran cuatro en total, iban a una fiesta y ya no regresaron. Al taxista no lo conocíamos y mi chiquito de apenas 18 años ya no volvió”, contó.
El viacrucis de Roció inició al ver que su hijo -quien se desempeñaba instalando cámaras de circuito cerrado- no llegaba y que los vecinos buscaban a los otros jóvenes.
“A las siete de la mañana del siguiente día lo comenzamos a buscar porque no se quedaba fuera de casa, llamé a locatel, esa noche no dormí nada, andaba con los vecinos preguntando porque nadie aparecía, después fui a la Procuraduría General a levantar el acta y de plano me dijeron: `unos aparecen a las tres semanas y otros de plano no aparecen´, yo tenía la esperanza de encontrarlo”, recordó.
Ahora acude a todas las marchas con el fin de que sus consignas sean escuchadas.
“A veces ando con mi familia o con otras amistades que están en la misma situación, es muy doloroso, siento que se parte el alma”, platicó.
Rocío es madre de otro dos y nunca pierde la esperanza de poder recuperar a Daniel.
“Creo que secuestraron a mi hijo y lo sigo esperando, si pudiera escucharme le diría que lo amo. A veces estoy al borde de la locura porque mi hijo no aparece”, mencionó en entrevista.
“A las familias nos une un camino lleno de dolor, desesperación, impotencia y frustración al ver que pasan días, semanas, meses, años y no sabemos nada de nuestros seres querido. Un camino lleno de insomnio, sin ganas de comer, pensando que quizá ellos no comen, no duermen, pensando cómo los estarán tratando”, concluyó.